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Ensayo Jurídico acerca de la Libertad Religiosa en España

15/06/2003 - Autor: Sergio Rodriguez Cabrera - Fuente: Verde Islam 20
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Momento de la firma del Acuerdo. Mansur Escudero y el Ministro de Justicia Belloch.

1. Acerca de la libertad religiosa

El artículo 16 de la Constitución Española de 1978, en adelante CE , reconoce y garantiza conjuntamente dos libertades fundamentales de ámbito personal: la libertad ideológica y la libertad religiosa, ambas íntimamente relacionadas por razones históricas, pese a constituir manifestaciones distintas de una realidad que a priori se nos aparece más homogénea de lo que el análisis jurídico desvela posteriormente.

La exposición analítico-crítica a realizar en este trabajo se ceñirá a una de estas dos libertades, a la religiosa, siendo abordada no sólo como libertad pública sino también como principio inspirador de toda la legislación del Estado Español, en los términos en que es descrito por el artículo 1 de nuestro texto constitucional.

A modo de aproximación a ‘ese’ principio, y nos referimos a ‘ese’, y no a ‘este’ para tratar de mostrar gráficamente que la cercanía del mismo, su realidad, su propia existencia no es sentida del mismo modo por todo aquel que profesa un determinado credo sobre el territorio español; pues bien, de modo aproximativo diremos que con este artículo 16, lo que el Constituyente pretendió no fue sino poner fin a ese ya tradicional enfrentamiento en la historia de España, huyendo, tanto de la confesionalidad oficial del Estado, cuyo más reciente exponente lo encontramos en la dictadura del General Franco, así como del laicismo desvertebrador que se impuso durante la II República.

Se optó por una posición ‘intermedia’, determinando como meta constitucionalizada al más alto nivel, el derecho fundamental en que se constituye la libertad religiosa.

Tomando la tesis de la generalidad de la Doctrina, debemos destacar como rasgo esencial de este derecho su autonomía, no requiriendo por tanto del concurso de otros derechos y libertades para garantizar su efectividad. El derecho de libertad religiosa, que consagra el artículo 16 CE, podría haber sido recogido independiente y separadamente de ese otro derecho fundamental recogido también por el artículo 16 CE, como es la libertad ideológica.
Por otro lado, abordar la libertad religiosa como principio es tanto como dejar de lado el análisis ‘dogmático’ de su significado, contenido, alcance, limitaciones..., y sí centrarse en lo que al Estado toca. La libertad religiosa como principio significa que el Estado no puede desconocer el fenómeno religioso, competiéndole la remoción de obstáculos y la promoción de las condiciones para que la libertad religiosas de los ciudadanos, su ejercicio mismo, sea efectivo. De este modo nos acercaríamos también a la dimensión colectiva del fenómeno y es en este ámbito, sin dejar de lado la perspectiva individual, donde apreciamos un cierto agere licere del individuo, conectando necesariamente con los artículos 16.2 y 14 CE.

Es ahora al inicio de la exposición donde debiera dejar fijada la perspectiva de análisis con la que nos disponemos a abordar la realidad de este Derecho-Principio, que no es otra sino la vertiente fundamentalmente colectiva de la libertad religiosa, no tanto en cuanto a la posibilidad de crear asociaciones, actuar conjuntamente con otros individuos que profesen el mismo credo, etc, sino contemplando el fenómeno religioso como hecho plural y como hecho que afecta a una pluralidad, algo que casi bien nos serviría para tratar de éste como fenómeno universal...

Es mi objetivo que aflore, en el análisis pretendidamente crítico y actual a realizar, la situación en que se encuentran miles de musulmanes españoles; así como hacer balance del estado en que se encuentra y sus razones, el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España (CIE).

Queriendo a esta altura centrar aún más la exposición, debiéramos analizar, en línea de continuidad con lo ya dicho qué sea eso del Principio de Cooperación del Estado con las Confesiones religiosas a que se refiere el artículo 16.3 CE.
Este precepto parece establecer con rotundidad, tras determinar o declarar que ninguna confesión tendrá carácter estatal, un mandato dirigido a los poderes públicos para que teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, mantenga las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones; cooperación, cuyo fundamento además de ser una manifestación más del principio de libertad religiosa, conecta a mi entender con la cláusula del Estado Social al que se refiere el artículo 1.1 CE, al definir al Estado; ello significa que el Estado debe entender el fenómeno religioso como una necesidad del ciudadano y establecer los elementos básicos que garanticen el desarrollo del ciudadano en su perspectiva teológica de vida.

La Cooperación como Principio se opone tanto a la separación laicista, como a la posible confusión Iglesia-Estado propia del confesionalismo. La Cooperación no es sino una “tercera dimensión” del fenómeno religioso respecto del Estado y viceversa, supone por tanto que ambos cooperen para establecer un marco que haga posible el ejercicio del Principio y la igualdad religiosa.

Ahora bien, la Iglesia y el Estado no son —como afirmaría Giolitti1— dos líneas paralelas que no se encuentran nunca, muy al contrario se encuentran en el ciudadano que desea que sus hijos reciban una educación religiosa, que desea contraer matrimonio según convicciones, etc...

España se constituye desde el artículo 16.3 CE, en un Estado que adopta una actitud positiva y activa frente al fenómeno religioso, comprometiéndose a cooperar y mantener relaciones con las confesiones religiosas, sin en principio —y mi intención es mostrar lo relativo de esta realidad— discriminar ni privilegiar a una confesión frente a otra, algo que de facto supondría una violación de los artículos 16.1 y 14 CE, produciéndose ,como me propongo plantear, un giro hacia una especie de “confesionalismo ligero”, disfrazado de pluralismo e igualdad en el aspecto religioso, lo cual reduciría la redacción del artículo 16.3 CE a mera literatura.

Dejando momentáneamente esta línea argumental de lado, debiéramos abordar, y así lo haré, cual es la realidad jurídica y fáctica de la cooperación con las Entidades religiosas en España.

Atendiendo al artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), comprobamos cómo en desarrollo legal de ese compromiso cooperativista que parece imponer la CE aparece la previsión de un régimen jurídico pacticio con las confesiones, que en términos del propio artículo 7 LOLR, hayan alcanzado notorio arraigo en España.

Debemos matizar así mismo que la Constitución Española no impone sin embargo que esta cooperación se plasme necesariamente en acuerdos, ello sólo lo hace la ley, y a tenor de ésta comprobamos cómo la “vía convencional” se reserva a unas pocas confesiones que vendrán determinadas atendiendo principalmente a criterios a priori sociológicos, tal es el caso de la expresión “que hayan alcanzado notorio arraigo en España”,algo que al parecer es consecuente con la lógica hasta cierto punto, porque no debemos olvidar que las “minorías religiosas” quedan cubiertas por el artículo 16.1 CE, no entendiéndose bien la diferenciación que se hace, más aún partiendo de que el artículo 16.3CE habla de Cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones...Y ¿qué tipo de cooperación no requeriría en este aspecto del ejercicio de la autonomía de la voluntad por vía convencional?.

Convendría hacer una precisión apuntando a la posición privilegiada que parece brindar el Ordenamiento Jurídico a la Iglesia Católica frente al resto de confesiones, ello fundamentalmente por razones históricas y sociológicas —no debemos olvidar que la Confesión Católica es la que mayor número de personas agrupa—, pero que de fondo dejan traslucir la situación de desigualdad en que se encuentra el colectivo islámico español, más aún teniendo en cuenta su número y el arraigo que está alcanzando en la sociedad española.

Posición privilegiada la de la Iglesia Católica, que viene determinada también por la naturaleza jurídica que ostentan los Acuerdos de Cooperación del Estado con ésta, los denominados Concordatos, que se caracterizan frente al resto de fuentes pacticias convencionales respecto de otras confesiones en:

1º. El sujeto de la relación convencional por parte de la Iglesia es la Santa Sede, que se manifiesta como órgano supremo de la Iglesia Católica y como conjunto de entes de gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, algo que no ocurre con ninguna otra confesión religiosa en la actualidad.

2º. A la Iglesia Católica se le aplican esquemas técnico-jurídicos propios del Derecho Internacional Público, con sus importantísimas consecuencias desde el punto de vista del sistema de fuentes, al considerar al Concordato en relación a su naturaleza jurídica como un convenio internacional, reconociendo al tiempo la personalidad jurídico-internacional de la Iglesia Católica.

Todo ello supone una clara diferencia del status que ostenta la Iglesia Católica respecto del resto de confesiones, y por lo que a nosotros nos trae respecto de las Comunidades Islámicas Españolas, constatando como punto de partida objetivo una clara situación desigual.

Es mi intención constatar estas desigualdades de hecho y de derecho para, lejos de tomar posición por una postura concreta, poder analizar la realidad de dicha situación. Frente a ésta no podemos olvidar que estamos de vuelta de un régimen confesional y de un pasado con exacta incidencia en el mismo sentido; desde este punto de vista debiéramos entender algunos de los condicionamientos de la actual situación, pero no olvidemos que si bien la Iglesia Católica por estas razones histórico-sociológicas es punto de partida, y así el artículo 16.3 CE “...se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones”, por tanto con mención expresa a aquella, un poco más arriba, hacia el segundo párrafo del artículo 16 CE, se establece que “serán tenidas en cuenta las creencias religiosas de la sociedad”, esto junto a un análisis de la realidad sociológica española debiera dar cuenta de que:

1º. El auge de otras confesiones, principalmente la islámica, está haciendo cambiar los presupuestos que existían recién llegada la Democracia, y se debería por lo tanto, bajo el imperativo del artículo 16.3 CE, tener efectivamente en cuenta esa realidad, en orden, no sólo a acentuar la cooperación Estado-Confesión, sino a garantizar el cumplimiento efectivo de lo pactado.

2º. Se hace preciso garantizar el cumplimiento de los acuerdos con la CIE, cosa que contrasta con la posición encontrada que a estos efectos parece presentar la Administración, tema que más tarde se abordará en base a elementos fácticos.
2. Acuerdo de cooperación con la CIE

A modo de introducción al tema hay necesariamente que referirse una vez más al artículo 7 LOLR, en desarrollo del mismo, el Estado Español promulgó —mediante tres leyes de Noviembre de 1992— los Acuerdos de Cooperación con:

—Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE).
—Federación de Comunidades Israelitas de España (FCI).
—Comisión Islámica de España (CIE).

En los tres casos se trataba de Federaciones o Comisiones que a su vez integraba distintas iglesias o confesiones.

Por el asunto que a nosotros nos trae de forma específica,—los Acuerdos con la CIE— hay que puntualizar, para tener una visión jurídica y real más correcta y exacta de la situación, que la CIE comprende a la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que a su vez abarca a comunidades Sunnitas y Chiítas y por la Unión de Comunidades Islámicas de España, compuesta exclusivamente por comunidades Sunnitas.

El Acuerdo con la CIE consta de 14 artículos en donde se regula un amplio número de materias tales como:

—Protección jurídica de los lugares de culto
—El Estatuto de los Ministros de culto musulmanes
—El reconocimiento de efectos civiles al matrimonio celebrado en forma religiosa
—Régimen económico y fiscal de la Confesión
-Enseñanza religiosa
—Etc...

Vamos a esta altura de la exposición, —para evitar riesgos que podrían conllevar los múltiples razonamientos de los que se debe dejar constancia y que podrían en algún momento de la misma descentrar ó perder al lector del que es el problema que realmente se quiere plantear—, a establecer los puntos esenciales que restan a nuestro análisis y que abordan la realidad que debe ser analizada en estas páginas, así se abordará la gestación de dichos acuerdos —elemento esencial para entender la problemática actual—, su contenido y manifestaciones más importantes desde el punto de vista jurídico, pasando por un análisis descriptivo de la situación de incumplimiento en que se encuentran los acuerdos, sin dejar de apuntar sus posibles causas directas.

Adelantándome a lo que se encontrará el lector, concluiré la exposición con lo que parece ser una ‘esperanza’ en el ámbito supraestatal para que se dé un efectivo impulso en la aplicación efectiva de los mencionados acuerdos, con el consiguiente cumplimiento de la legalidad y los efectos que de ello se derivarían para el principio de libertad religiosa. Se trata del compromiso que realizó el Parlamento Europeo en un comunicado de 15 de Julio de 1997 en que, a resultas de varios encuentros con la CIE, la Institución manifestaba que procedería a la constitución en su propio seno de un grupo de Reflexión y Seguimiento del islam en Europa, con el fin de dar a conocer la realidad de los musulmanes europeos, algo que quizá podría servir para concienciar a la Administración Española y a todos los Poderes Públicos del Estado, de la situación lamentable en que se encuentran, en España, estos asuntos.

2.1 Génesis del acuerdo de cooperación

Hace prácticamente nueve años, ante el Ministerio de Justicia español se sentaban por primera vez las representaciones de los musulmanes españoles y del Estado, para iniciar la negociación del contenido de los Acuerdos de Cooperación; se daba por tanto cumplimiento al artículo 16.3 CE, que había establecido la libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales de los españoles, derecho que no se había podido ejercer en nuestro país desde 1492.
En el caso que nos trae, el de los musulmanes, el reconocimiento legal y el ejercicio y desarrollo de este derecho necesitó la previa Declaración Oficial del islam como “religión de notorio arraigo”, hecho que sucedió once años después, en 1989.

El siguiente paso que en nuestro Sistema Constitucional exigía para la libre práctica del islam pasaba por la firmeza de unos Acuerdos de Cooperación con el Estado, donde se habrían de concretar las disposiciones que, tanto el Estado como los musulmanes españoles, consideraban necesarios para la práctica efectiva y real de dicha religión.

Pero antes de entrar en el análisis del Acuerdo de Cooperación creo necesario recordar el marco legal del que procede, el cual viene constituido de un lado por el artículo 16.3 CE y de otro por la LOLR.

A modo de aproximación breve al contenido conjunto y global que, para el fenómeno religioso constituyen el precepto y el texto legal antes citados, nada se encuentra más propio y adecuado que tratar de sintetizar el contenido del Diario de Sesiones del Senado de 10 de Junio de 1980 (páginas 2848 y ss.) en relación a la aprobación de la LOLR.

“La LOLR se inspira en una valoración positiva del fenómeno religioso siguiendo el espíritu de la CE, lo que supone la adopción de un modelo de Estado neutral ante la confesionalidad, abierto al hecho religioso en cuanto que dimana de las creencias y convicciones del hombre..., separándose tanto del Estado típicamente laicista, beligerante y hostil frente al hecho religioso, como del Estado dogmáticamente confesional....El Estado se orienta a promover las condiciones para que esta libertad sea real y efectiva, y se consiga remover los obstáculos que impiden o dificultan su ejercicio, tal y como prevé el artículo 9.2 CE...”

“Una de las innovaciones de esta ley es el desarrollo del artículo 16.3 CE y la adopción que se realiza en su artículo 7 del sistema convencional o de regulación bilateral de las cuestiones religiosas, abierto en igualdad de condiciones a todas las confesiones con las matizaciones ya expuestas (...)”

Esta voluntad del legislador queda efectivamente reflejada en el texto de la LOLR, y que expresa por otra parte lo que ha ratificado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, al analizar el alcance del artículo 14 CE, no prohibiendo que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, pudiendo servir esto de fundamento a alguno de los problemas planteados anteriormente; tratamiento diverso que puede venir justificado y exigido en un Estado Social y Democrático de Derecho por la efectividad de los valores que la Constitución Española consagra con el carácter de superiores del ordenamiento jurídico: justicia e igualdad. Lo que sí prohíbe el principio de igualdad jurídica es la discriminación, es decir, que la desigualdad de tratamiento sea injustificada.

La lectura de todos estos preceptos debió constituir en aquel momento para la CIE y todos los grupos que la misma aúna, un motivo de esperanza y alegría, se trata de una ley (LOLR), que en su espíritu y en su letra les protege e impulsa su afianzamiento. Este debió ser el ánimo con el que en 1992 los musulmanes españoles llegaban a la firma de un Acuerdo de Cooperación con el Estado.

Los musulmanes españoles y la CIE aplaudieron la iniciativa de la Administración socialista, que se adelantó con la firma de dicho Acuerdo a la legislación vigente en el resto de naciones europeas. Y pese a que el Acuerdo que finalmente se firmó no satisfizo todas sus aspiraciones, fue aceptado como un punto de partida válido para comenzar un proceso de normalización, ideas éstas que en numerosas ocasiones a puesto de relieve la CIE, y así se hizo ante el Parlamento Europeo, donde fueron denunciados los incumplimientos de estas libertades constitucionales por el Estado español (14 Julio de 1997).

2.2 Deficiencias del acuerdo y comienzos de los incumplimientos por el Estado

Pese a todo lo anterior el Acuerdo de Cooperación nació lastrado con limitaciones y carencias básicas. Los preceptos legales ya comentados y la interpretación dada a los mismos por el Tribunal Constitucional, no fueron aceptados por la representación estatal, ni reflejados en el Acuerdo de Cooperación firmado con la CIE.

A la Confesión Religiosa Islámica no se le permitió expresar en el Acuerdo sus propias instituciones características y singularidades. Resultado de ello son Acuerdos homogéneos, casi idénticos para las tres confesiones no católicas: judíos, protestantes y musulmanes.

Por otro lado, el Acuerdo sólo incidía en aquellas materias que habían sido objeto de Acuerdo con la Iglesia Católica:

—Forma de matrimonio.
—Lugares de culto.
—Asistencia religiosa.
—Etc...

Pero sin recoger otros aspectos importantes como la cultura, colaboración financiera Estado-CIE, aspectos esenciales para hacer efectivo el principio del artículo 16.1 CE.

Hoy, nueve años después de la firma del Acuerdo, nos encontramos con que los obstáculos impuestos por la Administración y la falta de voluntad política para desarrollarlo y hacerlo efectivo provocan que el Acuerdo se encuentre prácticamente paralizado. Nos encontramos hoy por hoy, por tanto, con una vulneración de la LOLR y una continua minoración de las posibilidades para que su cumplimiento avance.

La pregunta que debiéramos hacernos es ¿hasta qué punto se vulnera, no ya sólo la LOLR, sino la propia Declaración Universal de Derechos Humanos?

2.3 Elementos de hecho del incumplimiento

Debemos ahora resaltar algunos de los incumplimientos que —en el articulado del acuerdo y de su grupo normativo— se han producido y se repiten día a día, todos ellos denunciados oportunamente por la CIE ante el Parlamento Europeo (en los términos ya expuestos) y con carácter previo ante la Administración española:

1º. Ignorando y ¿hasta qué punto no despreciando los principios religiosos?, se continua sirviendo “comida prohibida” para los musulmanes en los comedores de los colegios, cuarteles y prisiones.

2º. Los propios sindicatos de profesores califican de clasistas y segregacionistas los criterios para elaborar La Red de Centros de Primaria y Secundaria. Hay Institutos que son en la práctica casi exclusivamente para cristianos y otros para musulmanes.

3º. Se niega a los alumnos musulmanes seis minutos y un local para realizar la oración en los colegios que tienen jornada intensiva.

4º. La libertad/derecho para ser enterrados dignamente y conforme al islam se ve limitada porque los cementerios islámicos españoles no están formalizados ni adecuados completamente para que cumplan su función correctamente.

5º. En el capítulo de proyectos islámicos en general y construcción de Mezquitas en particular, hay oposiciones enconadas desde diversos frentes que retrasan y dificultan su realización. Se producen situaciones contradictorias ya que por un lado se promueve el legado andalusí pero cuando se trata de ejercer una práctica legal no se facilita la tarea.

6º. En la celebración de festividades islámicas, los musulmanes no encuentran espacios adecuados al no serles en general facilitados por el organismo competente.

7º. Tampoco se aplica el derecho a acudir a festividades, cuando los musulmanes están sujetos a un régimen laboral de trabajo, a pesar de estar reconocido en el Acuerdo de Cooperación con el Estado.

8º. La Mezquita Central de Melilla, construida y cedida a los musulmanes en propiedad por la Alta Comisaría de España en Marruecos en tiempos del Protectorado, que esta siendo administrada por el Ayuntamiento desde los años sesenta, sigue sin ser devuelta a éstos.

2.4 Problemática del acuerdo sobre la enseñanza

En el marco de desarrollo del Acuerdo de Cooperación, la CIE elaboró en 1993 un currículo para las enseñanzas del islam en las escuelas públicas y concertadas con el Estado, tres años más tarde se firmó el “Convenio para el Régimen Económico de las personas encargadas de la enseñanza religiosa islámica en los Centros Docentes Públicos y Concertados con el Estado”. Este Convenio suponía un avance sobre lo reflejado en el Acuerdo de Cooperación; en cuanto al Estado, éste asumía la financiación de los profesores —los cuales tenían derecho a formar parte del claustro— y las clases, de carácter opcional, se impartían en horas lectivas.

Su aplicación ha estado asimismo plagada de suspicacias y trabas por la Administración, su aplicación por el momento ha sido casi nula.
En este sentido la CIE ha manifestado tener constancia de multitud de colegios donde no se ha informado a los alumnos de la posibilidad de elegir otra modalidad de enseñanza religiosa diferente a la católica. Pese a solicitar estas enseñanzas los alumnos, una vez reconocida la posibilidad no se ponía en conocimiento de los mismos.

Desde la propia Dirección de Asuntos Religiosos se llegó a comunicar a la CIE el temor del Estado a la utilización que ésta podía hacer de este derecho fundamental, para introducir el integrismo islámico en España. Cuando colectivos de profesores de enseñanza islámica de Melilla contemplaban ya a mediados de curso cómo ni siquiera se facilitaban las listas de alumnos que lo habían solicitado y se planteaban la posibilidad de movilizaciones ciudadanas, como forma de sensibilizar a la opinión pública, se les amenazó con la intervención de las Fuerzas del Orden Público y la deportación a su país de origen, en este último caso se trataba obviamente de personas extranjeras.

2.5 Otro problema más: la financiación como agravio comparativo

La falta total de desarrollo del Acuerdo se hace notar sobre todo en el tema de la financiación. Aquí podemos hablar de una auténtica discriminación con relación al tratamiento que se da a la Iglesia Católica.

El artículo 11 del Acuerdo de Cooperación con los musulmanes regula algunas exenciones y beneficios fiscales, la aportación directa por parte del Estado ha sido hasta el momento de cero pesetas, frente a los 18.000 millones que la Iglesia Católica recibe anualmente. No resultaría aventurado afirmar la existencia de un agravio comparativo y una vulneración del artículo 14 CE.
Las razones esgrimidas para que ningún tipo de dotación económica directa aparezca en el Acuerdo suscrito con la CIE , ha sido que: “esta concesión a la Iglesia Católica es una secuela transitoria que deriva de la anterior confesionalidad católica del Estado y que está abocada a desaparecer”, eso sí, cuando la Iglesia Católica esté en situación de autifinanciación, todo ello con fundamento en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de Enero de 1979 del Estado con la Iglesia Católica.

Este Acuerdo prevé un sistema de ayuda a la Iglesia que se desarrollará en cuatro etapas (art II números 2,3,4 y 5 del citado Acuerdo), la última de las cuales contempla dicha autofinanciación, la cual se iniciará cuando ésta haya logrado obtener por sí misma los recursos necesarios para atender a sus necesidades.

2.6 Situación actual del acuerdo de cooperación

La situación actual, que es tanto como preguntarse por el problema actual, no es otra que la ‘paralización’ que sufre el Acuerdo de Cooperación. A ello se deben unir obstáculos que por parte de la Administración han impedido e impiden el fortalecimiento de la CIE:

1º. Se les niega el derecho a la inscripción de nuevas comunidades islámicas alegando la falta de requisitos que no aparecen en la actual Ley de Organización y Registro de la Dirección General de Asuntos Religiosos.

2º. No se permite la modificación de los estatutos de la CIE.

3º. El Ministerio de Justicia se ha negado una y otra vez a recibirles.

4º. No se responde a quejas y recursos planteados.

Los musulmanes han recurrido a través de la CIE al Defensor del Pueblo y han hecho llegar todas estas cuestiones al Parlamento Europeo, con y en los términos que se apuntaron anteriormente y, en relación al propósito de constituirse en el seno de dicha Institución una Comisión específica que estudiase el fenómeno islámico en Europa; en tal sentido la CIE y los musulmanes españoles continúan esperando respuestas cuya primera manifestación, quizá empezó a vislumbrarse el pasado 29 de Mayo de 1999 cuando se reunieron en el Ministerio de Justicia la Comisión Paritaria para el seguimiento del Acuerdo de Cooperación entre la CIE y representantes de todos los ministerios afectados por el Acuerdo. En la reunión los representantes de la Administración se comprometieron a dar un definitivo impulso al desarrollo de un Acuerdo que la CIE consideraba hasta la fecha ‘congelado’.

“Si la Administración cumple con lo prometido en la reunión de la Comisión Paritaria Mixta podremos hablar de una nueva etapa en la que por fin se cumpla con su obligación constitucional de garantizar la libertad religiosa a los ciudadanos musulmanes españoles, sin que se den agravios comparativos”. Así se expresó Mansur Escudero, Secretario General de la CIE, en representación de la Federación Española de Entidades religiosas islámicas, al finalizar la reunión de la Comisión Paritaria Mixta, máximo órgano de seguimiento del Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la CIE.

Mansur Escudero señaló también que “...la CIE venía pidiendo esta reunión desde el comienzo de la legislatura del PP. Se han dado muchas excusas para irla retrasando, la última, la falta de respuesta de la otra Secretaria General de la Comisión Islámica de España. Ha hecho falta un dictamen de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en el que se establecía que se tomarían acuerdos con la parte que se presentara a la reunión, para que definitivamente se convocara y se estableciera un procedimiento de toma de decisiones para el futuro, que evite los bloqueos padecidos hasta el momento ... De cualquier forma me alegra que la representación de la UCIDE haya participado en la reunión y hayamos coincidido en lo esencial de las propuestas”, declaraba Mansur Escudero a la prensa días después de la reunión.

En la reunión, en la que participaron diez representantes de los diferentes ministerios afectados por el Acuerdo, más diez representantes de la CIE, se acordó fijar un calendario para poner en marcha los diferentes convenios que establecerán la forma de prestar asistencia religiosa islámica en hospitales, cuarteles y cárceles.

Además se fijó una fecha, el ya pasado 23 de Junio para reelaborar el Convenio para la Enseñanza del islam en los Centros Docentes Públicos. En el mismo se reflejaría la condición de que los profesores encargados de impartir la enseñanza tendrían la condición de interinos y se pretendían incluir nuevos aspectos como la elaboración de libros de texto y la formación del profesorado. Hasta el momento no se han producido cambios.

3. Conclusiones

Debiéramos ser conscientes de la transcendental importancia que la perspectiva y la realidad religiosa tienen en la sociedad, algo que va a conferir un matiz o carácter ‘delicado’ a la regulación éstos asuntos; pero lejos de caer en la búsqueda de regulaciones más o menos progresistas, no debemos olvidar que lo que se está produciendo, —dejando de lado cualquier condicionamiento extra jurídico— no es sino un incumplimiento flagrante de unos Acuerdos que debieran ser cumplidos; algo que por otro lado no es exclusivo de la confesión islámica, sino que afecta al resto de confesiones que han suscrito acuerdo (FEREDE, FCI y aún a la propia Iglesia Católica, pese a que deberíamos concretar que en mucha menor medida respecto a esta última ). Todo esto debiera hacer plantearse el alcance o virtualidad del Principio de Pacta sunt servanda.

No podemos olvidar que lejos de una u otra línea política, de lo que tratamos es de un Derecho Fundamental Universal, que debiera informar toda nuestra legislación positiva. Hoy por hoy, el islam, así como el resto de confesiones inscritas que gozan del beneficio de una regulación convencional, no pueden ser entendidas desde un punto de vista a-sociológico, y debiera ello tenerse aún más presente a efectos de comprender debidamente a qué se refiere el artículo 16.3 CE cuando habla de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”.

Hoy día no podemos desconocer el auge de ‘otros’ credos distintos a los que la memoria colectiva más reciente de España ha estado acostumbrada. Quizá sería el momento de —volviendo la vista atrás— darnos cuenta de que la religión no se encuentra sino al servicio del individuo, que forma parte de él, y al Estado —por imperativo de la cláusula del Estado Social— le corresponde la tarea de garantizar el desarrollo humano en su perspectiva teológica de vida.
Si quisiéramos ser fieles en toda regla al artículo 16 CE, la sociedad, y por ende el Estado, debiera reconocer la violación del mismo, y por extensión la de todo el grupo normativo derivado de éste. Si queremos conceder al Texto Constitucional la importancia que tiene, reconoceríamos las múltiples transgresiones a las que se encuentran sometidos los Principios Jurídicos que dimanan de éste.

Quizá toda esta problemática sea connatural a la posición que el Estado español toma en relación al fenómeno religioso (art 16.3 CE), quizá de ello derive, pero está en nuestras manos que no ocurra.

La última reunión celebrada entre la Comisión Paritaria y los representantes de los ministerios afectados, parece abrir una nueva puerta en la esperanza de que una vez por todas se cumpla la legalidad.

Notas
(1) Mención recogida por Zoila Combalia Solis en Manual de Derecho Eclesiástico del Estado, página 141 in fine. Colex , 1997.

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