webislam

Miercoles 11 Diciembre 2019 | Al-Arbia 13 Rabi al-Zani 1441
1743 usuarios en linea | Español · English · عربي

WebIslam.com

» Noticias

?idn=906

Una guerra contra la democracia y la libertad

12/09/2002 - Autor: Redacción Revista Amanecer del Nuevo Siglo
  • 0me gusta o estoy de acuerdo
  • Compartir en meneame
  • Compartir en facebook
  • Descargar PDF
  • Imprimir
  • Envia a un amigo
  • Estadisticas de la publicación

Cualquier consideración objetiva sobre los cambios políticos que han tenido lugar desde los trágicos atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 debe llevar a la conclusión de que tales hechos han supuesto el inicio de un cambio importante en la política interna y exterior de EEUU. Sin embargo, ni la actual ola de militarismo norteamericano en el exterior ni el ataque sostenido contra los derechos democráticos dentro de EEUU puede ser explicados simplemente por los atentados, por bárbaros que éstos hayan sido, de hace un año. Todo indica más bien que el shock causado por estos ataques han sido aprovechado por la Administración Bush para poner en marcha una serie de políticas por las que los algunos sectores de la extrema derecha de dentro y fuera de la Administración, habían estado abogando desde hace mucho tiempo.

En el espacio de tan sólo un año, la actual Administración norteamericana ha llevado a cabo uno de los mayores ataques contra los derechos democráticos en la historia de EEUU. No se trata aquí sólo de dar mayores poderes a las agencias de seguridad, sino de desmantelar todo el sistema de garantías constitucionales, establecido como protección contra la tiranía, que se remonta a los días de la Revolución norteamericana. La propia estructura del gobierno de EEUU está siendo radicalmente transformada, con el fin de cambiar las relaciones no sólo entre sus tres ramas —el Ejecutivo, Legislativo y Judicial— sino también entre los ciudadanos, por un lado, y la policía y el aparato militar por otro. Incluso los principales medios de comunicación de EEUU se han hecho eco de estos cambios. Un editorial publicado en el periódico The New York Times el pasado 10 de septiembre manifestaba la preocupación de algunos sectores liberales de la política y los medios de comunicación norteamericanos ante estos cambios. En un artículo titulado: "La guerra contra las libertades civiles", el editorial criticaba algunas de las medidas más extremas adoptadas tras el 11 de septiembre de 2001. "Debemos luchar contra los enemigos de la libertad en el extranjero, pero sin dañar los derechos de los ciudadanos norteamericanos".

Estas proclamas de estos "sectores liberales" de EEUU tienen el claro olor de la hipocresía. La noción de que es posible defender los derechos democráticos en un país, mientras se apoya el militarismo y la agresión en el extranjero es falsa de raíz. Las medidas de estado policía que la Administración Bush ha adoptado dentro de EEUU y sus proyectos para proceder a la invasión de Iraq, y más tarde de otros países, son dos caras de la misma moneda, están impulsadas por los mismos sectores políticos y buscan servir a los mismos intereses. Los ataques contra los derechos democráticos del pasado año no son errores cometidos al calor de los momentos que siguieron al 11 de septiembre, sino medidas sistemáticas, bien planeadas, y de creer a los actuales responsables de la Administración Bush, permanentes. La excusa para su imposición es la "guerra global y permanente contra el terrorismo". Algunos derechos fundamentales tales como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la protección contra las detenciones arbitrarias, la asistencia de un abogado y el derecho a ser juzgado en un proceso con las debidas garantías han sido borrados de golpe.

El gobierno norteamericano aprobó un mes después de los atentados, y sin un serio debate en el Congreso, la llamada Acta Patriótica de EEUU. Esta Acta ha eliminado las restricciones a las que el FBI tenía que hacer frente a la hora de llevar a cabo tareas de espionaje doméstico contra ciudadanos de EEUU. Esta prohibición había sido impuesta a mediados de los años setenta, tras las revelaciones del caso Watergate, en el que salieron a la luz informaciones sobre el espionaje realizado por agentes federales contra opositores al gobierno de Richard Nixon. El Acta deja también a los inmigrantes con pocos o ningún derecho. Se les puede negar un visado en base a sus opiniones políticas, pueden ser expulsados incluso por afiliarse a organizaciones políticas legales y pueden ser detenidos por la simple alegación de un agente federal, sin necesidad de ulteriores pruebas. El Acta facilita también al FBI la tarea de pinchar los teléfonos y las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos norteamericanos.

El Fiscal General, John Ashcroft, ha promulgado también una orden que dificulta el acceso de los detenidos a un abogado. Asimismo, podrán ser espiadas las conversaciones entre el detenido y su abogado, si existe "una razonable suposición" de que las conversaciones podrán girar en torno al terrorismo. Los centros de enseñanza deben ahora, bajo la cobertura legal del Acta Patriótica, entregar los datos personales y académicos que posean a las autoridades federales. Estos datos fueron declarados confidenciales en 1974, tras conocerse que el FBI había estado utilizándolos en su espionaje a jóvenes opositores a la guerra de Vietnam. Las bibliotecas deberán también de entregar las fichas —donde figuran los libros que se han tomado prestados— de los que el FBI considere "sospechosos". El FBI puede también solicitar las listas de subscriptores de periódicos, las facturas de librerías e incluso los artículos, notas y fotos no publicados de los periodistas.

El pasado mes de junio, Ashcroft se negó a responder a varias cuestiones del Comité Judicial del Congreso, entre ellas cuántos ciudadanos habían sido objeto de vigilancia bajo el Acta Patriótica, en cuántas ocasiones el Departamento de Justicia había pedido las fichas de librerías o bibliotecas o las listas de subscripciones, o cuántos teléfonos habían sido pinchados. Por otro lado, Bush ha creado tribunales militares secretos que juzgarán a residentes que no sean ciudadanos norteamericanos y que sean sospechosos de poseer vínculos con el terrorismo. Estos sospechosos no gozarán de derechos legales básicos, entre ellos el de ser juzgados por un tribunal civil o apelar.

Un gobierno en la sombra 

A principios del año actual se supo también que la Administración Bush había establecido un "gobierno en la sombra", que comprendía de 75 a 150 miembros del Ejecutivo y que residía en un búnker en las afueras de Washington. Su propósito declarado era el de "asegurar la continuidad del gobierno" en el caso de otro desvastador ataque terrorista. Ni siquiera el speaker del Congreso, Dennis Hastert, y el del Senado, Robert Byrd, que son la tercera y cuarta persona respectivamente en la línea de sucesión ?tras el presidente y el vicepresidente? fueron informados del establecimiento de este gobierno, que tuvo lugar poco después del 11 de septiembre.

La Administración Bush ha creado también el Departamento de Seguridad Interior, una nueva agencia de seguridad que englobará 22 oficinas existentes del gobierno, tendrá 170.000 empleados y un presupuesto total de 37.400 millones de dólares. Por todo ello, no resulta exagerado decir que la actual Administración Bush ha creado el marco efectivo de un régimen dictatorial, que puede gobernar el país de forma secreta y sin que existan limitaciones constitucionales a la actuación de las agencias de seguridad y los militares. El Poder Judicial y el Legislativo, que son contemplados en la Constitución norteamericana como poderes en un plano de igualdad del Ejecutivo, han visto relegado su papel al de meras comparsas de éste. Aprovechándose además de la reacción ante los ataques terroristas, el gobierno de EEUU ha tomado como blanco a los sectores más vulnerables de la población —especialmente a los inmigrantes procedentes de países musulmanes de Oriente Medio y Asia. El habeas corpus —es decir, la garantía de no ser encarcelado injusta o indefinidamente— ha sencillamente desaparecido, al igual que el derecho a obtener la asistencia de un abogado o incluso el de ser sometido a juicio.

En los primeros meses después de los ataques, las autoridades federales encarcelaron a más de 1.200 personas por su presunta vinculación con el terrorismo. Un año después ni una sola de estas personas ha sido acusada de cargos relacionados con el terrorismo ni tampoco ha sido sometida a juicio. La mayoría de ellas han pasado meses en la cárcel por un simple problema de falta o caducidad del visado y, posteriormente, han sido deportadas a otros países. En este sentido, un informe de 95 páginas publicado el pasado mes de agosto por la organización de derechos humanos Human Rights Watch y titulado "Presunción de Culpabilidad" acusa a la Administración Bush de tener un "absoluto desdén por los principios democráticos de transparencia y responsabilidad de los poderes públicos" en su respuesta a los hechos del 11 de septiembre y añadía que "el país ha sido testigo de una persistente y deliberada erosión de los derechos básicos que protegen a los ciudadanos frente al abuso de poder del gobierno".

El informe señala también que las 1.200 personas incomunicadas tras los atentados del 11 de septiembre fueron detenidas únicamente en base a su religión o su origen nacional. A estas personas les han sido negados sus derechos básicos y han sido objeto en múltiples ocasiones de abusos y brutalidades. Así por ejemplo, el informe menciona el caso de Tony Olai, oriundo de Costa de Marfil, que describió cómo fue maltratado en un centro de detención de Florida hasta que "supliqué por mi vida" y sangraba por la nariz, boca y oídos. Otros detenidos describen como fueron atacados por otros reclusos en la prisión, mientras que los guardias se limitaban a mirar.

Aunque los inmigrantes han recibido, como era de esperar, el peor trato, el gobierno norteamericano ha tomado también como blanco a ciudadanos norteamericanos. Entre ellos hay que mencionar a Yaser Isam Hamdi y José Padilla, que fueron detenidos como "combatientes enemigos" y se hallan actualmente en prisiones militares. No se han presentado cargos contra ellos y se les ha negado el acceso a un abogado. El propio gobierno ha declarado que no tiene intención de llevarles a juicio. Un "combatiente enemigo", tal y como viene definido por el Departamento de Justicia de EEUU, es alguien que es designado de esta forma por el presidente. Mientras que Hamdi fue capturado en Afganistán, Padilla fue detenido por agentes federales en el aeropuerto O´Hare de Chicago, estableciendo así el precedente de que cualquier ciudadano norteamericano puede ser detenido en la calle y retenido sin cargos y sin que el gobierno reconozca siquiera que se encuentra en prisión.

El pasado agosto, el periódico The Wall Street Journal, informó también de que el gobierno había habilitado algunas áreas de la prisión militar de Goose Creek, en Carolina del Sur, para albergar en ella a otros ciudadanos norteamericanos. El periódico citaba a algunos altos responsables de la Administración que señalaban que un ala especial de esta prisión podría ser utilizada para albergar a unos 20 ciudadanos norteamericanos si el gobierno decidía calificarles de "combatientes enemigos". Otras instalaciones militares podrían ser asimismo utilizadas si el número de detenidos se incrementa.

 Los responsables del Departamento de Justicia han declarado que va a ser establecido un comité secreto que tendrá como fin el de decidir qué ciudadnos deben ser arrestados y enviados a estos centros de detención. Hay que recordar que bajo el Acta Patriótica, el terrorismo es definido de una forma bastante "amplia" y se recoge en tal definición incluso lo que ha sido descrito como una "intimidación" al gobierno. En otras palabras, cualquier opositor a la política interna o exterior de EEUU cuyas palabras sean calificadas de "intimidatorias" por Bush o Ashcroft puede ser detenido por agentes federales, acabar en una celda militar y ser mantenido allí indefinidamente sin el derecho a ser juzgado o ser visitado por un abogado. Aunque el establecimiento de esta serie de medidas, dignas de la Gestapo nazi, no ha hallado una oposición entre los demócratas en el Congreso o una mayoría de los jueces, ha habido, sin embargo, una serie de recientes decisiones judiciales que han puesto de relieve las violaciones de los derechos constitucionales que estas medidas implican. 

El pasado mes de agosto un tribunal de Ohio, formado por tres jueces, calificó la decisión de la Administración Bush de celebrar audiencias secretas sobre deportaciones de "amenaza a la Constitución y la democracia". El tribunal se pronunció así tras estudiar la demanda de cuatro periódicos de Michigan y del congresista, John Conyers, contra la exclusión de la prensa y el público en unas audiencias secretas en la que se trataba el tema de la deportación de Rabih Haddad, un líder musulmán de Ann Arbor, Michigan. "La democracia muere tras las puertas cerradas", escribió el juez Damon Keith, que redactó la decisión del tribunal. "Cuando el gobierno comienza a cerrar las puertas, entonces pasa a controlar selectivamente la información que pertenece al pueblo.

La información selectiva es desinformación". Tras concluir que los procedimientos del Departamento de Justicia eran "profundamente antidemocráticos", Keith concluía diciendo: "Un gobierno que opera en la sombra se encuentra en una flagrante oposición al tipo de sociedad que nuestra Constitución establece". Por otro lado, el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera declaró recientemente que Ashcroft y el Departamento de Justicia habían violado repetidamente la Constitución al llevar a cabo tareas de vigilancia y registros de forma injustificada. El tribunal señaló que 75 peticiones de vigilancia presentadas al tribunal suponían graves abusos, que incluían falsa información procedente de los agentes del FBI, y añadía que iba a imponer una prohibición permanente contra un agente federal para comparecer ante el tribunal debido a su actuación. El asalto contra los derechos democráticos ha tenido también repercusiones a nivel internacional.

 Un caso relevante es el de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, que ha dejado claro en algunas entrevistas concedidas a diversos medios de prensa que su próxima salida del cargo es el resultado de una intensa presión contra ella por parte del gobierno de EEUU. Robinson provocó la irritación de la Administración Bush al denunciar las violaciones de las Convenciones de Ginebra realizadas por EEUU durante la Guerra de Afganistán. Ella condenó, por ejemplo, la negativa de Washington a conceder el estatuto de prisioneros de guerra a los prisioneros talibanes y de Al Qaida que están siendo retenidos actualmente en la base de Guantánamo, en Cuba. Por otro lado, Robinson señaló que las acciones de EEUU han sido interpretadas por los regímenes dictatoriales de todo el mundo como "una luz verde para poner en práctica todo tipo de medidas represivas, en la creencia de que cualquier exceso de su parte será ignorado". 

El espectro del estado policía 

Así pues, un año después de los ataques ha aparecido el espectro de un estado policía en EEUU. Sería un error creer, sin embargo, que estas medidas son una consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. Éstos han sido tan sólo la excusa que se ha utilizado para poner en práctica unos planes que la extrema derecha republicana, base del apoyo político de Bush, ha estado perfilando y defendiendo durante muchos años. Ni durante la Segunda Guerra Mundial ni durante la Guerra Fría los gobiernos norteamericanos llevaron a cabo semejante agresión contra los derechos democráticos y libertades fundamentales, pese a que la situación era mucho más seria entonces.

En el primer caso, EEUU estaba luchando en dos frentes contra dos poderosos enemigos, Alemania y Japón. En el segundo, EEUU hizo frente a un enemigo nuclear, la Unión Soviética, que poseía aliados en cuatro continentes. Hoy, sin embargo, el enemigo oficial es un grupo bastante reducido de terroristas que operan, sobre todo, en algunos de los países más pobres del planeta. Todo esto es una prueba de de que el actual asalto contra los derechos y libertades democráticos tiene otro origen y cabe vincularlo a la actual crisis política, económica y social que vive EEUU. Esta crisis tiene su traducción en la creciente desigualdad social, el aumento del desempleo, la crisis económica, que ha llevado a la quiebra de grandes empresas y corporaciones norteamericanas, y la creciente indiferencia popular hacia los dos principales grandes partidos, el Republicano y el Demócrata. Ambas fuerzas políticas se encuentran controladas por un reducido grupo de multimillonarios y no defienden en la actualidad los intereses de la población norteamericana.

Estos sectores de la élite estadounidense consideran a los derechos y libertades constitucionales como un obstáculo para llevar a cabo las políticas que ellos promueven, tales como la destrucción de los limitados derechos sociales de que aún dispone la población norteamericana. Esta tendencia ha sido llevada al extremo por la Administración Bush, que llegó al poder tras las polémicas elecciones del año 2000 y unas violaciones sin precedentes de las normas democráticas. Los sectores ultras que apoyan a esta administración son los mismos que intentaron sin éxito expulsar en su día a Bill Clinton del poder a través de un procedimiento de impeachment por el caso de Monica Lewinsky.

Desde el 11 de septiembre, resulta cada vez más claro que la más seria amenaza a la que hace frente el mundo, y también el pueblo de EEUU, no proviene de un puñado de despreciables terroristas, sino de la política de destrucción de libertades y derechos y los planes de agresión a otros países que lleva a cabo la actual Administración norteamericana. El gobierno de EEUU ha iniciado ahora el camino de la guerra en Iraq para apoderarse de su petróleo y recursos en beneficio exclusivo de una pequeña élite corporativa. Además de Iraq, EEUU ha dado pasos para controlar los recursos energéticos de Asia Central, América Latina y África.

Los perdedores en el caso de que estos planes lleguen a materializarse serán todos los países del mundo, incluyendo Europa, Rusia y China. En el pasado año ha quedado claro que existe una conexión entre la defensa de los derechos democráticos y la lucha contra las guerras de agresión. Los pueblos del mundo deben agruparse para defender tales derechos y oponerse a los planes de guerra de la actual Administración norteamericana, como único medio para impedir la esclavización de la humanidad. 

Anuncios



Escribir comentario

Debes iniciar sesión para escribir comentarios.

Si no estás registrado puedes registrarte en un minuto.

  • Esta es la opinión de los internautas, no de Webislam
  • No están permitidos comentarios discriminatorios, injuriantes o contrarios a la ley
  • Céntrate en el tema, escribe correctamente y no escribas todo en mayúsculas
  • Eliminaremos los comentarios fuera de tema, inapropiados o ilegibles

play
play
play
play
Colabora


 

Junta Islámica - Avda. Trassierra, 52 - 14011 - Córdoba - España - Teléfono: (+34) 957 634 071

 

Junta Islámica
https://www.webislam.co/noticias/42389-una_guerra_contra_la_democracia_y_la_libertad.html