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Los Acuerdos de Cooperación: un fraude a la Constitución

05/12/1999 - Autor: Jadicha Candela - Fuente: Webislam
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Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España
Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España

En esta ocasión las declaraciones, tanto del Gobierno como del Rey, como expresión máxima de las instituciones españolas, se congratulaban de este paso crucial para la conformación del pluralismo religioso que establece la Constitución de nuestro país.

Con estos Acuerdos se daba por finalizada una etapa de confesionalidad católica del Estado, y se abría paso a una sociedad pluri-religiosa, fruto de la garantía constitucional a los derechos fundamentales de libertad ideológica y de culto de los individuos y de las comunidades.

Desgraciadamente las previsiones de la Constitución y del Parlamento, no han podido contrarrestar una inercia de 500 años durante los cuales se ha practicado él más estricto monopolio de la Iglesia Católica en todos los ámbitos, religioso, cultural, educacional, etc.

En efecto, después de ocho años de la firma de los Acuerdos, ninguno de los aspectos contemplados en ellos se ha podido llevar a la practica, por negarse el Gobierno a contribuir a las cargas financieras necesarias para que la Comisión Islámica española y las comunidades islámicas legalmente constituidas puedan realizar sus fines.

En contraste con esta actitud, el Gobierno destina anualmente, desde 1979, decenas de miles de millones para contribuir a las cargas de la Iglesia Católica, cantidad que cada año se incrementa sin que se imponga a su beneficiaria control alguno en su gasto.

Esta disparidad de trato no puede basarse en el contenido desigual de los compromisos estatales en los distintos supuestos, pues los Acuerdos del Estado y la Iglesia establecen un régimen transitorio que debió quedar extinto en 1989, pero que es prorrogado por voluntad política del Gobierno.

Durante este ultimo Gobierno, la diferencia de trato entre la Iglesia y las otras Confesiones se ha hecho abismal, pues mientras que la Iglesia recibe, directa e indirectamente, más de cien mil millones de pesetas, las demás Confesiones no reciben nada, a pesar de reclamar una y otra a los poderes públicos el desarrollo efectivo de los Acuerdos suscritos.

La situación de fraude a la igualdad religiosa, es contraria no solo a los preceptos constitucionales, sino también a la doctrina del Tribunal Constitucional que tiene declarado, en constante jurisprudencia, el contenido prestacional a cargo del Estado del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto sancionado en nuestra Carta Magna.

La actitud de los poderes públicos, en particular la del Gobierno, puede calificarse de fraude al modelo multireligioso de sociedad que hemos elegido los españoles de este siglo, pues impide en la practica el ejercicio de la libertad religiosa, manteniendo, de hecho, el monopolio católico que la Constitución derogó, y deberán responder por incumplir sus deberes constitucionales que les imponen remover los obstáculos que impiden el ejercicio real y efectivo del derecho fundamental de todos los españoles a la practica de sus creencia religiosas en igualdad de condiciones.


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