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El PP exime a las entidades de la Iglesia de cumplir la Ley de Asociaciones

30/11/2001 - Autor: Agencias
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Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

El Congreso ha remitido al Senado el proyecto de ley que desarrolla el artículo 22 de la Constitución. Respaldaron el proyecto el Partido Popular, CiU, Coalición Canaria y el PNV. Enfrente, PSOE e IU destacaron su desacuerdo por la discriminación que incorpora. Hasta ahora, todas las asociaciones estaban reguladas por una ley preconstitucional, aprobada en 1964, y que ha sido modulada por múltiples sentencias del Constitucional.

El nuevo proyecto de ley, en su artículo 1.3, ha incorporado una enmienda del PP que ha desatado la principal crítica de los partidos de izquierda y su voto en contra. Dice literalmente: Se regirán por su legislación específica (...) las asociaciones de la Iglesia católica que hayan adquirido personalidad jurídica civil de conformidad con lo dispuesto en la ley. Equipara así a las ONG católicas con los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las federaciones deportivas, las asociaciones de consumidores o la propia Iglesia, es decir, con organizaciones que sí tienen leyes específicas que las regulan.

Un portavoz del Ministerio del Interior, que ha elaborado la ley, mantiene que esa exención era obligada por coherencia con el Acuerdo de 1979 con la Santa Sede y la legislación específica que las regula es, precisamente, ese acuerdo con el Vaticano.

Privilegio

Los diputados del PP Jesús López Medel y José Antonio Bermúdez de Castro, ponentes de esta ley, abundan en ese argumento. No hay ningún privilegio para las asociaciones de la Iglesia católica ni se las excluye de nada porque ya estaban excluidas del trato general, aseguró López Medel en la tribuna. No es privilegio sino trato distinto, apostilló Bermúdez de Castro.

Los ponentes del PSOE, Leire Pajín y Diego López Garrido, mantienen la tesis opuesta. Creemos que esta exención es inconstitucional y potenciará múltiples picarescas, aseguró Pajín. Con esta ley, añadió, las asociaciones católicas no estarán sujetas a los principios democráticos y de transparencia, pero seguirán compitiendo en el reparto de subvenciones públicas. López Garrido va más allá. Dice que la ley incumple el acuerdo con la Santa Sede pues en éste se diferenciaba entre las órdenes y congregaciones religiosas, sujetas a la legislación canónica, de las asociaciones católicas que debían someterse a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado. Añade que la ley deja a las asociaciones católicas en el limbo.

Frente a esta opinión, el presidente de la Plataforma de ONG de Acción social, Josep Gassó, también defiende el proyecto: La ley nos parece positiva porque recoge el 99% de lo que hemos estado negociando con el Gobierno. Nos hubiera gustado un acuerdo de todos los partidos, pero no vemos razones de calibre para la postura del PSOE. Asimismo, Silverio Agea, secretario general de Cáritas, la mayor asociación católica, señala que la ley no representa cambio alguno para ellos. Pese a que nos excluya de cumplirla en algunos temas, nosotros vamos a mantener la línea de transparencia y de democracia que nos caracteriza. Tenemos una asamblea anual, un consejo cada trimestre, comisiones permanentes, todo el dinero público que recibimos lo auditamos. Y concluye: Creo que el problema se ha magnificado, pues la ley representa un consenso del 90%.

La ley regulará unas 240.000 asociaciones que deberán cumplir una serie de normas que garantizan su transparencia y democracia interna y que, en resumen, son las siguientes:

- Tendrán que aprobar un acta fundacional, en la que se comprometerán a cumplir fines lícitos, votar estatutos que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación y designar sus órganos de gobierno.

- Se prohíben las asociaciones secretas y paramilitares.

- Deberán inscribirse en el Registro y hacer públicos sus estatutos y sus fines.

- Celebrarán una asamblea anual, y llevar la contabilidad al día accesible a los socios.

- Quedan regulados los derechos y deberes de los socios, por ejemplo a ser oídos o a impugnar los acuerdos.

- Las Administraciones Públicas se comprometen a promover las asociaciones que promuevan objetivos de interés general, como valores constitucionales, derechos humanos, cooperación para el desarrollo, promoción de la mujer, de la infancia o fomento de la igualdad de oportunidades y la tolerancia.

- Los poderes públicos no facilitarán ayudas a las asociaciones que discriminen a las mujeres o a las minorías étnicas.

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