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Estados Unidos: Deportaciones inhumanas

03/08/2007 - Autor: Beatriz Díez - Fuente: Radio Nederland
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En Estados Unidos, crece la preocupación por la deportación obligada de inmigrantes hacia América Latina y el Caribe. Un informe de la organización Human Rights Watch ha dado la voz de alarma, cuyo eco ha llegado ya al Congreso de Estados Unidos.

Se estima que la deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, incluso un delito menor, ha separado a 1,6 millones de niñas, niños y personas adultas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, de sus familiares no ciudadanos, según los datos de Human Rights Watch.

Familias separadas

En entrevista con Radio Nederland, Jaime Fellner, directora del trabajo sobre Estados Unidos en Human Rights Watch, explica que la organización ha hecho un estudio del impacto que han tenido las leyes que el Congreso puso en efecto en 1996, las cuales han contribuido, según datos del gobierno, a que más 600.000 personas hayan sido expulsadas del país por haber cometido un crimen, aún después de haber cumplido la sentencia.

Fellner subraya que los inmigrantes deportados dejan en Estados Unidos a sus familiares, ya sean hijos menores, padres ancianos, hermanos, esposos o esposas, y que son ciudadanos legales. "La ley ha impuesto sobre estas personas un doble castigo por un crimen: el normal, y la expulsión del país", afirma Fellner.

Eco en el Congreso norteamericano

La preocupación por las deportaciones ha llegado al Congreso de Estados Unidos, donde el presidente del subcomité de Asuntos Exteriores para las Américas, el demócrata Eliot Engel, declaró que "necesitamos entender completamente el proceso de deportación, cómo está afectando a los países en la región, y el impacto sobre las familias aquí y en el exterior antes de poder recomendar qué es lo que debe hacerse".

Desde Human Rights Watch se valora positivamente que el Congreso esté prestando atención al tema. Jaime Fellner, directora del trabajo sobre Estados Unidos en la organización, señala que ellos sólo piden una reforma pequeña de la ley vigente, que data de 1996.

Antes de esa fecha, los inmigrantes que habían cometido un crimen podían comparecer ante un juez de inmigración, quien podía ejercer su discrecionalidad en la imposición de penas. Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso en 1996 impidió a los jueces de inmigración considerar si la deportación sería excesivamente dura tomando en cuenta las relaciones familiares de los inmigrantes, sus vínculos comunitarios, su trayectoria en el servicio militar estadounidense o la posibilidad de sufrir persecución si se les retornaba a su país de origen.

Sentencias más humanas

En Human Rights Watch, dice Fellner, "sólo queremos que el juez de inmigración pueda tomar en cuenta, antes de expulsar a alguien, sus vínculos con Estados Unidos, si tiene familiares, si ha servido en las fuerzas militares de Estados Unidos, si tiene un negocio, si ha vivido en el país durante 30 años con un solo error, un solo crimen... para que la decisión de expulsión sea proporcional a todo esto. Así lo hacen en la mayoría de los países en Europa".

Los crímenes cometidos por los inmigrantes deportados no son necesariamente graves o violentos. Según cifras oficiales, más del 60% de los deportados en el año 2005 habían sido condenados por crímenes no violentos, como por ejemplo la emisión de un cheque falso, o haber sido descubierto con una pequeña cantidad de marihuana para fumar. No sólo se deporta a asesinos o miembros de pandillas.

Legalidad de las deportaciones

Por su parte, el subsecretario adjunto para las Américas del Departamento de Estado norteamericano, Charles Shapiro, defendió el mecanismo de las deportaciones como apegado a la ley, aunque reconoció que el procedimiento puede ser mejorado. En este sentido, Jaime Fellner, de Human Rights Watch, recalca que ellos quieren que cambie la ley, lo cual ve factible porque, en su opinión, la mayoría de los congresistas estadounidenses se dan cuenta de que la ley de 1996 está teniendo unas consecuencias no deseadas.

México es el país más afectado por las deportaciones de inmigrantes, pero la situación afecta también a otros países de América Central, Caribe y Sudamérica. Sin embargo los gobiernos de estos países no están haciendo suficiente presión, opina Fellner. "Nosotros pedimos que hagan esa presión y también que los ciudadanos en Estados Unidos que tienen familiares afectados por esa ley utilicen su poder de voto, que hablen con sus congresistas, sus representantes elegidos, para decir que no están de acuerdo con esta ley".

Entrevistada *Jaime Fellner, directora del trabajo sobre Estados Unidos en Human Rights Watch, editada en Rebanadas de Realidad.
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