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El abandono

Los mexicanos no quieren una guerra con los pueblos del Islam, pero la venalidad y estupidez de Calderón y de sus protectores nos puede llevar a una gravísima situación

02/11/2007 - Autor: Luis Javier Garrido - Fuente: La Jornada
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El Plan México, impuesto secretamente por el gobierno de Washington a Calderón, entraña hacer de México un espacio de las guerras de Estados Unidos, pero esto no parece preocupar ni indignar a la “clase política” mexicana.

1. La visita a México del ex embajador estadunidense John Dimitri Negroponte, ahora secretario de Estado adjunto del gobierno de Bush (29 de octubre), quien actuando como verdadero procónsul vino a refrendar la sumisión del gobierno de facto de Felipe Calderón al Plan México, mal llamado Iniciativa Mérida, que con el pretexto de la lucha de ambos países contra el narcotráfico pretende el apoderamiento abierto de las trasnacionales sobre los recursos estratégicos de México y el control de Washington en función de su guerra contra “el terrorismo”, de prácticamente todo el territorio nacional convirtiéndolo en un objetivo militar de sus enemigos, suscitó una indignación en diversos sectores de la sociedad, pero un silencio absoluto de la “clase política” mexicana.

2. El hecho gravísimo de que el Plan México, que aún no aprueban el Congreso de Estados Unidos ni el Senado mexicano, presuponga que nuestro país es un aliado militar de Washington en sus guerras contra los pueblos del mundo, y haga del territorio mexicano un espacio de defensa de Estados Unidos, y por consiguiente un objetivo de ataque para sus enemigos, no ha suscitado una indignación y oposición de las fuerzas políticas organizadas.

3. La aprobación del Plan, que no es otra cosa que un pacto o tratado de sumisión militar y de entrega de la soberanía, que involucra a México en las guerras de Estados Unidos contra Afganistán e Irak, haciendo añicos nuestra política exterior y nuestras relaciones amistosas con los países árabes, convirtiéndonos en los hechos en un enemigo del Islam y situando a nuestras ciudades y enclaves estratégicos como un blanco de ataque militar, cancela además, como es evidente, cualquier proyecto nacional.

4. El escenario en el que se produce esta iniciativa perversa de Bush no podía ser más crítico, pues se anuncia en los mismos momentos en que Ecuador, Bolivia, Venezuela y Cuba, lo mismo que Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos, buscan fortalecer vínculos de cooperación con los países árabes en la defensa de intereses comunes, y aquí lo que se está haciendo gracias a la complicidad de los panistas con los republicanos estadunidenses es uncir de manera directa a México con los intereses hegemónicos de Estados Unidos, terminando con cualquier posible estrategia latinoamericana de nuestro país.

5. Los mexicanos no quieren una guerra con los pueblos del Islam, pero la venalidad y estupidez de Calderón y de sus protectores nos puede llevar a una gravísima situación.

6. La gravedad de lo que está aceptando el gobierno de facto impone que la obligación de defender a la nación sea no sólo de los sectores conscientes de la sociedad, sino, sobre todo, de los grupos menos corrompidos de la burocracia gobernante, pero no está siendo así, y en el Senado, controlado por una mayoría PRI-PAN –sometida al salinismo y vinculada a las trasnacionales–, no existe signo alguno de que esta Cámara, que conforme a las fracciones primera y tercera del artículo 76 constitucional tiene la responsabilidad de contribuir a la definición de las políticas exterior y de seguridad nacional de México, vaya a asumir su responsabilidad.

7. La seguridad con la que actúan Negroponte y el actual embajador Tony Garza obedece a que saben que tienen cada vez más bajo su control a la “clase política” mexicana, por haberles abierto a prominentes miembros del PAN –al igual que lo hacían con los priístas– expedientes sobre sus actos de corrupción y su vinculación con el narcotráfico: no sólo a Fox, uncido al narcopoder por su amigo chino Zhenli Ye Gong, y hundido por sus actos de corrupción y los escándalos de Marta y de los Bribiesca, de los cuales el del negocio de “las mandarinas” defectuosas de Pemex, que provocaron la muerte de decenas de trabajadores, no será el último, sino también a Calderón, con sus cuñados y muchísimos panistas notorios.

8. La actitud convenenciera de la burocracia gobernante la evidencia el hecho de que aquellos que se oponen al Plan México se limitan a expresar su deseo cobarde de que sea el propio Congreso estadunidense el que lo rechace, como aconteció en 1859 con el Tratado MacLane-Ocampo –que daba en perpetuidad a Estados Unidos el derecho de paso por el Istmo y otras regiones–, y que no pasó porque los senadores estadunidenses lo objetaron, por lo que aguardan a que sean los desacuerdos que se han ahondado en 2007 entre George W. Bush y el Congreso los que lo detengan.

9. El gobierno agonizante de Bush ha acentuado en 2007 sus diferendos con las cámaras legislativas de su país acusándolas de “bloqueo político” e impulsando una campaña negra de descalificación hacia ellas, conforme lo establecen los manuales políticos neoliberales –que preconizan un fortalecimiento del presidencialismo–, pero su decisión pérfida de incluir los recursos destinados al Plan México en el presupuesto de la guerra contra Afganistán e Irak parece comprometer su aprobación en un futuro inmediato, aunque esto no va a cancelarlo. En el caso de que los demócratas triunfaran en 2008 nada cambiaría, pues la candidata puntera Hillary Clinton no tiene una propuesta sobre seguridad nacional diferente de la de Bush, como se lo dijeron sus contendientes en el debate del 28 de octubre.

10. Los reportes de varios especialistas indican que diversos grupos de académicos y funcionarios de la derecha de ambos países se están organizando para presionar a favor del Plan, y es ahora también que las fuerzas democráticas del país deben impedir que se consume este acuerdo inconfesable del gobierno espurio de Calderón con Washington, que aparece ya, por las consecuencias que entraña, como el acto de traición a México más grave cometido por nuestros gobernantes desde 1847.

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