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El inmigrante criminalizado

06/05/2002 - Autor: Gabriel-Jairodín Riaza Escudero
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Imigrantes
Imigrantes

Son ya demasiados los mensajes que se envían a la opinión pública desde estamentos gubernamentales, incriminando a los extranjeros inmigrantes; y ya va siendo hora de que nos preguntemos qué se esconde detrás de tamaña operación de encubrimiento de las razones objetivas de la inseguridad ciudadana en nuestro país.

Tras un exhaustivo análisis jurídico y sociológico llegamos a la conclusión final del defectuoso tejido legislativo español que nos lleva a afirmar que la clase política actual realiza un muy deficiente trabajo como legisladores, elegidos por los ciudadanos y que constituyen nuestros poderes legislativo y ejecutivo, éste último también con su potestad legislativa en forma de decretos y órdenes ministeriales.

Es gravoso e indigno desviar la atención del electorado sobre su incapacidad criminalizando al colectivo inmigrante como fuente de todos los males, prefiriendo fomentar la xenofobia antes que quedar desprestigiados por incompetentes y perder votos.

Pero analicemos los mensajes que recibimos, con la máxima atención sobre los términos que emplean al mostrar estadísticas tendenciosas para justificarse. Escuchamos que un porcentaje escandalosamente elevado de detenidos son extranjeros, pero no nos dicen cómo está elaborada esa estadística en la cual se considera detenido desde el que desembarca de una patera hasta el irregular indocumentado detectado en un control rutinario; de modo que con una estadística de actuaciones policiales nos quieren hacer creer que los extranjeros son los malos y los españoles todos unos santos.

Con el mismo objetivo nos hablan del gran porcentaje de extranjeros presos, sabiendo que el español medio por preso entiende recluso; pero en realidad y hablando con corrección jurídica, los reclusos pueden ser presos (preventivos a espera de juicio) o penados (cumpliendo condena tras el juicio) y unos pocos detenidos (hasta 72 horas). Para justificarse, obviamente sacan la estadística de los preventivos y por supuesto la situación de prisión provisional hasta el juicio la dicta un juez si teme que pueda escapar de la acción de la justicia, temor mucho mayor de un extranjero que podría escaparse y no volver nunca, mientras que un español atracador de joyerías que conoce bien la ley, con su abogado, fijará su domicilio, pagará fianza (con el fruto de sus atracos), se presentará ante el juez los días que le impongan como control, y entre citación y citación seguirá con sus delitos y durmiendo en su casa con los suyos a causa de un claro vacío (o desastre) legal.

Este factor basado en no ofrecer una estadística completa con todos los datos, sino datos parciales con enunciados engañosos, es muy útil para la manipulación de la opinión pública, y desde luego si el votante poseyera toda la información se daría cuenta de la baja calidad del legislador, personas éstas metidas a hacer carrera política sin ser válidas para elaborar leyes que no generen injusticias. Dada su incapacidad, se asesoran de comisiones y estudios elaborados por burócratas de despacho y biblioteca, eruditos de libro, y sin contacto con la realidad y necesidades de los ciudadanos. Así con la nueva e imperfecta ley de extranjería un empresario no puede contratar legalmente a alguien con carencias documentales, invitándole por tanto a la economía sumergida o al delito. España necesita de sus cotizaciones al sistema de pensiones, con contratos legales con los que ayudarnos a mantener nuestro nivel de vida; ellos también levantan España.

Continuando con su incapacidad para elaborar normativas encaminadas a que el país que crió los valores de un delincuente sea el que le aguante y costee, sigue nuestro Estado con sus gastos en la represión policial del delito, costas judiciales y mantenimiento penitenciario de ese pequeño porcentaje de extranjeros delincuentes de entre el gran colectivo honrado inmigrante. Y por si fuera poco, solo saben hablar de contingentes para la inmigración; y cuando del país de preferencia ya se introducen delincuentes camuflados entre dicho contingente, solo se les ocurre cambiar el favoritismo hacia otro país, sin resolver el problema de fondo. Se perjudica con ello al inmigrante trabajador y honesto, mientras el delincuente extranjero se instala definitivamente en España sin ser repatriado.

Para acabar de rematar la política de contingentes, vemos cómo llegan a nuestra tierra delincuentes extranjeros con visado de trabajo de esos mismos contingentes a cuya tramitación tiene pleno acceso la mafia local con información privilegiada y tráfico de influencias con los consulados españoles con personas de cámaras de comercio y agrícolas, así como empresarios de confianza e importancia reconocida en la circunscripción consular. Por supuesto las ofertas no se ven en los tablones de anuncios de esos consulados, no son de libre acceso. De este modo nos encontramos con el absurdo de algún trabajador magrebí que seguirá viniendo en patera mientras el criminal lo hará con visado y certificado de penales del país de origen, limpio.

Tenemos que seguir soportando que la delincuencia extranjera esté siendo introducida y asentada por la actuación o inacción de los mismos estamentos gubernamentales que señalan a los inmigrantes como sospechosos, presuntos de algo malo; mientras que expulsando al irregular, que no cometió delitos, y por un número determinado de años, si éste lo volviera a intentar estaría cometiendo un delito de desobediencia a la orden de expulsión, quedando así criminalizado el inmigrante irregular de forma definitiva. El visado es tan solo una mera cuestión administrativa, una formalidad que no pueden salvar los analfabetos ni los que viven en localidades alejadas de los consulados. Es un simple defecto de forma en la entrada en un país; y no son criminales, simplemente realizan de hecho y llevan a la práctica un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y en el derecho internacional.

Europa pertenece a Dios Altísimo, no a la Comisión Europea, y los humanos la tenemos tan solo en simple usufructo, constatando que nuestros representantes no la saben administrar con justeza.

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