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Una experta denuncia que la legislación discrimina por partida doble a las empleadas de hogar extranjeras

Marta pérez asegura que se vulneran sus derechos tanto por su condición de mujeres, como por su origen

19/02/2010 - Autor: S. Sagardoy - Fuente: Noticias de Navarra
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Trabajo presentado ayer en el Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES Elkartea) y realizado por la trabajadora social Marta Pérez.
Trabajo presentado ayer en el Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES Elkartea) y realizado por la trabajadora social Marta Pérez.

Las mujeres inmigrantes que trabajan en el ámbito del hogar están discriminadas por la legislación actual en un doble sentido: como extranjeras y como mujeres. Es la conclusión de un trabajo presentado ayer en el Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES Elkartea) -en el marco de las jornadas Mujeres, Migraciones y Derechos Humanos-, y realizado por la trabajadora social Marta Pérez.

El análisis se centra en las mujeres ecuatorianas, pero es extrapolable a todas aquellas extracomunitarias que realizan trabajos en el hogar. Según destacó Pérez, una primera discriminación se produce por la propia Ley de Extranjería, pero también existe otra en relación a las vías de acceso a los derechos como la regularización. La trabajadora quiso destacar que las mujeres vienen normalmente solas, como "un proyecto migratorio autónomo individual", y luego son ellas las que reúnen a sus familiares. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico lo hacen sin contrato. Esto imposibilita que puedan cumplir los requisitos legales para la reagrupación familiar. Para ellas, por tanto, este proceso resulta "doblemente costoso", subrayó la trabajadora social.

Otro problema, afirmó Pérez, es la propia configuración del sector, "feminizado y precarizado".Por otro lado, el camino es aún más difícil para las empleadas domésticas internas, que residen en la vivienda en la que trabajan, ya que el Real Decreto que legisla este sector estipula "unas condiciones de trabajo que ya de por sí son precarias: las trabajadoras no tienen derecho a paro y su cotización es de las más bajas de todos los convenios laborales. Por otra parte al sueldo básico, que se corresponde con el salario mínimo interprofesional, se le puede descontar hasta un 45% por gastos de manutención y alojamiento". La autora del trabajo matizó que "esto no significa que todos los casos sean así", pero "si aplicas a rajatabla la ley", de los 633 euros mínimos se pueden descontar 284. A estos bajos sueldos se suma otro problema: la reagrupación de los hijos en estos casos es casi imposible porque no se cumple uno de los requisitos, el de la vivienda. Por tanto, "se vulnera el derecho a la maternidad", concluyó la autora.

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