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SOS Racismo pide al Gobierno un giro de 180 grados en su política migratoria

28/04/2004 - Autor: Silvia Torralba - Fuente: Canal Solidario Catalunya
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SOS Racismo insta al Gobierno a regularizar a los inmigrantes que trabajan en España sin necesidad de regresar a su país para obtener el visado y pide la suspensión de las órdenes de expulsión no ejecutadas.

El mensaje de SOS Racismo al nuevo Gobierno español en materia de inmigración es muy claro: la administración central debe “dar un giro de 180 grados a la política migratoria”. Con motivo de la presentación de su informe anual sobre el racismo en el Estado español, la ONG advierte del “preocupante endurecimiento” de las políticas migratorias en el último año, que han generado la mayor bolsa de inmigrantes en situación irregular de la historia de España. Para evitar el racismo social y mejorar las condiciones de la población inmigrada son necesarias una serie de medidas de carácter político y social:

· Regularización a partir del trabajo -- En la actualidad, la Ley de Extranjería prioriza la contratación en origen mediante contingentes, una medida que según SOS Racismo es “un fracaso absoluto”, ya que durante el año pasado únicamente se cubrieron 3.490 de los 10.575 puestos fijos establecidos y la mitad de las plazas temporales. Mientras se fomenta esta vía, un millón de personas se encuentra en situación irregular en España; para acceder a un trabajo la Ley les obliga primero a regresar a sus países de origen y tramitar un visado no garantizado.

En este contexto, SOS Racismo reclama al Gobierno la regularización de “cualquier persona que demuestre estar trabajando” en España. Para ello, es necesario trabajar de forma conjunta con los empresarios, para que contraten legalmente a las personas inmigradas, así como la “reapertura real” del régimen general “como uno de los mecanismos permanentes de la regularización.

· Suspender las órdenes de expulsión no ejecutadas -- Al no disponer de los recursos necesarios para hacer cumplir la Ley de Extranjería, el número de órdenes de expulsión no ejecutadas es muy elevado. Si los problemas que deben afrontar los inmigrantes sin regularizar no son pocos, las dificultades aumentan cuando cuentan con una orden de expulsión sin ejecutar.

Según Núria Vives, portavoz de SOS Racismo, en esta situación es imposible encontrar trabajo de forma legal y tampoco es fácil encontrar un empleo en la economía sumergida, ya que el temor de los empresarios a que la expulsión se haga efectiva les mueve a contratar a inmigrantes sin regularizar y sin orden de expulsión. Para poner fin a esta situación, la ONG insta al nuevo Gobierno socialista a “anular todas las órdenes no ejecutadas actuales” y establecer mecanismos por los que todas aquellas órdenes que no se lleven a cabo en un máximo de 40 días también queden obsoletas.

· Restringir el acceso policial a los datos del padrón -- Otra de las medidas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular durante su mandato es la posibilidad de acceso policial a los datos del padrón municipal. La iniciativa ha sido muy criticada por ONG como SOS Racismo ya que el miedo a que la Policía acceda a los datos del padrón lleva a muchos inmigrantes a no inscribirse y, en consecuencia, a no poder disfrutar de derechos básicos como la atención sanitaria.

Para el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que ha colaborado en el informe de SOS Racismo, “se trata de una injerencia ilegítima” que crea “un clima generalizado de sospecha sobre los extranjeros” y que contradice a lo estipulado en la Ley de Protección de Datos, que permite el acceso policial a datos personal en casos específicos y cuando sea imprescindible para una investigación.

· Revocar la potestad de las compañías de transporte en el control de fronteras para actuar como policía de aduanas.

· Mayor coordinación entre Ministerios para abordar el fenómeno de la inmigración -- Además de instar al nuevo Gobierno a modificar el discurso político sobre el tema migratorio establecido en los últimos años, SOS Racismo reclama una mayor coordinación de las competencias sobre inmigración. “El paso de Inmigración del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es un aspecto positivo pero es necesaria una coordinación superior para que las políticas sean coherentes”, afirma Núria Vives, que se felicita por la destitución de Jesús Cardenal como Fiscal General del Estado, que apoyaba la expulsión de los menores inmigrantes sin documentar de 16 años al considerarlos adultos.

· Revocar las “normativas discriminatorias” incluidas en legislaciones ajenas a la Ley de Extranjería -- En este punto, SOS Racismo se refiere a varias normativas incluidas en el Código Penal y la Ley de Procedimiento Administrativo que abordan la cuestión migratoria. En el caso del Código Penal, la ONG pide revocar la normativa que propone expulsar de manera inmediata a aquellos inmigrantes acusados de un delito que puede ser penado con hasta seis años de privación de libertad. La actual medida, alerta SOS Racismo, “vulnera el principio de presunción de inocencia”.

· Restablecer los derechos fundamentales de reunión, manifestación, sindicación, asociación y huelga -- SOS Racismo reclama que sendos derechos, anulados por la Ley de Extranjería 8/2000, se reconozcan de nuevo “sin esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional”.

· Aumentar los presupuestos sociales para combatir el racismo -- El nuevo discurso político debe ir acompañado de recursos económicos que lo hagan posible y promuevan la prevención de reacciones xenófobas contra la población inmigrada y de etnia gitana. Según SOS Racismo, en el Estado español el pueblo gitano sufre racismo “por omisión” y ha de superar numerosos problemas para acceder a una vivienda o ciertos comercios y locales de ocio.

La situación más “preocupante” es la de las familias gitanas extranjeras, “doblemente discriminadas”. “En algunas ciudades europeas se han habilitado espacios que permiten instalarse a las familias gitanas nómadas, que también pueden inscribirse en el padrón municipal; estas medidas deberían impulsarse en España ya que parte de la población gitana llegada de países del Este es nómada”, explica SOS Racismo.

Por otro lado, añade la ONG, son necesarias acciones preventivas que eviten el aumento de los grupos neonazis y las plataformas y partidos políticos xenófobos, que han aumentado de forma “preocupante”. Asimismo, desde SOS Racismo advierten de la necesidad de prevenir actos racistas que pueden derivarse de los atentados de Madrid el pasado 11 de marzo, como la oposición a que una comunidad musulmana construya una mezquita y el recelo de agencias y particulares para alquilar una vivienda a hombres procedentes de países árabes
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