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El nuevo Gobierno mexicano debe dar señales claras de su compromiso con los Derechos Humanos

Preocupaciones de Amnistía Internacional ante la visita de Felipe Calderón a España

26/01/2007 - Autor: Amnistía Internacional - Fuente: www.es.amnesty.org
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Ante la visita a España de Felipe Calderón, Amnistía Internacional expresa sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en México
Ante la visita a España de Felipe Calderón, Amnistía Internacional expresa sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en México

Con motivo de la visita que el presidente de México, Felipe Calderón, realizará a España los próximos días 29 y 30 de enero, Amnistía Internacional expresa sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en México. La organización ya ha enviado por carta estas preocupaciones al Presidente del Gobierno español.

Hasta ahora, el gobierno de Felipe Calderón no ha hecho público cómo va a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional considera esencial que el nuevo gobierno mexicano demuestre la voluntad política necesaria para lograr avances concretos y medibles ante los abusos que tienen lugar en el país. 

- Al menos 17 muertes durante la crisis de Oaxaca. 

- Varias de las 140 personas detenidas el 25 noviembre en Oaxaca fueron torturadas o sometidas a malos tratos. Actualmente, siguen detenidas unas 60. 

- En 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó que la tortura es una práctica generalizada en México. 

- En 2005, casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años sufrió alguna forma de violencia. 

- 23 casos de violencia sexual bajo custodia en los sucesos de San Salvador de Atenco y Texaco, los días 3 y 4 de mayo de 2006. 

- En 2006, al menos 10 periodistas fueron asesinados.

Crisis de derechos humanos en el estado de Oaxaca

Miembros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la organización social Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) encabezaron desde el mes de junio del año pasado, en Oaxaca, protestas a favor de mejoras laborales y posteriormente a favor de la dimisión del gobernador del estado. Durante las protestas, ocuparon edificios y vías públicas y se produjeron varios enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. Los enfrentamientos continuaron durante octubre y noviembre, avivadas por el homicidio de varios manifestantes. El 29 de octubre, la Policía Federal Preventiva (PFP) entró en Oaxaca para poner fin a los disturbios y a los continuos enfrentamientos violentos. Al menos dos manifestantes murieron durante el operativo de ese día.

Aunque las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el orden público y procesar a las personas implicadas en actos de violencia, Amnistía Internacional tiene conocimiento de que en los operativos policiales de Oaxaca, las autoridades municipales, estatales y federales hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y cometieron violaciones de derechos humanos. Según informaciones recogidas por la organización, varias de las más de 140 personas detenidas el 25 de noviembre fueron torturadas o sometidas a malos tratos, no tuvieron acceso adecuado a asistencia letrada, a sus familias y a atención médica. Actualmente siguen detenidas unas 60 personas.

Las informaciones de serias violaciones de derechos humanos cometidas por policías –incluyendo cuerpos federales- merecen una investigación exhaustiva e imparcial. La organización desconoce los pasos llevados a cabo por las autoridades federales para llevar a los presuntos responsables de estos abusos ante la justicia.

Sistemas de seguridad pública y justicia penal

Además del conflicto de Oaxaca, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las formas de actuación de operativos de seguridad en diferentes zonas del país. Los defectos y carencias graves de los sistemas de seguridad pública y justicia penal siguen siendo la causa de abusos contra los derechos humanos tales como la detención arbitraria, tortura, malos tratos, negación del derecho al debido proceso y juicios injustos. En 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe poniendo de manifiesto que la tortura era una práctica generalizada en todo el país.

Amnistía Internacional manifiesta su inquietud porque las nuevas medidas de seguridad para combatir la delincuencia y el crimen organizado en varios estados mexicanos carecen de una visión de protección de los derechos humanos y no abordan las deficiencias estructurales de la administración de justicia y de la seguridad pública. En las próximas semanas, la organización hará público un nuevo informe sobre este tema recomendando al gobierno mexicano su obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos en esta materia y su pleno reconocimiento constitucional.

Violencia contra las mujeres

La impunidad para las violaciones de los derechos humanos y todas las formas de violencia contra las mujeres continúa muy extendida en numerosas partes de México. Según las estadísticas oficiales, en 2005 casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años sufrió alguna forma de violencia. Amnistía Internacional sigue documentando abusos contra mujeres cometidos directamente por agentes estatales, que no se han investigado adecuadamente y a cuyos responsables no se ha hecho rendir cuentas, así como abusos cometidos por agentes no estatales que no se han prevenido ni castigado con la diligencia debida, incluidos casos de violencia en la comunidad y violencia en el ámbito familiar.

En Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, las mujeres víctimas de violencia dtodavía no disponen de un acceso a la justicia adecuado ni de reparación integral. Resulta alarmante la aparente ausencia de medidas concretas por parte del gobierno para abordar este problema.

Tampoco hay avances en las investigaciones acerca de los al menos 23 casos de violencia sexual que la organización documentó en los sucesos de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006. Durante las operaciones policiales que se desarrollaron en estas localidades, las fuerzas de seguridad han sido acusadas de abusar sexualmente de varias detenidas mientras estaban bajo su custodia. En muchos casos se les negó a las detenidas el derecho a presentar querellas criminales y no se les brindó atención médica ni psicológica adecuada, algo esencial para la posterior presentación de pruebas. Es urgente que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra las Mujeres a nivel federal asuma la competencia plena de estos casos para que estos abusos no queden en la impunidad.

Impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ha puesto fin a su trabajo con escasos resultados, demostrando que las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la llamada “guerra sucia” de los años sesenta, setenta y ochenta en México aún siguen en la impunidad. Amnistía Internacional insiste ante las nuevas autoridades a que emprendan acciones eficaces ante el fracaso de la administración previa de garantizar verdad y justicia par los crímenes cometidos en el pasado.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas

Los defensores y las defensoras de derechos humanos siguen sin poder llevar a cabo sus legítimas actividades en muchas partes del país. Los ataques son raramente investigados y los presuntos responsables no comparecen ante la justicia. En Oaxaca se necesitan, de forma urgente, investigaciones exhaustivas e imparciales, así como medidas de protección eficaces y conforme a la voluntad de las víctimas en los casos de Yessica Sánchez Maya, de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), y Sara Méndez, coordinadora de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, quienes han sido objeto de intimidaciones por documentar violaciones de derechos humanos en el contexto de los enfrentamientos.

Durante años, Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación ante las amenazas e intimidaciones de organizaciones de derechos humanos en Chiapas, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y en Guerrero, como la Red Guerrerense de derechos humanos y otras.

Además, periodistas y activistas en comunidades marginadas también son objeto de intimidaciones o persecución judicial, acusados de delitos que no han cometido. En 2006, al menos 10 periodistas fueron asesinados, incluido el periodista estadounidense Bradley Roland Will, que perdió la vida durante los enfrentamientos en Oaxaca. Amnistía Internacional considera que las autoridades federales deberían investigar este caso.

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