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El cambio es posible

30/07/2007 - Autor: Intermón Oxfam - Fuente: Intermón Oxfam
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Uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es garantizar el acceso a todas las personas a la educación
Uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es garantizar el acceso a todas las personas a la educación

Contar con aulas y profesores formados adecuadamente, disponer de agua potable, tener la posibilidad de acudir a un médico que diagnostique y trate tus enfermedades, el acceso a estos servicios, inherente a la vida cotidiana de los países del Norte, es un sueño lejano para millones de personas del Sur.

Los líderes mundiales acordaron, con el fin de erradicar la pobreza y el hambre, una serie de propósitos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los cuales están los de garantizar el acceso a todas las personas a la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento. Para conseguirlo organizaciones internacionales calculan que son necesarios 47.000 millones de dólares al año, cifra que no es alta si se compara con el billón de dólares anuales en gasto militar o los 40.000 millones de dólares que el mundo gasta al año en comida para mascotas.

En la actualidad, en 89 de los 103 países en desarrollo, los niños tienen que pagar por recibir educación y los colegios no cuentan con el material necesario ni con profesorado cualificado, causas principales por las que 100 millones de niños no van a la escuela; mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y las enfermedades relacionadas con el agua causan 3 millones de muertes al año, entre ellas la diarrea, causa principal de mortalidad infantil; las mujeres suelen estar en la posición menos favorable, teniendo más posibilidades que los hombres de caer enfermas, pero menos de recibir atención médica; siendo las últimas que tienen derecho a ir a la escuela y las primeras en abandonarla si se presenta cualquier adversidad. En África subsahariana, el 57% de los enfermos de sida son mujeres.
De los 20 países que recibieron de préstamos en el año 2006 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la privatización había sido una condición para 18 de ellos. Ante las carencias de los servicios públicos en los países pobres, los gobiernos de los países ricos y el Banco Mundial, en lugar de ayudar a mejorarlos utilizan su influencia para promover la privatización de los mismos. Ven en la implicación del sector privado una forma de aumentar la eficiencia, pero cada vez son más las evidencias que muestran que estas soluciones raramente funcionan en beneficio de los más pobres.

Algunos países del Sur con rentas per cápita muy bajas han conseguido reducir la mortalidad de sus habitantes y aumentar la tasa de alfabetización. Y lo han hecho facilitando servicios públicos gratuitos y de calidad; eliminando el pago por sanidad y educación, subsidiando los servicios de agua y saneamiento; invirtiendo en profesorado y personal sanitario; y promoviendo a la mujer como usuaria y suministradora de estos servicios. En Sri Lanka, por ejemplo, han logrado tener una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, pese a que una tercera parte de su población vive bajo el umbral de la pobreza. Y no es un caso único. En Uganda, Brasil y Malasia también han obtenido excelentes resultados.

El cambio es posible, pero requerirá de la acción concertada de los gobiernos de los países en desarrollo, apoyados, y no entorpecidos, por los países ricos, y teniendo que rendir cuentas a ciudadanos. Para conseguirlo, hay que presionar a los gobiernos para que gasten más en servicios esenciales y para que lo gasten mejor.

En los países del Sur es imprescindible aumentar el número de profesores y profesionales sanitarios del sector público; conseguir que tengan un salario digno, un estatus y unas mejores condiciones de trabajo. También es necesario luchar contra la corrupción y que los ciudadanos hagan un seguimiento de los gastos del Estado en servicios sociales básicos.

Los países ricos, por su parte, deben apoyar a los gobiernos de los países en desarrollo y a sus ciudadanos en la puesta en marcha de estas medidas y deben cumplir el compromiso que hicieron hace ya 37 años de destinar el 0,7% de su renta a la ayuda al desarrollo. Esta ayuda debe ser a largo plazo, predecible y dirigida a aquellos países que estén dispuestos a proporcionar unos servicios básicos universales y de calidad.

Esto se puede reforzar con la cancelación total de la deuda y reduciendo el reclutamiento activo de profesionales de los países pobres para los servicios sanitarios y educativos del Norte.

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