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Temor por la seguridad de los manifestantes bajo custodia

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía

11/06/2009 - Autor: Amnistía Internacional - Fuente: Amnistía Internacional
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Marcha indigena en Ucayali.
Marcha indigena en Ucayali.

Decenas de manifestantes de las comunidades indígenas del Amazonas fueron detenidos, y al menos 169 resultaron heridos, después de que se disolvieran por la fuerza las manifestaciones convocadas en la localidad de Bagua, departamento de Amazonas. El gobierno no ha dado detalles sobre los heridos o los detenidos.

Los miembros de las comunidades indígenas habían iniciado las manifestaciones a mediados de abril, en protesta por una serie de decretos legislativos sobre el uso de la tierra y los recursos naturales en la selva amazónica. No se consultó a las comunidades indígenas sobre esta legislación, pese a que Perú ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier decisión o legislación que afecte a sus intereses. A consecuencia de las protestas, el 9 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días de duración en la zona.

El 5 de junio, tras 50 días de protestas, la Policía Nacional disolvió por la fuerza a los manifestantes indígenas que habían bloqueado la carretera de entrada a Bagua. Al menos 9 indígenas y 24 policías murieron, y al menos 200 personas –entre ellas 31 policías– resultaron heridas. Se teme que el número de manifestantes muertos sea mayor. Según fuentes locales, algunos de los manifestantes heridos no están recibiendo atención médica adecuada, ya que los centros de salud locales no están bien equipados.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 79 manifestantes se encuentran bajo custodia de la policía. Sin embargo, no está claro qué trato están recibiendo, qué cargos se les imputan y si tienen acceso a asistencia médica o letrada.

Información complementaria

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, así como sobre casos de agentes de policía secuestrados y muertos a manos de miembros de comunidades indígenas.

Varios dirigentes de las organizaciones indígenas relacionadas con las protestas han sido acusados de sedición y conspiración para alterar el orden público. Uno de ellos es Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. El 6 de junio, las autoridades dictaron una orden de detención contra él, y añadieron nuevos cargos, como homicidio calificado, ataque contra las fuerzas armadas y posesión ilegal de armas de fuego. Los cargos se castigan con penas de hasta 35 años de cárcel. Según parece, Alberto Pizango buscó refugio el 8 de junio en la Embajada de Nicaragua en Lima.

En un discurso pronunciado el 8 de junio, el presidente Alan García relacionó a los manifestantes indígenas con el grupo armado de oposición Sendero Luminoso y los acusó de terrorismo.

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