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Sociedad española e Islam, un debate necesario

La salida de las tropas españolas de Irak puede ser un paso en la buena dirección, pero no puede quedarse ahí

26/05/2005 - Autor: Peio M. Aierbe - Fuente: Hika, 156 zka. 2004ko ekaina
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El pasado 6 de mayo, en una entrevista que realicé a Mustapha El M’Rabet, presidente de ATIME, éste destacaba que el momento actual, con todos sus peligros y limitaciones, encerraba también la gran oportunidad de lanzar un debate sobre el Islam, nunca realizado en España y totalmente necesario. Encaraba así, con preocupación pero también con optimismo, la irrupción mediática de la necesidad o no de controlar la actividad religiosa de los musulmanes en las mezquitas. Me pareció una postura audaz e interesante a incorporar a aquellas otras prevenciones con que algunos nos movemos ante el evidente riesgo de afianzar estereotipos en la opinión pública y desatar dinámicas xenófobas y excluyentes.

Ciertamente, en el momento actual, el punto de partida de estos debates no puede hacer abstracción del atentado del 11 de marzo en Madrid, realizado por una serie de extremistas que utilizan en su discurso la bandera del Islam y tratan de asumir un papel de liderazgo entre los musulmanes residentes, en este caso, en España. El riesgo de este punto de partida es que acabe viciando el debate si no se considera de manera específica y se le da la importancia que tiene. Pero la realidad es tozuda y si no la consideramos en sus justos términos difícilmente acertaremos a resolver los problemas que nos plantea.

El punto de partida, por tanto, es que la opinión pública está llamada a tomar posición ante el hecho de que en el estado español existen organizaciones terroristas que, entre sus reivindicaciones, hacen bandera de una interpretación fundamentalista del Islam, y que ésta es la religión que practican un número muy considerable de inmigrantes, hombre y mujeres, que se encuentran trabajando y viviendo entre nosotros. Es evidente que entre ambas cuestiones existe una relación, aunque sólo sea por el hecho de que dichas organizaciones extremistas, al levantar dicha bandera, tratan de ganar para sus posiciones a quienes practican dicha religión. Y existe, porque el éxito o fracaso de ese objetivo de las organizaciones fundamentalistas va a estar bastante relacionado con la forma en que abordemos por nuestra parte dicha cuestión, abonando, o por el contrario combatiendo las posiciones xenófobas, y más extensamente, por la situación o no de exclusión a la que empujemos a las personas inmigrantes en función de las políticas de extranjería y de las políticas de inclusión que desarrollen las instituciones a todos los niveles y la sociedad en general. Porque existe esta relación es por lo que estamos obligados a hacer de esta cuestión un elemento de debate en el que nos impliquemos todos.

En primer lugar, los propios inmigrantes, y en este caso, de forma específica los pertenecientes a las comunidades musulmanas. Por su peso demográfico, esta responsabilidad atañe en particular a las personas inmigrantes, hombres y mujeres, provenientes de Marruecos y Argelia. Son estas personas las primeras interesadas en implicarse en este debate porque son quienes, en primer lugar, van a sufrir las consecuencias de sus conclusiones. Y su mirada habrá de ser también diversa: hacia aquellas opiniones, actuaciones y medidas provenientes de las instituciones y de la sociedad española, y también hacia el interior de sus propias comunidades, desplegando una actividad específica contra las tendencias fundamentalistas que son caldo de cultivo de actuación de las organizaciones terroristas. En el éxito de esta tarea, el papel de la propia comunidad musulmana es fundamental. Una comunidad que es también, por principio, diversa y plural en ideas y concepciones tanto ideológicas como políticas y cuyos miembros habrán de ser convocados como actores de primer orden en esa tarea.

Quienes, en el seno de la comunidad musulmana, llevan a cabo esta labor han de contar con el apoyo de los sectores progresistas de la sociedad civil española. No sería buena cosa de que, en base a las discriminaciones de todo tipo de que son objeto, practicásemos un falso paternalismo y no fuéramos conscientes, y actuáramos en consecuencia, de la existencia también, en el seno de los colectivos inmigrantes, de diversas luchas de líneas entre corrientes progresistas y corrientes reaccionarias.

En segundo lugar, la sociedad civil. Hoy, el entramado de organizaciones sociales, sindicales, profesionales y políticas que tienen relación con el mundo de la inmigración no es nada desdeñable. Una implicación de las mismas es también esencial, tanto por su capacidad de influencia en la sociedad receptora, como por estar en condiciones de establecer iniciativas de trabajo conjuntas con aquellos colectivos de inmigrantes dispuestos a tomar un papel protagonista. La sociedad civil no puede dejar esta tarea en manos exclusivamente institucionales. La experiencia acumulada en estos años tiene que pesar en la conformación de opiniones y de propuestas de actuación en este debate. Un debate que no puede limitarse a la dimensión que pueda tener la influencia fundamentalista en el seno de la comunidad musulmana sino que tiene que abarcar los derechos que a las comunidades musulmanas correspondan de acuerdo a la libertad de culto consagrada en la Constitución y normalizar su presencia en los diversos ámbitos de la vida social. Un debate, además, que tampoco puede quedarse en la dimensión religiosa sino que ha de reclamar nuevas políticas de inmigración, que no lleven a la creación de ciudadanos de segunda, ni espacios de exclusión social que, además de ser incompatibles con los principios de igualdad y de justicia, son el mejor caldo de cultivo para el discurso fundamentalista.

Un papel particular en este campo lo juegan los medios de comunicación. Por razones de todos conocidas su influencia va a ser clave en la configuración de opiniones y actitudes en la opinión pública sobre esta cuestión. Su actuación, en este sentido, desde el 11-M, deja un sabor agridulce. Por una parte, como cosa muy positiva, han sabido y querido reflejar la notable presencia de inmigrantes entre las víctimas, reflejando sus historias de vida como unos ciudadanos más, de modo que la inclusión de las personas inmigrantes en el nosotros agredido corta el paso a posibles interpretaciones xenófobas. Incluso a la hora de abordar la reivindicación islámica por parte de los autores del atentado, se ha puesto el acento, repetidamente, en no criminalizar ni responsabilizar de ello ni al Islam, ni a la comunidad musulmana residente en España. Incluso hemos visto cómo se han hecho eco, los medios de comunicación, de numerosas opiniones manifestadas por las propias personas inmigrantes, y en este caso musulmanas, con una frecuencia insólita en los hábitos periodísticos españoles.

Todo esto, sin embargo, ha convivido con otras prácticas francamente preocupantes. Citemos tan sólo ese hábito, ya instalado, de utilizar profusamente la denominación de terrorismo islámico o de designar sistemáticamente a las personas detenidas en relación con los atentados por su origen marroquíes… No es sólo que ésa sea una práctica muy cuestionada por sectores muy significativos de la sociedad española que desarrollan su actividad en relación con el mundo de la inmigración, o incluso desde el mundo académico y político, sino que todas las manifestaciones provenientes de las comunidades musulmanas, sean a título individual o representativas de organizaciones, son muy críticas hacia ello. Sin embargo, los medios de comunicación, de manera generalizada, hacen caso omiso de ello, lo que no dice mucho a favor de su autoproclamado papel antixenófobo y es un negro presagio sobre el devenir de las opiniones que se inculcan en la opinión pública.

En tercer lugar, las instituciones. Qué duda cabe que su actuación, por la envergadura de medios de que disponen y por ser quienes marcan el terreno de juego, tanto en lo que a encuadramiento legal se refiere como en lo que hace a las políticas que implementan, su actuación, digo, es decisiva. Pero si lo abordo en tercer lugar es porque creo que en su actuación pesa decisivamente lo que acontezca en los dos terrenos antes indicados. Las instituciones, el Gobierno español en este caso, son responsables de abordar los problemas en los que se desarrolla la práctica religiosa de las comunidades musulmanas, en base a los criterios de libertad de culto y de igualdad de las confesiones religiosas que están reconocidas en las leyes. Tiene que fomentar la interlocución de las comunidades musulmanas para abordar las cuestiones específicas que plantea el hecho de la existencia de organizaciones terroristas que tratan de tomar como rehenes a dichas comunidades. No es de recibo ni la imposición unilateral de medidas no consensuadas ni legislar o reglamentar cuestiones que atenten a los principios de igualdad con otras confesiones religiosas.

La formulación de los deseos gubernamentales de control previo a las prédicas religiosas en las mezquitas, además de ser muy cuestionable su hipotética utilidad, puede mostrar una peligrosa tendencia a simplificar los problemas, abordarlos unilateralmente y sancionar dos tipos de ciudadanos frente al Código Penal. El Gobierno es también responsable de la exclusión que producen las políticas que tienen como sujetos a las personas inmigrantes y que guardan una relación directa con la capacidad de penetración de las organizaciones fundamentalistas. Y el Gobierno es también responsable, en fin, de una política exterior que sitúa con frecuencia a España frente a los legítimos deseos de justicia e independencia de los pueblos. Por no citar más que el paradigmático caso del pueblo palestino, no se puede disociar el apoyo que EE.UU. presta a la política genocida de Sharon, con la impotencia y frustración creada en millones de árabes que alienta la aparición de respuestas extremas y terroristas. O la invasión y posterior represión sobre el pueblo de Irak.

España se ha alineado en el pasado reciente con EE.UU. en éstas y otras empresas bélicas. La salida de las tropas españolas de Irak puede ser un paso en la buena dirección, pero no puede quedarse ahí. Son muchos los terrenos de política internacional (incluido el terreno de los intercambios comerciales) en los que se comparten políticas que sitúan a España alineada contra los intereses de los pueblos del Sur y en los que una rectificación a fondo es necesaria.

El debate actual, encarándolo de frente, puede permitir volver a poner en la agenda todas estas cuestiones. Si es así, bienvenido sea, pero para ello no será ocioso lo que todos podamos aportar.

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