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Live to die in Guatemala

Los últimos cuatro presidentes de Guatemala ante este debate han reaccionado de la manera más camaleónica posible

26/05/2009 - Autor: Julio Abdel Aziz Valdez - Fuente: Webislam
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Manifestación en Guatemala contra la violencia
Manifestación en Guatemala contra la violencia

Largos son los debates que se han llevado a cabo en Guatemala sobre la aplicación de la pena de muerte, algunos más identificados con algunas interpretaciones realizadas a lo expresado en la Biblia que afirman “que solo Dios puede quitar la vida…” y, otros menos religiosos, desde posicionamientos más clasistas, afirman que este tipo de castigos son aplicados a personas de bajos ingresos que no poseen los recursos para agenciarse de una defensa judicial más elocuente, además se deja por un lado aquellos que con actos deleznables de robo y latrocinio afectan en su vida a más personas, condenándolas a la pobreza y enfermedad.

En fin, los últimos cuatro presidentes de Guatemala, ante este debate han reaccionado de la manera más camaleónica posible, porque mientras asumen que el creciente desarrollo de la delincuencia e irrespeto a la vida humana (más de diecisiete muertos diarios) necesita de “medidas urgentes”, en realidad le dejan al siguiente gobernante la decisión de ejecutar dicha pena y se pierde en una serie de trámites y disyuntivas ideológicas que van desde la máxima liberal de “la separación de funciones entre los poderes del Estado” hasta la falta de capacidad investigativa y litigio de la parte acusadora. Es así como se llega a la clásica frase de “esta en discusión”, pero para el ciudadano de a pie, que vive los estragos de la violencia imparable, que vio como un grupo de pandilleros en un centro de detención para menores de edad secuestran a trabajadores de dicho centro, entre ellos un maestro que impartía clases, y luego de un pequeño juicio, donde peso que el maestro, a sus casi 40 años, “ya había vivido demasiado” lo conducen a un cuarto luego de destrozarle el cráneo a golpes, le abren el pecho y extraen sus vísceras, incluido el corazón, (y como en la película Apocalipto de Mel Gibson) las esparcen y ante la vista de los medios de comunicación bailan, y no contentos con ello, en la vista pública, se oyen declaraciones de estos mismos sujetos donde no solamente no mostraban arrepentimiento, sino que justificaban dicho acto como si no hubieran tenido otra alternativa.

¿Solvencia moral en debate?

A nivel político, no es secreto que es la comunidad internacional, que es la que financia decenas de proyectos de “modernización del sistema de justicia” además de proyectos de desarrollo económico, claro, sin contar con los casi cientos de proyectos para organizaciones no gubernamentales que provienen de agencias que reciben financiamientos de los mismos Estados que todavía a inicios del siglo XX aplicaban la pena de muerte, no digamos durante la Segunda Guerra Mundial donde todos, absolutamente todos los países que hoy promueven la no aplicación de la pena de muerte la aplicaron en forma institucional o como respuesta social a los crímenes realizados por los bandos en disputa, algunos más horrendos que otros, recuerdo a los ajusticiados por el Régimen Nazi después de uno de los varios atentados que sufrió Hitler, donde los culpables fueron colgados con alambre de amarre, o el linchamiento que sufrió Benito Mussolini junto con su conviviente Clara Pentaci, que después de ser destrozados por la turba fueron dispuestos en una plaza, colgados de pies y luego sus cadáveres fueron escupidos.

Sin entrar en detalles de carácter procesal en relación a las razones, válidas o no, sobre la aplicación de tales conceptos de justicia, podríamos adelantarnos a una conclusión, las condiciones sociales, culturales y el contexto, en determinado momento, algunos más prolongados que otros, pueden ser caldo de cultivo para que las sociedades definan sus propias formas de aplicación de justicia, la cual, en principio debe de ser “pronta y eficaz”.

El relato del cómo los Estados europeos llegaron a determinar que la aplicación de la pena de muerte no es una solución pasa por el reconocimiento de este pasado, que ya no es un presente vívido, además de un sentido difícil de entender en otras partes del mundo, de constituirse como referente civilizatorio a nivel mundial. La democracia occidental abarcaba “todo lo justo para hombres y mujeres” y en ella no cabe, por supuesto, la muerte de un individuo para aplicar “justicia”, es por eso que las muertes asistidas de enfermos terminales provocan controversias que enfrentan a la misma sociedad entre la moral cristiana y la versatilidad del liberalismo ideológico.

Bajo este precepto, las economías “del primer mundo civilizado” que combina un nuevo colonialismo económico con un sentido de ampliación del horizonte civilizatorio, y aporta millones de dólares en empresas “humanitarias” y “apoyo a los Estados”, que tratan de abordar los rezagos de aquellas en materias de combate a la pobreza y por supuesto “justicia”. En tales proyectos no cabe la posibilidad de apoyar, con dinero de contribuyentes europeos, Estados que “en su rezago civilizatorio” promuevan la pena de muerte, óigame, hasta tal grado de cinismo y doble moral llega estos conceptos, que incluso abarca el apoyo con extradiciones de personas a países “que promueven la practica de la tortura”, esto no impidió que se continuara con el apoyo a la aventura militarista norteamericana a pesar de que todo el mundo sabía que practicaba la tortura en Guantánamo.

Han sido los gobernantes de pequeñas naciones dependientes, no del comercio, sino de la asistencia económica y técnica proveniente de estas naciones, los que han relativizado lo que las sociedades consideran “en su error, producto de su resabio civilizatorio”, el considerar que la pena de muerte es castigo y prevención de delitos que ofenden a la sociedad, por encima de las victimas directas, como puede ser el caso del maestro de la correccional, mencionada con anterioridad.

Instituciones de defensa de los derechos humanos que dependen del financiamiento externo (excepto la Procuraduría de Derechos Humanos que posee una partida en el Presupuesto General de la Nación) sostienen, casi contra la corriente y contra la opinión casi generalizada de la sociedad, la no preeminencia de la pena de muerte, visto desde fuera tal controversia pareciera que muchos de los que sostienen las posturas “pro vida” no están plenamente convencidos.

La pena de muerte se aplica todos los días en forma de ejecución extrajudicial, incluso aplicada de las formas más crueles, las dudas persisten en relación a la ejecución de miembros de pandillas juveniles, con numerosos ingresos en las cárceles, que según las autoridades devienen de “ajustes de cuentas por parte de otras bandas”, de la noche a la mañana, desapareció del léxico de las autoridades el concepto de “limpieza social”, o sea, grupos de sicarios pagados por vecinos, comerciantes o victimas de la delincuencia en busca de venganza o simple tranquilidad acuden a los servicios disponibles de asesinos, que por dinero pueden no solo “encargarse del problema” sino que utilizando los métodos que utilizó el Ejercito nacional y la Policía, en tiempos del conflicto armado interno, implementan actos de propaganda como es el uso de desmembramiento, cuerpos tendidos en las calles, incluso el uso de palizas y amenazas.

Estado fallido ¿hay razones para pensar en justicia?

A un lado del cadáver descuartizado de una mujer en un camino de terrecería aparece una nota que dice “por roba maridos”, esta nota roja sale unos días después de que el periódico sensacionalista de mayor circulación a nivel nacional (más de trescientos mil números diarios) muestra las fotografías de dos hombres completamente desfigurados por los golpes caminando por las calles de una comunidad y, debajo de sus brazos, dos gallinas y un pavo, vivos aún, alrededor de estos señores una turba que luego de haberles propinado una golpiza los hizo desfilar por el vecindario para que los vecinos los pudieran conocer a los “ladrones de aves”, y por supuesto la falta de tolerancia hacia el robo que esta comunidad define en cada uno de los golpes propinados.

Por anecdóticas que puedan parecer estas dos notas, se observa que los parámetros para la aplicación de castigos físicos y pena de muerte son mucho más amplias de las que la legislación pueda incluir, es necesario apuntar que los responsables de estos dos actos, al igual que otros miles que han pasado en los últimos diez años (desde la Firma de Acuerdos de Paz) no poseen responsables claramente identificables, hay una especie de aceptación colectiva que los castigos en principio era “bien merecidos” y por otro lado el reconocimiento de la incapacidad del Estado para proporcionar “justicia”.

Varios académicos, entre ellos Paul Kobrak, y otros investigadores asociados a la desaparecida Misión de Naciones Unidas para el cumplimiento del Acuerdo de Derechos Humanos en Guatemala MINUGA, insistían en identificar al fenómeno, ya aceptado y validado, de los linchamientos como remanentes de las estructuras sociales formadas por el Ejército, que en algo tenían razón, sin embargo no llegaron a predecir que prontamente estos mecanismos serían reconocidos por la sociedad como válidos y, he acá lo controversial de mi posición en relación a este fenómeno: resulta más fácil, ahora, regular las penas que incluyen castigos físicos en las comunidades, que desarrollar el concepto de aplicación de justicia para todos, ya que ha sido el mismo Estado el que sus contradicciones entre lo que dice y hace, ha socavado la base del reconocimiento popular del sistema, su credibilidad.

El linchamiento es un mecanismo excelente de aplicación de justicia dentro de contextos de ingobernabilidad, no particulariza responsabilidad sobre la ejecución física del acusado, y posee la validación de la voz pública de la multitud, sienta un precedente para los “otros” que incurran en el delito identificado por la comunidad como merecedor de pena de muerte por linchamiento.

La letra con sangre entra

La aplicación de los castigos físicos y la muerte, tiene que ver con parámetros de “lo correcto” y lo “incorrecto”, mucho de ello atravesado por cosmovisiones permanentes en el colectivo algunas de origen maya (las menos) y otras judeo-cristianas relacionadas a la aplicación del “ojo por ojo”, “la ley de Talion”, “con al misma vara serás medido y una cuarta más”, “la paga del pecado es la muerte”, y las máximas definidas en los diez mandamientos pertenecientes al Antiguo Testamento ejemplo: No Robaras, No desearás la mujer de tu prójimo, No levantarás falsos testimonios, combinado con los vacíos producidos por la falta de aplicación de castigo hacia los crímenes ocasionados durante el conflicto, (tanto del Ejército como de las guerrilla) alimentan una cultura altamente explosiva.

Al guatemalteco promedio se le caracteriza como ensimismado y cordial, pero poco expresivo y hospitalario, contradictorio en cuanto a su reacción al dolor humano, no eleva su voz de protesta cuando el piloto y el ayudante de un bus urbano lleva música a todo volumen y con se refieren a los pasajeros con improperios y palabras soeces, cuando alguien sale del común y protesta los mismos pasajeros se molestan por los atrasos y por inyectarle más “leña al asunto”, ese pasajero y pasajera hierve de rabia por la impotencia, pero al final del día y ve el recuento en la nota roja sobre el homicidio de pilotos y sus ayudantes, a pesar de sentirse en indefensión, pasa por su cabeza circula la idea: “es que algunos de ellos se lo merecen”, “ojalá los mataran a todos”, “que sea por lo mal que se portan con los viejitos”, “por qué no matan al desgraciado que grita en el bus en el que me voy todos los días”, solo los colegas del difunto salen a las calles a gritar su muerte, la población pasa a la par y no deja de sentirse hastiados de la falta de transporte, ¿paradójico verdad? Porque en ese momento, los sicarios se convierten en justicieros, no así los ladrones que a diario asaltan a los usuarios de los miles de buses.

El 18 de marzo se observó una nota que impacto al autor de este ensayo: suben a un bus dos ladrones que luego de las acostumbradas amenazas con armas de fuego inician el despojo de las pertenencias a los atemorizados usuarios, cuando de repente un pasajero blandea una pistola y, en una maniobra digna de un comando dispara contra los delincuentes quienes quedan tendidos dentro del bus, este hecho se repite desafortunadamente casi a diario, no tendría nada de raro, si no fuera por el hecho que los delincuentes quedaron heridos y, fueron los mismos asaltados, los que pidieron al “vecino vengador” que los ejecutara ahí mismo, a lo cual accedió, y luego de rematarlos se dio a la fuga con vítores que emergían dentro de las conciencias amenazadas de los vecinos.

La muerte pasa al frente, se respira en el bus, en la calle y se pasea frente a las puertas de las viviendas cada vez que se pone doble cerradura al cerrarla en la noche. Mientras las elites intelectuales conservadoras y las políticamente correctas se enfrascan en el debate cuando se produce sobre la pertinencia o no de la pena de muerte.

Informes internacionales frente a la aplicación del castigo

Fueron numerosas las menciones que MINUGUA realizó en el tema de los linchamientos y sus efectos en la gobernabilidad del país e hicieron una serie de observaciones tendientes a acabar “con este flagelo”, sin embargo estos funcionarios, de paso por Guatemala, no llegarían a visualizar que la forma como evolucionó el linchamiento, como arma política.
Hoy en día esta reconocido como método de aplicación de justicia, y presión político-social en gran parte de las comunidades indígenas en Guatemala (sobre todo en las más alejadas de los centros urbanos), a tal grado que las instituciones y personas individuales ajenas han revisado y modificado sus normas de comportamiento en las comunidades, resulta ser igual o más peligroso hoy que en el tiempo del conflicto armado el circular “en forma sospechosa en algunas comunidades”, y esto no solo es para los indígenas, en el oriente mestizo de Guatemala, a raíz del descuartizamiento de una niña, para que las comunidades acepten la presencia de “extraños” tienen que tener el permiso escrito de parte de autoridades locales, de lo contrario se arriesgan a ser capturados y ocasionalmente linchados.

Son este el ciudadano promedio que apoya la aplicación de la pena de muerte, de los que salen del bus y ven de reojo el cadáver de un piloto sobre el timón, o un ayudante sobre el asfalto de la calle y luego de rodear se suben en el próximo autobús, el promedio de los que no se involucrarían en parar un linchamiento, de los cuales hay muy pocos.

De latigazos al galón de gasolina

En medio de la vorágine de violencia, el Procurador de los Derechos Humanos anuncia que luego de más de tres años de investigaciones en los archivos muertos de la extinta Policía Nacional, por fin estos estarían abiertos al público y se adelanta que la información que proporcionan luz a los métodos de represión que utilizaron los gobiernos militares. Casi tres días después la esposa del Procurador es secuestrada y luego de tenerla casi un día retenida, la dejan en libertad con claras evidencias de haber sido sometida a torturas físicas y psicológicas.

Al día siguiente de haber salido a luz este hecho, fueron muchas las personas en la calle que opinaban: “bueno estuvo, espero que ahora sepa lo que sufrimos los vecinos ante la delincuencia”, y es que no son raras las acusaciones de que “los derechos humanos” “defienden a los delincuentes”, como aquellos que destazaron a su profesor frente los periodistas.

Estas declaraciones contrastaban con las voces de instituciones internacionales que no perdieron el tiempo en condenar este acto (incluso le han ofrecido a la secuestrada un tiempo después fondos para desarrollar acciones a favor de personas que han sufrido este tipo de vejámenes) pero que no obtuvo el eco similar a nivel local, primero porque la violencia es cotidiana y la paranoia no es una opción para continuar con la vida, pero además porque muchos están convencidos en que la “solución final ” para la delincuencia, especialmente la derecha liberal con fuertes nexos con ex -oficiales del Ejercito que estuvieron involucrados en actos criminales durante el conflicto armado interno (que finalizó en 1996).

La pena de muerte, en el debate ideológico, ha sido caldo de desavenencias entre liberales y conservadores, entre izquierda y derecha, entre cristianos “institucionales” y cristianos de “a pie”, entre la injerencia neocolonial y los resabios pre-civilizatorios, bueno, el debate no considera que países como Cuba y China mantienen viva la pena de muerte, países valuarte del comunismo de nuevo siglo, Estados Unidos como valuarte de la “Democracia”, Irán y Arabia Saudí referencia de sociedades que se asumen como musulmanas.

Contradictoriamente en países de mayoría cristiana como sería Guatemala, El Salvador y Colombia, en America Latina, las penas de muerte no se practican, pero entre los tres acumulan más ejecuciones extrajudiciales que en todos los países que se pueden realizar en China, Arabia Saudi e Irán juntos. Muchas de estas ejecuciones provienen de parodias de juicios populares, o particulares como la mujer que fue descuartizada por sostener una “relación adultera con un hombre casado”, o como los pandilleros que descuartizan a un docente “porque ya había vivido mucho”, y que el Estado refrenda con su incapacidad de poder aplicar “justicia pronta”.

En Guatemala, ha habido afirmaciones, desde lo políticamente correcto, acerca de quienes apoyan la pena de muerte son “ignorantes”, “manipulados”, “conservadores”, o simplemente de derecha, porque el que cree que un ser humano puede ser castigado con la muerte por delitos execrables no puede creer en la justicia para los pobres, en la libertad de expresión, en la ternura, y el amor de Dios para la humanidad, por lo tanto los que objetan tal pena, se convierten en humanistas, y se asumen por encima de la ignorancia, esta es una de las razones por las que las organizaciones de Derechos Humanos se ven en la necesidad de llevar el agua del racionamiento sobre lo injusta de esta idea de aplicación de justicia, contradictoriamente, a la opinión pública.

Epílogo

Al finalizar este artículo asesinan en la calle a un abogado perteneciente a la elite racial, económica y cultural de Guatemala (Rodrigo Rosemberg), este era en apariencia un hecho que se sumaba a los catorce homicidios diários pero a los dos días surge un video con declaraciones del ahora fallecido donde acusaba al Presidente de la República junto con otros funcionarios públicos sobre su muerte, y cuando se vieron por primera vez manifestantes de cuello blanco en las calles del centro capitalino exigiendo justicia, surgieron acusaciones en contra de estos manifestantes por ser "blancos", "burgueses", la muerte tan cotidiana adquirio color y posición social, el debate no era en relación a la impunidad sino sobre la alaharaca que los ahora afectados esgrimían, después de cientos (miles) de muertos diários, el reino de la muerte se instauró, por fin la muerte diaria alcanzó los niveles de discusión como los del conflicto armado que finalizó aparentemente en 1996. 

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