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Perejil: Un conflicto absurdo

29/07/2002 - Autor: Revista Amanecer del Nuevo Siglo
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A primera vista, la intensidad de la disputa por la Isla Perejil (Leila para los marroquíes), un islote rocoso de menos de un kilómetro, que es visitado sólo por algunos pastores que llevan allí a pastar a sus cabras y por practicantes del submarinismo deportivo, parece extraña. Este conflicto se remonta a la época colonial, cuando Francia y España se habían repartido Marruecos. Según algunos historiadores, la isla ha pertenecido a España desde 1668. Otra versión viene recogida en un reciente artículo de la historiadora María Rosa de Madariaga publicado en un diario español, en el que se señala que, según los tratados establecidos entre España y Marruecos, la isla no está incluida en el territorio de las plazas de soberanía, es decir, Ceuta y Melilla, sino en el territorio del Protectorado, que alcanzó la independencia en 1956, por lo que pertenecería a Marruecos. La isla estuvo también en manos de Gran Bretaña durante diversos períodos. Así por ejemplo, en 1808, durante las guerras napoleónicas, soldados británicos desembarcaron en ella para reforzar el bloqueo de Ceuta. En 1835, EEUU intentó comprar la estratégica roca. No obstante, este intento no prosperó debido a la oposición de Gran Bretaña a que se instalara en el Estrecho de Gibraltar una potencia rival. En 1848, los británicos atacaron Ceuta y quisieron desembarcar una vez más en la isla, pero España lo impidió destacando tropas allí. En 1887, España envió una expedición para construir un faro en el islote. Sin embargo, esta acción no pudo llevarse a cabo por la oposición de Marruecos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue conocida con el nombre de Punta Alemana porque los nazis construyeron un búnker en ella.

En realidad, la así llamada crisis del Perejil ha sido la culminación de una larga crisis en las relaciones entre los gobiernos de Madrid y Rabat. Previamente, las relaciones entre España y Marruecos habían vivido una etapa dorada, que se inició tras la visita del Rey Juan Carlos I a Rabat en 1979. El período socialista (1982-96) fue testigo de una notable expansión en los vínculos políticos y económicos entre ambos países. Esta etapa culminó en 1991 con un tratado de cooperación y buena vecindad entre ambos países. Los contenciosos bilaterales se fueron incrementando a partir de 1996. Entre los puntos de discordia hay que mencionar las diferencias entre las dos partes en el tema pesquero. Madrid no ocultó su irritación por la falta de acuerdo en este capítulo y muchos observadores sitúan en ese momento el inicio de la crisis política con Rabat. Tras el fracaso de las conversaciones el gobierno español buscó promover sus relaciones con Túnez y Argelia, país éste que se convirtió en el receptor de gran número de inversiones españolas.

La inmigración ilegal ha sido otro tema de enfrentamiento entre Madrid y Rabat. El gobierno de Aznar ha endurecido considerablemente las normas referentes a la inmigración y ha acusado a Marruecos de no hacer lo suficiente para impedir el flujo migratorio a través del Estrecho. Marruecos, por su parte, se queja de que hace frente a una inmigración procedente del África negra, que llega a su territorio con la intención de pasar a Europa. A todo ello hay que añadir la cuestión de Ceuta y Melilla. Marruecos siempre ha afirmado que un acuerdo entre España y el Reino Unido que suponga la devolución de Gibraltar a España haría que Rabat reivindicara, a su vez, las dos plazas norteafricanas. El progreso habido en las negociaciones hispano-británicas puede haber sido así uno de los principales detonantes para que Marruecos diera el desafortunado paso de enviar a una docena de gendarmes, el pasado 11 de julio, a ocupar el islote desabitado de Perejil/Leila.

Según se aproximan las elecciones legislativas de octubre muchos políticos marroquíes han sacado el tema de Ceuta y Melilla a relucir. En referencia al tema de las negociaciones entre España y el Reino Unido, el periódico L´Opinion publicó un artículo de Abdel Haq Tazi, presidente del grupo parlamentario del partido Istiqlal, en el que se decía que el objetivo del gobierno de Madrid era el de "adueñarse en solitario del control de la estratégica zona del Estrecho de Gibraltar". Por su parte, el antiguo opositor, Abraham Serfaty, afirmó en otro artículo publicado en el semanario Le Journal que "es inadmisible que el tipo de acuerdo entre España y el Reino Unido con respecto a Gibraltar no pueda aplicarse a Ceuta y Melilla". Otro de los factores más importantes que explican la actual disputa tiene que ver con el petróleo. En 1997, España declaró la frontera marítima entre ambos estados a mitad de camino entre Marruecos y las Islas Canarias. Marruecos afirma, por su parte, que su soberanía se extiende a la totalidad de la plataforma continental y, de este modo, la frontera estaría más próxima a las Canarias. Esto tiene una importancia particular debido a las recientes licencias otorgadas a compañías petrolíferas para realizar tareas de exploración en dicha zona marítima. El gobierno español concedió una licencia a Repsol para explorar un área de 600 kilómetros cuadrados situada a unos 100 kilómetros del territorio marroquí, dentro de la plataforma continental. En octubre de 2001, Marruecos mostró su repulsa por este hecho, al que consideró una violación de sus aguas territoriales.

Otra cuestión que ha molestado a los marroquíes es la actitud del gobierno de Madrid en el tema del Sahara Occidental. En 1991, la ONU intervino con el fin de poner fin a la disputa entre Marruecos y el Frente Polisario y constituyó una agencia especializada, la MINURSO, con el fin de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, ahora y tras años de disputas en torno al censo, Marruecos defiende una fórmula de autonomía para el Sahara Occidental, manteniendo la región bajo su soberanía. El Polisario, por su parte, sigue defendiendo la tesis del referéndum. Marruecos ha logrado el apoyo de sus aliados, Francia y EEUU, a su postura. Según algunas fuentes, el apoyo norteamericano se habría producido después de que el gobierno de Rabat concediera licencias a una compañía petrolífera norteamericana, la Kerr-McGee, y otra francesa, la Total-Fina-Elf, para llevar a cabo prospecciones en la costa del Sahara Occidental. Según esos contratos, Total-Fina-Elf podrá explorar un área de 115.000 kilómetros cuadrados en la costa de Dajla durante un período de un año. Kerr McGee, por su parte, explorará otra zona de 110.000 kilómetros cuadrados en la costa norte del Sahara Occidental. Según el Estudio Geológico sobre Energía Mundial de 2000 de EEUU, las reservas de petróleo y gas en la costa del Sahara Occidental podrían ser muy importantes. La ONU protestó señalando que Marruecos no tenía derecho a conceder tales licencias en un momento en que la soberanía del territorio estaba siendo objeto de discusión.

Por su parte, el Polisario, en un gesto más simbólico que otra cosa, concedió otra licencia a una compañía australiana, la Fusion Oil, para idénticos fines. El gobierno español, sin embargo, parece haberse inclinado cada vez más a favor de la tesis argelina o del Polisario al apoyar la vía del referéndum. Argelia, el principal esponsor del Polisario, desea, por su parte, lograr una salida al Atlántico a través del territorio del Sahara. Algunos responables argelinos desearían también que la ruta del Gaseoducto Magreb-Europa, que unirá en un futuro el campo de Hass Rmel, en Argelia, con Córdoba sea variada con el fin de evitar pasar por territorio marroquí. Todos estos desencuentros motivaron el desencadenamiento de una crisis el pasado 28 de octubre, cuando Rabat llamó a consultas a su embajador en Madrid "por un período de tiempo indefinido".

A parte de por el tema de la concesión de la licencia a Repsol, los marroquíes estaban molestos en ese momento por el simulacro de referéndum del Sahara llevado a cabo en el Parlamento andaluz por varias ONGs de amistad con el Polisario a principios de ese mes. Más tarde, se produjo el incidente de Tánger, cuando el gobierno español acusó al ex presidente del gobierno, Felipe González, de "deslealtad" por haberse entrevistado con el primer ministro, Abderrahman Yussufi. Al final, se supo que todo era falso, pero este incidente dejó mal sabor de boca en Marruecos. Más tarde, otros signos vinieron a confirmar que, para Rabat, se había abierto una crisis con España. Un detalle fue que los periodistas españoles que iban a cubrir la primera visita real de Mohammed VI al Sahara Occidental el pasado 1 de noviembre fueron disuadidos de realizar tal viaje. El gobierno marroquí canceló también la cumbre hispano-marroquí que iba a tener lugar el pasado mes de diciembre, alegando un problema de calendario. La actitud del gobierno de Aznar fue la de permanecer imperturbable frente a las críticas de Rabat. El ministro de Exteriores, Josep Piqué, quiso disipar cualquier responsabilidad del ejecutivo en el empeoramiento de las relaciones. "El gobierno español no ha cometido ninguna falta ni gesto que pueda justificar la llamada a consultas del embajador". Por su parte, Aznar señaló que "no hay crisis de ningún tipo en nuestras relaciones con Marruecos". Todo lo mencionado puede explicar los motivos por los cuáles Marruecos decidió dar el paso de enviar los gendarmes a la isla.

Jalid Yamai, del semanario Le Journal, se preguntaba públicamente si tal decisión había sido "meticulosamente pensada" o se trataba simplemente de "un arrebato". Citando fuentes próximas al primer ministro, Le Journal señala que se habría tratado de "un plan presentado al soberano por algunos altos cargos, irritados por las fanfarronadas de Aznar". El semanario Demain puso también en duda la versión oficial marroquí que afirmaba que la decisión de enviar los soldados había sido tomada por la dirección de la Gendarmería en Tetúan, con el fin de luchar contra el terrorismo y el contrabando, y no en Rabat. "¿Desde cuándo los jefes locales de la gendarmería toman, por su propia iniciativa, decisiones que conciernen a la lucha antiterrorista?", ironizaba el periodista Ali Lamrabet. Lo más probable, apuntan algunos periodistas marroquíes, es que Rabat deseara dar un golpe de efecto que pusiera de relieve la amplitud de su desencuentro con el gobierno de Aznar, con el fin de crear un shock que sirviera para romper el bloqueo de las relaciones. Desde luego, si tal era realmente su objetivo, cabe decir que Marruecos lo ha conseguido plenamente al lograr internacionalizar su disputa con el gobierno español y hacer que EEUU se convierta en el árbitro y mediador (y a la vez garante) de los acuerdos que pueda haber entre ambos países. Otros sugieren, sin embargo que el envío de los gendarmes marroquíes al islote dos semanas antes de que la ONU aborde el tema del Sahara habría tenido como fin el de presionar a Madrid para que España cambie de actitud y deje de apoyar la opción del referéndum.

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