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Frontera sur de la Unión Europea: El delito de ser inmigrante

17/12/2002 - Autor: Iñigo Herraiz - Fuente: Agencia de Información Solidaria (AIS)
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El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha expresado recientemente su preocupación por el creciente número de denuncias por malos tratos contra inmigrantes en España. Algunas de estas prácticas han sido ampliamente documentadas a lo largo del último año en informes elaborados por diversas ONG. Especial atención han merecido los abusos a los que se ven sometidos los inmigrantes magrebíes y subsaharianos a su llegada a España. El paso del Estrecho de Gibraltar es la vía tradicional de entrada a España para la inmigración africana: 15 km de agitadas aguas que se cobran anualmente la vida de cientos de inmigrantes que tratan de alcanzar el litoral español a bordo de precarias embarcaciones. Aunque esta ruta, a pesar del riesgo que entraña, continúa plenamente vigente, en los últimos años ha cobrado fuerza una trayectoria alternativa, no exenta de peligros, a través de las Islas Canarias. Este archipiélago español, frente a la costa atlántica marroquí, paraíso turístico de británicos y centroeuropeos, ofrece una cara muy distinta a los inmigrantes indocumentados que desembarcan en sus playas.

En Fuerteventura, los recién llegados son acogidos en una antigua terminal aeroportuaria. Allí, en un lugar que la Cruz Roja española considera apto para 50 personas, se llegan a hacinar hasta 500, que comparten cinco retretes y seis duchas. No hay servicio de limpieza, ni lavandería, y la mayoría duermen en un colchón sobre el suelo. Sin poder salir al exterior, hacer ejercicio, recibir visitas o realizar llamadas de teléfono, algunos inmigrantes llegan a permanecer hasta 40 días retenidos en ese centro, antes de que las autoridades decidan sobre su destino, que puede ser la expulsión a sus países de origen. Por ley, estos inmigrantes arrestados tienen derecho a asistencia letrada y a la presencia de un intérprete. Lo habitual es que este último no aparezca. La mayoría, según denuncian las ONG locales, afirma haber firmado documentos en español, sin saber si quiera lo que estaban firmando. En cuanto a las atenciones del abogado, un informe del Defensor del Pueblo español hecho público en junio de 2002, revelaba que éste no permanecía junto al inmigrante más de 4 minutos y medio, un espacio de tiempo insuficiente para que el inmigrante alcance a conocer sus derechos. De tal forma que ignoran, entre otras cosas, la posibilidad de solicitar asilo.

Los inmigrantes se quejan de la escasa información que reciben sobre la legislación española. Una carencia que afecta también a quienes se encargan de aplicarla, y que da pie a numerosas irregularidades y arbitrariedades. La ley exige que un juzgado ordene y supervise la detención de cualquier persona retenida más de setenta y dos horas. Human Rights Watch pudo comprobar que era corriente que el juez atendiera a los inmigrantes en grupo, un procedimiento que, según esta organización pro derechos humanos, "impide tener en cuenta consideraciones individuales e ignora que puedan ser objeto de torturas, persecuciones o malos tratos de regreso a su país de origen". La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado la repatriación de una mujer nigeriana embarazada, que en su país podría ser acusada de adulterio y condenada a muerte.

Los abusos se extienden también a los más jóvenes. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (dos enclaves españoles en el norte de África), cada año miles de niños marroquíes, de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, cruzan ilegalmente la frontera, sin la compañía de sus padres, y se convierten en víctimas de la violencia de las calles. Organizaciones locales que se ocupan de su cuidado denuncian que los menores reciben golpes y palizas de los policías cuando son arrestados para conducirlos a centros de acogida. Allí deben hacer frente a nuevas amenazas: robos y palizas por parte de los mayores del Centro; castigos colectivos y amenazas de expulsión por parte de los "educadores" (personal encargado del centro). A algunos se les niega arbitrariamente la admisión a estos centros; otros prefieren no pisarlos. Se sienten más seguros en la calle, junto a otros niños. La vida en los centros tampoco garantiza la prestación de los servicios de salud y educación a los que tienen derecho en virtud de la ley española. Pero en la calle, están más expuestos a ser repatriados. Expulsiones maquilladas bajo supuestas "reagrupaciones familiares", que rara vez se producen, y que son el camino hacia nuevas golpes y palizas a manos de las autoridades marroquíes.

El problema exige respuestas eficaces, y la preferida de la administración española es afirmar que se siente desbordada ante "la avalancha de inmigrantes". Esta excusa no justifica el trato inhumano a los inmigrantes, y sólo consigue alimentar el mito de que "el país esta siendo invadido", creando el caldo de cultivo idóneo para la propagación de la xenofobia. De poco sirve escudarse, como suelen hacer las autoridades, en las supuestas bondades de la ley que no se aplica con el rigor debido. Reconocer la existencia de estas realidades es, sin embargo, un primer paso, para luego y hacer lo posible por atajarlas.

España se ha convertido, en su condición de frontera sur-occidental de la Unión Europea (UE), en el país comunitario que más inmigrantes recibe. España y Europa los necesitan. Y los necesitarán aún más (44 millones de inmigrantes según cálculos de la ONU) de aquí a 50 años para garantizar un crecimiento estable de la economía y asegurar el sistema de pensiones. La inminente llegada de nuevos inmigrantes exige un importante esfuerzo por parte de Madrid y Bruselas para garantizarles un trato y una acogida digna. Como se afirma desde Amnistía Internacional "los Estados deben equilibrar la adopción de medidas sobre inmigración con el respeto a las normas internacionales de derechos humanos."

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