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Por el fin de la ocupación de Cachemira

16/07/2002 - Autor: Redacción Webislam - Fuente: Webislam
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Cachemira
Cachemira

Una y otra vez se habla del "conflicto indo-pakistaní", ocultando al público que Cachemira sufre una ocupación militar desde hace más de medio siglo, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de su población. Más de medio millón de soldados indios tienen secuestrado el país, practicando la violación sistemática de los derechos humanos, según los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. ¿Por qué esta manera tan sesgada de informar sobre una ocupación militar despiadada, porque no apoya la prensa libre de occidente la realización de un referéndum de autodeterminación, según los dictámenes de la ONU?

El conflicto se inició en 1947, cuando el marajá de Cachemira, Hari Singh, un soberano hindú en un Estado con un 80% de población musulmana, decidió la incorporación de su territorio a la India para impedir el triunfo de los movimientos populares a favor de la anexión a Pakistán. Hay que situar la decisión de Hari Singh en el marco del Acta de Independencia India de 1947, que concedía la opción a los diferentes estados de la India a pasar a formar parte de uno de los dos estados. Dicho de otro modo: según los términos de la independencia india, los territorios de mayoría musulmana pasarían a Pakistán, cosa que no fue aceptada de buen grado por la minoría hindú de Cachemira.

Desde entonces, tanto Pakistán como la ONU han exigido en varias ocasiones un referéndum sobre el estatuto de Cachemira nunca celebrado. La negativa India fue el detonante de la primera guerra de Cachemira, que entre 1947 y 1948. En 1965 hubo una segunda secuencia de fuertes enfrentamientos. En 1971 se produjo la guerra por la independencia de Bangladesh. Tras casi tres décadas de frecuentes escaramuzas comenzó la escalada nuclear.

Actualmente Cachemira está dividida en dos zonas, una bajo control de la India y otra en manos de Pakistán. La zona india se llama Jammu-Cachemira, ocupa dos tercios del territorio, la habitan siete millones setecientos mil personas, y tiene por capital la ciudad de Srinagar. La parte pakistaní se llama Cachemira Azad, su capital es Muzaffarabad y su población son casi tres millones de habitantes. Ciento veinte grupos guerrilleros islamistas, algunos de ellos independentistas, otros favorables a una unión territorial a Pakistán, se enfrentan con medio millón de soldados de la India.

Movimientos por la independencia

Al margen de las ingerencias india y pakistaní, en Cachemira se ha desarrollado un fuerte movimiento separatista autóctono, asunto que no puede tener otra solución satisfactoria que una consulta democrática en la que su población pueda autodeterminarse. ¿Por qué los mediadores de Estados Unidos no se remiten a la resolución de la ONU en ese sentido? Esto va en contra de la lógica, pues es en el marco del derecho internacional donde cabría encaminar la salida hacia una solución política del conflicto.

Los más de 120 grupos guerrilleros que operan en Cachemira se dividen en dos grandes tendencias: la favorable a la independencia de Cachemira y a la unificación de las zonas que están actualmente en poder de la India y de Pakistán, y la que busca una unión a Pakistán de la Cachemira India. Los primeros están representados por el Frente de Liberación de Jammu y Cachemira (JKLF), creado en 1977 por veteranos del movimiento que se formó en 1965 casi con el mismo nombre pero con una letra más en la sigla: Frente Nacional de Liberación de Jammu y Cachemira (JKNLF). En su página en internet, el JKLF deja en claro su posición: "el tema de Cachemira no es una disputa territorial entre Pakistán y la India, es una cuestión de independencia nacional para más de trece millones de personas que están listas a ejercer el inalienable derecho de autodeterminación que se consagra en la Carta de las Naciones Unidas". A renglón seguido agregan que no aceptarán que Jammu-Cachemira sea integrada a ninguno de los Estados que actualmente los ocupan. Aseguran que las bases sobre las que se fundará el nuevo país que pretenden crear, serán las libertades fundamentales, la democracia, la justicia social, el Estado de bienestar, el respeto a los derechos humanos, y la no discriminación en base "a creencias, casta, sexo o cultura".

El ala islamista está formada por decenas de pequeños grupos, entre los que se cuentan el Hizb-ul-Mujahideen (Partido de los mujaidines), el Al-Barq (Relámpago), los Allah-Tigers (Tigres de Alá), los Dukhtaran-e-Milat (Hijos del islam), la Jammat-ul-Mujahideen (Comunidad de los mujaidines), el Harakat-ul-Ansar (Movimiento de los Ansar), y el Harakat-ul-Mujahidee (Movimiento de los mujaidines), y el Jaish-e-Mohammad. Este último se atribuyó el ataque suicida contra el parlamento de Cachemira, que el 1 de octubre del año pasado costó la vida a no menos de 25 personas. Por su parte, el Movimiento de los mujaidines fue, según la BBC, el responsable del minado de un camino por el que iba a pasar una tradicional peregrinación hindú. Otros grupos, como el Harakat-ul-Ansar, han sido señalados por cometer asesinatos indiscriminados de civiles de religión hindú.

Informes de organismos internacionales

Según Human Rights Watch (HRW), en las zonas de Cachemira controladas por la India, se producen habituales violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de los militantes musulmanes que luchan por la independencia y que históricamente han tenido apoyo pakistaní, como por parte de las fuerzas de seguridad indias y sus grupos paramilitares. Las acusaciones son concretas, e incluyen casos documentados de ejecuciones sumarias, violaciones, tortura y desapariciones.

Además de los cuerpos militares y de policía formalmente constituidos, la India ha creado milicias irregulares de apoyo. Se trata de los Comités de Defensa Comunitaria (que actúan en las zonas de Doda, Udhampur, y áreas fronterizas), y de los destacamentos llamados "renegados", formados por ex islamistas que se han pasado al lado enemigo, en muchos casos —documentados en base a testimonios— obligados por medio de torturas aplicadas durante meses en centros de detención más o menos clandestinos. Sobre los "renegados", Human Rights Watch indica que "aunque el gobierno de India niega rutinariamente cualquier responsabilidad por las acciones de estos grupos, los mismos son organizados y armados por el ejército de India y por otras fuerzas de seguridad, y operan bajo su comando y protección". El reporte de HRW agrega que el gobierno de India "los usa principalmente para asesinar e intimidar miembros de organizaciones militantes islamistas y grupos políticos, dirigiéndolos en especial contra el partido pro-pakistaní Jamaat-i Islami".

Amnistía Internacional denunció que en la zona de Cachemira controlada por la India se producen, diariamente, al menos una o dos muertes imputables a violaciones a los derechos humanos, incluyendo decenas de ejecuciones extrajudiciales cada año. Amnistía Internacional indica que los guerrilleros islamistas también son responsables de asesinatos selectivos, y agrega que en muchos casos, como en la masacre de Chittisinghpora, que costó la vida a 36 personas, no se sabe de cuál de los bandos provino el fuego. Algo que no debe extrañar en una zona en la que la población civil se encuentra literalmente "sitiada", tal como se ha calificado la situación de distritos como el de Doda, campo de batalla de una verdadera guerra irregular. Son frecuentes los episodios en los que campesinos inocentes son asesinados por la guerrilla por negarse a darles comida, contracara de otros hechos con un mismo final: campesinos ejecutados por paramilitares indios porque se sospecha que sí le dieron comida a la guerrilla.

La responsabilidad central, para Amnistía Internacional, recae sobre el clima general de impunidad en el que se mueven los grupos armados irregulares y estatales. Al clima volátil también contribuye el discurso oficial de las autoridades indias. El Ministro Farooq Abdullah ha declarado públicamente, y más de una vez, que las áreas en las que existe presencia islamista deben ser "saneadas" y sus militantes "eliminados". Para que no queden dudas, el 15 de enero del año pasado explicó que se debe matar a los islamistas "ya que no hay espacio suficiente en las cárceles". Ante estas declaraciones, el líder de Hizb-ul-Mujahideen (Partido de los mujaidines), Syed Salauddin, amenazó con matar indiscriminadamente a las familias de los soldados indios si éstos seguían matando musulmanes.

Amnistía Internacional ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación por el uso de la Ley de Seguridad Pública para detener a políticos de la oposición. La organización conoce muchos casos de activistas recluidos durante años sin poder recurrir a la justicia. Como a la mayoría de las personas detenidas en aplicación de esta ley, se les niega el acceso a un abogado y a su familia, y están expuestos a sufrir torturas o malos tratos.

La Ley de Seguridad Publica de1978, la más importante de las que regulan la prisión preventiva en Jammu y Cachemira, permite la reclusión administrativa sin juicio por un periodo de hasta un año si se considera que la persona podría obrar de manera «perjudicial para el mantenimiento del orden público» o de hasta dos años si cabe la posibilidad de que sus actos sean «perjudiciales para la seguridad del Estado».

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