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Resolución de la FEERI sobre las reformas introducidas en el proyecto de Ley de Extranjería

Resolución adoptada el pasado sábado, 11 de noviembre, por el Consejo de Gobierno de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas

13/12/1999 - Autor: Agencia Islámica de Noticias
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La reforma pactada entre el Partido Popular y Convergencia i Unió han endurecido la futura ley aún más que el propio reglamento existente. Las 112 enmiendas presentadas por los populares consagran una política de sospecha contra el inmigrante y contraria a un espíritu integrador y a los derechos humanos.

Las reformas introducidas en el texto legal privan a los inmigrantes sin papeles de derechos básicos como el acceso a la enseñanza no obligatoria, las ayudas para la vivienda, y los derechos de sindicación, huelga, reunión, manifestación y asociación. A nadie puede escapársele que estas restricciones suponen una elemental dificultad para estos trabajadores a la hora de plantear una defensa efectiva de sus intereses. Tampoco se reconoce a estos trabajadores el derecho a la justicia gratuita, lo cual hace imposible para la mayoría de ellos el acudir a los Tribunales de Justicia por tratarse de uno de los colectivos económicamente más débiles. El derecho al voto en las elecciones municipales se condiciona para los extranjeros a la existencia de una reciprocidad con los países de origen, con lo cual el extranjero pierde uno de los derechos que tendrían que serle reconocidos como ciudadano integrado en la comunidad.

Asimismo, las reformas limitan la necesidad de motivar la denegación de visado a los solicitantes de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, por lo que los solicitantes de visados por razones de estudio o por otras razones distintas a las mencionadas pueden ver denegada su solicitud, sin necesidad de motivación alguna, lo cual dificultará para ellos la opción del recurso a los tribunales. Sin embargo, aún esto era considerado demasiado por el PP, que planteó en una enmienda el suprimir la motivación en la denegación de cualquier visado.

El texto del Congreso permitía obtener la residencia temporal al extranjero que estuviera empadronado y acreditase una estancia interrumpida de 2 años. El texto consensuado entre el PP y CiU exige ahora, además de lo anterior, el haber obtenido un permiso temporal y haberlo renovado al menos una vez (no dos como pretendía el PP). El PP pretendía suprimir también el precepto que establece que el permiso de residencia permanente autoriza para trabajar.

El PP ha logrado también el que la aprobación de un contingente anual de trabajadores extranjeros no sea obligatoria, sino que dependa del Gobierno.El PP ha accedido, sin embargo, a excluir del contingente a los cónyuges e hijos de los inmigrantes legales o a los extranjeros casados con españoles, entre otros colectivos. También ha quedado en nada la propuesta del PP de obligar a los trabajadores transfronterizos a regresas diariamente a su país. En lugar de ello, deberán de hacerlo una vez por semana. Por otro lado, según las actuales enmiendas, la responsabilidad de velar por la dignidad y la salubridad del alojamiento de los trabajadores temporeros corresponde a los empresarios y no a la Administración.

El nuevo texto endurece también el capítulo de las sanciones y suprime el reconocimiento de que las organizaciones de defensa de los inmigrantes puedan intervenir en los procedimientos administrativos en materia de extranjería. Por último, la regularización extraordinaria de los extranjeros prevista por la ley afectará a todos los que se encuentren en España antes del 1 de Enero de 1.999, como proponía el PP, y no del 1 de Junio del mismo año, como fue aprobado por el Congreso.

Las enmiendas presentadas por el PP recogen el espíritu alarmista que había sido expresado anteriormente por los ministros de Economía, Interior y Exteriores. Se han presentado ante la opinión pública los mitos y los tópicos centrales del discurso xenófobo: el miedo a la invasión, el coste económico y la asociación entre inmigración y delincuencia. Desde esta óptica se intenta justificar que la opción policial y la construcción de muros son mecanismos indispensables para la seguridad.

Se intenta también convencer a la opinión pública de que una política más favorable a los inmigrantes genera racismo, cuando es exactamente lo contrario: sólo una legislación encaminada a la igualdad de derechos y al desarrollo económico y social del colectivo de los inmigrantes ofrece un marco desde el que es posible la lucha eficaz contra la lacra del racismo.

Tampoco es cierto el que la extensión de la asistencia sanitaria suponga un coste económico extraordinario (un informe del IMSERSO demuestra lo contrario) ni que el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso sea contrario a los acuerdos de Tampere. Estos últimos no exigen la vulneración de los derechos de los inmigrantes sin papeles, ni las denegaciones de visados ni otros muchos aspectos incluidos en las enmiendas de los populares.

Lo más preocupante es, sin embargo, el ver que el PP ha asumido en la actualidad algunos de los postulados del discurso xenófobo y racista de la extrema derecha europea.

También es condenable el espíritu de las actuales enmiendas que va en el sentido de considerar a los seres humanos como una mercancía aprovechable y no como seres humanos dotados de derechos y de dignidad.

Nos dirigimos pues a la opinión pública y a los representantes de las organizaciones políticas y sociales para que tomen conciencia de la gravedad de la situación y manifiesten el rechazo a las modificaciones introducidas por el PP y CiU en la nueva Ley, que ponen en peligro el modelo social, democrático y de defensa de los derechos humanos, y amenazan con provocar graves fracturas sociales.
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