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El ministro del Interior amenaza la libertad de expresión de los musulmanes en España

28/04/2004 - Autor: Abdennur Prado
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José Antonio Alonso

Las declaraciones del ministro del Interior José Antonio Alonso (publicadas el 2 de mayo en El País) han caído como un mazazo sobre las comunidades islámicas de España. Las reacciones van desde el temor hasta la indignación. Temor ante el régimen policial anunciado, el control de los discursos y la abolición de la libertad de expresión para los musulmanes. Indignación por el hecho de que el ministro ha señalado como focos de radicalismo a cientos de pequeñas comunidades.

Según Alonso, "hay que ir a un escenario legal en el que se pueda controlar a los imames de las pequeñas mezquitas, que es donde se produce esa articulación del fundamentalismo islámico que conduce a determinadas operaciones". Más adelante aboga por establecer un férreo control sobre las actividades de culto (incluidas las cristianas), y afirma que el estado tiene el derecho a exigir el contenido de las jutbas, además de conocer cada una de las actividades de culto que se lleven a cabo. Se habla incluso de una reforma jurídica que permita establecer mecanismos de control más eficaces.

Es completamente falso que las pequeñas mezquitas u oratorios diseminados en España sean un foco de radicalismo. Estas declaraciones constituyen una irresponsabilidad impropia de un ministro. No podemos incurrir en este tipo de generalizaciones, que sitúa a cientos de miles de ciudadanos como sospechosos frente al resto de la ciudadanía.

En un contexto en el cual la sociedad española ha dado grandes muestras de madurez, desarrollando una notable sensibilidad hacia el problema de la islamofobia, José Antonio Alonso ha roto con todo y se ha encargado de propagar la sospecha de unos vecinos contra otros, de poner bajo el punto de mira a miles de personas, que nada tenemos que ver con los atentados de Madrid ni con ningún terrorismo de corte internacional.

Todo el mundo sabe (o debería), que los verdaderos centros desde los cuales se propagan lecturas fundamentalistas del islam son precisamente las seis o siete grandes mezquitas que existen en España. Desviar la atención del verdadero problema (la influencia saudí) hacia las comunidades más marginales e indefensas es una insensatez, una muestra del más absoluto desconocimiento sobre la realidad del islam en España.

A los musulmanes que venimos trabajando en el establecimiento de un islam respetuoso con los valores de la democracia, dentro del marco que la Constitución ofrece, las declaraciones de Alonso nos han dejado helados. Días después de las elecciones del 14 de marzo, José Luis Rodríguez Zapatero anunció su intención de reunirse con los máximos dirigentes islámicos en España. A día 3 de mayo, ni el presidente de la FEERI (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas), ni el Secretario General de la Comisión Islámica de España han sido consultados, y sin embargo ya tenemos delante todo un programa para acabar con nuestra libertad de expresión, uno de los más preciados derechos.

¿Este es el talante dialogante del nuevo gobierno? ¿Acaso no se va a escuchar la voz de los musulmanes demócratas, no se va a contar con ellos para combatir el fundamentalismo? No hacerlo implicaría situar a toda la comunidad islámica bajo sospecha. Cerca de un millón de personas que en estos momentos están viviendo una fuerte tensión a causa de las palabras precipitadas del ministro del Interior.

Ni en el peor de los supuestos, pensábamos que las cosas iban a ir por los derroteros que el ministro anuncia. En la entrevista, se pone en evidencia su total ignorancia sobre el islam y la realidad de los musulmanes en España, sobre sus problemas y estructura organizativa. En ningún momento se hace referencia a políticas de integración o el desarrollo de la libertad religiosa. Tampoco se habla de cooperar con los musulmanes, tan solo de control policial y jurídico, de represión generalizada.

No salimos de nuestro asombro. Esperamos de todo corazón que el gobierno de Rodríguez Zapatero sepa reaccionar y se tome en serio la búsqueda de soluciones consensuadas que permitan un mayor desarrollo de las libertades constitucionales, único camino para lograr aislar a los violentos y acabar con toda forma de radicalismo. De no hacerlo así, la convivencia ciudadana puede verse seriamente amenazada.

Más allá de toda política de control doctrinal o ideológico, impropia de un estado de derecho, consideramos la colaboración entre los musulmanes demócratas y el conjunto de la sociedad como imprescindible. Si queremos aislar y desautorizar a los sectores radicales, lo menos apropiado es situarlos como interlocutores privilegiados de las instituciones democráticas, tal y como ha sucedido en más de una ocasión.

La presencia del islam en España es un hecho. Todas las estadísticas indican su crecimiento para los próximos años. No podemos permitir que en nuestro país suceda lo mismo que en Francia e Inglaterra, donde existen guetos y una situación de fractura social que es el verdadero caldo de cultivo de toda forma de radicalismo. Tanto el nuevo fascismo de los skin heads como el fundamentalismo religioso se generan entre aquellos sectores que han quedado al margen de la sociedad del bienestar, condenados a ser ciudadanos de segunda. En España, todavía estamos a tiempo de atajar este problema, con una política de integración del islam como una opción espiritual digna, con todos sus derechos, dentro del marco de las libertades constitucionales. En ningún caso, los musulmanes estamos dispuestos a renunciar a ninguno de nuestros derechos más inalienables


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Junta Islámica
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