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Alonso anuncia la modificación de la Ley de Protección de Datos y señala a los inmigrantes musulmanes de zonas rurales como sospechosos

27/05/2004 - Autor: Agencia Islámica de Noticias - Fuente: Webislam
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En unas declaraciones ante la Comisión de Interior del Congreso, el ministro del Interior José Antonio Alonso habló de reformar la Ley de Protección de Datos, que protege la privacidad de las comunicaciones entre ciudadanos, para controlar las actividades de los musulmanes.

Además, Alonso ha señalado a los trabajadores inmigrantes de zonas agrícolas como sospechosos de terrorismo, afirmando la necesidad de aumentar los efectivos de lucha anti-terrorista en esas zonas. Una vez más, los más desfavorecidos son demonizados.

Con estas declaraciones, el ministro ha vuelto a señalar a todos los musulmanes como potenciales terroristas, justificando la modificación de la legislación vigente para hacer posible un control policial de sus actividades, lo cual puede vulnerar el propio Pacto Antiterrorista.

José Antonio Alonso tiene la complicada misión de combatir la nebulosa del terrorismo internacional. Este es el tema estrella de sus compariciones públicas, donde va anunciando medidas que luego parecen desvanecerse. Esperamos que suceda lo mismo con las medidas anunciadas ante la Comisión de Interior del Congreso el día 24.

Si con anterioridad se anunciaba una posible modificación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, ahora le toca el turno a la Ley de Protección de Datos, que fue promulgada en diciembre del 99. Todos estos cambios a leyes básicas del ordenamiento jurídico actual, tienen por objeto el control de las actividades de la comunidad musulmana en su conjunto, a los cuales se insiste en considerar como potenciales terroristas.

Antecedentes 

Todos recordamos sus declaraciones sobre los imames y mezquitas, donde se anunciaban medidas de control preventivo de los discursos y de todas las actividades religiosas de los musulmanes. Las declaraciones fueron tan desafortunadas, que la lluvia de críticas llegó desde todos los frentes inimaginables.

La avalancha de descalificaciones contra Alonso fue abrumadora. Todos los partidos políticos del mapa electoral español se posicionaron en su contra, incluidos los socialistas catalanes. Numerosos juristas salieron a la palestra declarando la anticonstitucionalidad de las medidas anunciadas, una clara vulneración de la libertad religiosa. Hasta la Conferencia Episcopal salió en defensa de los musulmanes.

Dentro del movimiento organizativo del islam en España, las críticas se centraron en la irresponsabilidad de Alonso al situar como sospechosos a todos los musulmanes, hablando del control de nuestras actividades como si se tratase de apestados.

En un primer momento, tanto el ministro de exteriores Moratinos como el presidente Zapatero apoyaron sus declaraciones, suponemos que por no dejarlo tan pronto fuera de juego, al pobre.

Pocos han puesto su atención en que el propio Zapatero anunció desde Lisboa que el gobierno iba a dar a conocer su plan de control el día doce de abril, cosa que no sucedió, sino todo lo contrario. De sabios es rectificar.

Parece que al ministro Alonso lo pusieron en su sitio la portavoz del gobierno y el ministro de Justicia, que saben lo que hacen y se dicen.

María Teresa Fernández de la Vega y Aguilar hablaron de la necesidad de buscar formas de financiación para los musulmanes y de desarrollar el Acuerdo de Cooperación suscrito entre la Comisión Islámica de España y el Estado.

El plan anunciado para el día doce no apareció por ningún lado, sino el buen talante de un gobierno que apela al diálogo y al consenso, que se dice dispuesto a contar con los órganos de representación de los musulmanes en España.

En una reunión posterior con los secretarios generales de la Comisión Islámica de España, el ministro de Interior reconoció haberse equivocado.

Final feliz, borrón y cuenta nueva.

Alonso cabalga de nuevo 

Ahora, el ministro del Interior ha vuelto a la carga. El lunes 24 compareció ante la Comisión de Interior del Congreso para anunciar la estrategia legal que promueve desde su ministerio para combatir el terrorismo internacional, una estrategia que el propio ministro resumió en una frase lapidaria: “medidas de control de actividades privadas”.

Parece que la obsesión de controlar lo tiene poseído. Según su planteamiento, el “combate contra el terrorismo internacional” pasa por el control, palabra que se repite obstinadamente. Control de los imames, control de las mezquitas, control de los discursos, control de las actividades. Una necesidad de control que ahora amenaza la privacidad de la ciudadanía.

El ministro entró en detalles. Se va a imponer un mayor control sobre hospedajes, alquiler de vehículos y confección de placas, se van a triplicar las fuerzas de seguridad dedicadas al “terrorismo islamista”, se van a vigilar mejor los explosivos, se van a contratar traductores de árabe para “analizar la información” recopilada mediante el “control de la actividad radical conectada con el terrorismo internacional”, para el que se va a “exigir la cooperación de las operadoras de telecomunicaciones”...

Todo esto, y aquí está el milagro, “dentro del respeto pleno a los derechos y a las libertades constitucionales”... bla bla bla. Porque, ¿qué implican estas medidas anunciadas?

Cuando se habla de “control de transferencias electrónicas y envíos de fondos”, se está hablando de controlar lo que hacen los musulmanes con su dinero, no vayan a gastarlo en lo que no conviene (imaginamos que se considerará sospechoso el envío de ayudas a Chechenia o Palestina, dos causas nobles donde las haya).

Cuando se habla de “control de actividades privadas” se está hablando de vulnerar los principios de la libertad de cada persona a decir o a hacer en privado lo que le viene en gana, algo tan básico en democracia como son las elecciones generales.

En todos los casos, se trata de inmiscuirse en la privacidad de las personas. El texto ofrecido por Alonso a los medios de comunicación habla de “la posibilidad de acceder a datos necesarios para la seguridad del Estado”, lo cual sugiere una pregunta: ¿cómo se sabrá que los datos a los que se acceden son necesarios? ¿No implica este eufemismo el derecho a espiar y a inmiscuirse en las vidas privadas de los ciudadanos por parte del Estado, con la excusa poco convincente de la lucha antiterrorista?

Recordemos que uno de los compromisos del Pacto Antiterrorista es el de no recortar las libertades en nombre de esta lucha. Teniendo esto en cuenta, no deja de ser preocupante que se hable de la reforma de una ley tan básica para garantizar que no se cometan abusos por parte del Estado como es la de Protección de Datos. ¿Hasta que punto las medidas anunciadas no vulneran el propio Pacto Antiterrorista?

Parece que no nos enteramos de la gravedad de acciones como estas, que nada van a ayudar en la lucha contra el terrorismo, sino todo lo contrario. Estas medidas tienden a crear un clima de desconfianza y una sensación de acoso entre los musulmanes, lo cual favorece los discursos de aquellos que tratan de convencernos de que el Estado jamás va a reconocernos nuestros derechos, de que el islam no será nunca aceptado como una opción espiritual posible, y los musulmanes como ciudadanos con todos los derechos y deberes que emanan del ejercicio de la ciudadanía.

Por desgracia, tienen su parte de razón estos agitadores. Los musulmanes en España somos ciudadanos de segunda. Se nos quiere condenar a las catacumbas, situar bajo sospecha, hacer imposible la normalidad en la práctica de nuestra religión.

Se insiste en la “guerra preventiva”, en el control policial generalizado de los musulmanes. Se insiste en la demonización de un colectivo que sufre las consecuencias del terrorismo como ningún otro, que está pasando por una situación de precariedad social y de ninguneo de sus derechos más elementales. ¿Qué tenemos que ver los musulmanes con el terrorismo? ¿Cómo se puede poner bajo sospecha a ochocientas mil personas por lo que hacen unos cuantos?

Controlar a los musulmanes a cuenta de los atentados de Atocha sería como investigar a todos los vascos cuando ETA mata. No creo que ni al mismísimo Savater, tan amante de las soluciones de emergencia, le hiciera ninguna gracia.

Siete zonas sensibles 

Y llegamos al aspecto más oscuro de las nuevas declaraciones del ministro. En su comparecencia, Alonso habló de la necesidad de ampliar la lucha antiterrorista a los ámbitos rurales, a causa de la cantidad de magrebíes que trabajan en el campo.

En concreto, anunció que el Gobierno triplicará los efectivos dedicados a la lucha contra el terrorismo internacional en zonas rurales de La Rioja, Madrid, Cataluña, Levante, Murcia, Navarra y Andalucía, a las que calificó como "zonas sensibles" por la alta presencia de musulmanes en las mismas.

Aquí, una sensación de desgarro nos recorre. ¿Qué tiene que ver un trabajador de la fresa en Huelva con los atentados de Atocha? ¿Acaso no es racista el vigilar a todos los magrebíes por lo que (presuntamente) han hecho algunos de sus compatriotas?

Esta es la primera vez que se oye hablar de una conexión entre inmigrantes que viven en una situación de precariedad social inimaginable en un estado civilizado y el fenómeno del terrorismo internacional.

No queremos ser exagerados, pero parece que el ministro no se entera de nada o nos quiere hacer entrar en un juego muy perverso. Tal vez necesita justificar un aumento presupuestario para las fuerzas de seguridad, o tal vez no sabe lo que dice y es manipulado por algunos de sus colaboradores. Todo podría ser.

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia, ha justificado la consideración de la región como zona sensible por "la alta concentración de población inmigrante en La Rioja Baja, por lo que se reforzará la presencia policial con carácter preventivo".

El delegado del Gobierno en Murcia, Ángel González Hernández, considera la medida como un acierto: "Al hablar de terrorismo de componente islamista se presta especial atención a aquellas regiones de España que tienen una mayor presencia de personas procedentes de países musulmanes, y a las zonas concretas, como el ámbito rural, donde trabajan básicamente en labores agrícolas."

Declaraciones de este tipo no están justificadas por datos objetivos, y tienden a empeorar las condiciones de vida de los inmigrantes.

Imaginamos a los policías yendo a las chabolas de los sin papeles para espiar sus conversaciones, o a o miembros del CNI grabando charlas “entre los cañaverales”, mientras los trabajadores se tuestan al sol recogiendo fruta por tres euros a la hora. Como muchos de estos inmigrantes señalados como sospechosos no tienen teléfono, ni agua corriente, ni electricidad, la cooperación de las operadoras de telecomunicaciones no parece imprescindible.

¿Cómo se explica esta medida? Hablando claro: se va a controlar a los esclavos por si se desmandan. Parece que cuesta más pagar policías y gastar el controlar que en hacer llegar los mínimos servicios sociales a los colectivos más desfavorecidos en España. Y esto por parte de un gobierno que se dice socialista, en todo caso nacional.

Una cosa está clara. Para el gobierno del PSOE, el islam es un peligro, y por tanto hay que controlar policialmente a todos los musulmanes. Todos somos considerados como potenciales terroristas.

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