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A la tercera, guillotina digital

Ya sólo falta el mero trámite de aprobación en la Asamblea de Francia, tras su aprobación por e Senado

23/01/2009 - Autor: Rau Fernández - Fuente: Diagonal
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Cada día, mil ciudadanos verán clausurado su acceso personal a internet
Cada día, mil ciudadanos verán clausurado su acceso personal a internet

A pesar de ver frenado el intento de extensión de su proyecto contra las redes de P2P a la Unión Europea, Nicolas Sarkozy no ha abandonado sus planes para restringir el servicio de internet a sus usuarios.

El Senado francés ha terminado por aprobar el proyecto de ley que permitirá cercenar el acceso a internet de aquellos usuarios a los que se acuse, mediante los famosos “tres avisos”, de violar la propiedad intelectual por intercambiar archivos en redes P2P.

A falta del mero trámite de ratificación en la Asamblea Nacional, el plan aprobado el 29 de octubre prevé arrancar con el envío diario de 10.000 correos electrónicos a los usuarios más activos. Si esta primera llamada de atención no disuade al internauta, recibirá un segundo aviso mediante correo certificado con acuse de recibo para que cese en su actividad. La ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, explicó ante su comisión que se enviarán 3.000 advertencias diarias a los usuarios que no desistan. Finalmente, cada día, mil ciudadanos verán clausurado su acceso personal a internet durante períodos que oscilan entre los tres meses y un año.

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, cree que estamos ante un debate que “no afecta sólo a las redes P2P, sino que es una cuestión de libertades civiles”. La propiedad intelectual puede ser muy respetable, “pero los derechos fundamentales están por encima”. Conquistas básicas como libertad de información, la intimidad, la privacidad de las comunicaciones se ven cuestionadas de manera reiterada: “Antes, la excusa era la lucha contra el terrorismo, pero ahora es simplemente una defensa de intereses corporativos”, lamenta Domingo.

De nada ha servido en Francia el frenazo de la Unión Europea al propósito del presidente francés, Nicolás Sarkozy, de extender su iniciativa a todos los países miembros. Bruselas rechazó asumir como propio el ejemplo francés e insiste en que sólo una autoridad judicial, no las autoridades administrativas, puede ordenar el corte de un acceso a internet.

Las vicisitudes técnicas de la medida pueden suponer un quebradero de cabeza para las autoridades, las empresas suministradoras y, naturalmente, los usuarios. A las dificultades para identificar personalmente a un supuesto infractor (múltiples usuarios pueden compartir un mismo punto de acceso la red y un mismo equipo informático) se une el temor a que el corte de un acceso repercuta también los servicios de telefonía fija o televisión, que hoy día suelen suministrarse en paquetes conjuntos. Por el momento, la cartera gala Cultura prevé una partida de 3,5 millones de euros para acometer las medidas técnicas necesarias compensar a las empresas por los gastos que les suponga perseguir, identificar, advertir y castigar a sus propios clientes.

Domingo se alegra de que, “por ahora”, no cunda el ejemplo francés: “De momento, hemos ganado una primera batalla con las medidas de la UE que amparan al usuario, pero estamos seguros de que volverán a la carga y habrá que pelear de nuevo ante las próximas elecciones europeas”.

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