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La Generalitat recela de la ayudas del Gobierno a las entidades islámicas

* Es necesario encontrar soluciones al actual modelo de representatividad de los musulmanes en España * La gran mayoría de la comunidad musulmana se halla fuera de la CIE

14/11/2007 - Autor: Esteban Villarejo - Fuente: ABC
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Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España (FEME)
Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España (FEME)

Una de las herramientas con que cuentan las administraciones para impulsar la integración de la comunidad islámica en la sociedad civil son las subvenciones que ofrecen con objeto de financiar los convenios que mantienen con las entidades religiosas (40 en toda la Comunidad Valenciana).

Durante el presente ejercicio, la Generalitat Valenciana ha financiado proyectos por un importe que asciende a casi 260.000 euros. Principalmente, son acciones encaminadas a sufragar los gastos de funcionamiento de la entidad religiosa -en esta partida la línea destinada a las organizaciones islámicas representa el 15 por ciento del total- y programas concretos de conciliación laboral y familiar de la mujer musulmana, enseñanza del idioma y atención al inmigrante.

La Conselleria de Inmigración y Ciudadanía quiere introducir en próximas convocatorias otros criterios por los cuales se prime el relanzamiento de valores constitucionales y del Estado de Derecho en las acciones de estas entidades religiosas que se encuentran principalmente adscritas a tres federaciones: las nacionales Ucide (Unión de Comunidades Islámicas de España) y Feeri (Federación Española de Entidades Islámicas), y el Consejo Superior Islámico de la Comunidad Valenciana.

Complejidad de la gestión

La Ucide engloba a 19 entidades en la Comunidad Valenciana (194 en toda España); en Feeri se encuentran federadas cinco (58 en España, entre ellas la que gestiona la Gran Mezquita de Valencia); mientras que en el Consejo Superior Islámico existen 11, otras cinco se encuentran sin federación. Asimismo, desde la Conselleria de Inmigración se impulsarán acciones para abrir el espectro de interlocutores dentro de la población musulmana asentada en la Comunidad -entre 115.000 y 200.000 personas según las fuentes que se consulten- a aquellas asociaciones definidas por su carácter laico.

Conscientes de la complejidad que entraña la gestión de las ayudas y el destino de las mismas -más cuando se habla de organizaciones que, en algunos casos, no hacen gala de su transparencia-, desde Inmigración también se quiere involucrar al Gobierno central en este cambio de criterio sobre la concesión de las ayudas. Y es que el escaso control que se lleva a cabo por parte de las ayudas del Ministerio de Justicia -que creó en 2005 la Fundación Pluralismo y Convivencia para «financiar proyectos educativos, culturales y sociales»- choca contra el nuevo ideario que pretende impulsar la Generalitat Valenciana: «Ayudas a cambio de valores constitucionales».
La Fundación Pluralismo y Convivencia destina casi 150.000 euros a un total de 21 entidades islámicas con sede en la Comunidad Valenciana, cuyo núcleo más denso se concentra en las Marinas Alta y Baja, Alicante, el Bajo Vinalopó, el Bajo Segura y la propia capital valenciana.

Por su parte, diferentes federaciones islámicas de la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Murcia reclaman la admisión de todas las comunidades y entidades religiosas en la Comisión Islámica de España (CIE) -integrada por Ucide y Feeri y creada para la negociación, firma y seguimiento del Acuerdo de Cooperación con el Estado de 1992- con el objetivo de «encontrar soluciones al actual modelo de representatividad de los musulmanes en España y reanimar el papel de la CIE».

Se trata de las entidades incluidas en la Federación Musulmana de España (FEME), cuyo secretario, Yusuf Fernández, afirma que «la gran mayoría de la comunidad musulmana se halla fuera de la CIE». He aquí uno de los grandes problemas con los que se encuentran las administraciones en su relación con el Islam: la representatividad.

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