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El Gobierno boliviano eliminará latifundios ociosos y dará tierras a indígenas

18/05/2006 - Autor: Opinión
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El presidente en ejercicio, Alvaro García Linera y dos ministros de gobierno anunciaron que se distribuirá 4.5 millones de hectáreas fiscales y que en lo posterior plantean la reversión de tierras al Estado por incumplimiento de la función económico-social.

El Gobierno planteó ayer al presentar su plan para hacer la Segunda Reforma Agraria del país, anular los latifundios ociosos y entregar hasta 4.5 millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades de indígenas y campesinos.

La propuesta fue presentada por el presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaráz, ante líderes de sindicatos agrarios y de pueblos indígenas.

El plan está contenido en proyectos de ley y de decreto que serán discutidos con los sectores agrarios desde el próximo miércoles en la ciudad oriental de Santa Cruz, sede de poderosos gremios empresariales agrícolas que pidieron al Gobierno consensuar la reforma.

El “Plan Gubernamental de Tierras” que consta de cinco decretos supremos y un proyecto de ley que plantea la reversión de tierras al Estado por incumplimiento de su función económico-social, la distribución inmediata de hasta 4.5 millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades indígenas y campesinas y la agilización de los procesos de saneamiento y titulación.

García Linera dijo que la reforma eliminará las prácticas "gansteriles" que impulsó el "modelo neoliberal" desde 1985, y pondrá en marcha un proyecto para los próximos 50 años que tendrá en cuenta que en Bolivia hay, al mismo tiempo, explotaciones comunitarias, pequeñas propiedades campesinas y agroindustrias.

La meta es reducir la extrema pobreza de un 40 por ciento de la población boliviana que vive en el campo, y la suerte de 650.000 familias con "parcelas de sobrevivencia" que ganan menos de un dólar por día, en condiciones parecidas a las de Somalia o Haití, dijo el Vicepresidente.

García Linera prometió diálogo y apoyo a los distintos sectores productivos, negó que el Ejecutivo promueva ocupaciones de tierras y anunció una actitud "rigurosa e insensible" con los que difunden esas "infamias".

A tiempo de aclarar que con esta medida no se trata de tomar las tierras, calificó de “pícaros y especuladores a los hacendados ilegales e improductivos que promueven con rumores el temor entre los que tienen tierras”.

“Seremos drásticos con esas personas (hacendados). Convocamos a todos a no preocuparse y proteger la tierra porque lo que queremos es un mayor fomento agrícola en el país”, sostuvo.

Por su parte el viceministro de Tierras, Alejandro Almaráz, aseguró que la situación actual es insostenible mientras amplias extensiones de tierras estén en manos de latifundistas, es por esto que se asumirán seis medidas inmediatas.

Las medidas

La primera medida es a través de la aprobación de la Ley Modificatoria de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) porque adolece de defectos y no corresponde a los desafíos de la región.

Según Almaráz este tema será más democrático en la Asamblea Constituyente porque hay asuntos urgentes que deben solucionarse para un rápido y masivo proceso de distribución de tierras.

“Va ha haber una reversión de tierras improductivas, es decir el retorno al Estado para redistribuir por la causal de incumplimiento de la función económico social”, explicó.
Dijo también que a través del proyecto de ley se realizarán ajustes en el ámbito jurisdiccional para precautelar la transparencia de saneamiento y que el proceso sea más rápido y barato.

Con las disposiciones legales se busca garantizar la continuidad de este proceso y la ampliación del plazo de saneamiento que concluye en octubre y que debe provenir de una evaluación rigurosa.

Tierras fiscales

La segunda medida es la vigencia de un decreto supremo relativo a la distribución de tierras fiscales, Almaráz indicó que con esto se logrará instalar justicia, equidad y productividad ecológica en la tenencia de la tierra.

Se ha establecido que en Bolivia existen 4.7 millones de hectáreas de tierra disponibles principalmente en la zona del Oriente y Norte de La Paz.

“Son tierras fiscales y libres que excluyen las áreas protegidas y de concesión forestal que vamos a recuperar para las comunidades”, acotó.

El Gobierno ha previsto dos salvaguardias en caso de que se haga un mal uso de la tierra, la primera pasa por la expropiación en caso de promover la destrucción de la tierra y la segunda es a través del compromiso del Estado para dar un sólido respaldo económico-técnico de manera que no se repitan los procesos de colonización.

Mujeres

La tercera disposición legal garantiza la participación social en el saneamiento, es decir que, cualquier organización social desde los indígenas y campesinos hasta los empresarios podrán acreditar delegados para participar del proceso de saneamiento.
En este decreto supremo se establece el tratamiento preferencial en favor de las mujeres agrarias que son las responsables de llevar el sustento al hogar, es por eso que también en los títulos se pondrá el nombre de ambos cónyuges.

La cuarta medida pasa por la aprobación del decreto supremo que permite facilitar el ingreso de tierras al Estado para resolver el problema de tierra.

Las dos últimas medidas son para abrogar los decretos supremos de desconcentración técnica del INRA y la creación de la propiedad forestal.

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