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Los ayuntamientos protegerán a los sin papeles

22/01/2003 - Autor: Montse Martínez / Carles Cols - Fuente: El Periódico de Cataluña
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• Los consistorios catalanes se negarán a ceder a la policía los datos de inmigrantes empadronados
• Los municipios donde ICV forma parte del gobierno apelan a la desobediencia civil


Algunos alcaldes aseguran, desafiantes, que no saldrá ni un solo dato de un inmigrante empadronado en su municipio si no lo manda un juez. Otros anticipan una postura de desobediencia civil. Un conflicto institucional, larvado por el parón navideño, aflora con el nuevo año. Los principales ayuntamientos catalanes pondrán palos a la rueda de la nueva ley del Gobierno que les obliga a permitir que la Dirección General de la Policía vea los datos de los extranjeros inscritos en el padrón.

La controvertida reforma de la ley de extranjería --la tercera en tres años--, pactada por el PP y el PSOE, entró en vigor el pasado 22 de diciembre, pero el Ministerio del Interior aún no ha dictado ninguna instrucción o normativa adicional que establezca el sistema por el que accederá a las bases de datos municipales. Un portavoz del departamento explicó que esta cuestión "está en fase de análisis".

Los principales ayuntamientos están a la espera de conocer los procedimientos que marque Interior para analizarlos con lupa. Es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, donde fuentes del equipo de gobierno, integrado por PSC, ERC e IC-V, coinciden en el recelo que genera la nueva norma. "No vamos a estar por la labor", explicaron fuentes municipales cercanas al alcalde Joan Clos.

A la espera

Pero mientras ICV se decanta, directamente, por la desobediencia civil al entender que esta modificación implica una clara vulneración de derechos, el PSC y ERC adoptan una postura más prudente a la espera de las órdenes que dicte Interior para poder analizar a qué están "obligados exactamente", explicaron fuentes del equipo de Gobierno, para añadir: "En ningún caso se permitirá el acceso automático y sin barreras al padrón".

Sin embargo, las mismas fuentes dejaron abierta una pequeña rendija para casos de inmigrantes que reincidan en la comisión de delitos. Pero esta posibilidad ya se estaba llevando a cabo antes de esta última reforma, porque los ayuntamientos sólo estaban obligados a proporcionar información confidencial del padrón sobre cualquier ciudadano --inmigrante o no-- cuando existían razones para relacionarlo con la comisión de algún delito.

El caos está garantizado

Las mismas fuentes del consistorio barcelonés advierten del "caos" que generaría el hecho de que los inmigrantes dejaran de empadronarse por temor a que sus datos cayeran en manos del Ministerio del Interior. Actualmente, los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España pueden acceder a la tarjeta sanitaria y a una plaza escolar con el simple trámite administrativo, unos derechos básicos que les serían denegados si deciden no empadronarse.

Otro de los grandes problemas que puede generar el hecho de ahuyentar a la población inmigrante del padrón es caer en el descontrol de la cantidad de personas indocumentadas residentes en las poblaciones. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona informaron de que el padrón permite un control exhaustivo y fidedigno.

El Ayuntamiento de Lleida, con idéntico gobierno tripartito al de Barcelona, ya aprobó una moción por la que, si no hay una causa fundada, no va a entregar el padrón, según explicó Xavier Aluja, concejal de Derechos civiles, Cooperación e Inmigración (ERC), informa Rosa Matas. "Provocará que los inmigrantes no quieran empadronarse, por lo que será peor el remedio que la enfermedad", añadió el concejal del consistorio leridano.

Derechos vulnerados

El Ayuntamiento de Girona, donde gobiernan PSC e ICV, muestra una actitud especialmente beligerante en este tema, informa Anna Punsí. Si no hay orden judicial, ningún dato saldrá del padrón. "Nos negamos a dar este tipo de información porque esta medida niega y vulnera los derechos de las personas", apuntó el teniente de alcalde del ayuntamiento, Joan Olòriz (ICV). El consistorio aprobó una moción el pasado noviembre, con el apoyo de CiU y ERC, en la que manifiesta su negativa a acatar la petición del Gobierno central. El PP se quedó solo con el voto en contra.

Presunción de inocencia

En el polo opuesto, el Ayuntamiento de Tarragona opta por la cautela en su reacción, informa Esther Celma. "Todavía no nos hemos planteado a fondo el tema", informaron fuentes municipales que pidieron anonimato, para añadir: "Lo primero que haremos será estudiar bien la ley y, sobre todo, no perjudicar a nadie". Las mismas fuentes añadieron que la presunción de inocencia es el máximo referente legal que "permitirá un margen de maniobra amplio en caso de dudas".

Noticia publicada en la página 24 de la edición de Lunes, 12 de enero de 2004 de El Periódico - edición impresa.
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