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La Comisión Islámica de España valora positivamente el proyecto de Real Decreto sobre asistencia religiosa en las prisiones

25/05/2005 - Autor: Redacción Webislam y Europa Press
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El secretario general de la Comisión Islámica de España, Mansur Escudero, ha valorado positivamente el proyecto de Real Decreto que desarrollará los acuerdos de cooperación religiosa en el terreno de la asistencia religiosa en las prisiones, que ha sido elaborado por el Gobierno español. El proyecto, que supone un importante desarrollo de los Acuerdos de Cooperación de 1992, suscritos entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, fue enviado en su día a la Comisión con el fin de recabar su opinión sobre el contenido del mismo.

Mansur Escudero considera que la asistencia religiosa en la prisión "tendrá un efecto beneficioso porque permitirá la educación de los presos en unos valores cívicos y espirituales que les permitan integrarse mejor en la sociedad una vez abandonen la prisión y también a buscar un mejor aprovechamiento de su tiempo durante su estancia en el centro penitenciario." Escudero valora positivamente asimismo el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya decidido cambiar su informe inicial y considere ahora suficientes los procedimientos de supervisión normales actualmente previstos en la normativa interna de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en lo referente a la comprobación de la idoneidad de los imames y otros líderes religiosos.

El CGPJ ha suavizado, en efecto, sus cautelas sobre el control de los ministros religiosos que acceden a las instituciones penitenciarias para garantizar el derecho fundamental al ejercicio de la libertad religiosa, según avanzó hoy a Europa Press Luis Aguiar, ponente del informe sobre el proyecto del Real Decreto que desarrollará los acuerdos de cooperación religiosa en este ámbito.

El pleno del CGPJ aprobará mañana, previsiblemente, el citado informe, que valora de manera positiva el proyecto de Ley del Gobierno. Entre otros aspectos, la futura norma establece que las cárceles que cuenten con un número de diez o más presos musulmanes podrán habilitar un local adecuado para celebrar el culto. Esta normativa también afecta a las confesiones evangélica y judía.

El informe inicial, redactado por la Comisión de Estudios del CGPJ, pedía a la Administración que intensificara los controles y la información sobre las personas candidatas a prestar asistencia religiosa en las cárceles, además del certificado negativo de antecedentes penales que establece el proyecto.

El dictamen final, sin embargo, establece que es suficiente con los procedimientos de supervisión actualmente previstos en la normativa interna de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Según explicó Aguiar a Europa Press, la actual redacción ponía demasiado énfasis en las cautelas, sin ponderar que estamos en presencia del ejercicio de un derecho fundamental.

Aguiar entiende que no se puede establecer un control puramente formal sobre los ministros religiosos que acceden a las prisiones, si bien cree que no es papel del CGPJ establecer límites a la libertad religiosa.

Competencias de las CCAA

Al margen de esta cuestión, el informe definitivo que aprobará el CGPJ señala que la normativa del Gobierno no puede ser básica, teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas, concretamente Cataluña, que tienen competencias de gestión y ejecución de la legislación penitenciaria.

Por este mismo motivo, establece la conveniencia de que la memoria económica del proyecto evalúe el impacto que supondrá para las comunidades autónomas las nuevas obligaciones del gasto. La memoria económica contempla un presupuesto de 777.940 euros para este año, en concepto de gastos materiales y personal religioso, que serán sufragados por la Administración Penitenciaria.

Según los datos contemplados en la memoria, existen un total de 1.168 presos islámicos que podrían recibir asistencia religiosa; 16 judíos; y 1.682 de religión evangélica.

Los centros penitenciarios con mayor presencia de islámicos son: Albacete (90), A Lama (270), Madrid II (55), Málaga (56), La Moraleja (60), Ocaña II (92), Teixeiro (170), Ceuta (40), Melilla (51) y Murcia (60). Por su parte, los centros con mayor presencia de evangélicos son: Albacete (75), León (59), Madrid II (105), Mallorca (117), Nanclares de la Oca (73), Santa Cruz de Tenerife (62), Sevilla (120), Valencia (59) y Zaragoza (150).

Valoración positiva

En líneas generales, el CGPJ hace una valoración positiva del proyecto de Ley porque introduce una regulación detallada sobre el sistema de acceso de los ministros de culto a los centros penitenciarios, poniendo fin a la relativa inseguridad jurídica que existe actualmente en esta materia.

En su articulado se establece el contenido de la asistencia religiosa, los requisitos para la autorización de los ministros religiosos, el régimen de la asistencia, el régimen económico así como los locales. Así, considera funciones de asistencia religiosa las dirigidas al ejercicio del culto, la prestación de servicios rituales, la instrucción y el asesoramiento moral y religioso, así como las honras fúnebres.

La asistencia religiosa deberá ser autorizada por la Administración penitenciaria a la que deberán dirigirse las entidades religiosas. Estas últimas deberán aportar la debida documentación del ministro de culto propuesto, el certificado de la confesión de la que depende, un certificado negativo de antecedentes penales y, en el caso de que sea extranjero, la certificación acreditativa de su residencia legal en España.

La autorización tendrá validez anual y podrá ser revocada cuando el ministro de culto realice actividades no previstas en el régimen de la asistencia religiosa y fueran contrarias al régimen del centro o a la normativa penitenciaria.

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