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Bush concede inmunidad a las empresas de EEUU que comercien con petróleo iraquí

28/08/2003 - Autor: Redacción Amanecer - Fuente: Webislam
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Bechtel
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Una Orden Ejecutiva Presidencial promulgada por Bush el pasado 22 de mayo, y que ha pasado prácticamente desapercibida en los medios de comunicación, pone de nuevo de manifiesto las motivaciones reales que se esconden detrás de la ilegal invasión y ocupación de Iraq.

Aunque la Orden Ejecutiva 13303 lleva el título de “Proteger el Fondo de Desarrollo para Iraq y Otras Propiedades en las que Iraq tiene Intereses”, su intención no es la de proteger los intereses iraquíes, sino la de proporcionar un poder ilimitado a las grandes corporaciones de EEUU para que puedan saquear Iraq a su gusto y concederles una inmunidad permanente frente a cualesquiera acciones legales que puedan ser interpuestas por estos hechos.

La Orden Ejecutiva 13303 comienza con una declaración en la que se señala que cualquier futura reclamación legal en el tema del petróleo de Iraq constituye “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de EEUU”. El texto continúa diciendo que “cualquier proceso judicial está prohibido y deberá ser considerado nulo”. Esto se aplica tanto al Fondo de Desarrollo para Iraq, como a cualquier operación comercial vinculada al petróleo iraquí que realicen las corporaciones norteamericanas. De esta forma, la Sección 1 b) de la Orden invalida cualquier proceso judicial referido “a la totalidad del petróleo iraquí, a los productos derivados de él y a los intereses de cualquier tipo relacionados con los anteriores”, tanto en EEUU como en el extranjero.

Tras condenar esta norma como “un cheque en blanco para las corporaciones”, Tom Devine, director del Proyecto de Responsabilidad del Gobierno, una firma legal sin ánimo de lucro, dio a conocer una dura declaración el pasado 18 de julio. Devine señaló que “la Orden Ejecutiva elimina el concepto de responsabilidad de las compañías, a las que sitúa fuera del marco del imperio de la ley” y manifestó además que la sección 1 b) de la Orden Ejecutiva protege “todas las actividades de las corporaciones norteamericanas que tengan cualquier relación con el petróleo iraquí, ya se trate de la producción y el transporte o la publicidad, el servicio a los clientes, el pago de impuestos u otras”.

La Orden Ejecutiva significa que todas las empresas estadounidenses que operen en Iraq son ahora completamente inmunes a cualquier tipo de demanda legal. Si ellas llevan a cabo una destrucción importante del medio ambiente, derraman petróleo en el mar o incumplen sus obligaciones laborales, entre otros supuestos, no podrán ser objeto de ninguna reclamación. Además, la Orden Ejecutiva elimina la posibilidad de que cualquier futuro gobierno iraquí pueda demandar a las compañías norteamericanas para pedir compensaciones o indemnizaciones por daños y perjuicios. Devine describe esta orden como “una licencia para que las corporaciones norteamericanas saqueen impunemente Iraq y a sus ciudadanos”.

La Orden no sólo excluye a las compañías petrolíferas estadounidenses que operan en Iraq de la esfera del Derecho Internacional, sino también de la propia ley civil y penal de EEUU. Esto significa que cualquier actividad comercial, incluso realizada en el territorio norteamericano, que esté relacionada de algún modo con el petróleo iraquí o algunos de sus productos derivados quedará fuera del ámbito de cualquier ley estadounidense, ya se refiera ésta a la protección medioambiental, el salario mínimo, la seguridad e higiene en el trabajo, el cumplimiento de los contratos, la protección de los consumidores etc. Como señalaba recientemente un observador, “si la ExxonMobil o la ChevronTexaco utilizan petróleo iraquí y realizan cualquier abuso o delito, serán inmunes ante la ley en los propios EEUU”.

En realidad, estas compañías quedarían libres incluso de la responsabilidad normal que se deriva de las normas que rigen la concesión de contratos del Gobierno federal de EEUU a las empresas. Las leyes administrativas norteamericanas preveen una serie de requisitos para que el gobierno apruebe una concesión, que tienen que ver con el respeto a las normas de la competencia, unas particulares condiciones de trabajo y unos determinados niveles de transparencia contable. Ninguno de estos requisitos será ahora impuesto a las compañías que trabajen con el petróleo iraquí. La Orden Ejecutiva 13303 concede, pues, una libertad absoluta a compañías —algunas de ellas con estrechos vínculos con altos responsables de la Administración Bush, como Halliburton y Bechtel— para que hagan lo que les venga en gana.

Varias organizaciones de defensa del interés público y grupos de defensa del medio ambiente han pedido que el Congreso abra una investigación sobre la legalidad de la controvertida Orden. Un think tank progresista de Washington, el Instituto de Estudios sobre Política, ha pedido al Congreso que anule la Orden de Bush. Jim Valette, uno de los directivos del Instituto, ha declarado que la Orden “revela el verdadero propósito de la actual ocupación de Iraq, que no es otro que el de conceder un poder absoluto a las corporaciones de EEUU en lo que se refiere a la explotación del petróleo iraquí”.

Earth Rights, una organización que se encarga de registrar y denunciar los abusos contra el medio ambiente por parte de las grandes empresas, calificó la Orden de “indignante”. Varios expertos juristas norteamericanos han llamado la atención sobre el carácter insólito de la Orden Ejecutiva 13303.

Jimmy Rakin, profesor de Leyes en la Universidad Americana de Washington, declaró al diario Los Angeles Times que el lenguaje de la Orden Ejecutiva 13303 le recordaba el de otra orden ejecutiva que establecía tribunales militares para los “enemigos combatientes”: “Esta Orden parece destruir el propio concepto de responsabilidad civil y criminal. La gente está diciendo ahora que Iraq se ha convertido en una jungla y este tipo de orden convierte la propia ley en algo similar a eso”.

La Orden Ejecutiva fue promulgada por Bush poco después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la Resolución 1483 que provee de facto una legitimación para la ocupación de Iraq. Esta resolución creaba, entre otras cosas, el así llamado Fondo de Desarrollo para Iraq. Controlado por el administrador civil norteamericano en Iraq, Paul Bremer, y supervisado por una junta de expertos procedentes en su mayoría del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, este Fondo de Desarrollo se encarga de recoger todos los ingresos generados por el difunto programa “Petróleo por Alimentos”, así como por todas las futuras ventas de petróleo y gas de Iraq. En una de las secciones de la Resolución 1483 se estipula que hasta finales del año 2007 todos los ingresos procedentes del “petróleo, productos petrolíferos y gas natural” de Iraq serán inmunes ante cualquier reclamación legal. EEUU insistió en que esta sección era un paso necesario para proteger los recursos iraquíes de las reclamaciones de los acreedores de Iraq, incluyendo a Francia y Rusia. Se estima que Iraq tiene en la actualidad una deuda externa de unos 60.000 millones de dólares. En otro párrafo de la resolución, se anima a los países miembros a “adoptar los pasos que sean necesarios, bajo sus respectivos sistemas jurídicos, para asegurar esta protección legal”.

La Administración Bush ha tomado esta resolución de la ONU como justificación para promulgar su Orden Ejecutiva. Sin embargo, la inmunidad legal establecida en la Orden va mucho más allá de lo contemplado en la resolución, que establece una inmunidad limitada al período inicial de la venta del petróleo iraquí y no se aplica a los desastres ecológicos, tales como los vertidos. Como Devine señala, la Orden Ejecutiva 13303 “viola la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad, en lugar de aplicarla”.

Existen indicios de que los miembros del Consejo de Seguridad están preocupados por la promulgación de la Orden de Bush. El 8 de agosto, el diario Oil Daily citaba a un diplomático occidental anónimo, que se oponía al cheque en blanco concedido a las compañías petrolíferas norteamericanas que operan en Iraq. Este diplomático recordaba que “todos los países tienen la obligación de respetar la resolución de la ONU”. La promulgación de la Orden y el control del Fondo de Desarrollo por parte de la fuerza de ocupación estadounidense tienen significativas implicaciones para el futuro de Iraq. Más de 20 compañías norteamericanas han conseguido contratos desde el fin oficial de la guerra, en términos poco o nada transparentes. Muchas de estas compañías mantienen estrechos vínculos con altos responsables de la Administración Bush. La Orden garantiza que tales contratos quedarán asegurados frente a cualquier demanda legal gracias a la protección concedida al Fondo de Desarrollo, que será el encargado de pagar a las compañías en base a dichos contratos.

El Consejo de Gobierno

Estos planes de la Administración Bush para dar seguridades a los inversores norteamericanos se encuentran también detrás de la reciente creación del llamado “Consejo de Gobierno” de Iraq, que ha sido presentado por los principales medios de EEUU y otros países como “un paso decisivo hacia la democracia”. La realidad, sin embargo, es que la función de este consejo será simplemente la de ratificar la privatización de la industria petrolífera iraquí y la apropiación de sus ganancias por parte de las compañías petrolíferas norteamericanas durante los próximos años. El así llamado Consejo de Gobierno está formado por unos 25 individuos escogidos a dedo por el administrador civil norteamericano, Paul Bremer, que ha dejado ya claro que este organismo tendrá un carácter meramente “consultivo” y que la decisión final sobre todos los asuntos corresponderá únicamente a la autoridad de ocupación norteamericana.

El pasado 8 de julio, Bremer mostró en una rueda de prensa celebrada en Bagdad su determinación para llevar a cabo una privatización completa de la industria petrolífera iraquí y del resto del sector público antes de que los iraquíes tengan la oportunidad de elegir un gobierno o expresar su opinión ante las radicales reformas económicas que la autoridad ocupante norteamericana desea aprobar. Según informó el periódico Wall Street Journal el pasado mes de mayo, una empresa norteamericana, Bearing Point Inc., recibió en febrero, más de un mes antes de que la guerra estallara, el encargo de diseñar “un programa de privatización masivo” de empresas iraquíes. Este plan aboga por el desmantelamiento del sector público iraquí. Las empresas menos rentables serán cerradas y sus trabajadores despedidos, y el sector del petróleo y el resto de compañías que sean rentables serán vendidas a las multinacionales norteamericanas.

A principios de agosto, Bush nombró también a uno de los principales contribuyentes de su campaña, el multimillonario norteamericano Thomas Foley —que también preside el Grupo NTC, una sociedad encargada de la compra de empresas—, como nuevo responsable del programa encargado de llevar adelante el programa de privatización de empresas. Hay que decir que el resultado final de este programa será un fuerte incremento de la pobreza y la desigualdad social. El propio Bremer y otros responsables norteamericanos en Iraq han reconocido, a este respecto, la existencia de un sentimiento de hostilidad popular en Iraq en contra de la privatización de la industria del petróleo y su apropiación por multinacionales extranjeras.

Bremer y otros responsables de la Administración Bush temen que los inversores extranjeros se muestren reticentes a la hora de adquirir las instalaciones petrolíferas de Iraq, sin tener antes una garantía legal de que su propiedad no se verá cuestionada por un futuro gobierno iraquí. Es por ello que Bremer desea llevar ante el nuevo Consejo este asunto. Él cree que si esta privatización es aprobada por las organizaciones miembros del Consejo, esto les comprometería una vez que algunas de ellas lleguen al poder en unas futuras elecciones y daría a la vez suficiente confianza a los inversores. “El dilema es hacer que las nuevas leyes económicas aprobadas sobrevivan a un futuro gobierno iraquí elegido en las urnas”, declaró abiertamente Bremer.

Bremer ha aprobado un presupuesto para Iraq, referido a la segunda mitad del año, que alcanzaría, según las previsiones, los 6.100 millones de dólares. EEUU planea que los ingresos procedentes del petróleo cubran unos 3.450 millones de esa cifra. El resto sería financiado con las reservas del Banco Central Iraquí, los beneficios de las empresas estatales, los fondos iraquíes congelados en EEUU y el superávit del programa “Petróleo por Alimentos” de la ONU. Estos fondos, sin embargo, son difíciles de asegurar. Los ingresos del petróleo previstos en el plan sólo podrían conseguirse si se duplica la producción de crudo desde los 800.000 barriles por día hasta los 1.500.000. La continua campaña de sabotajes a oleoductos de la resistencia iraquí ha impedido, sin embargo, reparar las instalaciones petrolíferas del país y aumentar la producción. Además, dos guerras y más de una década de sanciones han dejado a la infraestructura petrolífera del país en un estado calamitoso. Aunque Iraq alberga las segundas mayores reservas de crudo del mundo, el país se ha visto obligado a importar gasolina y gas licuado en las pasadas semanas para atender a las necesidades domésticas de sus ciudadanos.

La Administración Bush realizó recientemente una petición al Congreso para que conceda una ayuda suplementaria de 800 millones de dólares para la reconstrucción de la industria petrolífera de Iraq. Esta cantidad se vendría a sumar a la de 400 millones, ya destinada a tal propósito. Dada la continuidad de la guerra de guerrillas en Iraq, las estimaciones norteamericanas de que los ingresos procedentes del petróleo se multiplicarán por cuatro el próximo año hasta alcanzar los 14.000 millones de dólares parecen más que dudosas.

Los expertos de la industria petrolífera han señalado que les llevará 18 meses a los campos iraquíes alcanzar los niveles de producción anteriores a la guerra. Mientras tanto, el coste de la ocupación sigue aumentando y, según ha señalado el propio Rumsfeld, asciende a unos 3.900 millones de dólares mensuales, justo el doble de lo que el Pentágono había previsto antes de la guerra. Cabe decir, por último, que estos planes para el saqueo de la riqueza petrolífera de Iraq sólo podrán ser impuestos a la población iraquí por medio de una fuerte represión y una guerra contrainsurgencia que producirá muchos muertos, tanto iraquíes como norteamericanos. Contratos a las grandes compañías

No es ningún secreto que las compañías petrolíferas, de defensa y de construcción norteamericanas, particularmente aquellas que poseen estrechos vínculos con la Administración Bush, están a la espera de conseguir grandes beneficios en Iraq. Hasta el momento, las dos empresas norteamericanas mejor situadas para conseguir lucrativos contratos son Halliburton, cuyo último ejecutivo jefe fue el actual vicepresidente, Dick Cheney, y el gigante de ingeniería Bechtel, cuyo vicepresidente, Jack Sheehan, forma parte de la Junta de Política de Defensa —Defense Policy Board (DPB)—, un organismo que asesora al Pentágono y al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El antiguo secretario de Estado durante la Administración Reagan, George Shultz, que pronunció el primer discurso sobre política exterior de Bush en 1999, forma parte de la Junta Directiva de Bechtel. Shultz también encabezó un organismo supuestamente no gubernamental, el “Comité para la Liberación de Iraq” (CLI), que tenía como objetivo el de presionar en favor de la guerra de Iraq y se autodisolvió a finales de julio.

Menos conocida que Halliburton o Bechtel es la Scientific Applications International Corporation (SAIC), uno de los mayores contratistas del Pentágono. Esta corporación, con base en San Diego, posee muy buenas conexiones políticas en Washington. De los 6.000 millones que ganó el pasado año, dos tercios provinieron del Tesoro federal norteamericano, en su mayor parte de la sección del Presupuesto destinado a temas militares. La SAIC es uno de los 10 mayores gigantes que trabajan en la esfera militar en EEUU. Especializada en tecnologías avanzadas que pueden aplicarse en el campo de batalla, particularmente en sistemas de mando y control, la SAIC está implicada en las más importantes operaciones que lleva a cabo el Pentágono en Iraq. El vicepresidente de esta compañía es el almirante retirado William Owens, un antiguo vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y miembro en la actualidad de la DPB, el organismo ya mencionado que asesora a Rumsfeld. Otro miembro de la Junta Directiva de la SAIC es el general del Ejército retirado, Wayne Downing, que hasta el pasado verano sirvió como experto antiterrorista en el Consejo de Seguridad Nacional. Antes de eso, Downing actuó también en favor del Congreso Nacional Iraquí, liderado por Ahmad Chalabi, el “exiliado iraquí” favorito de los neoconservadores de la Administración Bush y que está reclamado en Jordania por el delito de apropiación indebida y estafa. Al igual que Shultz, Downing fue también miembro de la Junta Directiva del CLI, grupo éste que mantuvo estrechos contactos con el Congreso Nacional Iraquí.

Un miembro más de la Junta Directiva de la SAIC, y antiguo vicepresidente de la misma, es David Kay, el antiguo inspector de armas de la ONU que fue contratado por la CIA en junio para encabezar la búsqueda de armas de destrucción masiva en Iraq. Kay fue antiguo oficial científico durante la época de la Administración Reagan. El pasado otoño Kay se manifestó en contra de las inspecciones de la ONU y abogó por la invasión del país. Todas estas conexiones pueden explicar el éxito de la SAIC a la hora de conseguir contratos en Iraq.

La compañía ha estado también dirigiendo el Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción de Iraq (IRDC) desde su creación por el Pentágono el pasado febrero. Unos 150 “exiliados” iraquíes, la mayoría llegados a Iraq en mayo están empleados en el Consejo para darle un “rostro iraquí”. Altos responsables del IRDC, muchos de ellos estrechamente asociados con el Congreso Nacional Iraquí, desempeñan cargos en los 23 ministerios de Iraq en la actualidad. El vicepresidente de la SAIC, encargado de temas de evaluación estratégica y desarrollo, Christopher Ryan Henry, entró a trabajar en el Pentágono como subsecretario adjunto de política de Defensa en el momento en el que se creó el IRDC. Allí sirve bajo las órdenes del subsecretario de Política de Defensa, Douglas Feith, que es quien recibe directamente los informes de la DPB y quien está a cargo del diseño del futuro político de Iraq.

La SAIC es también subcontratista de otro gigante de la industria militar, la Vinnell Corporation, que ha estado durante mucho tiempo entrenando a la Guardia Nacional de Arabia Saudí y que ha sido encargada de un programa, valorado en 48 millones de dólares, destinado a la reconstrucción y entrenamiento de un nuevo Ejército iraquí. La SAIC recibió asimismo el encargo de lanzar un proyecto conocido con el nombre de Red de Medios Iraquíes —Iraqi Media Network (IMN)—, que estaba valorado en un principio en unos 25 millones de dólares. Este proyecto fue lanzado a mediados de abril como sucesor de un programa de guerra psicológica que consistía en retransmisiones realizadas antes y durante la guerra desde un avión militar norteamericano C-130 denominado “Commando Solo”.

El INM era, sin embargo, un programa considerablemente más ambicioso, puesto que su objetivo era el de crear un nuevo ministerio de información completo con televisión, radio y un periódico dirigidos al pueblo iraquí. Para supervisar este trabajo, la SAIC contrató al director de la Voz de América, Robert Reilly, un ultraconservador que trabajó en los años ochenta como propagandista de los contras de Nicaragua en la Casa Blanca. Reilly trajo con él a su inmediato colaborador, Mike Furlong, que trabajó para el Pentágono y ha estado realizando tareas en Kosovo. Sin embargo, al parecer, ambos quedaron excluidos del proyecto a mediados de junio y la SAIC recibió críticas por su notoria incompetencia en la gestión del programa, en especial por su elección de una programación que podía ser popular en EEUU, pero que no tenía ningún atractivo para los iraquíes. Asimismo, los periodistas y trabajadores que trabajaban en el proyecto comenzaron a desertar al no recibir su paga durante meses. Uno de los responsables del proyecto, Don North, se quejó también al New York Times de que al Pentágono no le interesaba en absoluto el periodismo profesional y quería tan sólo personas que sirvieran de correa de transmisión de las informaciones que quisieran difundir las autoridades de ocupación estadounidenses.

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