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Polémica mundial por garantías procesales y uso de la tortura en lucha contra el terrorismo

27/01/2002 - Autor: Karen Jimenez Zubiria - Fuente: El Tiempo
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La decisión del presidente George W. Bush de juzgar a los terroristas en tribunales militares secretos, sin garantías procesales, y recientes artículos de prensa en los que columnistas de prestigio consideran que utilizar la tortura es un "mal menor" en la lucha contra el terrorismo, han desatado un escándalo mayúsculo entre Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y defensores de derechos humanos en todo el mundo.

Para John Alter, de la revista Newsweek, hay que aplicar "el suero de la verdad y medias de caucho contra aquellos detenidos en la investigación por ataques terroristas". Y Dalia Lithwick, del semanario Slate, escribió: "No hay duda de que torturar a los terroristas y a sus asociados en busca de información funciona". 

Pero ahí no para la arremetida. El Parlamento francés ha dado el visto bueno a una controvertida ley sobre seguridad ciudadana que, con la excusa del combate al terrorismo, permite el registro de vehículos y personas en lugares públicos, algo inusual para los franceses.  

En el Reino Unido, el ministro del interior británico, David Blunkett, sometió a la Cámara de los Comunes (Parlamento) un proyecto de ley sobre Seguridad, Crimen y Antiterrorismo en el que solicita la derogación del articulo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. 

En términos jurídicos, la medida significa revocar el derecho de habeas corpus, por el cual las autoridades de policía tienen la obligación de poner a un detenido a disposición de la justicia. Un derecho que es ley en el Reino Unido desde 1679. 

Pero aunque la tortura es vista una amenaza remota, la restricción de las libertades civiles parece estar –paradójicamente–más cerca que nunca, en el país ‘modelo de la democracia’ y en el que durante todo el siglo XX los inmigrantes consideraron ‘la tierra de la libertad’. 

La alarma es tal que organizaciones de todo el mundo han creado una página en Internet para hacer un seguimiento riguroso del tema.

‘Retroceso’

Varias ONG de derechos humanos afirman que la aplicación de estas medidas coercitivas son una realidad desde el pasado 11 de septiembre cuando el presidente George Bush solicitó al Congreso poderes ilimitados para las autoridades policiales en su cruzada contra los violentos. 

Poderes que se han traducido en el arresto indefinido por simple sospecha, la deportación inmediata de E.U. sin proceso judicial de por medio, y amplios poderes para monitorear llamadas telefónicas y comunicaciones a través de Internet. Y que para Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional, con sede en Washington, "son un claro retroceso para un país que se precia de sus libertades individuales". 

El temor profundo de las ONG está en que los poderes inicialmente otorgados para combatir el terrorismo podrían dar carta blanca para la extralimitación de las actuaciones policiales. En este sentido recuerdan que un informe de Amnistía Internacional llamó la atención sobre los excesos cometidos por las policías de Nueva York, para controlar protestas raciales, y de Washington, tras los desmanes en la cumbre de la OMC en Seattle en 1999.  

Pero además, según Human Rights Watch, una de las más influyentes organizaciones de derechos humanos, "los gobiernos no pueden hacer uso de métodos y medios ilimitados para sus fines de guerra" y advierten que incluso en un estado de excepción "no es legítimo suspender algunos de los derechos, como la prohibición a la privación arbitraria de la vida o la prohibición de la tortura". 

Aunque admiten que las libertades civiles y políticas pueden quedar derogadas en caso de emergencia, aclaran que el Estado debe imponer condiciones extremadamente restrictivas para evitar los excesos. 

"La derogación de las libertades debe ser efectiva durante un periodo limitado de tiempo, aplicada de manera que no suponga discriminación injusta alguna, y solo en lo estrictamente necesaria por una emergencia de gravedad tal que amenace la vida de la nación", dice HRW. 

La opinión es compartida por Carlos Vicente de Roux, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex consejero presidencial. "No hay nada más atroz que cuerpos armados de los Estados actuando por fuera de la ley o por fuera de una ley que deja vacíos en cuanto a sus prohibiciones, que deja ambigüedades en cuanto a las conductas que puedan tener para ejercer la fuerza contra la población", afirma.

Justicia militar

Las críticas contra la mencionada decisión del presidente George W. Bush de crear una comisión militar especial para juzgar a terroristas o a sus patrocinadores –que no se aplica desde 1942 cuando el presidente Franklin D. Roosevelt, en 1942, autorizó juicio militar contra ocho saboteadores nazis– no se han hecho esperar. 

Según la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) con sede en París, esa instancia "no respetaría la transparencia del juicio ni los derechos fundamentales de los implicados, y nadie se enteraría porque no están obligados a hacer públicas las evidencias". 

El principal peligro de estas cortes itinerantes que funcionarían fuera de territorio estadounidense –en principio en Afganistán y Pakistán– es que las pruebas que serían inadmisibles en un tribunal civil, lo serán en estos juicios. Además el acusado no tendrá derecho a apelación y podrá ser sentenciado a ejecución con la aprobación de dos tercios del jurado, algo que en una corte de E.U. es impensable. 

"La cuestión es simple", explica De Roux. "El ideal serían formas de articulación entre el poder judicial y agentes operativos de la fuerza pública para evitar abusos como la tortura o las ejecuciones sumarias. De lo contrario se caería en el juego de los terroristas y no hay nada más peligroso que un Estado represor", concluye. 

Denuncias en Internet 

Diversas organizaciones de defensa de las libertades entre las que se encuentran, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch (HRW) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) abrieron en Internet la página: "www.libertes-immuables.net" para denunciar las violaciones de los derechos humanos que se han producido en diversos países tras los atentados del 11 de septiembre, y que "se han justificado en nombre de la lucha contra el terrorismo". 

La página, presentada en París, recogerá todos los actos que a juicio de estas organizaciones supongan una violación de los derechos humanos, así como sus comunicados y las denuncias. 

"Sabemos que no es un buen momento para defender algunos derechos, sobre todo en ciertos países como Estados Unidos, donde la mayoría de la población aprueba las medidas excepcionales tomadas por el Gobierno en nombre de la lucha antiterrorista", afirmó el director de información de HRW para Europa, Jean-Paul Marthoz. 

Algunas de las iniciativas que se denuncian son el debate abierto en Estados Unidos sobre el recurso a la tortura para hacer hablar a los sospechosos arrestados en investigaciones de atentados, o la adopción en Francia, por el procedimiento de urgencia, de la ley sobre seguridad cotidiana, que pone Internet bajo alta vigilancia. 

"Se trata de decisiones tomadas en países que creíamos avanzados en la defensa de los derechos humanos y a los que no solemos prestar demasiada atención pero que tras el 11 de septiembre ha dado un paso atrás", declaró el secretario general de RSF, Robert Ménard.

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