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El Gobierno revisará los casos de 27.000 inmigrantes que iban a ser expulsados

23/02/2001 - Autor: Pilar Marcos
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Precisamente el Defensor del Pueblo y los obispos habían pedido que se regularice a todos los inmigrantes que pidieron papeles, entre los que se incluyen 27.000 que estaban pendientes de expulsión pues fue denegada su solicitud por incumplir la mayoría de los requisitos.

Fernández-Miranda dijo que, con todo el respeto que al Gobierno le merece el Defensor del Pueblo, Interior hará la revisión porque así se lo marca la ley. El Defensor del Pueblo dirigió la semana pasada al Ejecutivo una recomendación para que se aplicaran de forma urgente los mecanismos previstos en la ley para la normalización de la situación de los inmigrantes irregulares. En concreto, le pidió desarrollar de forma inmediata lo establecido en el artículo 31 de esa norma para facilitar permisos de residencia temporal por razones de arraigo o humanitarias. Y aconsejó que ese desarrollo de la ley se hiciera con los criterios más amplios y flexibles y que no se expulsara a los que inmigrantes que acreditaran voluntad de regularizarse y no hubieran cometido actos ilegales.

A todo esto se mostró ayer dispuesto Fernández-Miranda, que revisará los expedientes de inmigrantes, según explicó en el Senado, antes de que entre en vigor el Reglamento que desarrollará la nueva Ley de Extranjería.

Su artículo 31, en el punto 4, dice textualmente: Podrá otorgarse un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos previstos reglamentariamente. Fernández-Miranda dijo ayer que esas razones humanitarias y de arraigo se tendrán en cuenta desde ya, sin esperar a que las defina el reglamento ahora en fase de borrador. Aseguró que el Gobierno hará tantas excepciones como sean necesarias y puso como ejemplo los mecanismos que se van a seguir en la repatriación a Ecuador de inmigrantes con oferta de trabajo y con el compromiso de volver ya con papeles: En las familias con niños, sólo tendrá que viajar uno de los progenitores, y si sólo convive con ellos aquí un progenitor, no hará falta que vaya, aseguró en la Comisión de Interior del Senado.

El secretario de Estado argumentó la conveniencia de examinar los casos de los irregulares uno a uno como parte de su política de fomentar la legalidad: Que los inmigrantes sepan que en España no se puede trabajar viniendo como turista y que sepan también que el Gobierno considera la inmigración positiva y deseable, siempre que sea legal, es decir, siempre que tenga por delante una oferta de trabajo y papeles antes de llegar a España.

Con estos argumentos, y para luchar contra las mafias, Fernández-Miranda animó a los empresarios que han expresado su necesidad de mano de obra inmigrante que pasen de las declaraciones genéricas a las ofertas concretas de trabajo para no crear falsas expectativas en ese colectivo y para facilitar la labor del Gobierno para ordenar la inmigración. Fernández-Miranda no precisó a cuántos inmigrantes irregulares afecta la revisión caso a caso, aunque recordó que si el Ejecutivo en seis o siete meses, consiguió estudiar 250.000 solicitudes, ahora está dispuesto a hacer un nuevo esfuerzo.

El delegado del Gobierno para la Inmigración calificó de fatuo el intento de cuatro grupos parlamentarios de debatir hoy en el Congreso otras tantas proposiciones no de ley para que el Ejecutivo normalice la situación de los sin papeles cuando tengan una oferta de trabajo. Es algo que vamos a hacer, dijo, y por tanto no necesitan que el Parlamento le inste a ello.

Unidad contra mafias

La Dirección General de la Policía ha creado una nueva unidad de investigación que centrará exclusivamente su trabajo en la represión de las mafias que trafican con inmigrantes y de los grupos de falsificación de documentos que trabajan al servicio de dichas mafias.

La creación de las llamadas Unidades Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) se encuadra dentro de la segunda fase del Plan Policía 2000, que ahora pretende incidir en el combate de diez modalidades de delincuencia organizada en diez ciudades españolas, donde ese tipo de delitos supone el 75% de todos los cometidos.

La creación de las nuevas unidades supondrá una reestructuración de la Brigada de Extranjería y Documentación, bajo la coordinación de la Comisaría General de Extranjería.

Las ciudades en las que funcionarán este mismo año las UCRIF son Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Málaga, Las Palmas, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Vigo.

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