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Ni ley divina ni legislación de la moral

La Constitución democrática y su desarrollo legal es el territorio común que ha de regir nuestra convivencia y debe proteger por igual los derechos de todos

01/08/2010 - Autor: Fernando González Hermosilla - Fuente: Webislam
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Ni ley divina ni legislación de la moral.
Ni ley divina ni legislación de la moral.

¿Es papel de un Parlamento establecer las pautas de comportamiento moral para sus ciudadanos diciéndoles cómo deben vestirse para ser dignos y dignas o a que espectáculos no deben ir para ser compasivos como es debido? ¿Debe un Parlamento laico, no teocrático, establecer la norma ética general obligatoria o más bien debe institucionalizar un marco legal para que convivan diversas morales y cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera?” (Fernando Savater, El País, 29 de julio de 2010).

Este comentario, realizado en el contexto de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, plantea y formula una de las cuestiones básicas que se debaten en el fondo del asunto de la integración de personas, culturas y religiones en una sociedad democrática y laica. Un asunto que afecta sensiblemente a la inserción social de los musulmanes en España, como se ha podido constatar en los numerosos intentos de que el Parlamento español legisle sobre la prohibición del uso de determinadas vestimentas. ¿Tiene sentido oponerse a la prohibición de las corridas de toros alegando la libertad individual para asistir a un espectáculo que puede herir la sensibilidad de muchas personas, e intentar a la vez que se prohíba el uso en público de una prenda que sólo afecta en casos muy particulares a la sensibilidad de otras? Es lo que está haciendo descaradamente el PP aprovechando la remoción de cualquier fondo emocional para ampliar su caladero de votos.

Se podrá estar más o menos de acuerdo con la moral que sustenta costumbres tan poco edificantes como que el desafío con un adversario tenga que rematarse necesariamente con la muerte de uno de los contrincantes, habitualmente el toro, y con una plástica tan agresiva como un profuso derramamiento de sangre; pero ello no justifica que un Parlamento democrático se dedique a prohibir las corridas taurinas por ley.

Se podrá estar más o menos de acuerdo con una vivencia religiosa que lleva a algunas mujeres musulmanas a su encubrimiento ante los no “familiares”, del que cabe suponer con motivo que limita sensiblemente su capacidad de reconocimiento, de expresión y de intercambio, algo de lo que disfrutan sin cortapisa alguna sus varones; pero tampoco ello justifica que se pueda imponer por ley la prohibición de esas manifestaciones de pudor, por extrañas que resulten a la cultura mayoritaria o por las suspicacias que puedan generar en determinadas personas.

Hace tiempo que se vienen poniendo en tela de juicio los distintos modelos de integración de personas de otro origen, cultura o religión que se han ido implantando en los países europeos, desde el principio de coexistencia multicultural que se sigue manteniendo en Gran Bretaña, incluso por los gobiernos conservadores, como algo inscrito en la propia tradición sociocultural, hasta los intentos de criminalización de los inmigrantes con abiertas connotaciones xenófobas que amenazan el modelo de integración italiano.

Quienes buscan una salida más solvente al agotamiento de los modelos previos, señalan hacia la interculturalidad como objetivo ideal para evitar las contraindicaciones tanto del multiculturalismo como de la exigencia de homogeneización cultural. Sucede, sin embargo, que la interculturalidad, que ha de propiciarse como deseabilidad social y fomentarse como un buen mecanismo de integración, requiere una predisposición de los sujetos al intercambio que no puede imponerse. Como no puede imponerse que los más tímidos, reservados o solitarios se relacionen con su entorno por mucho mejor que les fuera con ello.

¿Qué cabe establecer mientras tanto? Mientras los fieles de las distintas religiones se van reconociendo en una misma actitud de perplejidad, reverencia y sometimiento a lo divino, e integrando en un espacio social laico, compartido con otras personas que no se sienten llamadas ni concernidas por un reclamo sobrenatural. Mientras las tradiciones de origen, de inmigrantes y de autóctonos, sigan siendo el principal caldo de cultivo en la negociación de la identidad. Mientras, como sucede en el caso de los musulmanes, su tradición religiosa conlleve un factor de discriminación añadida, hasta el punto de ser uno de los colectivos sociales que focalizan la extremación de los mecanismos fóbicos de nuestra sociedad.

Claro que existe islamofobia, aun cuando esta actitud, alabado sea Alá, no haya alcanzado más allá de esa minoría en la que se concentra la patología social de la fobia, hacia los musulmanes, hacia los homosexuales, hacia los judíos, hacia los negros o hacia cualquiera de los colectivos sobre los que se proyectan prejuiciádamente los miedos difusos, los temores latentes o las amenazas simbólicas a la sobrevivencia del grupo o a la consistencia del sujeto. Y se ha de exigir una aplicación implacable de la ley para castigar, coartar e inhibir la manifestación de esas emociones extremas de patología social.

Pero el problema de la integración de los musulmanes en nuestra sociedad tiene un componente básico mucho más generalizable al conjunto de la sociedad española y al de los musulmanes que viven en ella. Un problema que, por mucho que las estadísticas oficiales intenten obviar y los políticos pretendan manejar, tiene una formulación clara: ¿dónde está el equilibrio entre lo que un no musulmán se cree capacitado para exigir en nombre de la cultura y moral dominantes y lo que un musulmán está dispuesto a ceder de lo que siente como su cultura y moral de origen o de adscripción? ¿Y hasta dónde ha de alcanzar la legislación en apoyo de unas posturas u otras?

La respuesta estaría bastante clara, puesto que responde al sentido común mayoritario de ambas partes, si no fuera por el mangoneo social y la manipulación política, que insisten en enfangarse sin escrúpulos en esas emociones sórdidas que forman parte de lo humano pero que la cultura ha ido descartando como parte de lo civilizado.

Numerosos estudios vienen constatando desde hace años que la gran mayoría de los musulmanes que viven en España tienen asumido que su comportamiento, como el de cualquier otro residente en España, ha de estar sometido a la aplicación de la leyes emanadas del pueblo soberano a través de sus representantes legales. Es cierto que todavía una significativa minoría sigue pretendiendo someter su conducta, e incluso la de los demás, a la denominada Ley Islámica. Y también en ese caso la coherencia con el sistema democrático ha de llevarse hasta sus últimas consecuencias: cuando una sociedad ha alcanzado la madurez de darse una Constitución común a todas sus gentes, no cabe ley divina que valga ni derecho natural que prevalezca, ni en nombre del Islam ni del cristianismo ni de una supuesta naturaleza original, por la que se pretende homogeneizar las diferentes morales que conviven en esa sociedad, supeditando unas a otras.

La contrapartida que los musulmanes exigen, en coherencia con los principios democráticos asumidos, es que la ley se aplique igualitariamente y los derechos reconocidos se protejan sin excepciones por razón de cultura y/o religión; y también poder ejercer libremente su moral religiosa y expresar públicamente su sentir tradicional en todo aquello que no entre en confrontación abierta con la ley o con la libertad de los demás.

Y no se es coherente con la aplicación igualitaria de la ley ni con la protección de los derechos que una comunidad musulmana no pueda dotarse de una mezquita digna y ostensible, porque los poderes públicos y los intereses electorales cedan a la fobia a “los moros” de determinadas personas, asociaciones o colectivos sociales. Si su proyecto de localización y construcción de la mezquita está en regla con lo requerido, no debiera cederse en manera alguna a cualquier prejuicio que lo obstruya. Y, sin embargo, la cesión a los prejuicios sociales y la discriminación por motivo religioso suele ser la pauta habitual de dilación, obstrucción y disuasión en la protección de un derecho reconocido por ley, como lo demuestra de forma paradigmática la mezquita promovida por los musulmanes de Sevilla.

Resulta también coherente con la democracia asumida que los musulmanes exijan una ley de libertad religiosa que no les discrimine en el ejercicio de dicha libertad con respecto a la moral cristiana hegemónica, y que los legisladores no abusen de la voluntad común que representan intentando legislar sobre usos y costumbres, tradiciones y morales en todo aquello que queda en el ámbito de la libertad individual de las personas o de la cohesión social de las comunidades.

Así pues los límites en los que cabe plantear el equilibrio entre la capacidad de exigencia de los unos y la voluntad de cesión de los otros, están claros para todo el que quiera entenderlos, y debieran quedar suficientemente aclarados y defendidos frente a la manipulación aviesa por parte de los intereses políticos y los absolutismos identitarios. La Constitución democrática y su desarrollo legal es el territorio común que ha de regir nuestra convivencia y debe proteger por igual los derechos de todos. Ante ello no cabe apelación alguna a una ley islámica ni a un derecho natural cristiano. Pero tampoco cabe exigir el sometimiento de una tradición minoritaria a otra mayoritaria, y mucho menos legislar a favor de una moral o en contra de otra.

Esos son los límites del sendero entre la multiculturalidad disgregadora y la negación de la diferenciación moral y/o religiosa, por el que cabe ir avanzando hacia esa interculturalidad deseable, pero que no puede resultar saludable sino como fruto de un intercambio libremente asumido y socialmente motivado.
 

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