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Arrestados 43 de los 46 cargos de la dictadura argentina que reclama Garzón

29/07/2003 - Autor: Alistair Scrutton - Fuente: larazon.org
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Al menos 43 de los 45 militares y un civil ex represores de la dictadura argentina, sobre los que el juez Baltasar Garzón había cursado una orden de extradición, ya están a disposición de la Justicia. Las cúpulas militares cumplieron la orden de captura del juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral sobre los militares reclamados por Garzón. Las Fuerzas Armadas realizaron la tarea de entregar a los ex represores perseguidos no sin ocultar su profundo malestar ante la decisión de juzgarlos fuera de Argentina.

Entre los detenidos se encuentran el general retirado Antonio Bussi, intendente electo de Tucumán, y el ex marino Alfredo Astiz, un destacado miembro de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, cuya custodia habría sido encargada a la Armada. También quedaron a disposición del magistrado Canicoba otros 3 ex integrantes de fuerzas de seguridad –entre ellos, uno que intentó suicidarse– mientras el único civil de la lista, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, detenido el pasado jueves, fue alojado ayer por la tarde en la unidad especial de investigaciones que la Gendarmería posee en Retiro. Algunos de los reclamados ya estaban detenidos, varios con prisión domiciliaria, en la causa por robo de bebés de- saparecidos. De los 46 militares requeridos a través de Interpol por Garzón, habría dos fallecidos: Jorge Alberto Maradona Jofre y Mario Cafarena Sese.

Además están a disposición judicial los generales Juan Carlos Trimarco, Luciano Benjamín Menéndez y el actual presidente del Círculo Militar, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex integrantes de las juntas militares, almirantes Armando Lambruschini e Isaac Anaya y los brigadieres generales Omar Graffigna y Arturo Lami Dozo.

En el caso de Astíz, no sólo tiene que responder ante la justicia española. También es requerido por las familias de los franceses desaparecidos en la dictadura militar argentina, quienes mostraron su «satisfacción» por el arresto en Buenos Aires de Astiz a petición de la justicia española, pero añadieron que «somos los primeros en la lista para lograr su extradición». El ex marino fue condenado en Francia en 1990, y desde entonces pesa sobre él una orden internacional de captura. Astiz, militar emblemático de la dictadura fue bautizado como el «Ángel de la muerte» por las víctimas de la represión argentina, fue juzgado en rebeldía en Francia y condenado a cadena perpetua por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

El clima en el Ejército estaba muy alejado ayer de la presunta «absoluta tranquilidad» que difundió el Gobierno argentino. Varios altos cargos de las Fuerzas Armadas afirmaron que el malestar «está instalado», y sospechan que la intención última del Gobierno no es la de extraditar, sino la de reabrir en el país los juicios por violación a los derechos humanos, previa anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Dos fuentes militares coincidieron en que «son momentos muy complicados para en la dirección de las fuerzas argentinas», sobre todo para el Ejército y la Armada, que tienen casi todos los casos. Otro militar indicó que «todo va muy rápido y los sentimientos son diferentes a hace unos días. Nadie puede predecir lo que puede pasar».

A su vez, en el seno del Partido Justicialista (peronistas) y en la Unión Cívica Radical, los dos partidos mayoritarios del país que en uno u otro momento han estado en la Presidencia, hay cierta reticencia a que no se respete el principio de territorialidad. Eduardo Menem, senador peronista y hermano del ex presidente Carlos Saúl Menem, mostró su firme defensa del principio de territorialidad: «Más allá de lo instrumental, sostengo el principio de territorialidad de la ley penal, vinculado con la soberanía del país, que se mantiene con el ejercicio de la jurisdicción cuando juzgamos los delitos cometidos en nuestro país».

El juez federal Canicoba reveló que hasta el momento sólo le «faltan localizar a no más de cuatro personas del total, estamos en alrededor de las 40 personas, entre detenidos por esta causa y algunos que se encontraban ya detenidos por otras causas», explicó Canicoba Advirtió también que a partir de la detención preventiva de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura se inicia «un proceso de varios meses por delante, no se si años, pero sí muchos meses» y dijo que espera que su homólogo español Baltasar Garzón envíe, lo antes posible, vía Cancillería los pedidos de extradición de los detenidos. Reuters

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