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Emigrar no es un delito

En los últimos meses se han incrementado las actuaciones policiales, de detenciones en locutorios y en la misma calle

18/06/2008 - Autor: Agustín Unzurrunzaga - Fuente: Deia
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Hoy se someterá a la aprobación del Parlamento Europeo la Directiva por la que se pretenden armonizar las condiciones de detención y expulsión de inmigrantes en situación administrativa irregular. Esta Directiva es la culminación de un proceso de restricción de derechos de las personas en situación irregular que se inició el año 2002 (Libro Verde sobre detención y alejamiento de personas en situación irregular de abril de 2002; Plan de Acción del Consejo sobre retorno de inmigrantes de noviembre de 2002; Decisión sobre vuelos chárter comunitarios de abril de 2004; firmas de Acuerdos de Readmisión con múltiples países, especialmente de África; Directiva sobre la distribución de los costes financieros de las expulsiones, etc, etc,).

En noviembre de 2005, la Comisión Europea elaboró una propuesta de Directiva sobre expulsión de inmigrantes, con el objetivo de armonizar a nivel europeo la legislación sobre la retención y la expulsión de las personas en situación irregular. De esa propuesta, y después de diversos avatares, nace la Directiva que ahora se quiere aprobar.

Independientemente de que lo que se apruebe en la Directiva sea o no aplicado de inmediato por los diferentes estados de la Unión, lo cierto es que construye un marco legal que permitirá, siendo respetuosos con la legislación europea, endurecer en cada país las medidas contra las personas que se encuentren en situación administrativa irregular. Contribuye también a la construcción de un clima de criminalización de las personas en situación administrativa irregular, al tiempo que fortalece la xenofobia.

Ese clima de criminalización de la estancia irregular también se está extendiendo aquí. En los últimos meses estamos asistiendo a un incremento de actuaciones de la Policía, de detenciones en locutorios, bares, líneas de autobuses y en la misma calle. Se detiene a las personas, se les lleva a la comisaría y se inicia contra ellas un procedimiento con propuesta de expulsión y sanción añadida de prohibición de entrada en el país por un periodo de tres años. En un porcentaje alto de casos, se adoptan también medidas cautelares, tales como retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer en la comisaría cada quince días.

La estancia irregular no es un delito, y no tiene por qué ser sancionada con la expulsión, tal y como están empeñadas las Subdelegaciones del Gobierno. La propia Ley de Extranjería prevé la sanción de multa, y en esa línea va la jurisprudencia más reciente de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, que considera que la expulsión es una sanción desproporcionada.

Por otro lado, si el propio Reglamento de Extranjería prevé la posibilidad de regularizar a las personas que estén en situación irregular por la vía del arraigo social, para lo que se exige demostrar la estancia continuada empadronada por un tiempo de tres años y disponer de un contrato de trabajo de un año de duración, ¿para qué se está deteniendo a personas que en unos pocos meses podrían estar perfectamente regularizadas, con sus permisos de trabajo y residencia iniciales?

Esas detenciones, que le permiten a la administración iniciar procedimientos de expulsión, en muchos casos están impidiendo la regularización de las personas por la vía del arraigo social, pues al estar el expediente de expulsión abierto con una propuesta de prohibición de entrada en el país por un periodo mínimo de tres años, impide que se solicite la regularización, aunque se lleven tres años empadronados y se tenga una oferta firme de trabajo de un año de duración. Además crea un clima de miedo, contribuyendo a la clandestinización de las personas.

Agustín Unzurrunzaga es Portavoz de SOS Racismo – SOS Arrazakeria
 
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