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Querella contra militares israelíes por un bombardeo en Palestina en la Audiencia Nacional española

Esta querella se presenta en la Audiencia Provincial promovida por el Centro Palestino de Derechos Humanos

10/07/2008 - Autor: A. Segura, G. Boye, R. Maillo, J. Moreno - Fuente: CSCAweb
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Este es el primer caso que se presenta en España en búsqueda de justicia para las víctimas civiles de la ocupación israelí.
Este es el primer caso que se presenta en España en búsqueda de justicia para las víctimas civiles de la ocupación israelí.

Esta querella se presenta en la Audiencia Provincial promovida por el Centro Palestino de Derechos Humanos – y en su nombre Raji Sourani - en representación de seis familiares de los palestinos asesinados el día 22 de julio del año 2002, por una bomba de una tonelada de peso lanzada por la aviación israelí sobre el populoso barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza. En Israel ha sido infructuoso enjuiciar a los acusados, correspondientes a la cadena de mando de dicha operación de terrorismo de estado, ante la evidente política de impunidad que ejercen los ocupantes.

Diversas organizaciones sociales y de solidaridad, entre las que se encuentran la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, han facilitado el trabajo del Centro Palestino en la elaboración de la documentación, traducción y recopilación de pruebas que se presentaron ante los abogados citados para que se procediera a la presentación de la misma. Caso en el que hemos trabajado todos conjuntamente durante dos años. Por fin, el día 24 de junio, se ha presentado la querella, esperando que, tras el juicio correspondiente, la sentencia de satisfacción política, moral y económica a las víctimas y sirva como aliciente para impedir la impunidad israelí.

Las acciones coordinadas que están llevando a cabo las organizaciones sociales y solidarias en Palestina y en Europa vienen a llenar el vacío que ha dejado la Comunidad Internacional en el tema palestino, es más, suplantan a los gobiernos en su búsqueda de la justicia, mientras que estos mismos gobiernos, haciendo dejación de su papel político, se dedican a reuniones de donantes, actuando como simples organizaciones humanitarias que no tratan, en ningún caso, de resolver el problema de fondo: la ocupación de Palestina y toda la cadena de crímenes que se vienen cometiendo con total impunidad sobre la población civil palestina y sus bienes.

El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza ha iniciado y lleva casos abiertos por las acciones del ejército israelí en países tan diversos como Gran Bretaña, Estados Unidos Nueva Zelanda, Suiza y Holanda. Este es el primer caso que se presenta en España en búsqueda de justicia para las víctimas civiles de la ocupación israelí. (Nota al Quds-CSCA)

En unos momentos en que muchos se cuestionan los ataques indiscriminados que realizan las fuerzas armadas israelíes en contra de la población palestina, estamos ante la primera ocasión en la historia judicial europea en que se presenta una querella criminal en contra de personas que, por su condición de funcionarios dentro del Gobierno de Israel, y por su propia actuación personal aparecen como responsables de unos hechos incardinables entre otros en el artículo 611 del Código Penal español.

No se trata de una querella en términos generales sino que:

a.- se presenta en nombre y representación de víctimas directas de los ataques o de sus familiares más cercanos en los casos de las personas asesinadas,
b.- se dirige específicamente en contra de las personas que aparecen como responsables directos tanto en la cadena de mando como en la propia ejecución del hecho, y
c.- se interpone en España en cumplimiento de la legalidad nacional y de los compromisos internacionales suscritos por España.

Los hechos objeto de esta querella criminal sucedieron el día 22 de julio del año 2002, entre las 23.30 y las 24.00 horas, cuando un avión de combate israelí F16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de la Ciudad de Gaza. Según han manifestado los funcionarios israelíes el objetivo principal de dicho ataque era la casa de Sala Shehadeh, quien era sospechoso de ser un comandante de Hamas, por lo que el objetivo confesado de dicha misión era asesinarlo.

Si bien la casa de Sala Shehadeh fue alcanzada directamente por la bomba, como la misma se encontraba situada en uno de los lugares residenciales de mayor densidad de población en el mundo por lo que como consecuencia de la explosión causada por la bomba murieron quince personas –la mayoría de ellos niños y bebés- y 150 resultaron heridas –algunas de ellas con lesiones graves y secuelas permanentes, ocho casas de los alrededores fueron totalmente destruidas, otras nueve casas resultaron destruidas parcialmente y una veintiuna sufrieron daños moderados.

Al día siguiente del bombardeo, es decir el 23 de julio de 2002, el portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes declaró que: “El ataque de anoche del IDF fue dirigido a Salah Shehade y solamente a él. El ataque fue preciso, y fue llevado a cabo con tecnología apropiada. El objetivo es frustrar actividades terroristas futuras próximas mediante un ataque a la fuente misma, es decir Shehade. No hubo intención de hacerles daño a miembros de su familia o a otros civiles. El IDF siente todos los daños ocasionados a personas inocentes. Desgraciadamente, esto es lo que puede ocurrir cuando un terrorista utiliza a civiles como escudos humanos y sus hogares como lugares para refugiarse.”

La tecnología sofisticada que poseen las Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF) incluyen vigilancia aérea y otros medios de inteligencia, por lo que el tamaño de la bomba –una tonelada- las características del barrio que fue atacado –una de las poblaciones que presentan más densidad en el mundo, hacían prever la magnitud de las muertes, lesiones y destrucciones causadas a personas que supuestamente no eran el blanco buscado, si nos atenemos a lo que han declarado desde la IDF.

Una de las poblaciones que presentan más densidad en el mundo, hacían prever la magnitud de las muertes, lesiones y destrucciones causadas

Resulta aterrador revisar testimonios como el del testigo Ra’ed Mohamad Ibrahim Mattar, quien señaló que en el momento del bombardeo vivía en la casa de al lado de Salah Shehadeh, una construcción de tres pisos y de 160 metros cuadrados junto con su familia, y que relata:
“Eran alrededor de las 11.40 pm, yo estaba durmiendo en mi casa junto con mi familia. Me desperté con el sonido de una explosión y no había electricidad. Me di cuenta que estaba caminando en un terreno desigual en ruinas. No me di cuenta de que la casa ya estaba demolida. Cuando iba caminando me caí de mi piso en la primera planta al suelo. Grité por ayuda y toqué la puerta. Mi hermana Maha abrió la puerta y me dijo que la casa estaba destruida sobre nosotros. Entré al edificio para encontrar a mi padre y mi madre intentado salvar a mi hermano Ibrahim, que estaba atrapado debajo de un pilar de cemento. Intenté ayudarlo y levantar algunas de las ruinas que estaban sobre él. Luego lo dejé, busqué una linterna y fui a buscar a mi esposa en el piso pero no la encontré. Bajé nuevamente. Mi madre me preguntó por mi familia y le dije que no había encontrado a nadie. Después de eso no sentí nada hasta que desperté en el hospital. Supe lo que había sucedido al día siguiente, me dijeron que mi esposa y tres de mis hijos habían muerto como consecuencia de la explosión y que la casa, donde está mi piso resultó muy dañada y totalmente demolida en los tres pisos, incluyendo las posesiones y muebles.”

Cuando algunos se preguntan el motivo por el cual España ha de ser competente para la investigación y enjuiciamiento de estos hechos debemos remitirnos, junto a lo ya dicho en materia de legislación y compromisos internacionales, al no menos relevante hecho que tras los sucesos el movimiento “Yesh Gvul”, en Israel, tras varios intentos fallidos de correspondencia con las autoridades israelíes, presentó una solicitud el día 30 de septiembre de 2003 ante el Tribunal Superior Israelí instándole a que exigiera al Fiscal General y al Abogado General Militar a abrir una investigación criminal con vistas a iniciar una investigación y juzgar a todas las personas en la cadena del mando del bombardeo.

El Estado de Israel respondió con dos argumentos:

a.- el primero, que la operación fue proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh, y
b.- el segundo, que el resultado de dicha operación no había sido intencionado.

Tras la contestación de la demanda, el 3 de marzo de 2004, el Tribunal Superior suspendió el asunto a la espera de una decisión relativa a otra demanda interpuesta por el Comité Público contra la Tortura en Israel en enero de 2002, la cual cuestionaba la legalidad de la política de asesinatos del Estado de Israel. En relación con esta última demanda, el día 16 de febrero de 2005 tuvo lugar una vista, sin embargo el asunto fue también suspendido de manera indefinida como consecuencia del compromiso del entonces Primer Ministro en la Cumbre de Sharm-el Sheik en enero de 2005 de suspender la política de asesinatos o “matanzas preventivas”.

El movimiento Yesh Gvul solicitó al Tribunal Superior la reapertura de la investigación penal y solicitaron una vista, la cual fue fijada para el 27 de julio de 2005, que finalmente se celebró el 5 de septiembre de ese año siendo el asunto suspendido indefinidamente.

Con posterioridad, en noviembre de 2005, la oficina del Fiscal General aceptó volver a abrir las causas provenientes de ambas demandas, realizándose el día 11 de diciembre de 2005 una vista relativa a las dos, donde el Tribunal Superior dictaminó que la demanda relacionada al bombardeo de Al Daraj dependía del resultado de la demanda relativa a la política de asesinatos, dándole un plazo de 20 días al Fiscal General para presentar motivos legales, lo cual no fue realizado.
Finalmente el día 13 de enero de 2006 el Tribunal dictó sentencia con respecto al caso de la política de asesinatos, en la cual refrenda los principios de proporcionalidad y distinción, señalando que:

“El enfoque de la ley consuetudinaria internacional relativo a los conflictos armados de naturaleza internacional es que los civiles están protegidos de los ataques del ejército. Sin embargo, dicha protección no existe para los civiles “durante el tiempo en que participen en hostilidades”(§51(3) de El Primer Protocolo). Hacer daño a dichos civiles, inclusive si resulta en muerte, está permitido a condición de que no existan otros medios que les dañen menos, y a condición que civiles inocentes cercanos no resulten heridos. Los daños a los últimos debe ser proporcional. Esta proporcionalidad está determinada en función de un criterio basado en valores que busca el equilibrio entre la ventaja militar y los daños civiles. Como hemos visto, no podemos establecer que un ataque preventivo es siempre legal, al igual que no podemos establecer que siempre es ilegal. Todo depende de si las normas del derecho consuetudinario internacional relativo a conflictos armados internacionales permiten dicho ataque preventivo o no.”

Al Estado de Israel no le interesa investigar ni enjuiciar hechos sobre los cuales ellos mismos tienen una responsabilidad clara

Sin embargo dichos principios no fueron aplicados al ataque realizado en Al Daraj, donde murieron 15 personas y hubo 150 heridos civiles, mediante una bomba de una tonelada lanzada en plena zona residencial. Por otra parte, tampoco se dictó sentencia en la demanda sobre este asunto. Por eso, el 21 de diciembre los abogados de Yesh Gvul solicitaron al Tribunal Superior que designara un nuevo tribunal para ver esta demanda, pero hasta la fecha de hoy no hay prevista una vista sobre el asunto.

En resumidas cuentas al Estado de Israel no le interesa investigar ni enjuiciar hechos sobre los cuales ellos mismos tienen una responsabilidad clara.
Dentro de las múltiples gestiones realizadas a lo largo de estos años, se solicitó al Ministerio de Defensa Israelí que se indemnizara a las víctimas, el cual se negó argumentando que el Estado no era responsable por los daños y perjuicios ocasionados. Con posterioridad, el 18 de diciembre de 2003, se presentó una demanda de indemnización en nombre de la familia Mattar, a los que se unieron otros demandantes, pero con motivo de la modificación de las leyes de ilícito civil en Israel, las que impiden que los Palestinos puedan reclamar daños y perjuicios del Gobierno de Israel, se espera que la demanda sea desestimada.
El Estado de Israel ha declarado, en sus contestaciones a las demandas, que el asesinato en sí mismo fue legal y que la operación militar realizada por este motivo fue proporcional al objetivo legítimo de asesinar a Shehadeh, ya que el potencial para la muerte de civiles y la destrucción de bienes fue tomado en cuenta antes de autorizar y llevar a cabo dicho bombardeo.

Así, el Estado de Israel ha señalado que:

“Es importante subrayar que una de las consideraciones centrales, que se tomaron en cuenta durante todas las fases de preparación de la operación contra Shehadeh y su aprobación fue la consideración de proporcionalidad – la obligación de asegurarse que el atacar a Shehadeh no supondría atacar la población civil de los alrededores, desproporcionado con los objetivos militares que la operación quería lograr. Las discusiones se centraron mayormente en el tema de atacar a civiles como consecuencia de atacar a Shehadeh”

“Después de la discusión, por ejemplo, se decidió de llevar a cabo el ataque tarde por la noche (alrededor de medianoche) cuando se suponía que habría pocos peatones en al calle cerca de la casa Shehadeh”
“También, tomando estos factores en consideración, se decidió utilizar una bomba de 1000 kg. (la cantidad de explosivos necesarios para lograr con probabilidad razonable el objetivo de la operación) y no dos bombas de 500 kg. cada una, porque la utilización de dos bombas aumentaría considerablemente el riesgo de no dar en el blanco, y como consecuencia poner en peligro un edificio cercano al blanco intencionado, ya que una de las bombas podría caer directamente en aquél.”
“Al final, después de recibir información precisa de inteligencia sobre el escondite de Shehadeh, se decidió ejecutar la operación conforme al esquema descrito anteriormente. Esta decisión se tomó al más alto nivel, habiendo descrito la importancia de poner fin a la actividad de Shehadeh, a pesar de la información y los cálculos de daños a otras personas que pudieron ocurrir como consecuencia del ataque.”

Estos hechos han sido repudiados por toda la comunidad internacional como ilegítimos y desproporcionados, debido a la adelantada y sofisticada tecnología militar con la que cuenta el Estado de Israel como también con el grado de muerte, lesiones y destrucción ocasionados con dicho ataque.
Así, el Reino Unido ha sostenido que dicho bombardeo no fue legal ni proporcional. El entonces Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth de dicho gobierno señaló el día 23 de julio de 2002 en las sesiones de la Cámara de los Comunes:

“Me voy a asegurar de que la opinión del honorable caballero, que creo que es compartida por toda la Cámara, relativo a la naturaleza injustificada y desproporcionada del ataque y sus consecuencias sea transmitida al embajador, y mediante él, al Gobierno de Israel”.

Estos hechos han sido repudiados por toda la comunidad internacional como ilegítimos y desproporcionados

Con posterioridad, y a raíz del asesinato del Sheik Yassin por el Gobierno de Israel, el 30 de marzo de 2004, confirmó que el Gobierno Británico considera la política de “los llamados asesinatos –matanzas sin más” son: “ilegales, injustificados y contraproducentes, y dañan al argumento que Israel sostiene frente al mundo. El hecho de que las matanzas causaron no sólo la muerte de las personas que Israel considera responsables del terrorismo, sino también transeúntes totalmente inocentes, niños inclusive, simplemente subraya el carácter ilegal del enfoque y su efecto contraproducente.”

De la misma manera, dicho ataque fue condenado en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el día 24 de julio de 2002, como ilegítimo y desproporcionado.

En resumidas cuentas existe, por parte de la comunidad internacional, un convencimiento sobre la brutalidad e ilegalidad de dichas acciones pero ningún tipo de actividad judicial se ha desplegado para exigir responsabilidades a los autores materiales y estatales de dichos sucesos, siendo esta la primera vez que se realiza.
Para una mejor comprensión de los hechos objeto de la querella que se presenta resulta interesante analizar el comportamiento de los querellados y su posicionamiento ante tan criminal actuación.

Dan Halutz responsable directo de estos hechos, quien ha aceptado con orgullo la responsabilidad de la misión en una entrevista realizada con Haaretz el día 21 de agosto de 2002 manifestando que:

“La información fue muy precisa. Sin embargo, a veces no se tiene control sobre todo tipo de cosas que ocurren en un espacio que no se tiene a la vista. En retrospectiva, resultó que simplemente no tenía parte de la información, que cambió en el transcurso de la operación...el proceso de toma de decisiones fue correcto, equilibrado, adecuado y prudente.”

A los pilotos que realizaron el ataque, con posterioridad, en la misma entrevista señaló que les dijo:

“por la noche podéis dormir tranquilamente. Por cierto, yo también duermo bien. Vosotros no sois los que eligen los objetivos, y no fuisteis los que eligieron el objetivo en este caso particular. No sois responsables del contenido del objetivo. Vuestra ejecución fue perfecta. Fantástico. Y lo vuelvo a repetir: Aquí no hay ningún problema que les afecta. Hicieron exactamente lo que les dijeron hacer. No se desviaron de ello ni en un milímetro a la derecha o a la izquierda. Cualquiera que tenga un problema con esto que venga a verme.”, y “Es importante para mí que sepan que yo les apoyo al cien por cien, y que estoy al frente, delante de vosotros. Las críticas que se oyen en casa y en el exterior no tiene nada que ver con vosotros. Me pongo como mampara para hacer una separación entre vosotros y las críticas. Todos estos detractores y personas de grandes almas me pueden criticarme, y vosotros no tenéis nada que ver con esto.”

En el año 1982 asimismo, con motivo de protestas generalizadas por las muertes y lesiones de muchos civiles en el Líbano debido a las “operaciones militares” israelíes, señaló ante la televisión de ese país que no aceptaba el concepto de refugiados inocentes, sino que la mayor parte de ellos son colaboradores.
También en una entrevista en televisión con posterioridad al ataque de Al Daraj, cuando se le pregunta que se siente cuando se lanza una bomba sobre una vivienda residencial, señaló que lo único que sintió fue un pequeño temblor en el ala del avión.

En la entrevista antes señalada publicada en Haaretz niega admitir que los civiles son inocentes, y anteriormente en una entrevista dada a la BBC reconoce que “de vez en cuando ocurren incidentes y personas que no están involucrados pagan por esta guerra fea”, pasando a describir una misión de asesinato con cuatro helicópteros en el año 2001 en la cual estuvo al mando.

El Gobierno Británico considera la política de “los llamados asesinatos –matanzas sin más” son: “ilegales, injustificados y contraproducentes

Cuando el Tribunal Superior de Israel le ordenó, en el transcurso de la solicitud de ascenso, justificar sus comentarios acerca de este bombardeo, aceptó dichos comentarios pero intentó “quitarles importancia”.

Otro de los querellados es Ariel Sharon, Primer Ministro de Israel en ese entonces, quien también solicitó que se llevara a cabo dicha operación y ha elogiado públicamente la misión de bombardeo como “uno de nuestros mayores éxitos”.
No menos relevante es Benjamín Ben-Eliezer, en el momento del bombardeo ocupaba el puesto de Ministro de Defensa Israelí. Éste, en una entrevista realizada a la BBC2 admitió ser responsable de la decisión de llevar a cabo el asesinato de Shehadeh Salah y relata su conversación con su secretario militar, Mike Hezog, como:

“Yo dije, “¿Has comprobado con todos?” Quería decir el jefe de inteligencia, los tipos militares. Él dijo, “He comprobado con todos. Todo está limpio, todos lo recomiendan.” Yo dije, “Buena suerte””

En el momento del bombardeo, Michael Herzog, era secretario militar de Ben-Eliezer. Este ha admitido que había actuado como enlace entre éste y las otras personas que tomaron la decisión de conseguir la autorización para la operación. Esta operación se llevó a cabo con su organización y asistencia.
Giora Eiland, era Jefe de la División de Planificación de las IDF. En una entrevista realizada por la BBC en febrero de 2002 establece cuatro condiciones para realizar asesinatos programados por parte del Ejército de Israel, en la cual no rechaza la posibilidad de víctimas civiles señalando que “lo hacemos cuando creemos que podemos garantizar muy pocas víctimas civiles”.

En otra entrevista al mismo medio, transmitida en octubre de 2005 admitió ser responsable como planificador principal de la operación, y tener responsabilidad conjunta por la decisión de utilizar una bomba de una tonelada: “Era posible que una bomba de menos de una tonelada no hiciera el trabajo...que era matarle...Decidimos utilizar la bomba grande. En retrospectiva, esto fue un error.”
Con respecto a Moshe Ya’alon, en la fecha que se realizó el bombardeo se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor de las IDF y se reportaba directamente al Primer Ministro.

En una entrevista publicada en Haaretz el día 29 de agosto de 2002 admitió haber participado en la decisión de llevar a cabo el asesinato de Salah Shehadeh con el objetivo de derribar el edificio con una tonelada de explosivos y de tomar las medidas para llevarlo a cabo:

“Fuimos a atacar a una persona que no tenía precedentes, ya que era el comandante de brazo terrorista de Hamas, tanto en Gaza como en Judea-Samaria. Esta es una persona responsable de matar a centenares de personas. Se aferró de forma sistemática a la población civil porque conocía nuestras sensibilidades. En bastantes casos, evitamos atacarlo porque estaba con su mujer o con sus hijas, Shehadeh tenía seis hijas. Más recientemente, nos hicimos las cosas más fáciles y dijimos que aunque su mujer estuviera con él, le atacaríamos. Además hubo una discusión acerca de si no sería correcto atacarle aunque estuviera con sus hijas. Pero decidimos que no, decidimos que no le haríamos daño a sus hijas.”

“La tarde-noche del sábado anterior al ataque, tuvimos una discusión. Teníamos claro que para derribar el edificio nos haría falta una tonelada de explosivos, y la pregunta era si usar una bomba de una tonelada o dos de media tonelada. Nuestra experiencia era de haber lanzado 160 bombas en territorio de Palestina sin matar una sola víctima civil inocente, pero la preocupación era que dos bombas elevaban el riesgo estadístico de fallar.”

“Entonces envié a las fuerzas aéreas para que hicieran sus deberes y volvieron con la respuesta de que una bomba de una tonelada era más segura. La evaluación que hicieran del resultado era que se destruiría la casa de Shehadeh y habría daños en el edificio vacío adyacente, y de ventanas rotas en la zona y revestimientos de hojalata de las chozas hojalata saldrían volando por los aires. Habría heridos, pero no muertos. En retrospectiva, sin embargo, resulta que el edificio contiguo no estaba vacío. La ejecución por parte de las fuerzas aéreas fue perfecta, pero la falta de información relativa a la casa adyacente presentó un problema. Se mataron a seis niños en esa casa.”

Abraham Dichter era el Director del Servicio General de Seguridad (GSS) y reportaba directamente al Primer Ministro, Ariel Sharon. El GSS trabaja en estrecha colaboración con las Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF) y suministra la inteligencia necesaria para llevar a cabo “asesinatos selectivos”, incluido el proponer objetivos y proporcionar información sobre el paradero de los objetivos. La aprobación final para dispararle al objetivo desde el aire viene del GSS, mientras que las IAF deciden si se puede ejecutar una orden en cuanto a las condiciones meteorológicas en el momento del ataque.

La participación conjunta el GSS (también denominado Agencia de Seguridad Israelí o ISA) y las IDF a los niveles más altos está confirmado en el informe del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores del 2 de agosto de 2002. Dicho informe admite que el bombardeo fue una empresa conjunta entre las IDF y la ISA y concluye diciendo:

“Las ISD y la ISA seguirán luchando contra el terrorismo y evitar ataques terroristas contra ciudadanos israelíes, a la vez que seguirán tomando todas las medidas posibles para evitar herir a civiles inocentes en los alrededores.”
Debido a una demanda civil presentada contra Abraham Dichter en los EEUU en relación con este bombardeo, el embajador de Israel en dicho país señaló en una carta enviada al Tribunal que las demandas “cuestionaban acciones soberanas del Estado de Israel, aprobadas por el gobierno de Israel en defensa de sus ciudadanos de ataques terroristas.”

Abraham Dichter participó en la decisión de autorizar el “asesinato selectivo” de Shehadeh y tuvo parte en la planificación de la operación de utilizar una bomba de una tonelada para ejecutarlo. Como jefe del GSS no tomó las medidas adecuadas y necesarias para impedirles a sus subordinados bajo su mando llevar a cabo el bombardeo, y/o no denunció, disciplinó o castigó a sus subordinados por llevar a cabo el bombardeo.

Doron Almog, por último, como Comandante del Mando Sur de las IDF (responsable de toda la Franja de Gaza) y sólo un nivel por debajo del Jefe del Estado Mayor, participó en la planificación de la operación y la aprobó personalmente.

De la misma manera, y como en todos estos tipos de operaciones de las IDF, el comandante de las tropas en la zona designada para ser destruida habría tenido que asegurarse que todas las tropas bajo su mando estaban fuera de la zona del objetivo del bombardeo en dicho momento, por lo que no se habría llevado a cabo ésta hasta que dicho comandante se hubiera asegurado de que no había tropas de las IDF dentro de la zona del objetivo.
 

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