webislam

Sabado 4 Julio 2020 | As-Sabat 13 Dhul-Qaadah 1441
2028 usuarios en linea | Español · English · عربي

WebIslam.com

» Artículos

?idt=11883

Los intocables

No es que la democracia no haya llegado a la judicatura, como dicen algunos cursiles. Lo que no ha llegado es la justicia

01/01/2009 - Autor: Agustín Vega Cortés - Fuente: Webislam
  • 1me gusta o estoy de acuerdo
  • Compartir en meneame
  • Compartir en facebook
  • Descargar PDF
  • Imprimir
  • Envia a un amigo
  • Estadisticas de la publicación

Fotografía de archivo fechada el 22/01/08 de Irene Suárez (c), la madre de Mari Luz Cortés. - EFE
Fotografía de archivo fechada el 22/01/08 de Irene Suárez (c), la madre de Mari Luz Cortés. - EFE

Dicen que es por puro corporativismo por lo que los jueces del CGPJ han votado en contra de sancionar más severamente al juez Tirado. El juez que por no cumplir con su obligación de encarcelar a un pederasta con sentencia firme, hizo posible que ese monstruo secuestrara y asesinara a la niña Mari Luz.

Según el DRAE corporativismo es “la tendencia abusiva a la solidaridad interna y a la defensa de los intereses del cuerpo, en un grupo o sector profesional” . O sea, que en cierta forma, resultaría bastante correcto definir así el comportamiento de sus señorías los magistrados. Sin embargo, como resulta que ese término puede aplicarse con la misma intención a los maestros de escuela, a los taxistas o a los repartidores del butano, no creo que sea totalmente adecuado para el caso de los jueces, ya que, a mi entender, no son simples y legítimos intereses profesionales ni la comprensible solidaridad interna, lo que la llevado a los miembros del CGPJ a cerrar filas en la defensa de un compañero. Prueba de ello es que con anterioridad a este caso, han impuesto sanciones muy duras, con varios años de suspensión de empleo y sueldo, a diversos jueces y magistrados, por faltas de menor gravedad, al menos en sus consecuencias, que la del Juez Tirado. Basta con citar tan solo algunos de estos casos de suspensión de funciones, para demostrar hasta que punto, en esta ocasión, se ha utilizado una vara de medir muy distinta.

En 1995, al Magistrado Ismael Kiran Ordaz, de Madrid, se le suspendió durante un año por retrasos en los procedimientos “injustificados y reiterados” . En 1996, se suspendió por otro año al Juez Moreiras, por revelar a la prensa asuntos relacionados con la causa abierta contra Mario Conde. En el 2001, otro Juez, José Ramón Manzanares, fue apartado de su cargo por retrasar la concesión de permisos carcelarios a los reclusos. En 1999, el Juez Gómez de Liaño, fue prácticamente expulsado de la carrera, acusado de prevaricación en la instrucción del caso Sogecable. El que fuera presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de San Sebastián, el juez Luís Blázquez, fue suspendido de sus funciones por criticar a una colega en un periódico. También la jueza de Marbella, Pilar Ramírez, fue sancionada con expulsión, en el año 2000, por no abstenerse en causas judiciales que afectaban a su familia, o, mejor dicho, al dinero de su familia. También ese mismo año, fueron apartados de sus cargos durante unos meses dos magistrados: Manuel Gutiérrez Luna y Luís Alfredo de Diego, por tener una bronca en público. El Juez José Emilio Coronado, fue sancionado con 7 días de suspensión por no prestar atención a un caso de malos tratos. Hace algunos años, otros tres magistrados de la Audiencia Nacional Fueron suspendidos de funciones por excarcelar a un importante narcotraficante que iba a ser condenado a muchos años de prisión. Le dieron un permiso carcelario unos días antes del juicio y, claro, aun lo están esperando. En el 2003,una jueza de vigilancia penitenciara de Madrid, Maria del Prado Torrecillas, fue igualmente apartada de sus funciones por presionar al director de la cárcel de Alcalá Meco para que le concediera el régimen abierto a Mario Conde. A Carlos Almeida, un juez de Cornella, al que la grúa municipal había retirado su vehiculo por entorpecer el trafico, no se le ocurrió otra cosa que dictar un auto judicial ordenando a la policía municipal que le devolviera su coche y sin ningún tipo de sanción. Eso le costo una sanción mucho mas grave: un año de suspensión de funciones.

Así podrimos seguir relatando varios casos más en los que jueces y magistrados han sido apartados temporalmente de sus puestos por cometer faltas graves. Algunas de ellas muy serias, como es el caso de los tres miembros de un tribunal de La Audiencia Nacional, que dejaron en libertad a un importante traficante de drogas para que se fugara. Otras son de menor entidad, como el caso del juez que ordenó a la policía que le devolviera su coche. Pero en todo caso, ninguna de esas negligencias, prevaricaciones o abusos de poder, llegaron jamás a provocar una tragedia de la magnitud de la ocurrida con la hija de Juan José Cortes. Pues la relación causa efecto entre la negligencia judicial que permitió que un criminal como Santiago del Valle estuviera en libertad y la muerte de Mari Luz , es algo que no admite la menor duda. Por lo tanto, y para hablar con propiedad, podemos decir que dicha negligencia fue la causante indirecta de esa muerte, pues de haber estado el asesino donde tenia que estar, o sea, en la cárcel, esa niña aun estaría viva. Hay una clarísima responsabilidad del juez en ese crimen. Lo dice el sentido común; lo dice la ley y lo dicen los tres millones de firmas que el padre de la niña, Juan José Cortes ha llevado a Zapatero. (Que pena de tantas firmas para una clase política tan ajena a la gente) Y también lo diría el pueblo entero, si tuviera la ocasión de hablar.

Entonces, ¿cuales son, a mi entender, los motivos reales que llevan a estos mismos magistrados, (bueno, no son los mismo, pero son iguales), a no admitir, ni tan siquiera, que el Juez Tirado sea merecedor de una mínima sanción que valla mas allá de las 250.000 Ptas. de multa que ya le habían impuesto?

La razón es que, a diferencia de los anteriores, este caso no es algo interno de los jueces. No estamos ante un asunto más de desidia, o corruptela, que ellos no dudan en sancionar con más o menos rigor, dependiendo de su gravedad. Son casos que apenas transcienden a la opinión pública. Y si lo hacen son agua de un día. Para nada menoscaban la sagrada infalibilidad de la que históricamente ellos mismos, han investido sus decisiones y sobre la que se sustenta el inmenso poder que tienen.

El caso Mari Luz es muy diferente: Por primera vez en la historia de España, estamos ante un desafío a ese poder omnímodo de los jueces. Además es un desafío que no está planteado por otro de los poderes del Estado, como pudiera ser el Parlamento o el Gobierno, pues de ser así, se podría resolver en los fastuosos despachos donde se desdibujan las sutiles y sinuosas líneas separadoras de los poderes, que Montesquieu tiempo atrás, propusiera claras y vigorosas, sino que ese desafio ha sido planteado directamente, por el pueblo. Un pueblo movilizado y representado, en este caso, por una sencilla familia gitana a la que el inmenso dolor por la muerte de su hija, le ha convertido, sin pretenderlo, en el símbolo de la lucha por una justicia al servicio de la sociedad. Una familia que solo con sus propios medios, ha recorrido el país de punta a punta pidiendo justicia. No para ellos, sino para todos. Pidiendo seguridad, no para su niña para la que ya es tarde, sino para todas las demás niñas. Y lo han pedido con un mensaje de decencia y de compromiso, expuesto con una voz tan serena y tan carente de rencor, que ha resultado más enaltecedora que el más encendido de los discursos. Tres millones de firmas que bien podrían haber sido el doble o el triple, ha sido el guante con el que Juan José Cortés y su familia, han desafiado a un sistema judicial rancio e ineficaz, hundido en la desidia y la prepotencia y a una clase política instalada en la puerilidad y el hedonismo del poder por el poder sin otra pretensión que mantenerlo o alcanzarlo. Una clase política, que, al fin y al cabo, es la verdadera responsable de que no se hayan llevado a cabo las reformas legales necesarias para dotar a nuestro país de un sistema judicial digno.

La primera reacción de los jueces a ese desafío, fue la huelga encubierta e ilegal que llevaron a cabo el día 21 de octubre. La segunda ha sido la negativa del CGPJ a sancionar al Juez Tirado.

Aquí, por lo tanto, no se está dilucidando una sanción más o menos severa a un juez incompetente o irresponsable. Aquí se está cuestionando el poder de una casta de intocables, situados por encima del bien y del mal, que solo responden de sus actos ante ellos mismos y que no están dispuestos a que eso deje de ser así jamás. Y no se trata de progresistas o conservadores. Eso no es más que una falacia inventada para justificar el reparto del poder entre las distintas camarillas más o menos cercanas a uno u otro partido político. De los siete miembros del CGPJ que han discrepado de la postura mayoritaria de apoyo al Juez Tirado, cinco son abogados y fiscales de un total de 7 miembros que no son jueces y solo dos jueces de un total de 14 que si lo son.

No es que la democracia no haya llegado a la judicatura, como dicen algunos cursiles. Lo que no ha llegado es la justicia.

Agustín Vega Cortés es presidente de Opinión Romaní
Anuncios
Relacionados

El malentendido de la sharia

Artículos - 22/10/2005

El sentido de la paz en el siglo XXI

Artículos - 16/01/2007

Eurocentrismo

Artículos - 25/12/1997



play
play
play
play
play
play
play
play

 

 

Junta Islámica
https://www.webislam.co/articulos/35185-los_intocables.html