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Chile: caso bombas; sólo pirotecnia

El caso Bombas en Chile huele mal

06/09/2010 - Autor: Pablo Jofré Leal - Fuente: Webislam
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El Fiscal Alejandro peña. Fiscal regalón del gobierno derechista en Chile.
El Fiscal Alejandro peña. Fiscal regalón del gobierno derechista en Chile.

El sábado 14 de agosto, en un espectacular y violento operativo mediático-policial, efectuado simultáneamente en Santiago, Concepción, Temuco y Valparaíso se allanaron una serie de casas particulares y otras denominadas “Casas Okupas” en el marco de la operación jurídica policial destinada a dar con el paradero de los autores de una treintena de acciones vinculadas a lo que se ha dado en llamar “caso bombas”

La acción, ordenada por el polémico Fiscal Alejandro Peña, de la Fiscalía Metropolitana Sur, se hizo bajo el mandato de desarticular lo que ese organismo ha denominado “una asociación ilícita anarquista” y que significó la detención de la menos 14 personas entre mujeres y hombres de las más diversas profesiones y origen social.

Una asociación ilícita es, según lo define Alberto Espinoza, abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados por el Ministerio Público y el gobierno como los principales responsables del llamado “Caso bombas”, y “lideres” de esta supuesta una asociación ilícita “terrorista anarquista” “un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista que se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede percibir físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a diferencia de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que haber recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para cometer actos ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo que la construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista penal y probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar la concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren establecer esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos, subordinados, dirección, entre otras. Y este no es el caso a pesar de lo señalado por la Fiscalía”

Peña: un fiscal de altura

Para críticos del actuar del Fiscal Alejandro Peña – hijo de un también personaje público polémico como es el Dr. Ricardo Peña, conocido como “Comandante Peña” en alusión a su carácter rebelde, poco dado a la disciplina partidario (miembro del PPD) y afecto a las luces de las cámaras de televisión; dicha herencia parece haber sido trasuntado a su papel como Fiscal, pues parece estar más interesado en figurar y recibir felicitaciones del poder ejecutivo, que llevar a buen puerto su investigación. La premura en actuar de Peña es la que juega en contra, opinan políticos como el parlamentario Hugo Gutierrez, cuestión vista ya a dos semanas de asumir la investigación del caso bombas cuando detuvo a Roberto Fajardo Rubilar acusado de fabricar artefactos explosivos presuntamente con el fin de entregárselos a grupos anarquistas. Dicha detención significó la felicitación personal del Ministro del interior Rodrigo Hinzpeter quien no dudo en declarar que se sentía “muy contento con la actuación del Fiscal Peña” en oposición a los cuatro años en que el caso estuvo en manos del Fiscal Armendáriz sin resultado alguno y que significó la intervención directa de La Moneda para dar el trabajo a Alejandro Peña, un fiscal hasta ese momento, de pequeña estatura mediática.

Lo extraño, según críticos a este proceder de La Moneda y de la propia Fiscalia metropolitana Sur, entre ellos el analista Mario Silva, es que durante cuatro años el Fiscal Xavier Armendáriz investigó sin haber acusado a nadie y Alejandro Peña, a dos meses de asumir el proceso investigativo no sólo detiene a catorce personas, sino que acusa a estos de formar parte de una “asociación ilícita” para delinquir “mostrando para ello imágenes extraídas, incluso de canales formales de televisión, música de grupos como Rage Against the Machine, recortes de diarios y rayados con alusiones al término del Estado, al sistema capitalista y otras máximas que los grupos antisistemas suelen pintar , incluso posibles de observar en las habitaciones de más de alguno de nuestros hijos” señala el analista “Lo que vemos con Peña es una debilidad investigativa notoria y peligrosa con acusaciones débiles que ya han significado el que se tenga que otorgar la libertad a cinco de los quince detenidos” concluye Silva.

Tal es así que el día 31 de agosto se otorgó la libertad, por falta de pruebas en su contra a los ex miembros del Movimiento Juvenil Lautaro: Patricio Gallardo y Alejandro Rodríguez, los que habían sido detenidos por el posible vínculo que tendrían con el llamado caso Bombas. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, consideró insuficientes las pruebas de la Fiscalía Oriente y cuestionó el procedimiento para las capturas efectuadas en la población Santa Julia. El caso lo verá ahora la Corte de Apelaciones y Gallardo con Rodríguez quedarán como “detenidos en tránsito”.

Para el cientista político Cristian Meneses, lo que está pasando con el caso bombas no se había visto desde la época de la dictadura, con un grado tal de compenetración y hasta muestras de aprecio entre el más alto cargo del Ministerio del interior y un Fiscal “como la observada entre Hinzpeter y Peña. Y esto, más que hacer positivo una labor de coordinación, permite sospechar cierto contubernio, que pone en entredicho la independencia que deben tener funcionarios de un poder del Estado, para ejercer sus labores, alejados de aplausos y palmoteos cariñosos del gobierno de turno. Tal vez, y en ello citó a colegas y abogados cercanos al Poder Judicial en este denominado caso bombas se pretende mostrar la mano dura de la administración de Piñera en el combate a la delincuencia, prometida en su campaña y que pocas pruebas de eficiencia ha podido mostrar. El más pequeños de los fiscales ha servido como punta de lanza de una materia que está al debe”

Para los defensores de Peña, principalmente militantes de los partidos oficialistas y miembros del gobierno, el papel desempeñado por este Fiscal es digno de elogio. Para el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, en el trabajo de la Fiscalía se ha notado la mano firme del gobierno frente a la delincuencia y el terrorismo, destacando una diferencia con su antecesor (el Fiscal Armendáriz) “que se demoró 5 años en investigar a los responsables de ataques explosivos, mientras que ahora en sólo 5 meses se logró desbaratar al grupo que habría instalado artefactos explosivos en distintos lugares del país”. Para el senador de RN., Alberto Espina las responsabilidades, por ejemplo, en el tema de ocupación de casas fiscales – destinadas según ellos a ser “centros de poder” – es responsabilidad del gobierno anterior “que no actuó a tiempo en la detención e incluso desocupación de estos grupos desde dichos inmuebles, como fue el que ocuparan una casa perteneciente la ISP durante cinco años”

Con este número ya en circulación se debería haber resuelto en qué jurisdicción quedará radicado el caso bombas, luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago resolviera suspender la audiencia que había citado para zanjar a qué tribunal corresponde su competencia. Actualmente, el grueso de la indagatoria se tramita en el Undécimo Juzgado de Garantía de la capital cuyo juez de garantía, Juan Manuel Escobar decidió postergar la audiencia para tener a la vista los antecedentes de la formulación de cargos contra los presuntos anarquistas, efectuada en el Undécimo Juzgado capitalino, antes de pronunciarse sobre la competencia.

La Fiscalía Metropolitana Sur había comunicado al tribunal su decisión de agrupar la totalidad de los atentados en una sola causa: aquella que se sigue en el Undécimo Juzgado de Garantía y donde se formalizó la investigación por el delito de asociación ilícita terrorista para la instalación de artefactos explosivos. Al respecto, el fiscal sur Francisco Rojas explicó que esta audiencia nace a propósito de una facultad que tiene el Ministerio Público de agrupar investigaciones. La fiscalía y en ello Alejandro Peña, funda su decisión de agrupar en que la asociación ilícita terrorista planteada apunta a que hay un plan criminal donde el atentado a Chilectra, en La Cisterna, se convierte en eje vinculante con otros 23 atentados explosivos.

Sin embargo, con el paso de los días el caso bombas parece estar desvaneciéndose por falta de pruebas más concluyentes, que permitan configurar la asociación ilícita que es el gran premio de Peña y Hinzpeter. El gobierno ha comenzado a percibir, que es probable que toda la parafernalia formada en torno a este caso comience a decaer tal como las bengalas o fuegos de artificios lanzados en año nuevo, que todo se desinfle y el costo político a pagar sea mayor que deshacerse del polémico Fiscal peña y qué mejor que trasladarlo de caso, como parece ser la solución buscada. Trasladando al Fiscal peña a la Fiscalía Centro Norte para hacerse cargo de las amenazas sufridas por miembros de la comunidad judía en Chile, lo que apartaría del caso bombas al polémico persecutor.

Para el profesional Miguel Soto, abogado penalista que defiende a la imputada Candelaria Cortés Monroy – estudiante de Literatura de la Universidad Católica - las detenciones y todo lo que se ha armado en torno a este caso es producto de la “audacia del Fiscal Peña, que no tiene más pruebas que las que ya se habían reunido cuando la investigación estaba en manos de la Fiscalía Oriente. Con respecto a mi defendida no tengo que probar su inocencias, sino que sólo •me basta con desacreditar las pruebas del Ministerio Público”

Para el abogado Soto “el fiscal regional de la zona oriente demostró ser mucho más prudente y concienzudo en la recopilación de pruebas. Las pruebas le parecieron al tribunal absolutamente insuficientes como para dar lugar a la medida cautelar de prisión preventiva que había solicitado la fiscalía, vale decir, en un estándar de convicción mucho más bajo que el exigido para una sentencia condenatoria, las pruebas reunidas que se resumen en una sola prueba, no permitieron ni tan siquiera dar con el estándar más bajo, no hay ninguna presunción de participación de Candelaria Cortés-Monroy en los delitos que se le imputan”, afirmó el profesional dando un atisbo de lo débil de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Metropolitana Sur, más centrada en actividades rambescas, que de ejecutar lo que la ley determina..

El proceso judicial llevado a cabo por Peña se encuentra aún en su etapa preliminar, se calcula que al menos las investigaciones duren 6 meses antes de llegar a la etapa del juicio. Los abogados defensores han aclarado que a pesar de este plazo, se encuentran pendientes las apelaciones entabladas y que deberían determinar que los imputados sean absueltos y no llevados a juicio, en definitiva deben ser liberados y en ningún modo condenados. En una entrevista concedida al periodista Andrés Figueroa, el abogado Alberto Espinoza señaló que lo que acontece con este caso, llamado caso bombas es extremadamente preocupante pues “sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un grupo de personas en particular. Lo que hoy se está viendo amenazado por esta investigación son los derechos de los ciudadanos en general. Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los mapuches, los escolares, entre otros”. Todo indica que más que un caso bombas este mediática y bullada investigación termine reventando como un petardo chingado y ahí sonarán como cuetes, no precisamente los imputados sino que sus persecutores del gobierno y del ministerio público. Hay mucho en juego y eso lo sabe el gobierno, sobre todo su Ministro del Interior.

Estigmatizar la disidencia política

El Diputado Hugo Gutierrez, parlamentario del Bloque de tres diputados pertenecientes la partido comunista y un conocido defensor de los derechos Humanos ha sido muy crítico con el Fiscal Peña y la investigación llevada a cabo en el denominado caso Bombas. Para el parlamentario esta investigación lo que persigue es acabar con la disidencia y las formas de oponerse al modelo político y económico que impera en el país. Para Hugo Gutierrez “la persecución penal del Ministerio Público, tiene sólo un carácter simbólico: la represión que busca sancionar “por si acaso”, con una vulneración descarada de los derechos humanos de los hombres y mujeres que ha traído consigo el llamado “caso bomba”. Es precisamente esa violación de los derechos fundamentales de las personas lo que le resta seriedad al trabajo del Fiscal Peña. Los derechos de toda persona deben tomarse en serio, de no hacerlo desestima o deslegitima la persecución estatal de cualquier delito.

¿Qué pretende conseguir esta investigación? Ante esta interrogante, el diputado señala que “Las acusaciones que realiza el Estado en el “caso bomba”, a través del Ministerio Público, pretende estigmatizar la disidencia política y evitar que ésta pueda manifestarse deslegitimando la institucionalidad vigente y su racionalidad económica. De parte del gobierno se ha felicitado el buen trabajo del Fiscal peña y se habla incluso de una nueva forma de gobernar y de enfrentar los delitos ¿Comparte esa apreciación? En lo absoluto, aquí no existe una nueva forma de gobernar como tanto lo predica el gobierno de Piñera y no puede haberla pues las políticas públicas vigentes, en materia judicial son las mismas que se construyeron en la dictadura militar y afianzadas en los gobiernos de la Concertación. Lo que hay es una continuidad de las políticas públicas neoliberales y, en consecuencia, las formas de gobernar serán las mismas que las anteriores, pero con más descaro represivo.
 

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