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La emigración del futuro

22/05/2001 - Autor: Sami Nair - Fuente: Letra Internacional, nº 68.
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Fronteras (M. Caputo)
Fronteras (M. Caputo)

Desde mediados de los años setenta, los países europeos han cerrado sus fronteras a la emigración. La crisis económica y el elevado índice de paro les han empujado a levantar barreras cada vez más altas, y a pronunciar duros discursos que han contribuido a satanizar al emigrante legalmente establecido. Primero los trabajadores, luego quienes solicitaban asilo y más tarde los refugiados, han padecido medidas cada vez más severas. Incluso las familias encontraron dificultades para reunirse con el padre o el hermano instalado en Europa. Todavía en la actualidad, el discurso europeo sobre la emigración es a todas luces el del país «asediado», «amenazado» por la «invasión» de los pobres del Sur o del Este. Para convencerse de esto, basta con ver detenidamente la evolución de la legislación europea. Del proceso único de asilo para los países miembros del espacio Schengen (que establecía que la demanda de asilo sería tratada en un solo país por todos los firmantes del pacto) a los acuerdos de Dublín sobre la noción de «terceros países seguros» que crearon alrededor de la Europa Occidental un cinturón de seguridad constituido por sus vecinos del Este (éstos serán los responsables de quienes soliciten asilo pasando por su territorio), hasta la cumbre de Tampere de los días 15 y 16 octubre de 1999, en donde se estableció un frente común contra la emigración clandestina y la acogida de quienes soliciten asilo.

En principio, el emigrante es un «falso refugiado político», un farsante en potencia, un pobre que intenta ilegítimamente entrar en los países ricos con el pretexto de vivir mejor. En este contexto, las conclusiones de un informe preliminar de la ONU, que señala que Europa debería recibir a 123 millones de nuevos emigrantes en los próximos veinte años para hacer frente al envejecimiento de sus sociedades, provocaron la inmediata reacción de la prensa. Sin embargo, desde hace mucho tiempo los demógrafos conocen la tendencia al envejecimiento de las sociedades occidentales. Y es de sobra sabido que una de las posibles soluciones —pero no la única— es efectivamente la de acoger a un mayor número de extranjeros.

Entonces, ¿porqué tanto escándalo? ¿Es sólo cuestión de que las sociedades ricas se preparen para recibir a nuevos trabajadores? No habría nada peor que emprender este camino sin haber aprendido la lección de los últimos veinticinco años. Concebir a los emigrantes como mera mercancía que se compra en un mercado demográfico mundial, llevará irremediablemente a catástrofes permanentes en cuestiones de integración; a abrir heridas en el sufrimiento de identidad y, en definitiva, a convertir al emigrante en chivo expiatorio. Si se considera inevitable el cumplimiento de las previsiones demográficas, habrá que planificar las futuras migraciones de forma que se pueda favorecer la integración.

Pero, en primer lugar, ¿cuál es la situación actual a escala planetaria? ¿Qué desafíos deben aceptar Europa y Francia en torno a sus fronteras? ¿Cómo habrá que organizar los flujos migratorios de modo que beneficien a los países acogida y a los de partida?

Durante el próximo medio siglo, se sentirán en todas sus dimensiones los efectos del formidable aumento de población experimentado entre los años 1900 y 2000: de 1.500 millones a principios de siglo, la población mundial pasó a 3.000 millones en 1960 y a 6.000 millones en 1999 (es decir, se multiplicó por cuatro), y aún ha sido más vertiginoso el crecimiento de los últimos doce años, con un incremento de más de 1.000 millones de personas. En el 2050 se alcanzará la cifra de 9.000 millones. Además, el reparto de la población ha sufrido un vuelco geográfico: si en 1960, Europa representaba el 20% de la población mundial y África el 9%, en el 2050 África albergará al 20% de la población mundial y Europa al 7%.

A esta inversión hay que añadir el creciente desequilibrio entre las sociedades ricas y pobres: las primeras se enfrentan ya a un inevitable envejecimiento (desde ahora hasta el 2050, el 47% de la población europea habrá superado la edad de la jubilación, mientras que la población de menos de 59 años habrá disminuido un 11%); las segundas son masivamente jóvenes (en 62 países de África, Asia y América Latina, más del 40% de la población tiene menos de 15 años). En consecuencia, los países en desarrollo contribuirán en gran medida (más de un 98%) al futuro crecimiento de la población del globo.

¿Quién puede ignorar que esta dinámica demográfica, radicalizada por los múltiples efectos de la globalización económica, va a suponer un formidable potencial migratorio? Si a estos datos se añaden la impresionante concentración de riqueza en los países desarrollados (en 1998, en estos países se realizaron el 75% de las inversiones internacionales mientras que los países en desarrollo se quedaron con un 25%), la irremediable destrucción de las sociedades tradicionales debida a la creciente urbanización, la transformación de las estructuras de producción familiares y la difusión de un modelo cultural de consumo basado en las normas occidentales, se habrá dibujado un retrato aproximado de la realidad actual.

Las consecuencias de estos cambios sobre las migraciones son inevitables: flujos interregionales cada vez mayores (Europa central y oriental, Asia, continente americano, África, Oriente Medio), movimientos Sur/Norte en constante crecimiento. El número de personas que solicitaron asilo aumentó, a principios de los años noventa, de un modo especialmente fuerte hasta que los países afectados —principalmente Europa del Norte— cambiaron su legislación. En 1991, Alemania acogió a 256.000 solicitantes; el año siguiente, a casi el doble (438.000). El desarrollo de las migraciones irregulares pone de manifiesto un impulso migratorio que las legislaciones de los países del Norte no alcanzan ni a satisfacer ni a abarcar. En 1998, después de tres operaciones de regularización anteriores, Italia preveía legalizar a cerca de 40.000 personas más. Ante la afluencia de solicitantes que cumplían las condiciones establecidas, se dictó el decreto del 13 de mayo de 1999 que elevaba la cuota a 300.000 personas. Incluso las migraciones regulares aumentaron. Francia recibía a 75.000 personas en 1996 y a 102.00 en 1997. Japón acogía a alrededor de 200.000 personas en 1995 y a cerca de 300.000 dos años más tarde. Del mismo modo, se han incrementado las entradas en los Países Bajos, en Noruega, Reino Unido, España, etcétera. No sólo se intensifica la movilidad de las personas a pesar de los múltiples obstáculos, sino que este hecho también traerá consigo, probablemente, profundos cambios étnicos, en primer lugar —los emigrantes provienen cada vez más masivamente de África, Asia y América Latina— y, a continuación, sociológicos, los recién llegados proceden cada vez más a menudo de las capas medias de sus sociedades de origen. En consecuencia, las cuestiones que centrarán el debate en el siglo XXI serán las de la imagen de sí mismas de las sociedades occidentales (blanca) y la del expolio de los recursos humanos de los países pobres.

La concentración de todos estos fenómenos al mismo tiempo en la frontera sur de Europa es ya una realidad. Durante los quince últimos años se han comprobado, sin duda debido a las consecuencias desestabilizadoras que la construcción europea ha tenido sobre los países que más dependían de ella, profundas transformaciones en materia de difusión de las migraciones. Los casos de Marruecos y de Turquía sirven de ejemplo. Las economías de estos países se han visto desarticuladas como consecuencia del ingreso de España, Grecia y Portugal en Europa. El medio rural marroquí ha sido brutalmente agredido. El gran número de parados que esto ha supuesto ha hecho aumentar la emigración. Éste es el motivo por el que en Francia, los Países Bajos y en Bélgica, los emigrantes marroquíes ya forman parte de las tres primeras nacionalidades de recién llegados; los turcos, por su parte, están situados dentro de las diez primeras nacionalidades de nuevos emigrantes en todos los países europeos.

Ahora bien, estos indicios sólo, son los primeros de una evolución que se irá desarrollando en los años futuros. En efecto, a pesar de que la variante demográfica haya iniciado una tendencia inversa en el Magreb y en Turquía, con unas tasas de crecimiento que pasarán del 1,8% en el periodo 1995‑2000 al 1,1% entre el 2000 y el 2025, el aumento de la población sigue siendo impresionante. Según las previsiones más prudentes de los organismos especializados (ONU, INSEE, etcétera) la población magrebí crecerá un 48% entre finales de los años noventa y el 2025, la de Turquía un 44% en el mismo periodo. La entrada de los jóvenes en el mercado laboral de esos países alcanzará su máximo nivel en los quince próximos años.

¿Qué situación les espera? Un exangüe sector público, incapaz de contratarles por las políticas de ajuste estructural; un sector privado en plena reestructuración, enfrentado a la fase más delicada de la asociación euro-mediterránea: la apertura comercial que está previsto sea definitiva en el 2010. ¿Emigrar? Ningún país europeo considera seriamente abrir sus fronteras. La cumbre de Tampere, sin duda, establece ciertas reglas comunes para las políticas de asilo (Shengen) y contra la emigración clandestina, pero no presenta ninguna propuesta respecto a los otros movimientos migratorios. Las políticas nacionales de emigración, en conjunto, evolucionan hacia un endurecimiento de las condiciones de permanencia e incluso de circulación. Francia, con la conmoción que ha supuesto su nueva perspectiva de enfocar la problemática del co-desarrollo unida a la de los flujos migratorios, intenta innovar. España también, y su caso es más señalado puesto que debe afrontar, en un tiempo récord, dos grandes desafíos: el pasar de ser un país de emigración a convertirse en un país de inmigración, y su nuevo papel de país fronterizo, enfrentado directamente a los efectos de la fractura mediterránea. Entre 1990 y 1998 la población extranjera en España pasó de 270.000 personas a cerca de 800.000. A finales de los años noventa, las entradas aumentaron considerablemente. Por poner sólo un ejemplo: en 1996 se concedieron 380.000 (de todo tipo de categorías) y en 1997 530.000. España, hasta ahora provista de una escueta ley de emigración, en la actualidad está buscando un modelo de integración positiva: del reagrupamiento familiar, adopción del principio de igualdad de derechos económicos y sociales para extranjeros, entre otras medidas. De modo paralelo y tomando como modelo la política francesa de co-desarrollo, el gobierno español ha decidido fomentar las migraciones de trabajo temporales, planeando acoger en los tres próximos años a un millón de trabajadores extranjeros. España persigue introducir mayor flexibilidad en su gestión de los filtros migratorios Y, al mismo tiempo, reforzar la integración de las poblaciones que pretende vivir en el país. Este doble paso quizá sea el embrión de la que, en el futuro, pudiera ser la respuesta de los países de acogida ante las transformaciones demográfica, en curso.

España también destaca por el envejecimiento particularmente rápido de su población. En el 2050, este país será el más viejo del mundo, con una edad media de 54,3 años. Según la síntesis de un informe de la ONU publicado recientemente en la prensa, en los próximos cincuenta años, si los poderes públicos no intervienen, España pasará de casi 40 millones de habitantes a sólo 30 millones. Más que nunca, la emigración podría tener sentido. Para enfrentarse a este desafío, todos los países europeos deben establecer que la acción pública considere prioritario este asunto. La solución debe ser realista, diferenciada y solidaria con los países de origen.

En primer lugar, realista: aun cuando la cuestión del paro siga siendo crucial en Europa y en Francia, hay que admitir que en los próximos veinte años una parte de las migraciones que se dirigen desde la orilla sur hacia Europa estará compuesta por emigrantes con vocación de asentamiento permanente, entiéndase definitivo, y esto con independencia de los progresos que se puedan llevar a cabo en términos de desarrollo económico, social y cultural dentro de los países de partida. Dicho en otros términos, por todas las razones ya mencionadas, existe un número incompresible de emigrantes que llegarán a Europa de cualquier modo, a pesar de todos los obstáculos que se puedan poner a su entrada. Éstos son los elementos de un auténtico desplazamiento de la población: es mejor prepararse para ello que permitir que aumente la emigración ilegal. Por parte, dentro del contexto del envejecimiento de las sociedades del Norte, estas personas deberían poder ser bien recibidas. Pero esto exige a los países europeos una verdadera política de integración: en materia de educación, alojamiento y trabajo, con igualdad de derechos económicos y sociales, moderando las condiciones de acceso a la nacionalidad para quienes deseen permanecer en Europa, concediendo el derecho al voto en las elecciones locales con el fin de evitar cualquier tipo de diferencia entre los ciudadanos comunitarios y los demás extranjeros, en definitiva, luchando contra la discriminación y el racismo.

En segundo lugar, diferenciada: en lo sucesivo hay que reorientar las migraciones hacia los contratos de trabajo temporal y concertados con los países de origen. Esta política de movilidad se debe acordar dentro de la perspectiva del co-desarrollo; tiene que tener en cuenta prioritariamente a los estudiantes, a las capas medias de la sociedad (sobre todo a científicos y técnicos, y a los trabajadores de temporada (agricultura, turismo, etcétera). Aunque estos asalariados tengan derecho a disfrutar de un tratamiento de igualdad con respecto a los trabajadores nacionales, sus contratos no deben permitir la instalación permanente en el país de acogida. Se pueden contemplar muchos mecanismos para incitarles a no romper con su país de origen: concesión de subsidios familiares destinados a la familia que permanece en el país, pago de una parte del salario en el país de origen, obligación para el titular de un «contrato de movilidad», de respetar el imperativo de retorno antes de cualquier nueva estancia en Europa, siguiendo el modelo que se viene utilizando en Alemania), etcétera.

Y por último, solidaria con los países de origen. Evidentemente, no existen relaciones mecánicas entre el desarrollo de los países de salida y la interrupción de las migraciones. Sin embargo, los ejemplos de España, Italia, Portugal y Grecia muestran que al final, el desarrollo económico, social y político, enmarcado en un proceso de integración regional, permite a las poblaciones permanecer en sus países. Sin duda, este proceso de desarrollo global es largo y difícil —pero no hay razón alguna para que no se lleve a cabo del mismo modo en el sur del Mediterráneo que en África—. Por lo tanto, hay que favorecerlo reforzando las políticas macroeconómicas de ayuda, abriendo los mercados europeos a los productos del Sur y privilegiando el apoyo a los agentes micro-económicos del co-desarrollo. Ayudas a los proyectos de los emigrantes que inviertan en sus países de origen, elaboración de instrumentos destinados a orientar su ahorro hacia la inversión productiva, desarrollo de la cooperación descentralizada alrededor de la emigración (intervenciones en las regiones de partida, mantenimiento de proyectos con fuerte intensidad de mano de obra, respaldo a los programas de formación de la mano de obra, etcétera), apoyo a las ONG que intervienen en las regiones de fuerte emigración. En definitiva, es necesaria una auténtica y fuerte política de integración y de co-desarrollo.

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