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Nuevo decreto Estadounidense expande los poderes para detener inmigrantes

05/01/2002 - Autor: Kate Randall
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A pesar de las crecientes criticas, la administración Bush continúa defendiendo la autorización otorgada a tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo y otros tipos de medidas que atacan los derechos democráticos básicos como secuela de los ataques del 11 de Septiembre. En un discurso dado a un grupo de fiscales federales en Washington el jueves, George W. Bush dijo "Somos una sociedad abierta, pero estamos en guerra".

Bush añadió: "Personas que no son ciudadanos estadounidenses, y que planean y/o cometen asesinatos en masa son más que criminales sospechosos. Son combatientes ilegales que buscan destruir nuestro país y nuestra forma de vida. Y si yo determino que en vista de los intereses de la seguridad nacional de nuestro grandioso país es necesario procesar mediante una comisión militar aquellos quienes hacen la guerra en contra de los Estados Unidos, entonces así será".

De acuerdo a este razonamiento, el principio fundamental de que un acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario es puesto de pies a cabeza. Una vez que un individuo es señalado como sospechoso de terrorismo por el gobierno, es considerado culpable, se le niegan sus derechos civiles básicos y es sujeto a la sucesión de medidas antidemocráticas que han sido implementadas —la mayor parte a través de decretos ejecutivos— a partir del 11 de Septiembre.

La última embestida en contra de los derechos básicos es la decisión del Fiscal General John Ashcroft de expandir los poderes del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) para mantener detenidos a inmigrantes atrapados durante la redada gubernamental antiterrorista posterior al 11 de Septiembre. Las autoridades ahora pueden mantener a los detenidos en las celdas aún después de que un juez federal de inmigración haya ordenado la liberación del detenido por falta de pruebas.

Esta nueva regulación fue firmada por Ashcroft el 26 de Octubre y se puso en efecto a partir del 29 del mismo mes. Al igual que muchas de las regulaciones "anti terror", fue hecha sin público conocimiento ni consulta al congreso, y fue implementada por decreto ejecutivo.

Otras medidas, además de la mencionada autorización de tribunales militares, son:

* la regla que autoriza al Departamento de Justicia para escuchar las conversaciones entre inmigrantes detenidos y sus abogados;

* la directiva de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para efectuar entrevistas "voluntarias" a más de 5.000 hombres entre 18 y 33 años que viven en los Estados Unidos, la mayor parte provenientes del Medio Oriente, aduciendo que son para colectar información sobre posibles futuros ataques terroristas;

* una nueva política en las postulaciones a visas, la cual afecta a hombres entre 16 y 45 años de edad, provenientes de 25 países del Medio Oriente y África, quienes enfrentarán exhaustivas investigaciones y retrasos en el procesamiento de sus solicitudes;

* sesiones a puerta cerrada en "ciertos casos" cuando el fiscal general considere que el secreto de las audiencias son de interés para la seguridad nacional;

* un memo del Departamento de Justicia a las agencias del gobierno sugiriendo correcciones al Acta de Libertad de Información (FOIA). Si antes las agencias estaban obligadas a publicar información a no ser que estas provocaran un "daño previsible", el gobierno ahora puede mantener información secreta con sólo reclamar que posee "bases legales sólidas" para hacerlo.

La nueva regla sobre detención de inmigrantes autoriza al INS a posponer cualquier orden emanada de un juez de inmigración en los casos en que la agencia declare que el detenido es un peligro para la comunidad o un riesgo para los vuelos. Para sobrepasar la autoridad del juez, el INS sólo necesita llenar un formulario en que se indica que el INS planea apelar la decisión del juez frente al Consejo de Apelaciones de Inmigración. Si este organismo ordena la liberación del inmigrante, el INS puede aún así apelar directamente al Fiscal General, quien puede detener la liberación del detenido.

Debido a esto, la presentación de un inmigrante al juez de inmigración es una mera formalidad y la orden de excarcelación puede ser anulada por instrucciones personales del Fiscal General. David W. Leopold, abogado de inmigración de Cleveland, comenta: "Con este cambio de normativa, el gobierno puede encerrar a alguien con un mínimo o ninguna prueba, y arrojar la llave lejos hasta que ellos decidan liberarlo".

Se ha informado de la negativa de oficiales del INS de seguir las órdenes de jueces de inmigración que han ordenado la excarcelación de un detenido por falta de pruebas. Los 220 Jueces de Inmigración son empleados del Servicio Civil del Ministerio de Justicia, y fueron separados del INS en 1993. Los estudios muestran que estos jueces, aunque en general se ponen de lado del INS en los casos de deportación, usualmente imponen fianzas menores de lo que el servicio impone para estos casos.

En los casos en que la evidencia del gobierno en contra de un detenido consiste completamente en información clasificada que se prefiere no revelar en la audiencia, el juez puede que ordene la excarcelación del detenido. Bajo la nueva normativa, el INS no está en la obligación de probar su caso para lograr que el detenido siga bajo custodia, sino que simplemente necesita apelar al Fiscal General si se falla en obtener el fallo que se desea.

De acuerdo con los últimos informes dados a conocer por el Departamento de Justicia, más de 1.100 personas han sido arrestadas por fuerzas policiales a partir del 11 de Septiembre como parte de las medidas anti-terror. A comienzos de este mes el gobierno anunció que no daría a conocer la lista de nuevos detenidos. Siendo criticado por la decisión de no dar a conocer las identidades de los nuevos detenidos, donde son mantenidos bajo custodia, y bajo que cargos, si es que los hay, el fiscal general Ashcroft anunció que el gobierno simplemente no daría a conocer ningún informe.

En la víspera de la audiencia de la administración Bush sobre la autorización de tribunales militares —y fallando en tratar de desviar las críticas sobre la política de detenciones del gobierno— Ashcroft reveló el pasado martes los nombres de 93 personas que enfrentan cargos criminales. Cerca de 60 de estas personas permanecen bajo custodia. También reveló una lista de 548 acusaciones relacionadas con violación a la ley de inmigraciones, identificando a estas personas sólo con su país de origen y la fecha en las que fueron arrestadas, pero no sus nombres.

Además, hay entre 10 y 15 acusados que están aun detenidos como testigos materiales, la mayor parte en el centro de detención de Manhatan. Entre ellos está Zacarías Moussaoul, de 33 años, ciudadano francés de ascendencia marroquí, quien fue arrestado el 17 de Agosto en Minnesota. De acuerdo con el New York Times, personeros del gobierno están aún pensando si poner a Moussaoul como el primer acusado por terrorismo frente a un tribunal militar.

El Fiscal General Ashcroft defendió la redada a nivel nacional, diciendo que "Aquellos asociados con terroristas, y quienes están envueltos con terroristas no deberían estar libres de encarcelación". Pero de acuerdo con documentos entregados al congreso durante la semana pasada, ninguno de quienes enfrentan cargos criminales ha sido acusado de complicidad directa con los secuestros del 11 de Septiembre.

Un análisis de la poca información entregada por el gobierno con respecto a los 93 nombres de los detenidos muestra la futilidad de los cargos entablados contra la mayor parte. Estos cargos incluyen acusaciones de fraudes con tarjetas de crédito, declaraciones falsas al solicitar pasaportes, y obtener licencias para conducir camiones de manera fraudulenta, entre otros cargos menores.

Uno de los arrestados, Osama Awadallah, estudiante universitario de 21 años proveniente de Jordania, ha sido acusado de mentir a un gran jurado al negar que conociera a Khalid al-Midhar, uno de los sospechosos del secuestro del avión que se estrelló en el Pentágono. Se dice que su nombre fue encontrado en el auto de los sospechosos del secuestro en el aeropuerto Dulles.

Awadallah ha reconocido que si conoció a un segundo sospechoso de los secuestros, Nawaf Alhazmi, diciendo que lo vio unas 35 o 40 veces el año pasado en San Diego, California. El fiscal en el caso alegó que el perjurio de Awadallah "promueve el terrorismo" y solicitó que se le mantuviese retenido sin derecho a fianza.

Por su parte, la jueza de distrito Shira A. Scheindlin no concordó con esto, haciendo nota de que Awadallah "conoció casualmente a dos de los terroristas envueltos en los ataques del 11 de Septiembre" y que los fiscales no habían aducido que el "estaba envuelto con los terroristas en actividades ilegales y que haya tenido parte en alguna manera en la planeación o preparación de los ataques. La jueza decretó que Awadallah podía ser liberado previo pago de una fianza de $500.000, comentando que "Esta siendo acusado de hacer declaraciones falsas, no de terrorismo, ni ayudando o protegiendo el terrorismo, ni conspirando con terroristas".

También en la lista del gobierno hay dos iraquíes acusados de obtener falsamente licencias para transportar materiales peligrosos en Pensilvana, sin importar que las autoridades hayan declarado públicamente que ellos no tienen ningún tipo de vínculo con los eventos del 11 de Septiembre.

Los nombres de tres otros hombres —Nasser Abuali, Hussein Abuali y Rabi Ahmed— están también presentes en la lista. Estas personas están acusadas de desfalco, en conexión con el robo de cereales avaluados por $45.000 en Newark, Nueva Jersey en Mayo del 2000. Ningún cargo fue levantado en contra de los hombres hasta el 19 de Septiembre, ocho días después de los ataques terroristas. Aunque los documentos en la corte no hacen mención alguna a sospechas de terrorismo o secuestros y atentados, sus nombres están incluidos entre los 93 supuestos criminales nombrados por el fiscal general como parte de las investigaciones del 11 de Septiembre.

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