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Estados Unidos y empresas multinacionales financian a grupos paramilitares en Bolivia

De fondo, el control de los recursos naturales de la zona más rica del país

09/10/2008 - Autor: Fernando Molina Cortés - Fuente: Diagonal
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Las cuantiosas agresiones recibidas por la población civil a manos de estas fuerzas de choque tuvieron como colofón la matanza producida en el munic
Las cuantiosas agresiones recibidas por la población civil a manos de estas fuerzas de choque tuvieron como colofón la matanza producida en el munic

La masacre de El Porvenir, en la región de Pando, en el que fueron asesinados al menos 18 indígenas, se convierte en un capítulo más de la lucha de las élites tradicionales del país, que rechazan perder sus privilegios.

Los sucesos de las últimas semanas en Bolivia encendieron las alarmas. Durante días, grupos paramilitares se hicieron con el poder en las calles de las principales ciudades orientales sin apenas oposición de la policía, desbordada por la organización de estos grupos. Los saqueos de numerosos edificios y las cuantiosas agresiones y palizas recibidas por la población civil a manos de estas fuerzas de choque tuvieron como colofón la matanza producida en el municipio El Porvenir, en la región de Pando, con un saldo de 18 campesinos asesinados con armas automáticas, 30 heridos y un centenar de desaparecidos.

El principal grupo de choque, y causante de la violencia, son las Uniones Juveniles. La más organizada y violenta de ellas es la Unión Juvenil Cruceña (UJC), una organización compuesta por jóvenes del entorno del Comité Cívico de Santa Cruz. Según uno de sus dirigentes, cuenta con 85.000 militantes, más del doble de los efectivos de la Policía Nacional boliviana. El discurso de la UJC defiende las “causas autonomistas” : negación de la nueva Constitución, reivindicación de la autonomía regional y gestión total del impuesto de hidrocarburos (IDH). Sus miembros se preparan para convertirse en una auténtica fuerza armada ante una posible secesión de las regiones orientales del país. Los últimos sucesos parecen demostrarlo. Durante el referéndum de autonomía del pasado 4 de mayo, sacaron a la calle unos 5.000 miembros sólo en la ciudad de Santa Cruz, con el fin de “defender” la libre votación.

“En cada mesa de sufragio estarán 20 chicos”, dijo el vicepresidente del grupo. En Santa Cruz, llevan varios años convirtiéndose en el poder fáctico en las calles, obligando a una mayoritaria población indígena a acatar los paros decretados por las autoridades regionales y derrotando muchas veces a la policía. En los últimos incidentes tomaron simultáneamente instituciones públicas y las defendieron durante horas. Las denuncias de las víctimas de su violencia, mayormente de origen indígena, quedan impunes judicialmente. Incluso se regocijan negando la evidencia de las pruebas gráficas de sus ataques. “El Gobierno copió la indumentaria de la Unión Juvenil y pagó a gente para que pegaran con nuestra indumentaria”, explica el presidente de la UJC, David Sejas. Apenas días después de la toma de instituciones públicas, de nuevo Sejas declaraba : “Tenemos una lista de instituciones que serán tomadas en los siguientes días, no tenemos miedo de enfrentarnos a la policía”. En junio del año pasado, uno de los líderes de la UJC, Wilberto Zurita, había propuesto crear un “ejército democrático”. El ex comandante de la Policía regional, Wilfredo Torrico, afirmó a la prensa local estar preparándoles para ello : “Nos vamos a reunir por las noches en las canchas para entrenarnos para las movilizaciones y la propia vigilia de los recintos electorales”. Zurita añadió que “será un ejército democrático, sin propósitos sediciosos, en defensa de la autonomía, del Estado de derecho y la democracia”, pero “si el Gobierno quiere enfrentamiento lo tendrá, si se rompe el Estado de derecho tendremos que salir al frente”.

Estos grupos de choque están íntimamente ligados a los Comités Cívicos. Según la investigadora Carmen Sandoval, “la UJC fue creada por miembros del Comité Cívico de Santa Cruz”, con el que comparte no sólo el mismo discurso ideológico, sino también sede en el mismo edificio. El propio presidente de la UJC, David Sejas, lo reconoce : “Somos el brazo gestor del Comité Cívico en todas las decisiones que toma”. Su financiación proviene de aportaciones de empresarios, prefecturas y miembros de los comités. Los Comités Cívicos son asociaciones de entidades agropecuarias, ganaderas, empresariales y cofradías religiosas, unidas para canalizar los mensajes políticos que defienden sus intereses corporativos. Branco Marinkovic, presidente del autonomista Comité Cívico de Santa Cruz (CCSC), además de ser un importante empresario agroexportador, director del Banco Económico y alto cargo de varias patronales empresariales, es también accionista de la compañía petrolera Transredes, filial de la Shell. Aunque Marinkovic no ha sido elegido en ninguna elección democrática, su incidencia y presencia en la vida política del país supera incluso a la del propio prefecto regional.

Comités Cívicos y patronales
Los sectores empresariales y los Comités Cívicos se retroalimentan mutuamente. Los primeros financian las movilizaciones políticas de los segundos, y los segundos difunden y exigen al Gobierno central las demandas favorables para los intereses económicos de los primeros.

El nexo de unión entre los Comités y las multinacionales petroleras es evidente. Éstas últimas contratan como ejecutivos a profesionales cruceños vinculados a las patronales (muchos de ellos ex cargos políticos del antiguo régimen), de tal modo que las petroleras están presentes en los directorios de varias patronales empresariales, las cuales están integradas en los Comités Cívicos. Según un informe elaborado por la ONG Acsur-Las Segovias, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), patronal petrolera dirigida por Repsol YPF y Petrobrás, “es miembro activo del Comité Cívico Pro Santa Cruz”. Luis García, vicepresidente de Andina, la filial de Repsol YPF en Bolivia, es también director de la CBH, la cual resalta en su web que uno de sus objetivos es “representar a la industria petrolera en los diferentes ámbitos de acción política”. El analista Fernando Garcés insiste en ese nexo entre multinacionales y las prefecturas pues éstas “han asumido la representación de la oligarquía y buscan un desplazamiento del eje político desde lo nacional a lo regional, siempre en estrecha relación con las trasnacionales”. Luis Gómez, de la revista Brecha, afirma respecto a los Cívicos cruceños y miembros de la Prefectura que “son una treintena las familias de la oligarquía que se reparten Santa Cruz. Los apellidos se repiten entre la CBH, los directivos de las petroleras y los miembros del Comité Cívico”.

EE UU apuesta por la desestabilización

Siguiendo la conexión entre los grupos de choque y otros actores del conflicto, el Gobierno boliviano e innumerables analistas acusan a Washington de estar detrás de los intentos de secesión de la mitad oriental. La injerencia norteamericana se realiza a través de la agencia USAID. El propio administrador de la agencia en 2003, Andrew Natsios, reconoció que “los contratistas privados financiados por la USAID son un brazo del Gobierno de EE UU”. En 2004, un año antes de la llegada de Evo, la USAID abrió en Bolivia la Oficina de Iniciativas de Transición para, supuestamente, ayudar a “reducir las tensiones en zonas de conflicto social y apoyar al país con la preparación de los eventos electorales”. Según la abogada Eva Golinger, se concertó con Casals & Associates, una de las empresas estadounidenses con más contratos con el Ejército estadounidense, la ejecución de proyectos por 13,3 millones de dólares para “reforzar los gobiernos regionales”. La USAID indica en su web que su objetivo es armar en Bolivia proyectos que “fortalezcan las capacidades de los Gobiernos regionales para generar ingresos”. Presume de haber logrado “diagnósticos de desconcentración de la gestión para algunas prefecturas”. Esto demuestra que se está apoyando abiertamente un proceso de descentralización que el Parlamento boliviano ni siquiera ha aprobado. Su proyecto de “Fortalecimiento de Instituciones Democráticas”, tiene una subvención de más de 2,6 millones de dólares y lo está implementando Chemonics International, una contratista que fomenta la “gobernabilidad económica” en Iraq con proyectos de 60 millones de dólares.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que en 2007 81 millones de dólares portados por USAID escaparon del control de las instituciones bolivianas y estimó que el 70% de ese dinero fue para sueldos de altos cargos de las organizaciones ejecutantes, casualmente todos ellos miembros de anteriores gobiernos bolivianos. Asimismo, denunció que los fondos de los proyectos desarrollados en Santa Cruz por USAID llegan, sin ningún control gubernativo, a las manos de Juan Carlos Urenda, el principal ideólogo de la propuesta autonomista del Comité Cívico de Santa Cruz, además de ser asesor y delegado de la Prefectura cruceña durante la Asamblea Constituyente.

EE UU también financia a entidades en Bolivia a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Creada a comienzos de los años ‘80, la NED pretende “apoyar organizaciones favorables a la democracia alrededor del mundo”. Sin embargo, históricamente, su agenda ha coincidido con la de la política exterior de Washington. En Bolivia, según Eva Golinger, la NED subvencionó con más de 110.000 dólares a proyectos que analizan los “efectos económicos de las reformas propuestas en la Asamblea Constituyente”, con 40.500 dólares para “financiar a diferentes representantes de la sociedad civil durante la Asamblea Constituyente” y con 200.000 dólares para promover el “diálogo entre ciudadanos y funcionarios sobre la Asamblea Constituyente”.

Según Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas del Reino Unido “al proveer ayuda clandestina a grupos que casi seguro están en la oposición, da la impresión de que Washington está contribuyendo a desestabilizar al Gobierno boliviano”. Ya en 1991, Allen Weinstein, uno de los fundadores del NED, confesó en un artículo publicado en The Washington Post que “mucho de lo que hoy hacemos lo hizo secretamente la CIA durante 25 años”.

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