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Sarkozy propone endurecer la legislación europea para los inmigrantes

El presidente de España Rodríguez Zapatero niega que la solución al problema de la inmigración fuera una legislación más dura.

10/06/2008 - Autor: Paula Elguezabal - Fuente: elmercuriodigital.es
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Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy

Francia encabeza el endurecimiento de las medidas contra la inmigración, y busca sentarlas como base para su presidencia rotativa en la Unión Europea, que comenzará en julio.

Un documento elaborado por el gobierno francés circula en las manos de los Veintisiete estados miembros de la UE. Propone reforzar las fronteras exteriores de mano de la tecnología, con documentos biométricos que comenzarían a usarse a partir de 2011; la agilización de las expulsiones de los “sin papeles”; la selección de inmigrantes, y la educación en las “costumbres y valores europeos” a aquellos que sean aceptados dentro de las fronteras. Esto último corresponde al llamado “Contrato de integración”, mediante el cual los inmigrantes se verían obligados a tomar clases de idioma y de moral local, para comprometerse con la igualdad de género y la tolerancia religiosa.

Resulta curioso que Europa se proclame la madre y defensora de estos valores, cuando hace apenas unas semanas el presidente de Italia, Silvio Berlusconi, criticó públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero por tener un gabinete “demasiado rosa”, haciendo alusión a la gran cantidad de mujeres en los puestos políticos españoles.

En cuanto a la tolerancia religiosa, sólo por mencionar un dato, desde 2001 los informes elaborados por el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia atestiguan el crecimiento de actitudes y comportamientos anti-musulmanes.

Desde 2001 los informes elaborados por el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia atestiguan el crecimiento de actitudes y comportamientos anti-musulmanes.

El Plan francés busca unificar en Europa la criminalización contra la inmigración. Hubo críticas hacia Italia, por actuar “en solitario” al dictar recientemente la ley que convirtió en delito ser un inmigrante sin regularizar. Sin embargo, Il Cavalieri no ha sido un pionero en la materia: el gobierno laborista británico lanzó un plan que acelerará las expulsiones, y en Alemania, la inmigración clandestina ya constituye un delito penado con multas o hasta un año de cárcel.

Según estimaciones de la Comisión Europea, la UE tiene 8 millones de inmigrantes ilegales,. Más de 200.000 fueron detenidos en la primera mitad de 2007, y alrededor de 90.000 fueron expulsados. Del resto, un gran número permanece detenido en centros ubicados a lo largo del continente, en condiciones inhumanas y de tipo carcelarias.

Francia pretende unificar en todo el continente estas medidas para cerrar las fronteras, sobre todo a partir del 1 de julio, cuando inaugurará su presidencia rotativa de la UE. El presidente francés quiere llegar a un acuerdo lo antes posible, y firmar el documento en el Consejo Europeo, ya que –como enuncia el texto- “Europa no tiene los medios para acoger con dignidad a todos aquellos que ven en ella un El Dorado".

En pleno debate acerca del Plan Sarkozy, el presidente de España Rodríguez Zapatero negó que la solución al problema de la inmigración fuera una legislación más dura.

Durante la campaña electoral, el PSOE se mostró tolerante hacia la inmigración y criticó duramente las propuestas del Partido Popular, entre las cuales se hallaba una medida idéntica al “Contrato de integración” francés. El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó en ese entonces que esa medida desprendía un "tufo xenófobo".

Sin embargo, España se mostró dispuesta y favorable a apoyar políticas en bloque para deportar inmigrantes ilegales, y propuso aumentar el mínimo de días de detención –de 40 a 60 - para que la administración tenga el tiempo suficiente de elaborar el papeleo de expulsión. En el país funcionan actualmente 6 centros de detención, denunciados por numerosas ONGs a causa de su falta de transparencia y por el maltrato que reciben muchos detenidos. Amnistía Internacional asegura que los centros españoles no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Desde hace tiempo, la privación de la libertad es la respuesta europea hacia la problemática de la inmigración.

Zapatero buscó diferenciarse de Francia e Italia en sus declaraciones, y defendió la política española de cooperación con los países emisores de emigrantes, que es lo que permite su repatriación. Lo que no explicó es que la cooperación hacia los países en desarrollo está en retroceso, y que la Confederación de Organizaciones No Gubernamentales europeas, Concord, denunció el incumplimiento de la ayuda por parte de los gobiernos europeos. A pesar de las promesas de incremento realizadas en 2005, la ayuda para el desarrollo se redujo de 0,41 por ciento del producto interno bruto del bloque en 2006 a 0,38 por ciento el año pasado.

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia el fracaso de la Declaración de los Derechos humanos, 60 años después de su dictado, y hace un llamado de atención sobre el estado de la cuestión inmigratoria en España. Criticó las medidas represivas que se están tomando en contra de los inmigrantes, en lugar de fomentar la tolerancia, la integración y la diversidad. Sus informes indican que en los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas.

También se incrementó el número de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes por parte de agentes del Estado. El estudio anual de AI publicado en los últimos días asegura que el protocolo menciona instrumentos como "cinturones y prendas inmovilizadoras" que podrían causar "un trato cruel o daños físicos" a la persona trasladada. Pone el ejemplo del nigeriano Osamuyia Akpitake, que murió por asfixia en junio pasado en el vuelo que le llevaba de regreso a Lagos, adonde era acompañado por dos agentes españoles. Éste, asegura, no ha sido el único exponente de tortura y malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Gran parte de los casos sigue impune, como la muerte de los 13 subsaharianos que en 2005 intentaron cruzar hacia Ceuta y Melilla.

El informe documenta además 6 muertes bajo custodia en los últimos años, 5 casos de violaciones o asaltos sexuales en comisarías, maltrato, detenciones ilegales o expulsiones masivas de menores.

AI hizo hincapié en que “España tiende a negar el racismo”, aunque en una encuesta del año 2005 se evidenció que a cuatro de cada diez entrevistados les molestaría tener como vecinos a una familia gitana, o que seis de cada diez asociaban de algún modo la inmigración con la delincuencia. Por otro lado, el Gobierno español tampoco se hace cargo del problema: aún no ha ratificado 10 tratados internacionales contra la xenofobia y el racismo.

El racismo existe, aunque no se encuentren datos oficiales. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas. Esta invisibilidad aparente dificulta conocer la magnitud del problema y elaborar políticas eficaces para revertirlo.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, criticó el Plan Sarkozy y sus “políticas cortas de miras que siembran el temor y la división”.

En este panorama, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, criticó el Plan Sarkozy y sus “políticas cortas de miras que siembran el temor y la división”. Pidió, además, que los europarlamentarios de los 27 países miembro no apoyen el texto de la Directiva del Retorno en el Parlamento Europeo en junio, donde se fijará en 18 meses la duración máxima de detención de los inmigrantes clandestinos antes de expulsarlos hacia sus países. Para Beltrán, la directiva supone "un progresivo deterioro de los derechos humanos y de las garantías de personas en circunstancias irregulares".

Europa se prepara a debatir el Plan Sarkozy, mientras tanto el escenario para los inmigrantes para oscurecerse más

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