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Petición al Rey

25/03/2003 - Autor: Lorenzo Peña - Fuente: Webislam
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Introducción

¡Señor!

En ejercicio del derecho constitucional de petición regulado por el art. 29.1 de la Constitución española, y por la ley 92/1960 de 22 de diciembre, cuyo art. 2 dice que los españoles `podrán dirigir individualmente peticiones al Jefe del Estado, quien abajo suscribe, Lorenzo Peña Gonzalo, español, natural de Alicante y vecino de Tres Cantos (Madrid), con el respeto debido, se dirige a V.M. para solicitar que, en uso de sus atribuciones constitucionales, la Corona rehuse la sanción regia a cualquier acto del gobierno español que favorezca la acción bélica del imperialismo yanqui, enemigo tradicional e histórico de nuestra Patria, en contra del hermano pueblo iraquí.

Motivos de la solicitud

1.-- No Secundar Empresas de Expansión de nuestro Enemigo Secular

Reinaba vuestro abuelo, D. Alfonso XIII, y ejercía, en su nombre, la regencia del Reino vuestra bisabuela, de celebrada memoria, la Reina Dª Mª Cristina de Habsburgo-Lorena, cuando España --que había instaurado una monarquía democrática con sufragio universal masculino y la estaba ya extendiendo a las provincias ultramarinas-- fue salvaje e inicuamente agredida por los EE.UU., a pesar de los esfuerzos de nuestro gobierno por complacer al de Washington para aplacar sus ansias de expansión y dominación, hasta el punto de caer en actitudes escasamente honrosas. Pero fueron en vano, porque los EE.UU. sólo deseaban humillar y descuartizar a España, como así lo hicieron. El Tratado de París fue impuesto a nuestra Nación a viva fuerza, y con tal bravuconería y abuso de superioridad bélica, que nuestros plenipotenciarios rehusaron discutir los términos de lo que se les obligaba a firmar como una capitulación incondicional. La armada estadounidense había planeado incluso el desembarco en las Canarias, pudiendo esas islas haber corrido el triste destino de los otros territorios insulares que fueron arrancados a la soberanía española.

La memoria histórica del terrible agravio sufrido por el Reino de España hace poco más de un siglo debería hacernos sensibles para no secundar nuevas empresas de expansión y hegemonía de nuestro enemigo secular, que sólo tienden a someter a otros Estados y a desmembrarlos --como fue desmembrado y amputado el Reino de España en 1898--, para afianzar y exaltar la supremacía de los EE.UU. de América.

2.-- El Respeto a la Paz, Principio Vinculante de la Constitución Española

El Preámbulo de la Constitución Española expresa como uno de sus objetivos el de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas entre todos los pueblos de la Tierra. Aunque algunos autores alegan que los Preámbulos de las Leyes no son vinculantes salvo a efectos interpretativos, esa opinión resulta inaplicable al Preámbulo constitucional, que formula, en términos escuetos, todos los objetivos que animan al pueblo español al ratificar la Constitución en diciembre de 1978, y que sin duda animaron a V.M. al sancionarla y promulgarla días después. Son sólo seis objetivos, y ni uno más: convivencia democrática, imperio de la ley, derechos humanos, progreso, sociedad democrática avanzada y paz internacional. Está claro que esos seis objetivos son también valores superiores del ordenamiento jurídico español, plenamente vinculantes para todos los poderes públicos, emanados del pueblo español, incluida la Corona.

En efecto, cuando el art. 1.1 de la C.E. afirma que España `propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, eso no significa que los propugne como únicos valores superiores, pues evidentemente se trata de cuatro valores que se añaden a los seis ya enumerados en el Preámbulo, y que en buena medida coinciden con ellos.

Como mínimo habría que sostener que esos cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico-constitucional han de interpretarse según el Preámbulo; de modo que la paz internacional será un aspecto o elemento de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del pluralismo político. De la libertad porque no son libres los pueblos a los que se priva del derecho a la paz; de la justicia porque es injusto imponer la guerra; de la igualdad porque tal imposición es, además, inicua; y del pluralismo político porque éste demanda que se respete la pluralidad de opciones políticas de los diferentes pueblos.

Cuando la C.E., en su art. 9.1, proclama que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, está claramente diciendo que son vinculantes esos valores constitucionales, que han de regir todos los actos y todas las omisiones de las autoridades españolas, sean las que fueren.

3.-- El Ius Cogens Internacional, Parte Integrante de la Juridicidad Constitucional

El art. 96.1 de la C.E. estipula que los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente formarán parte del ordenamiento interno. De ahí se desprende que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Viena de 1969 sobre los Tratados; por esa vía (concretamente en virtud del art. 53 de dicho convenio) se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico también la vigencia, como parte del derecho español, de las normas consuetudinarias de ius cogens, incluidas las normas que regulan el moderno ius ad bellum y el ius in bello. Aunque los tratados y las normas de ius cogens jurídico-internacional de carácter consuetudinario no se erigen en preceptos de rango constitucional por el art. 96.1, éste, sin embargo, les otorga primacía respecto a las normas internas, porque el tenor del artículo excluye la aplicabilidad de la regla lex posterior derogat priori, o sea: impide que normas jurídicas internas puedan derogar o excepcionar tratados vigentes, y por ende principios jurídico-consuetudinarios de ius cogens refrendados por los tratados vigentes (como lo es todo el ius cogens internacional según el art. 53 de la Convención de Viena).

Las instituciones políticas a las que nuestra Constitución encomienda la salvaguardia del orden constitucional --en primer término de las cuales figura la propia Corona-- han de velar, ciertamente, porque todas las normas emanadas de los poderes públicos, con rango infraconstitucional, respeten la Constitución, y ello en la doble dimensión material y formal: materialmente, en tanto en cuanto no contengan nada que, por su contenido, sea contradictorio con lo preceptuado por la Constitución; formalmente, en tanto en cuanto el proceso de formación de la norma se ajuste a lo prescrito al respecto por la Constitución. (Sobre esto volveré más abajo, en el Motivo §5.)

Pero, además de su constitucionalidad, las normas y los actos jurídicos emanados de las autoridades españolas han de respetar la juridicidad constitucional, consistente en que ese sistema de normas y actos jurídicos sea, en su conjunto, conforme con la Constitución. Cuando una norma o un acto jurídico de un poder público --en particular un acto gubernativo-- transgrede lo preceptuado por otra norma de rango superior o de preferente exequibilidad, aunque no entre en conflicto con la Constitución, produce un ordenamiento jurídico resultante que sí colisiona con la previsión constitucional, y concretamente con la garantía de jerarquía normativa del art. 9.3. Jerarquía que ha de abarcar todos los aspectos de la articulación de un sistema jurídico: no sólo la jerarquía en sentido estrecho, o diferencia de rango propiamente dicha, sino también la primacía, la especialidad, las reglas de derogación, las de inaplicabilidad o inexequibilidad.

Violan la juridicidad constitucional, así definida, aquellos actos jurídicos del gobierno real que vulneren el ius cogens internacional, y la Convención de Viena sobre los tratados, y que por consiguiente infrinjan el valor directamente normativo de esa Convención como ley española (art. 96.1), de aplicabilidad preferente respecto a las leyes internas (corolario de la inderogabilidad del tratado mediante una simple ley interna: art. 96, nn. 1 y 2).

Corresponde a la Corona usar los medios que le otorga la Constitución para bloquear e impedir tales actos jurídicos que violen la juridicidad constitucional.

De lo cual se desprende que --aunque no se aceptara el considerando §2 de esta Petición, y aunque, consiguientemente, no se admitiera que infringen la Constitución los actos jurídicos de nuestro gobierno que, de un modo u otro, propicien, secunden o favorezcan la guerra de agresión de una potencia contra otros pueblos (o que signifiquen una colaboración en tal guerra de agresión)--, así y todo el deber de respeto a la juridicidad constitucional acarrea que las instituciones encargadas de velar por la salvaguardia de tal juridicidad tienen el deber de no respaldar actos gubernativos que la conculquen, concretamente actos gubernativos que impliquen colaboración española en guerras de agresión, atentados al ius cogens internacional, crímenes contra la paz y ataques a otros pueblos, especialmente si son pueblos hermanos del español, como lo son, entre otros, los pueblos árabes, a quienes nos unen vínculos de sangre, de historia y de cultura común.

Para no respaldar tales actos, la Corona tiene a su alcance los medios que le otorga la Constitución y que consisten en:

1. No firmar ninguna decisión contraria a la juridicidad constitucional --por lo tanto, ninguna medida de colaboración con los agresores o de hostilidad al hermano pueblo iraquí o a su gobierno, que goza de legitimidad desde el punto de vista del Derecho Internacional;

2. No hacer declaración alguna que venga a respaldar posiciones favorables a la agresión.

4.-- El Poder Moderador, Encargado de Velar por el Respeto a los Principios Generales del Derecho

La C.E. diseña un sistema de poderes públicos en el cual todos los poderes emanan del pueblo español (art. 1.2); incluyendo la Corona, que es el primero de esos poderes. Ha querido la C.E. --retomando la tradición de nuestro constitucionalismo monárquico-liberal desde 1812-- que sea la Corona el poder estatal dotado de potestad moderadora y arbitral (art. 56.1), aquel que ejerce la Jefatura del Estado más cualesquiera otras funciones que le atribuyan expresamente la Constitución y las leyes.

El ejercicio de esa potestad arbitral y moderadora de la Corona se rige por el principio general de salvaguardia del orden constitucional, asegurando el respeto: en primer lugar, a los valores superiores del ordenamiento jurídico según la Constitución; y, en segundo lugar, al canon constitucional de juridicidad (más arriba dilucidado).

También se rige por otros principios válidos en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados civilizados, como lo es el respeto a los principios generales del derecho, cuyo promulgador directo es el pueblo. Si a éste le asignaba Joaquín Costa el poder legislativo negativo de no refrendar los preceptos del legislador positivo, también cabe asignarle un poder legislativo positivo directo de promulgar, con su adhesión masiva, unos principios jurídicos generales, NOTA 1_1 que luego se van encarnando, parcial o deficientemente, en los textos de las constituciones y de los códigos. Son principios generales del Derecho hoy, por clamor de los pueblos --entre ellos el español--, los de Justicia, Bien Común, Convivencia Pacífica, sumisión de los diferendos a procedimientos pacíficos y civilizados de solución, respeto a la persona humana, derechos negativos y positivos del hombre e igualdad social.

Corresponde a la Corona, el primero de los poderes públicos de nuestro Estado constitucional, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56.1) de modo que se asegure el respeto a todos esos valores y principios, evitándose los actos jurídicos de cualquier institución que atenten contra alguno de ellos.

Carecería de contenido el poder moderador de la Corona si éste se redujera al arbitral, consistente en dirimir conflictos entre diversas instituciones. Esa potestad arbitral de la Corona --que se da sin desmedro de las otras vías de tratamiento de los conflictos jurisdiccionales y competenciales-- consiste en facilitar la conciliación entre las diversas instituciones políticas y, eventualmente, en emitir algo equivalente a un laudo que haga prevalecer, en equidad, una u otra posición en conflicto.

El poder moderador es mucho más que eso, pues estriba en atemperar a las instituciones, incluso cuando no haya conflicto alguno entre ellas; y esa moderación estriba en tomar las medidas constitucionalmente lícitas para que se respeten todos los valores y principios constitucionales, la supremacía de la norma constitucional, la juridicidad constitucional y los principios generales del Derecho promulgados por el pueblo español y los demás pueblos de la Tierra.

5.-- El Poder Regio de Bloqueo de Actos Inválidos

Para el legítimo ejercicio de su poder moderador y arbitral cuenta la Corona con las facultades que le otorga la Constitución y con aquellas otras que expresamente puedan atribuirle otras leyes (art. 56.1). Entre ellas están (art. 62):

· sancionar y promulgar las leyes (apartado a);

· expedir los decretos acordados en Consejo de ministros (apartado f);

· ejercer el mando supremo de las fuerzas armadas (apartado g).

También es prerrogativa regia la de manifestar el consentimiento del Estado español para cualesquiera tratados internacionales que conlleven obligaciones para España (63.2) así como --previa autorización de las Cortes-- declarar la guerra y hacer la paz (art. 63.3), lo cual ha de entenderse aplicado, no sólo a las guerras que se declaren formalmente como tales, sino también a las que se declaren por la vía de los hechos. NOTA 1_2

Algunas personas, de excelente intención, advierten a V.M. que esas facultades que le corresponden según el tenor textual de la Constitución no son tales, sino meras funciones y actos debidos carentes de toda potestad de control y que conllevarían una automática obligación regia de avalar cualquier decisión, independientemente de su forma y contenido, que se presentara como uno de los actos jurídicos previstos en los arts. 62 y 63 de la C.E. (o sea: leyes, decretos, tratados, declaraciones de guerra o actos de paz).

A esos consejeros de V.M. hay que objetarles que están equivocados y que esgrimen argumentos inválidos.

Todos coinciden en reconocer que a la Corona le está asignada la tarea de cerciorarse de que cualesquiera actos que se sometan a la sanción real son verdaderamente lo que dicen ser. Por ende, que las leyes son leyes, que los decretos son decretos, que los tratados son tratados, etc. Para serlo, lo primero que hace falta es que se haya respetado el procedimiento que marca la ley para la formación de la voluntad del órgano elaborador, y que éste sea efectivamente el que prescriben la Constitución y las leyes. Nadie puede exigir la sanción real a actos que surjan de órganos claramente inválidos, o se produzcan bajo coacción --v. M. Fernández-Fontecha y A. Pérez de Armiñán, La monarquía y la constitución.NOTA 1_3 En caso de clara y manifiesta infracción de reglas de procedimiento cabe atribuir a la Corona --con los dos juristas recién citados (ibid.)-- `con prudencia pero sin miedo la existencia de algunas potestades de bloqueo a tenor de una razonable `teoría gradualista de la intervención del Rey en virtud de su función de arbitraje y moderación como respuesta a los distintos niveles de agresión al funcionamiento regular de las instituciones, conectándose así la `competencia definida como arbitrar y moderar en el art. 56 y `la existencia paralela de una serie de potestades contenidas fundamentalmente en el art. 62.

Pues bien, sentada esa potestad de bloqueo en casos así (pretensión de un órgano inválido, grave y manifiesta irregularidad procedimental, o actuación del órgano en cuestión bajo coacción), no hay razón alguna para no extender la potestad de bloqueo regio a otros actos en los que sea de fondo, y no de forma, la contradicción con el ordenamiento jurídico-constitucional.

Así, la Corona, como guardián de la Constitución (art. 61.1), tiene que velar porque los actos jurídicos que se someten a la sanción real sean conformes con la Constitución, también en su contenido, así como que se adecúen al respeto al principio de juridicidad constitucional (y, por ende, no vulneren la jerarquía normativa ni introduzcan graves conflictos en el sistema de normas o fuentes del Derecho).

Desde luego esa facultad de bloqueo de la Corona no es óbice para los demás medios que instaura la Constitución, cual son las competencias del Tribunal Constitucional y las de la jurisdicción ordinaria, principalmente la contencioso-administrativa. Siendo todo eso así, dándose en nuestro Derecho tales remedios a conculcaciones normativas de la juridicidad constitucional, ha querido la Constitución que haya una primera barandilla protectora de tal juridicidad para casos palmarios y flagrantes, especialmente cuando el clamor popular expresa a las claras el refrendo a un principio general del Derecho o a un valor superior del ordenamiento jurídico en colisión con el contenido concreto de actos de algunos poderes públicos.

Es claramente una competencia de la Corona, como emanación del pueblo (art. 1.2 en conexión con los arts. 56 y 62), velar porque su potestad arbitral y moderadora haga prevalecer y reafirme esos valores y principios, bloqueando actos jurídicos que esté en su mano bloquear, que ostensiblemente vayan en contra de tales valores y principios, especialmente cuando la conciencia pública y el sentir popular reconozcan esa colisión.

Algunas personas de la mejor intención alegan a este respecto que la función arbitral y moderadora de la Corona es puramente simbólica y que el Rey carece de poder alguno, de suerte que no existiría en nuestro sistema un Poder Moderador; en una democracia, dicen, donde hay poder hay responsabilidad y viceversa. Ahora bien, además de que esa correlación no está estipulada en la C.E. --ni está claro que sea un principio general del Derecho de las naciones civilizadas--, en todo caso, dentro del funcionamiento regular de las instituciones, cada una de éstas tiene las potestades y las responsabilidades que le atribuye la Constitución, dándose congruencia entre potestades y responsabilidades. Las potestades arbitrales y moderadoras de la Corona son esencialmente de bloqueo y por eso no acarrean responsabilidad personal del Jefe del Estado. Del contenido positivo de los actos del Rey son responsables sus refrendantes (art. 64.1), ya que (ibid.) carecen de validez sin tal refrendo. Pero también carecen de validez actos jurídicos que correspondan constitucionalmente al Rey o requieran sanción regia (arts. 63 y 64) si no alcanzan esa sanción, la cual, de conformidad con la Constitución, no ha de darse en los casos aquí considerados (los de conflicto manifiesto con la juridicidad constitucional, sea de fondo, sea de forma).

6.-- Misión de la Corona: Hacer Prevalecer el Interés y la Voluntad del Pueblo Español

Más allá de tales consideraciones está el problema de si la facultad regia de moderación y arbitraje se extiende a una potestad de bloquear actos jurídicos --dentro del ámbito competencial de la Corona, o sea de aquellos que requieren sanción regia para su validez-- cuando a su contenido se opongan razones de grave inoportunidad, no de antijuridicidad o anticonstitucionalidad.

No parece irrazonable pensar que ha querido el Constituyente que la Corona, como emanación del pueblo, pueda también bloquear actos jurídicos que vayan claramente en contra del anhelo de las amplias masas del pueblo español, incluso si no se dan razones de estricta juridicidad.

A tenor de eso, aun en el supuesto de que una colaboración española con la guerra de agresión de los EE.UU. contra Iraq no infringiera la juridicidad constitucional, permanecería el hecho de que sí es considerada injusta e indeseable por la abrumadora mayoría de los españoles y, por consiguiente, merecedora de rechazo y de no-respaldo regio, de suerte que un bloqueo a tal participación sería plenamente conforme con la Constitución, la cual en ningún momento obliga a la Corona a sancionar cualquier acto que sea sometido a su sanción dentro del ámbito de aquellos que, por su índole, la requieren.

No es admisible que el órgano institucional dotado de una potestad de hacer carezca de la potestad de no-hacer, salvo si la Constitución lo priva de esa potestad de no-hacer imponiendo el hacer como forzoso. Mas lo forzoso de la sanción real nunca está formulado en la Constitución ni se deduce de ésta.

No hay que olvidar que, en nuestro ordenamiento constitucional, la Corona representa al pueblo español, y emana de él, siendo la encarnación personalizada de ese pueblo del cual ha recibido su existencia y transmitiéndose según el mecanismo sucesorio previsto en la Constitución.

Esa representación popular originaria de la Corona es lo que expresa el título de legitimidad dinástico-histórica del art. 57.1, pues en una democracia cualquier legitimidad estriba en una representación popular. Tal representación popular tiene incluso un rango supra-constitucional --como se desprende del principio de legitimidad dinástico-histórica del art. 57.1, más el hecho de que el poder constituyente invistió a la Corona de la potestad de sancionar y promulgar la propia Constitución (discurso de V.M. ante las Cortes del 27-XII-1978). Lo cual acarrea que, en caso de conflicto entre el pueblo español y las instituciones de representación ordinaria o electoral, corresponde a la Corona hacer prevalecer el ansia popular de justicia y equidad, actuando --en su prerrogativa arbitral y en su potestad moderadora-- de tal modo que se cumpla y satisfaga ese afán popular de justicia y de equidad.

7.-- El Interés de la Patria como Pauta para el Ejercicio del Poder Moderador

En caso de conflicto entre el Interés de la Patria y el contenido de los actos que se sometan a la sanción regia viene todavía más realzada la potestad de la Corona de examinar tales actos (no sólo por su forma sino también por su contenido, denegando la sanción en casos palmarios de antijuridicidad e incluso en casos de manifiesto conflicto con un sentir popular a favor de la equidad y de la justicia).

Como lo dicen los dos eminentes juristas ya antes citados (p. 356), la Corona tendría que rehusar su sanción a `una ley por la que se enajena una parte considerable del territorio nacional. Y es que la Corona asume (art. 56.1) la más alta representación de España especialmente con las naciones de su comunidad histórica, al ser símbolo de la unidad y permanencia de la Patria española (ibid.), por lo cual el Trono tiene una misión preponderante de salvaguardar el interés de España, la dignidad y el honor nacionales, al lado de nuestros hermanos de sangre y frente a los enemigos históricos. Sin hacer frente a esos enemigos no cabría asumir ese papel de adalid del interés y la dignidad nacionales, que son dos notas de la unidad y permanencia de España, entendidas por la Constitución en conexión con las naciones de la comunidad histórica.

De dos modos cabe entender esa comunidad histórica, al lado de la cual manda la Constitución que esté nuestra Patria (sin lo cual carecería de sentido esa especial representación), encomendando tal solidaridad especialmente a la acción del Trono: de un modo estrecho, y de un modo amplio. La Constitución no parece excluir ninguno de esos dos modos, aunque naturalmente es compatible con una graduación de dicha solidaridad según la intensidad del vínculo histórico. En sentido estrecho, se trata de los países que comparten el idioma cervantino y que estaban colocados hasta 1820 bajo soberanía hispana. En sentido amplio, es una comunidad más difusa de cuantas naciones guardan estrechos vínculos históricos y de sangre con el pueblo español, lo cual incluye a los pueblos árabes.

El interés nacional --la permanencia de la Patria española cuya defensa encomienda a la Corona el art. 56.1-- no puede estribar meramente en que persista y no cese totalmente de existir una cierta entidad política que se llame `Estado español. La permanencia de la Patria incluye la continuación, la transmisión de los afanes de las generaciones pasadas a las futuras (con las necesarias adaptaciones a los tiempos), la vindicación de las luchas de nuestros mayores; y, por el tenor de la Constitución, eso está en conexión con intereses similares de los pueblos emparentados con el nuestro, incluidos los árabes.

Esa salvaguardia del interés nacional (unidad y permanencia de la Patria española en relación con los pueblos emparentados con el nuestro) no puede ser ajena a la potestad examinadora y bloqueante que la Constitución atribuye al Rey, de suerte que a éste incumbe confrontar los actos jurídicos sometidos a sanción regia con el interés nacional y con los intereses nacionales de los pueblos emparentados con el nuestro, denegando sanción a actos cuyo contenido sea grave y palmariamente perjudicial para la dignidad nacional, el respeto a la memoria de nuestros antepasados, el recuerdo de los vejámenes injustos padecidos por España a manos de potencias agresivas del Norte y la solidaridad con los pueblos unidos con el nuestro por vínculos de sangre y que sean víctimas de la agresión de esas mismas potencias septentrionales enemigas históricas de España.

Ese poder moderador y arbitral de la Corona, en su función de salvaguardia de la Dignidad Nacional, ha de orientarse a que, por los medios pacíficos, sea vindicado el Honor de España, no sea que esas potencias, tras habernos maltratado, humillado y disminuido territorialmente, obtengan encima nuestra complicidad para con sus crímenes de agresión y de guerra contra otros pueblos, hermanos del español.

8.-- El Deber de Preservar la Paz y el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas

Encomienda la Constitución a la Corona el desempeño (art. 62.h) del alto mando de las Fuerzas Armadas. La previsión del Título II de la Constitución ha sido desarrollada en las sucesivas Leyes de Defensa Nacional. La Ley Orgánica 1/1984, en su art. 5º, señala que corresponden al Rey cuantas funciones le confieren, en materia de defensa nacional, la Constitución, las Reales Ordenanzas y demás leyes y en especial el mando supremo de las fuerzas armadas. Esa ley asigna también al Rey la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional. Como lo dicen los dos eminentes juristas ya citados (p. 363) esas estipulaciones determinan la licitud de `órdenes regias, naturalmente sujetas al refrendo, ..., con eficacia inmediata sobre la cadena de mando, y eficacia jurídica, no fáctica. Esos dos juristas también indican que la práctica ha confirmado esa visión (p. 261), puesto que el Rey `cursa órdenes con validez jurídica a mandos inferiores del ejército en casos de grave emergencia nacional, y que no se trata de una situación meramente fáctica, sino jurídica, una potestad positiva (y ya no estrictamente negativa o bloqueante); una potestad de mando militar supremo que --como todas las de la Corona (ibid., p. 263)-- se ejerce irrenunciable e imprescriptiblemente, con carácter fiduciario, en interés del pueblo español.

No están en lo cierto aquellos autores, cuya opinión no comparto, que piensan que las funciones sancionatorias de la Corona constituyen actos debidos de valor meramente simbólico, y que por ende al Rey le está constitucionalmente vedado no sancionar un acto jurídico sometido a aprobación regia según mandato constitucional. Mas lo que sí es verdad es que el Rey está constitucionalmente obligado a ejercer las funciones que le encomienda la Constitución:

· funciones negativas: de examen de los actos jurídicos sometidos a sanción regia, con denegación de tal sanción en casos flagrantes, ya sea de antijuridicidad constitucional, ya sea de conflicto con los valores y principios jurídicos promulgados por el pueblo español, ya sea de colisión con el Interés o la Dignidad nacionales;

· funciones positivas de emisión de órdenes, debidamente refrendadas, para asegurar que nuestras fuerzas armadas asuman, plena pero únicamente, la defensa de la Patria, y protejan la Dignidad y el Honor de España.

Esa competencia regia de emisión de órdenes e instrucciones refrendadas se une a otra, menos concreta, de exhortación y autorizada influencia en la formación del sentir militar y en el estado de ánimo de los mandos y del personal castrense.

En uso de esas competencias regias es perfectamente lícito, e incluso imperativo, que la Corona tome medidas para asegurar que no haya ninguna participación militar española al lado de los enemigos históricos de nuestra Patria en su guerra de agresión contra el hermano pueblo iraquí.

9.-- La Potestad Regia en las Relaciones Internacionales

La potestad regia de manifestar el consentimiento del Estado español para obligarse internacionalmente por medio de tratados (art. 63.2 de la C.E.) no se aplica únicamente a los acuerdos de celebración solemne y que ostenten la denominación de `Tratados, ni a aquellos (no forzosamente los mismos) que, en virtud del art. 94.1, requieran la autorización previa de las Cortes, sino que se aplica a todos los pactos internacionales suscritos por el gobierno español, pues la Convención de Viena atribuye a todos los convenios intergubernamentales el mismo estatuto jurídico de tratados.

Dado lo cual constituye una apropiación indebida de esa exclusiva atribución regia el que sea desplazado el Jefe del Estado por el presidente del gobierno en esa función de expresión del consentimiento estatal, incluso en actos escritos jurídico-internacionales que, de un modo u otro, conlleven alguna obligación para el Estado español.

Es admisible, por razones de urgencia o efectividad, que, en asuntos menores, el jefe del gobierno o algún ministro actúen en negociaciones internacionales según las instrucciones recibidas del gobierno y del Jefe del Estado, en aplicación o concreción de previos compromisos internacionales suscritos por España. Mas eso no puede excluir: ni la necesidad de que el Rey ratifique esa palabra empeñada o rehuse, cuando proceda, tal ratificación; ni la necesidad de que tal actuación se ajuste a las instrucciones recibidas, que han de ser sancionadas por el Rey en uso de su prerrogativa constitucional; ni la exclusión absoluta de tal procedimiento de urgencia cuando estén en juego valores superiores del ordenamiento jurídico, principios generales del derecho promulgados por el pueblo español, reglas básicas del derecho natural como la paz, la convivencia pacífica, la igualdad de derechos de los Estados, la proscripción de las guerras de agresión, el derecho a la vida, el derecho al bienestar, el derecho a la igualdad.

Así, transgrede el ordenamiento jurídico-constitucional y el derecho internacional cualquier acto en que participe algún representante del gobierno español que, de un modo u otro, justifique o propicie amenazas bélicas, un recurso a la fuerza en el arreglo de conflictos internacionales, una coacción o trato discriminatorio o vejatorio contra otros Estados, o un peligro para la vida y el bienestar de muchos seres humanos.

Si siempre es obligado a cualquier representante del gobierno español actuar internacionalmente dentro del campo de lo jurídicamente lícito --ateniéndose en esa actuación a instrucciones, con sanción regia, que la orienten y encaminen a la consecución de objetivos lícitos y justos--, es más palmario en casos de actuación contraria a valores superiores del ordenamiento jurídico-constitucional (que sólo serían concebibles por un estado de necesidad imperiosa que --en aras de un interés nacional extraordinario e indeclinable-- llevara a justificar excepcionalmente esas actuaciones).

Tanto si concurre ese estado de necesidad como si no, la Constitución exige imperativamente la participación de la Corona en cualquier acto internacional especialmente grave o cargado de serias consecuencias para el pueblo español o para otros pueblos, ya que, entre otras cosas, cualquier acto internacional que propicie o respalde acciones con serias consecuencias para otros pueblos acarrea --por la vía del régimen vigente en Derecho internacional de la responsabilidad de los Estados-- unas obligaciones del Estado español para con otros Estados (cayendo así plenamente en el campo de aplicabilidad del art. 63.2).

10.-- El Magisterio Eclesiástico como Pauta para el Ejercicio del Poder Moderador

Aunque la Constitución española, entronizando el principio de separación de la Iglesia y del Estado, se abstiene de pronunciamientos en el sentido de que España profese la fe católica, está claro que otorga a la religión católica un estatuto diverso del de otras religiones e ideologías, aparte de que la referencia a la permanencia de España y a la legitimidad histórica no pueden desvincularse totalmente del papel que, en la tradición política española, desempeñó esa religión, hasta el punto de que esa permanencia y legitimidad históricas de la dinastía han involucrado una actuación política como baluarte de la catolicidad.

En el mundo de hoy, y en una sociedad plural como la española, no puede incumbir constitucionalmente al Estado ni a ninguna de sus instituciones una defensa a ultranza del catolicismo ni del magisterio eclesiástico, por lo cual la Constitución, sin instaurar una estricta neutralidad religiosa del Estado, tampoco da pie para actuaciones estatales tendentes a imponer valores o concepciones de la Iglesia Católica cuando entren en conflicto con los postulados de libertad individual, igualdad y bienestar asumidos mayoritariamente por los españoles de la generación actual.

Sin embargo, otro es el estatuto de los valores y las recomendaciones del magisterio eclesiástico que coincidan con los principios jurídicos promulgados por el pueblo español. En tales casos, a la obligación de acatar y aplicar esos principios jurídicos se añade la de tomar como guía ese magisterio eclesiástico. Misión específicamente encomendada por la Constitución a la Corona, como representante legítimo de la continuidad histórica de España y de la permanencia del Estado español, en el sentido ya explicitado más arriba de no-interrupción de los afanes o anhelos de las generaciones que nos han precedido.

Trátase, pues, de una pauta adicional para regular la potestad arbitral y moderadora de la Corona: tomar en consideración las enseñanzas morales del magisterio eclesiástico en cuanto sean compatibles con los valores y la concepción de los derechos humanos mayoritariamente aceptados por los españoles.

El Magisterio eclesiástico --por boca de Monseñor Jean-Louis Tauran, vicesecretario de Estado de la Santa Sede para las Relaciones Internacionales-- ha condenado la guerra de agresión de los EE.UU. contra Mesopotamia como un crimen contra la paz. Otros pronunciamientos pontificios han ido parcialmente en el mismo sentido. La Corona de España no puede desoír esos pronunciamientos ni ejercer su poder arbitral y moderador de espaldas a tal magisterio, que además, en eso, coincide plenamente con el sentir de la abrumadora mayoría de los españoles.

Por todo lo cual suplico a V.M.:

· Que rehuse la sanción regia a cualquier acto que signifique participación en la guerra contra el hermano pueblo de Mesopotamia, o respaldo a la misma, o colaboración con el agresor, u hostilidad al agredido.

· Que, en uso de sus competencias constitucionales, emane las órdenes, debidamente refrendadas, que mantengan la neutralidad de las fuerzas armadas españolas en este conflicto.

· Que, también en ejercicio legítimo de sus facultades constitucionales, exhorte, pública y privadamente, a todas las autoridades españolas a abstenerse de apoyar al agresor o de hostigar al agredido.

Es gracia que espero alcanzar de V.M. cuya vida guarde Dios muchos años. Quedo, Señor, a los reales pies de Vuestra Católica Majestad.

Madrid, 24 de marzo de 2003


Notas:
NOTA 1_1
V. Hernán Valencia Restrepo, Nomoárquica, principalística jurídica -- O los principios generales del derecho, Bogotá: Temis, 1993.
NOTA 1_2
Sin embargo, hacer la guerra sin declararla viene expresamente prohibido por uno de los convenios de La Haya de 1907. Mas la violación de esa prohibición no faculta a perpetrar otras violaciones del ordenamiento jurídico.
NOTA 1_3
Manuel Fernández-Fontecha y Alfredo Pérez de Armiñán, La monarquía y la constitución, Madrid: Civitas, 1987, p. 259.
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