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Retroceder en derechos, a dos velocidades

Los repetidos anuncios en política de inmigración actual apuntan a un giro que rompe con el discurso progresista e integrador del período anterior

29/06/2008 - Autor: Ghassan Saliba - Fuente: Tribuna Latina
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Ghassan Saliba, Secretario de Inmigración del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña
Ghassan Saliba, Secretario de Inmigración del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña

En la nueva legislatura de gobierno del PSOE asistimos a repetidos anuncios en política de inmigración que apuntan a un giro que rompe con el discurso progresista e integrador del período anterior. Parece que el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración -publicitado desde el primer momento con el “modelo virtual de Hospitalet”- ha asumido el famoso video del PP de Badalona, con lo que el Plan estratégico de Integración del Gobierno aprobado al final de la legislatura anterior se ha quedado en humo. Desgraciadamente, los que estamos día a día con la inmigración, ya no nos sorprende de que nos vendan modelos virtuales que no existen o que unos planes se queden en agua de borrajas.

Todos sabemos que Europa sufre un retroceso en derechos humanos, en valores democráticos y en derechos sociales, como queda manifiesto en la directiva europea para aumentar el tiempo de detención en los centros de internamientos a las personas sin papeles a 18 meses, la posibilidad de expulsar a menores desamparados o la propuesta de aumentar la semana laboral a 65 horas. Estos valores democráticos y sociales han distinguido Europa de Hong Kong, de China o también del mismo Estados Unidos. No valen aquí los argumentos del Gobierno español de si en Europa el retroceso es del 90 %, nosotros -como progresistas que somos- solo haremos recortes del 20 %. Se mire por donde se mire, esto no deja de ser retroceso en derechos, eso sí, a dos velocidades.

Los continuos anuncios del ministro de Interior de aumentar de 40 a 60 días la detención a las personas sin papeles y las del propio ministro de Trabajo e Inmigración de recortar el derecho de vivir en familia, y la misma medida de retorno a trabajadores inmigrantes en paro, son demostraciones que ya estamos a las puertas de una política restrictiva en materia de inmigración.

Esta política restrictiva conlleva la violación de derechos fundamentales a las personas, reconocidos en la Carta de Derechos Humanos, en la Constitución Española y en convenciones internacionales, como las de la OIT, y es una demostración que para el ministro Corbacho las personas inmigradas son maquinas de usar y tirar, y sin derechos fundamentales. Así, los inmigrantes pueden venir a cuidar a nuestros mayores, pero no tienen derecho a cuidar a sus propios padres y madres mayores de 65 años. Y sus hijos de entre 16 y 18 años, solo pueden venir a vivir con sus padres a condición que entren en la precariedad y la sobreexplotación laboral, y no puedan continuar sus estudios. Además, los menores tienen la desfachatez de llegar durante los 365 del año, y no llegan todos en el mismo mes, cosa que también preocupa al ministro.

Es sabido que el mundo y la vida humana son complejos, pero para interpretarla también sirve el modelo Hospitalet. Es por eso que el ministro quiere ordenar también cuando los inmigrantes han de tener a sus hijos para que la reagrupación coincida con el inicio del curso, y eso pasa porque todos renueven sus permisos a la vez para que, una vez renovados, todos soliciten al mismo tiempo la reagrupación familiar de sus hijos, para que así lleguen al inicio del curso escolar y no nos hagan falta las aulas de acogida, ni el Pacto para la Educación y ni la Ley de Educación. Todo perfecto y ordenado.

Desgraciadamente, los trámites burocráticos, el retraso de la administración estatal y el mal funcionamiento de las embajadas españolas, no están tan ordenados. Y en eso sí que tiene algunas competencias el ministro. Le invitamos a acercarse a la realidad de las oficinas de Extranjería y a los servicios consulares de España en Pakistán, en Marruecos o en Ecuador y ver, por ejemplo, como en el caso de Pakistán conseguir un visado de reagrupación familiar tarda más de un año. Tomar una medida que limita la llegada de menores a un período concreto del año, es de facto igual a eliminar este derecho, porque nadie va a poder cumplirlo, en primer lugar la propia administración.

Además de anunciar trabas legales al derecho de vivir en familia, el Gobierno va todavía más allá y anima a los ayuntamientos a poner también trabas ilegales en el informe de vivienda y en el empadronamiento. De esta manera, la reagrupación familiar quedará en un simple anuncio publicitario imposible de alcanzar, pero eso sí, podemos continuar presumiendo y felicitarnos de ser los más progresistas de Europa.

El gobierno tripartito de Catalunya -sobretodo la Conselleria de Acción Social y Ciutadania y más concretamente la Secretaría para la Inmigración- no puede seguir actuando fuera de juego, con un recorrido a ciegas y publicitando un posible Pacto Nacional de Inmigración en solitario. Si el conjunto del gobierno catalán no se posiciona contra esta política de recortes en derechos, contra una política que dificulta la estabilidad y la integración, la ley de Acogida, el Pacto Nacional de Inmigración y la futura ley de Integración promovidas por el gobierno catalán, también quedarán en agua de borrajas.

El sindicato CCOO de Catalunya no está dispuesto a ser cómplice de este engaño. La coherencia exige priorizar y ahora es el momento de frenar este recorte de derechos, y de evitar que la marca “modelo virtual de Hospitalet” nos arrastre a un modelo pretoriano de gestión de la inmigración, eso sí, a dos velocidades.

Ghassan Saliba es Secretario de Inmigración del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña
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