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La situación legal y administrativa de los inmigrantes en España

27/08/2002 - Autor: Marga Vidal - Fuente: www.zmag.org/Spanish
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Los inmigrantes lo tienen difícil en este país: a los indocumentados la ley no les ampara frente a los delitos de explotación y actos racistas, sino que los expulsa (o meramente se les notifica la orden de expulsión); al tiempo que los inmigrantes legalmente documentados están a merced del mal funcionamiento de la administración pública y de sus servidores, que además tienen potestad discrecional para aplicar toda suerte de normativas en su contra cuando se vuelven molestos, y a veces molestan simplemente por no ser transparentes.

Algunas personas piensan, sincera y honestamente, que si los extranjeros quieren venir a trabajar, que vengan legalmente, que para eso tenemos una "ley de extranjería": para que vengan ordenadamente, porque aquí, si alguien quiere trabajar honradamente, nadie le va a negar ese derecho.

Pero, ¿es verdad esto último? En pocas palabras: NO.

Pues con la ley en la mano es prácticamente imposible que un inmigrante entre legalmente en este país y se ponga a trabajar al día siguiente. Sin embargo, según el señor ministro o el señor delegado del gobierno para asuntos de inmigración de turno es así como funcionan las cosas. Lo malo es que la realidad es tozuda, y por mucho que lo digan el señor ministro o el señor delegado de turno, difícil será encontrar en este país a un solo inmigrante documentado que ya esté trabajando al día siguiente de llegar, y más en los sectores que teóricamente demandan mano de obra extranjera: construcción y agricultura, no digamos ya el sector doméstico.

Con la ley en la mano el trabajador tendría que salir de su país de origen con una oferta de contrato en firme. Vale. ¿Qué empresario español contrata a un inmigrante extranjero al que nunca ha visto? ¿Y eso en los sectores de la construcción y de la agricultura? ¿Para un contrato de dos o tres meses? Porque no es mayor la duración media de un contrato en estos sectores. Sin embargo, siendo el primer permiso de un año, la administración no admite ofertas de contrato para una duración inferior a un año.

No acaban ahí las trampas que esconde la ley. La ley también dice que mientras haya un solo trabajador en cualquier punto del Estado que pudiera ocupar ese puesto, no se podrá contratar a ningún extranjero. Que el albañil que haya de trabajar tres meses en una obra andaluza viva en Galicia no es cuestión que haga vacilar a la Administración a la hora de aplicar ese principio legal. Es más, lo "aplica" tan a rajatabla que con frecuencia ni siquiera consulta al Instituto Nacional de Empleo (INEM), simplemente se niega a estudiar el expediente con su oferta de contrato. A esa condición legal la llama "situación nacional de empleo", y viene repitiéndose en las leyes de extranjería españolas desde la primera ley de Extranjería, de 1985.

Sin entrar en la posible connivencia de funcionarios de la administración en las fronteras, o en el apetito mercantil de las compañías de transporte colectivo, el hecho es que el empresario avispado sabe que existe un mercado de trabajo no regulado compuesto por extranjeros en situación legal irregular, al que puede imponer sus reglas de juego. Con lo cual no son precisamente los sectores más necesitados de mano de obra los que van a empezar el largo y azaroso camino de la contratación de un trabajador extranjero, pues teniendo al alcance de la mano trabajadores indocumentados, ¿por qué entonces iban a iniciar un largo y costoso proceso, que además les impone una serie de condiciones laborales, cuando son ellos quienes las pueden imponer?

Por otro lado, la contratación legal de un trabajador extranjero que se encuentre indocumentado en este país es prácticamente imposible, si no es dentro de un proceso extraordinario de regularización, de esos que se han abierto sorpresivamente y en condiciones de total precariedad jurídica y material, cuando la situación social amenazaba con explotar. La nueva ley prevé mecanismos que teóricamente puedan contrarrestar esa presión que pudiera devenir intolerable y forzara una regularización extraordinaria: es la regularización o legalización por arraigo (cuando el extranjero lleve cinco años acreditados en el país y no tenga antecedentes penales, entre los cuales se incluyen las órdenes de expulsión). Pero también esta vía impone el mismo calvario administrativo: reunir documentación difícil de obtener, tal como un certificado de penales del país de origen - a menudo incluso con varias legalizaciones, solicitar en el país de origen un visado que habrá que ir a recoger personalmente si no se reúnen requisitos que eximan de la obligación, pagar costosas traducciones oficiales, etc.

Y una vez salvado el escollo que supone reunir toda la documentación, empieza la segunda fase del calvario: esperar a que la administración resuelva. Porque las mismas leyes que con tanto fervor defienden el señor ministro y el señor delegado de turno cuando se trata de justificar medidas represivas, son las que con igual fervor se saltan a la hora de cumplirlas... cuando amparan al inmigrante. De forma que los plazos para resolver, de tres meses, se convierten en largas esperas de muchos meses más, cuando no se cumple un año o más.

Los mismos plazos los han de soportar quienes pretenden renovar sus permisos. En más de una y más de dos ocasiones el "afortunado" propietario de un segundo permiso (de dos años) apenas puede llevarlo unos cuantos meses en su bolsillo. Porque su validez empezaba al día siguiente de la caducidad del anterior, pero como tardaron tantos meses en concedérselo, mas algunas semanas más en entregarle la tarjeta que lo acredita, pronto el permiso habrá caducado, resultando que en total sólo habrá podido ejercer los derechos que el permiso le confiere durante muy poco tiempo. La ley habla del silencio administrativo positivo en caso de renovación, pero más le vale no tener que cambiar de trabajo, pedir un préstamo o alquilar un piso, porque dependerá de la buena voluntad del funcionario del INEM para registrar el contrato, del director del banco para concederle el préstamo o del arrendador para alquilarle el piso, ya que casi ningún funcionario acudirá en su auxilio para certificar ese silencio administrativo positivo.

Los españoles tenemos cierta experiencia con la administración, y sabemos que las cosas de palacio van despacio. Pero en España casi nadie ajeno al mundo de la inmigración y la extranjería es capaz de imaginar cómo está llevando el gobierno este asunto. Ya no es cuestión del acostumbrado mal funcionamiento de la administración. Porque al final es decisión del gobierno el aumentar, mantener o reducir los recursos disponibles para poder cumplir los plazos. Y cualquiera que viva un poco de cerca estas cuestiones puede ver cómo el gobierno no está ampliando, sino a veces incluso reduciendo los medios y recursos, e ignorando sistemáticamente todas las señales de aviso. Las demoras cada vez más largas que estamos viendo cada día, desde hace ya algunos años, son y han sido un claro signo de falta de recursos materiales (oficinas y ordenadores) y de personal. Para estas demoras sólo hay una lectura posible: al gobierno le interesa que haya inmigrantes en situación de precariedad legal. Cuáles sean sus motivaciones, él las sabrá.

De forma que en las asociaciones de corte más asistencialista que trabajan día a día para echar una mano a los inmigrantes no es que defendamos las puertas abiertas, como parecen decir el gobierno y sus corifeos, metiendo a todas las asociaciones que denuncian la política del gobierno en un mismo saco. Ya nos daríamos por satisfechas con que, por un lado, la ley fuera más realista y más justa, y por otro, que se aplicara con igual fervor en contra que a favor de los inmigrantes.

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