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El Gobierno español expulsó a 5.425 marroquíes y subsaharianos en el primer semestre de 2001

Ademas fueron detenidos 2.696 inmigrantes de origen subsahariano que no han podido ser retornados a su país

13/07/2001 - Autor: Redacción Webislam - Fuente: Webislam
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Filas de inmigrantes.
Filas de inmigrantes.

El número de inmigrantes irregulares expulsados de España tras ser detenidos cuando intentaban entrar en el país por las costas españolas (Estrecho y Canarias) ascendió a un total de 5.425 personas en el primer semestre de 2001, de las que 5.100 eran marroquíes y 325 subsaharianos (nigerianos y senegaleses), según datos facilitados hoy por el Ministerio del Interior.

En estos casos no es necesario abrir expediente de expulsión para proceder a la devolución del extranjero a su país. Además, la devolución de inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí se materializa dentro de las 72 horas de su detención, a través de la frontera terrestre de Ceuta o bien directamente al puerto de Tánger si llevan consigo pasaporte.

Igualmente, fueron detenidos 2.696 inmigrantes de origen subsahariano (2.066 en Andalucía y 630 en Canarias) que no han podido ser retornados a su país, al encontrarse indocumentados, ya que sus países no les reconocen como ciudadanos y, por otro lado, se plantea el problema del lugar desde el que zarparon las pateras (la costa marroquí u otra) y la determinación del país.

Las expulsiones de inmigrantes que intentaban acceder a España desde las costas andaluzas y Ceuta ascendieron a 5.139, de los que 5.100 eran marroquíes (312 en Almería, 283 en Granada, 245 en Málaga y 4.260 en Cádiz). En cuanto a los subsaharianos, recientemente fueron expulsados 39 nigerianos desde Málaga, que procedían de Ceuta. Mientras, desde Alicante fueron expulsados 29 nigerianos.

En Canarias, fueron expulsados un total de 257 extranjeros, de los que 108 eran marroquíes (96 en Fuerteventura y 12 en Lanzarote). Además, desde Fuerteventura, fueron expulsados 49 nigerianos, que se encontraban internados en la terminal del aeropuerto y otros 100 senegaleses, que habían llegado a Tenerife en un barco dedicado al transporte ilegal de inmigrantes.

El Ejido, la Ley de Extranjería y la regularización extra ordinaria centran el informe de 2000 de SOS Racismo

La explosión de violencia en El Ejido, la reforma de la Ley de Extranjería y el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes son los tres aspectos que focalizan la atención del "Informe anual sobre el racismo en el Estado español", relativo al año 2000, que hizo público hoy la Federación de Asociaciones de SOS Racismo. El informe fue presentado también en Madrid.

Tras analizar más de 250 casos, uno de los portavoces de SOS Racismo en Catalunya, Miquel Essomba, se refirió a los hechos de El Ejido como "un símbolo de la xenofobia, la explotación social y la falta de derechos", apuntando que "un año después, pocas cosas han cambiado". La entidad denunció que, de las 700 denuncias que presentó a raíz de las agresiones a inmigrantes, "el 99 por ciento no han sido admitidas a trámite".

Respecto a la modificación de la Ley 4/2000, SOS Racismo le dedica un extenso capítulo, cuyas críticas se centran en que "agrava las situaciones de vulneración de los derechos de los inmigrantes irregulares" y "aumenta el protagonismo del Ministerio de Interior", por lo que "refuerza la visión policial de la inmigración".

A pesar de esta "visión represiva", la presencia de mafias "ha aumentado", según Essomba. El proceso de regularización extraordinaria merece también fuertes críticas de SOS Racismo ya que "fue lento, con desinformación, hubo disparidad de criterios entre Delegaciones del Gobierno y desequilibrio territorial", afirmó Essomba.

Por capítulos, SOS Racismo denuncia la "invisibilización" de la problemática del pueblo gitano.

Recuerdan el caso de Barakaldo (Vizcaya), donde padres y alumnos boicotearon la asistencia de tres niños gitanos a un colegio religioso, así como un informe que asegura que el 67 por ciento de los gitanos de Zaragoza viven en la pobreza y el 31 por ciento en la pobreza severa.

En cuanto a Extranjería, Essomba denunció la "política prepotente del PP" en la reforma de la Ley, el apoyo de CiU y CC "a cambio de réditos e inversiones" y la actitud "blanda" del PSOE. La entidad recordó la detención de más de 80 personas en Alicante por su implicación en una red de prostitución, las colas en la Oficina de Extranjería de Barcelona y las denuncias por las condiciones de los centros de internamiento.

Bajo el epígrafe de racismo social, Essomba incluyó "El Ejido, la creación de patrullas vecinales o la negación del derecho de admisión". SOS Racismo cita la manifestación contra la inseguridad de Totana (Murcia), que derivó en una expresión de protesta contra los inmigrantes o las patrullas vecinales del barrio del Raval de Barcelona.

Por lo que respecta a las agresiones racistas, el informe señala que "los ataques a la propiedad han aumentado" y cita el caso de un joven de Mali que quedó tetrapléjico tras una paliza en Valencia, agresiones en discotecas y ataques a mezquitas, kioskos y carnicerías regentados por marroquíes.

Entre las "agresiones policiales" citan la muerte del gambiano Antonio Augusto Fonseca en la comisaría de Las Palmas "en circunstancias extrañas". En el apartado de derechos fundamentales, el documento recoge "las dificultades en el acceso a la vivienda, el trabajo, la sanidad y la educación" de los inmigrantes, según Essomba. En el caso de los niños de la calle, uno de los problemas más graves en Catalunya según la organización, Essomba criticó "la falta de acuerdo entre las administraciones para regularizarlos".

El portavoz de la entidad Josep Guardiola, se refirió al Programa Greco del Gobierno para la integración de los extranjeros tildándolo de "despropósito" ya que "las únicas medidas concretas son las restrictivas". Asimismo, Guardiola criticó la reforma del Foro de la Inmigración, donde "el PP quiere reducir al mínimo la presencia de entidades sociales".

El portavoz, además, afirmó que el Reglamento que desarrollará la nueva Ley de Extranjería "mantiene la discrecionalidad de la Ley". Guardiola reclamó un "pacto de Estado sobre Extranjería con todos los partidos políticos y sindicatos".

Entre las propuestas incluidas en el informe figura "abrir espacios de desobediencia civil" hacia la Ley de Extranjería y "mostrar su discrecionalidad y contradicciones". La entidad aboga por "asumir de una vez por todas que continuarán llegando inmigrantes" y reclama "una buena política de acogida", promover "la normalización de la diversidad", "corregir la desigualdad de derechos" y "ofrecer un contradiscurso antiracista".

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