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EEUU utilizó las bases de Rota, Morón y Torrejón en los vuelos de la CIA a Guantánamo

14/02/2007 - Autor: Estrella Digital - Fuente: Estrella Digital
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Un avión utilizado por la CIA
Un avión utilizado por la CIA
Hasta ahora, sólo se conocía un viaje directo entre España y Guantánamo: el de un avión civil fletado por la CIA que llegó a Tenerife en diciembre de 2004, según publicó El País. Sin embargo, los registros de control de tráfico aéreo de Portugal, a los que ha tenido acceso el diario madrileño, revelan que hubo al menos siete vuelos directos de aviones militares de transporte entre España y Guantánamo desde enero de 2002 a noviembre de 2005.

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, insistió hoy en que el Gobierno no tuvo ninguna "evidencia" de que se estuviera produciendo alguna "ilegalidad" en el territorio español respecto a los vuelos de la CIA, algunos de ellos con escala en Palma, y recalcó que, si la hubiera tenido, no la habría "tolerado".

En declaraciones a Telecinco, Alonso respondió así al ser preguntado por la información que ayer publicó el diario El País que afirmó que Estados Unidos usó las bases de utilización conjunta de Rota (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla) y Torrejón de Ardoz (Madrid) para escalas de los vuelos de aviones de la CIA a Guantánamo con presuntos terroristas detenidos.

"No tenemos evidencia de que se haya producido ilegalidad alguna en territorio español y si hubiéramos tenido cualquier evidencia en cualquier momento no lo hubiéramos tolerado, porque en materia de derechos humanos no puede ni a a haber ninguna complacencia", manifestó Alonso.

El ministro de Defensa recalcó que, en este asunto, el Gobierno hizo "lo que tenía que hacer" y aseguró que "puso a investigar" a la Guardia Civil y que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, compareció "en representación" del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento europeo.

Además recordó que "se hicieron cargo" de la investigación "los fiscales y un juez que ahora está investigando todo lo que tenga que investigar" e hizo hincapié en que cuenta "con la plena colaboración del Gobierno de la Nación en todo lo que el Gobierno pueda colaborar".

"Yo puedo dar cuenta de lo que ha hecho el Gobierno español, este Gobierno. Y este Gobierno ha actuado, qué más se le puede pedir a un Gobierno, con una total transparencia y con una total colaboración desde todos los puntos de vista, eso está fuera de cualquier duda", concluyó Alonso.

Comparecencia

Lo primero que hizo el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, cuando compareció en el Congreso en noviembre de 2005 para informar sobre el escándalo de los vuelos de la CIA, fue disipar las sospechas sobre las bases de utilización conjunta. "El Gobierno tiene la convicción, fundamentada en el resultado de la investigación, de que todas las escalas realizadas en el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE UU se han hecho de acuerdo con la ley", dijo.

La cuestión no era menor, ya que el uso de las bases para prácticas contrarias al derecho internacional y a la propia legislación española, como el traslado de personas detenidas sin autorización judicial, supone una grave quiebra de la confianza entre dos países aliados. Además de una violación del convenio bilateral, que prohíbe el tránsito de aviones con "pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España".

Sin embargo, sólo 16 días antes de que Moratinos compareciera ante el Congreso, el 8 de noviembre de 2005, un avión DC-10, del Mando de Movilidad Aérea de EE UU, despegó de la base de Morón de la Frontera con destino a Guantánamo.

Lo cierto es que el ministro limitó su exposición a las escalas de aviones, supuestamente vinculados a la CIA, en los aeropuertos de Palma y Tenerife (Reina Sofía y Los Rodeos). En las semanas siguientes, afloraron escalas similares en Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante o Vigo, hasta completar los 68 casos incluidos en el informe de la Comisión Temporal de Investigación del Parlamento Europeo, que será votado por el pleno de la Eurocámara el miércoles.

Desclasificados

Pero ni el texto inicial del llamado informe Fava, ni por supuestos las notas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desclasificadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros recogen alusión alguna al uso de las bases. El primero, porque se ha basó en los registros de Eurocontrol, que sólo se refieren a vuelos civiles; y los segundos porque, como Moratinos, se limitan a las escalas en Palma y Canarias.

Sin embargo, los registros de tráfico aéreo de Portugal, que se refieren a los aviones en tránsito por su zona de control, incluyen cuatro vuelos desde bases militares españolas a Guantánamo y otros tres a la inversa. El más antiguo data de enero de 2002, inmediatamente después de la caída del régimen talibán, y el más reciente, el ya citado de noviembre de 2005. Tres vuelos afectan a la base de Morón, otros tres a Rota y sólo uno a la de Torrejón.

En estos siete casos, el indicativo comienza por las letras RCH, que corresponden al Air Mobility Command (AMC), el mando de transporte del Ejército del Aire de EE UU. Los aviones son de transporte de distintos tamaños: un DC-10; dos C-141 Starlifter y cuatro C-17 Globemaster, el segundo avión de mayor tamaño de la Fuerza Aérea de EE UU.

El registro de vuelo portugués también recoge la escala que un Gulfstream IV, de la compañía Richmor Aviation, realizó el 12 de abril de 2004 en el aeropuerto de los Rodeos (Tenerife Sur), procedente de Guantánamo. Esta escala, dado el carácter civil del avión, era la única que se conocía hasta ahora y el ministro Moratinos la consideró la más preocupante cuando fue al Congreso.

Se sabe que este aparato -el mismo utilizado en el secuestro del imán de la mezquita de Milán por el que la justicia italiana ha pedido la captura de 26 agentes de la CIA- voló a Rumania desde Canarias. En cambio, se ignora de dónde procedían o a dónde iban los vuelos que enlazaron las bases españolas con Guantánamo, ya que los registros portugueses de control sólo incluyen los aeropuertos inmediatamente anteriores y posteriores al tránsito por su espacio aéreo.

Sin inspecciones

No puede demostrarse que los aviones que viajaron entre las bases españolas y Guantánamo transportaran detenidos ilegalmente. En primer lugar, porque España nunca los inspecciona ni controla la lista del pasaje ni pregunta qué llevan a bordo. Precisamente fue en 2002, tras el 11-S y la guerra de Afganistán, cuando se flexibilizaron los controles hasta entonces existentes.

La reforma del convenio bilateral, pactada en abril de aquel año por el Gobierno de José María Aznar con la Administración de Bush, instauró las autorizaciones genéricas de carácter trimestral, en lugar de las individuales caso a caso, y suprimió la necesidad de "notificación previa del tipo y la finalidad de la misión" de las aeronaves en tránsito.

No obstante, el sentido común indica que los centenares de personas que han pasado por el campo de prisioneros de Guantánamo no llegaron allí en barco y la investigación del Parlamento Europeo evidencia el uso de aviones de transporte militar. En concreto, el informe Fava recoge el caso de los seis argelinos que fueron detenidos en octubre de 2001 en Bosnia-Herzegovina y entregados ilegalmente al Ejército estadounidense cuando la Corte Suprema de dicho país ordenó su puesta en libertad.

Según la investigación, los seis fueron trasladados a la base de Incirlik (Turquía) y, junto a 28 prisioneros procedentes de Kandahar (Afganistán), transportados a Guantánamo el 20 de enero de 2002. Los registros de control aéreo portugueses incluyen un vuelo de un C-141 entre Incirlik y Guantánamo ese mismo día. Nueve días antes, otro avión C-141 hizo el mismo trayecto, pero partiendo desde la base de Morón. Si el primero llevaba prisioneros, nada permite descatar que el segundo también lo hiciera.

Willy Meyer, eurodiputado de IU y miembro de la comisión que ha investigado este asunto en la Eurocámara, considera que los datos del control portugués de tráfico aéreo demuestran que las escalas de vuelos de la CIA en territorio español están lejos de haberse aclarado. "El dictamen que se votará el miércoles", recuerda, "recomienda a los Parlamentos nacionales que constituyan comisiones de investigación para llegar al fondo del asunto. El Grupo Socialista, que ha apoyado esta investigación en Estrasburgo, está obligado a apoyarla también en el Congreso"
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