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Interior impide a los inmigrantes no comunitarios ejercer de vigilantes

Problemas para el acceso de los ciudadanos foráneos a un sector laboral

09/10/2007 - Autor: Patricia Martín - Fuente: El Periódico
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Un vigilante de seguridad en el aeropuerto de El Prat. Foto: FERRAN NADEU
Un vigilante de seguridad en el aeropuerto de El Prat. Foto: FERRAN NADEU
Mientras el conseller de Interior, Joan Saura, reclama más inmigrantes en las filas de los mossos y en el Ejército son muchos y visibles los soldados hispanoamericanos, el Ministerio del Interior sigue cerrando la puerta a que los extranjeros no comunitarios trabajen como vigilantes. El Gobierno ha aprobado un decreto que modifica la ley de seguridad privada sin atender las peticiones de la patronal que, desde hace años, viene exigiendo que los originarios de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) puedan trabajar en un sector en el que hay unos 21.000 empleos estables esperando a ser cubiertos. Interior asegura que está estudiando la solicitud a pesar de que apenas queda tiempo para cambiar la ley.

El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre con el fin de adecuar la ley de seguridad privada, que data de 1992, a una sentencia de UE que en 2006 exigió a España que relajara las autorizaciones necesarias para constituir una empresa de seguridad. El problema, según los portavoces del sector, es que el Ejecutivo no ha aprovechado el decreto para modernizar una ley que en algunos aspectos está obsoleta.

La comisión

Así, tanto la patronal de los vigilantes, Aproser, como los sindicatos y los escoltas (también afectados por la norma) critican que el Gobierno no haya utilizado las conclusiones de la comisión que, con el fin de renovar el sector, se creó en el Congreso a finales del 2005. Una de las principales peticiones de Aproser --que engloba a 17 empresas con el 80% del negocio-- era que los inmigrantes no comunitarios pudieran trabajar como vigilantes, al igual que sucede en el Ejército con los hispanoamericanos.

El propio Congreso aprobó en junio del 2006 y con una sola abstención una proposición que instaba al Gobierno a que adaptase la ley a la sentencia y propiciase "un marco más dinámico". El ponente, el popular Gil Lázaro, afirmó en su exposición que una forma "eficaz" de luchar contra el intrusismo era posibilitar que los inmigrantes pudieran ser vigilantes. Los sindicatos vienen denunciando que miles de extranjeros ya hacen labores de vigilancia de forma ilegal. Las empresas los contratan como auxiliares (sin armas), pero acaban realizando las mismas tareas que los vigilantes, pese a que no han recibido la formación ni tienen el título necesario. CCOO calcula que unas 50.000 personas están en esta situación.

Las protestas

"No entendemos las razones por las que no se ha modificado la ley a pesar de que se había llegado a esa conclusión y había apoyo parlamentario", se queja el secretario general de la patronal, Eduardo Cobas. En la misma línea se manifiesta el presidente de la Asociación Española de Escoltas (Ases), Vicente de la Cruz, que afirma que el sector necesita "cambios más urgentes" y lamenta que el Gobierno no haya contado con sus propuestas. De la Cruz sí está de acuerdo con uno de los aspectos que contempla el decreto, que los escoltas puedan ser autónomos, aunque espera que Interior les tenga más en cuenta en el desarrollo posterior de la norma.

El ministerio argumenta que la prioridad era cumplir la sentencia y que las propuestas del sector se están estudiando para una posterior reforma. Pero desde la patronal recuerdan que el dictamen del tribunal data de hace un año y medio y que apenas queda tiempo para sacar adelante una modificación legal.

El decreto se debatirá en el Congreso el próximo 16 de octubre. CiU, muy sensibilizada con los problemas del sector --precisamente ha presentado una proposición no de ley para apoyar que los inmigrantes no comunitarios puedan ser vigilantes--, ha avanzado que votará a favor de la que se convalide la iniciativa del Ejecutivo, pero que pedirá que se transforme en proyecto de ley, para intentar recoger las peticiones de las empresas y los sindicatos.

Ni CCOO ni UGT se oponen a que los extranjeros trabajen en labores de vigilancia, pero advierten de que estarán muy atentos para que la incorporación de este colectivo no sea utilizada por los empresarios para bajar los salarios y empeorar las condiciones laborales
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