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La Generalitat quiere tener la tutela de las mezquitas en el nuevo Estatut

El actual registro de actividades religiosas es voluntario y está centralizado en Madrid

13/05/2004 - Autor: Jaume V. Aroca - Fuente: La Vanguardia
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La Generalitat quiere tutelar las mezquitas y confía en que el nuevo Estatut le reconozca esa capacidad, que está ahora en manos del Gobierno central. El Govern desea tener un mayor conocimiento oficial de la comunidad musulmana e incluso regular sus oratorios.

El Govern quiere asumir con el nuevo Estatut la tutela de las mezquitas catalanas, que hoy está en manos de la Administración central. La reforma legal que propone no afectaría exclusivamente al colectivo musulmán, sino a todas las religiones practicadas en Catalunya, aunque tendría como principal finalidad obtener ese control, que hoy está centralizado en el Ministerio de Justicia.

El conseller en cap, Josep Bargalló, aseguró a “La Vanguardia” que este registro “permitiría tener un mejor conocimiento de lo que hay en el país, más real y de primera mano, y mayor capacidad de control. Ahora no lo tenemos, al menos de un modo directo”. La ley estatal vigente hasta hoy –pues el consejo de ministros del viernes anunció cambios en esta materia– establece que las organizaciones religiosas, con la excepción de las católicas, pueden inscribirse en el registro de entidades del Ministerio de Justicia. Esta inscripción les otorga personalidad jurídica, así como algunos derechos sociales y fiscales.

Ahora, la Generalitat de Catalunya pretende tener su propio registro de entidades religiosas. Formalmente, la propuesta consistiría en “territorializar” el registro estatal, entregándolo a la tutela de la Generalitat, que lo compartiría con el Estado. Este registro permitiría al Govern tener un conocimiento oficial de las organizaciones religiosas implantadas en Catalunya e incluso establecer la inscripción como un requisito indispensable para que los ayuntamientos autoricen la apertura de nuevos oratorios.

Hoy, la Generalitat, como reconoce el propio conseller en cap, Josep Bargalló –del que depende la secretaría de Afers Religiosos–, tiene una información fragmentaria y parcial de esta realidad. El conseller en cap mantiene contactos periódicos con estas organizaciones y el Govern otorga ayudas económicas –recientemente entregó una ayuda de 60.000 euros al Consell Islàmic Cultural de Catalunya– a las entidades más estables.

El registro del Ministerio de Justicia no constituye un reflejo fiel de las organizaciones religiosas islámicas implantadas en Catalunya. La evidencia más clara de esta afirmación es que en Catalunya existen del orden de unas 140 mezquitas pero sólo una pequeña parte de ellas están inscritas en el registro oficial del ministerio.

Por poner un ejemplo, de las 251 entidades religiosas de todas las confesiones reconocidas oficialmente en este registro correspondientes a la ciudad de Barcelona, hay tres musulmanas. El Ayuntamiento, por el contrario, reconoce a once.

El Institut dEstudis Autonòmics (IEA) ha elaborado un estudio del que se ha servido la secretaría de Afers Religiosos para tratar de determinar la viabilidad de la petición planteada. Esta iniciativa, que ahora deberá estudiar la ponencia que elabora las propuestas del Govern para la reforma del Estatut, incluye, entre las competencias que podría demandar al Gobierno central, la transferencia del fondo voluntario del IRPF para fines solidarios. Precisamente el Ejecutivo central plantea una reforma de este fondo para financiar a la comunidad musulmana. Y ese sería el mismo propósito del Govern.

La iniciativa ha sido impulsada, entre otros, por la directora de Afers Religiosos, Montserrat Coll, que ha elevado un documento de estudio al Govern, y por el diputado del PSC-Ciutadans pel Canvi Mohamed Chaib.

De hecho, la Generalitat ya cuenta con un registro de entidades religiosas que depende de la Conselleria de Justicia. Pero su inscripción no es legalmente preceptiva. En este asunto hay un escollo difícil de salvar: los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979, que vinculan el ordenamiento religioso español a un tratado internacional.

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