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Derechos Humanos denuncia por torturas a los responsables del traslado de inmigrantes en las bodegas de los barcos

14/10/2000 - Autor: Agencia Islámica de Noticias
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inmigrantes en barca
inmigrantes en barca

Lo que en principio iba a ser un día de duelo por las siete víctimas del viernes en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén se convirtió en una jornada sangrienta en los territorios autónomos de Gaza y Cisjordania. Los enfrentamientos entre el Ejército israelí y jóvenes y policías palestinos se saldaron con 16 muertos y más de 500 heridos, según la Autoridad Nacional Palestina. Los incidentes ocurridos ayer son los más graves desde 1996, cuando murieron 80 personas en varios días de enfrentamientos. El presidente Arafat aseguró ayer en El Cairo que los soldados israelíes tenían orden de "disparar a matar" a los palestinos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado en un juzgado de Algeciras (Cádiz), una denuncia contra los que considera máximos responsables de que los inmigrantes sean devueltos sistemáticamente en autobuses aparcados en las bodegas garaje de los barcos de pasajeros del Estrecho.

Esta ONG considera que el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna; el comisario de Policía de Algeciras, Florentino Villabona, y los máximos responsables de las navieras que operan en el Estrecho desde Algeciras (Trasmediterránea, Buquebús y Euroferrys) supuestamente han incurrido en los delitos de prevaricación, tortura y contra la integridad moral.

Rafael Lara, portavoz de la ONG, declaró a su salida de los juzgados algecireños que "esta denuncia debe ser tenida en cuenta por la justicia y el Ministerio Fiscal porque trata de evitar víctimas en caso de naufragio o parcial hundimiento del buque".

Normas internacionales

La Asociación Pro Derechos Humanos está convencida de que se han vulnerado las normas internacionales de derecho marítimo, especialmente la regla 20.3 del capítulo II.1 del Convenio Internacional para la Seguridad Humana en el Mar, que establece que en los ferrys de transporte de pasajeros y vehículos "no pueden permanecer durante la travesía personas en sus bodegas-garaje", las cuales deben estar "herméticamente cerradas y aisladas del resto del buque" para evitar víctimas en caso de naufragio o hundimiento parcial.

Igualmente, Pro Derechos Humanos entiende que el traslado de inmigrantes en las bodegas de los buques vulnera el Título I de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España al no prestar los mismos derechos a españoles que a extranjeros.

El consejero andaluz de Gobernación, el socialista Alfonso Perales, por su parte, afirmó ayer que el Gobierno central no tiene capacidad para devolver a sus países de origen a los inmigrantes irregulares, y por ello "ha caído en la tentación de trasladarlos como ganado" en las bodegas de los barcos.

Perales, que respondió en el Parlamento andaluz a una pregunta sobre este asunto planteada por su propio partido, el PSOE, se mostró convencido de que el Ejecutivo central tomará medidas "pronto", porque "seguro que le repugna que estos inmigrantes, ilegales o no, no sean tratados como personas".

El delegado del Ejecutivo en Cádiz dice que el sistema no cambiará de momento

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, aseguró ayer en Algeciras que los traslados de inmigrantes irregulares a Ceuta se seguirán haciendo en las bodegas de los barcos al menos hasta que no se encuentre una fórmula mejor. Osuna aseguró que el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, ya ha planteado al Ministerio del Interior el cambio del sistema de viaje. Sin embargo, el método actual se mantendrá "hasta que se encuentre una solución alternativa mejor".

Según el subdelegado del Gobierno en Cádiz, actualmente se están estudiando tres alternativas: "Que el traslado se realice en un buque de la Armada española, lo que no requeriría una mayor presencia policial; que se haga a bordo de embarcaciones de la Guardia Civil, o que se redacte un pliego de condiciones para que cualquier compañía pueda optar a un concurso público para realizar el servicio".

Osuna, que desconoce cuándo podrá ponerse en marcha alguna de estas fórmulas, explicó que, a su juicio, "ni este Gobierno ni el anterior han trasgredido la normativa de seguridad marítima, a pesar de que los traslados se vienen realizando de igual forma desde 1985 porque debe ser el capitán del barco el que diga dónde viajan todos los ocupantes del mismo".

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Junta Islámica
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