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España y La razón de Estado respecto al Magreb

29/12/2001 - Autor: Rachid Raha
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Banderas de España y Marruecos
Banderas de España y Marruecos

Los graves sucesos acontecidos en la región argelina de Kabilia en la primavera pasada, cuando la gendarmería argelina abrió fuego sobre jóvenes inocentes, han pasado prácticamente desapercibidos al Gobierno español y su máximo dirigente, el popular José María Aznar, al no condenar esta flagrante violación de los derechos humanos en el país vecino. Igualmente, la clase política se muestra indiferente ante más de 60 víctimas mortales y 3000 heridos provocados por la actuación del gobierno argelino. Al contrario, los políticos españoles y su gobierno estrecharon lazos económicos con los responsables argelinos en sectores como la pesca, cuando sus manos estaban todavía manchadas de la sangre del pueblo argelino. Éstos son los mismos responsables del gobierno que confiscó las riquezas nacionales del país, entre ellas el gas natural que caldea hoy los hogares españoles. Y esto sigue pasando lo mismo ante estos últimos sucesos de la Kabilia.

La clase política española ha mostrado un silencio cómplice respecto a los horribles actos de terrorismo de estado contra el pueblo argelino, como los asesinatos políticos del presidente Budiaf, del cantante Lunes Matub, del periodista Tahar Djaout, o del ex ministro de interior Kasbi Merbah . Estos crímenes han sido desvelados en varios libros aparecidos en Francia, escritos por antiguos militares, y han sido denunciados en medios de comunicación como la cadena de televisión Al Jazeera o TV5.

¿Por qué el Estado español no compagina sus relaciones económicas con los países del Magreb con el respeto a la Carta de los derechos humanos? ¿Por qué la diplomacia española no reacciona ante las manifestaciones de más de un millón de personas convocadas en las calles de Tizi Uzu el 21 de mayo, en Argel el 14 de junio y en el Valle del Sumam el 20 de agosto?

Si hacemos un recorrido histórico por las relaciones de España con los países del Magreb, sus vecinos más cercanos, nos tropezamos varias veces con estas contradicciones de la diplomacia española, que suele caracterizarse por el silencio cómplice en materia de derechos humanos, unos derechos que rigen sus asuntos internos desde la muerte de Franco y a partir de la elección de la reforma de la Constitución en 1978. El motivo es la razón de Estado.

Por esta razón, el Estado español no ha mantenido una actitud valiente ante la delicada cuestión de los derechos humanos en Marruecos durante el reinado de Hasán II, anteponiendo siempre los intereses del sector pesquero (alrededor de 3000 pescadores) a los derechos de los casi 30 millones de los marroquíes. Igualmente ocurre con la flagrante violación de los derechos humanos en Argelia, ya que al Estado español le interesa más seguir percibiendo gas natural que el destino de todo un pueblo, otros 30 millones de personas desposeídas de sus riquezas por parte de una junta militar. La "razón de Estado" lleva a España a emprender una política egoísta de defensa a ultranza de sus intereses, al igual que Estados Unidos (y otros países).

Esta forma de realpolitik ha tenido nefastas consecuencias para el destino de España a lo largo del siglo pasado, pero los españoles no suelen recordarlas, ya sea por amnesia voluntaria o por desconocimiento de la historia. Pensemos en los antecedentes de la trágica y fratricida Guerra civil de 1936 a 1939. Cuando en 1931 se instauró la 2ª República, una delegación de políticos tetuaníes se desplazó a Madrid para reclamar la autonomía del Norte de Marruecos bajo el gobierno del Frente Popular. Este gobierno, dirigido por fuerzas socialistas y comunistas, debería haber sido más comprensivo y flexible ante la legítima reivindicación de los marroquíes, ya que el manifiesto de la 3ª Internacional proclamaba que la lucha anticolonial de los pueblos del tercer mundo iba unida a lucha de la clase obrera en las potencias imperialistas.

El orgullo nacional y el deseo de mantenerse como potencia colonial en el Norte de África impidieron que el gobierno del Frente Popular se desligara de su protectorado en el norte de Marruecos, a pesar de que este territorio era inhóspito y estéril, y ya se había consumido demasiada sangre española en el desastre de la batalla de Anual. Así pues, las fuerzas políticas de izquierda dieron la espalda a los nacionalistas marroquíes, quienes consiguieron solamente el apoyo de los catalanes. Estos últimos han sido solidarios con los rifeños en repetidas ocasiones: durante la batalla del Barranco del Lobo en 1909, en la Semana Trágica de Barcelona en 1917 y durante la guerra de liberación de Abdelkrim Al Jattabi en el Rif de 1921 a 1926. Tras la inexplicable actitud de los republicanos, los rifeños se alistaron masivamente en las filas de los Regulares dirigidas por el general Francisco Franco. Estas tropas se convirtieron en el elemento decisivo para el acceso al poder del caudillo, como afirma la gran historiadora María Rosa de Madariaga. También por "razones de Estado", el gobierno francés del Frente Popular, encabezado por Leon Blum, no se atrevió a liberar al líder rifeño Abdelkrim Al Jattabi de su exilio en la isla de Reunión, impidiendo que frenara el reclutamiento de sus paisanos en las filas nacionales. Como vemos, la "cuestión de Estado" costó a las fuerzas progresistas del Frente Popular la derrota militar, cuarenta años de poder absoluto del dictador Franco, los internamientos en los campos de concentración en Perpiñán y el destierro forzoso de miles y miles de españoles a Francia y América Latina.

En la actualidad, a pesar del cambio de gobierno socialista al popular, la diplomacia española sigue encerrada en este tipo de lógica de la guerra fría, que ha impedido el desarrollo de una política exterior valiente y bien definida, basada en la solidaridad y la cooperación. España tiene mucho que ganar si toma conciencia de una vez para siempre de que la solidaridad reporta mayores beneficios que esas "razones de Estado", en el entredicho tras los escándalos del periodo socialista (los casos del GAL, los fondos reservados, las escuchas del Cesid...). Apostar por la solidaridad y la cooperación, como se ha hecho con la implicación en el proceso de paz en Yugoslavia, en la celebración de la Conferencia de Madrid entre palestinos e israelíes y la organización de la Conferencia Euro-Mediterránea de Barcelona, llena a los pueblos del Estado español de orgullo y humildad. Porque estas "razones de Estado" no tienen sentido en una sociedad tan solidaria y humana como la española, cuyas comunidades autónomas han estado siempre al lado de los más necesitados: inmigrantes, damnificados en los desastres naturales recientes en América Latina, movimientos de liberación como el zapatista, etc.

Desgraciadamente, los horribles actos terroristas del 11 de septiembre han tenido nefastas consecuencias, obligando a que cada país se encierre aún más en la lógica de la realpolitik, acompañada de injustas políticas de refuerzo del control policial sobre la sociedad civil, y en especial, sobre las comunidades inmigrantes. También han influido en un cambio de las políticas exteriores, más centradas en la seguridad que en las iniciativas de cooperación. Ante este nuevo orden mundial, la sociedad civil y las ONG de las diferentes comunidades autónomas del Estado español están llamadas a movilizarse aún más, para que los valores de solidaridad sigan prevaleciendo sobre las prerrogativas de seguridad y los instintos de xenofobia hacia los magrebíes. Ambos pueblos vecinos están condenados a entenderse y convivir a pesar de no compartir características étnicas, ni lingüísticas, ni culturales o confesionales.

La sociedad civil del Magreb en general, y el pueblo amazigh (bereber) en particular, solicita a las ONG del país vecino su determinante apoyo para desarrollar una campaña que sensibilice al Gobierno y a la clase política ante estas cuestiones, y emprenda una política exterior hacia los países del Magreb encaminada a mejorar el bienestar social de sus poblaciones. De acuerdo con la iniciativa protagonizada por el Parlamento de la Unión Europea respecto a Argelia, los acuerdos de cooperación e intercambios económicos con este país se pueden condicionar al respeto de los derechos humanos y la promoción de reformas democráticas.

Respecto a Marruecos, se hace necesaria una intervención que frene el preocupante conflicto diplomático con el Estado español. Por una parte, se ha desatado una guerra económica como represalia a la falta de acuerdo sobre la pesca, en la que Marruecos quiere asegurar la reproducción de sus riquezas. Por otra, se debería apostar por una solución política a la ex-colonia del Sáhara, y otorgarle una amplia autonomía, semejante a la que disfrutan las diferentes comunidades autónomas españolas y de acuerdo con el Plan Baker. Esta puede ser una alternativa al sucio juego diplomático de los generales argelinos, a quienes interesa perpetuar este conflicto, en detrimento del desarrollo económico de todo el Norte de África. La estrategia del gobierno popular se dirige al estrangulamiento económico de Marruecos, pero esta política se traducirá en la afluencia de más pateras a las costas andaluzas y canarias. Si las ONG logran que el gobierno popular cambie su actitud prepotente hacia Marruecos en favor de esa política de cooperación de la que tanto se ha hablado (proyectos de la UE como PAIDAR, MEDA I, MEDA II, INTEREG, AECI, etc.), dicha política debería orientarse al desarrollo prioritario de las zonas rurales deprimidas, habitadas mayormente por imazighen (bereberes). Estas medidas sí que representan una verdadera apuesta para frenar el éxodo rural y la emigración transmediterránea

Antropologo, presidente de la Fundación Mediterránea Montgomery Hart de Estudios Amazighs y presidente del Congreso Mundial Amazigh (Beberer).

 

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