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¿Veinte años de libertad religiosa?

27/12/2000 - Autor: Álex Seglers*
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La libertad religiosa como derecho humano no puede mutilarse según le convenga a cada país.

Se cumple el vigésimo aniversario de la ley orgánica de Libertad Religiosa. Una libertad que cimentó los sistemas liberales y democráticos en Occidente. Como derecho humano, la libertad religiosa tiene dos dimensiones: una individual y otra colectiva, propia de las confesiones o iglesias que están al servicio de lo que Dante dio en llamar los "ciudadanos de vida eterna".

Pero hay aún quien se pregunta si en el Estado español se da una auténtica libertad religiosa. Formalmente, desde luego que sí. Pero la respuesta es matizable. Hace poco trascendía la acusación formulada al Gobierno por las minorías religiosas -protestantes, musulmanas y judías- de discriminarlas en favor de la Iglesia católica. En parte no les falta razón, aunque la responsabilidad no puede atribuirse a la confesión mayoritaria que, desde el Vaticano II, defiende la libertad religiosa. La causa de la citada discriminación a que aludían las confesiones no católicas adopta un cariz marcadamente político por el escaso desarrollo de los acuerdos de cooperación que éstas firmaron en 1992 con el Estado. Tal falta de voluntad política es negativa: dificulta la integración social del islam, torna precaria la situación de los rabinos, pastores e imanes, y limita otros derechos básicos. Hablo de las clases de Religión, la asistencia religiosa en los centros públicos, la obra social, el acceso a los medios de comunicación, la financiación.

Este último es el punto más delicado. La laicidad no es incompatible con la cooperación económica, necesaria en algunos casos para hacer efectivo el derecho de libertad religiosa. En puridad, el sentido de la cooperación no es "mantener" las estructuras confesionales, sino facilitar que éstas cumplan sus deberes con los ciudadanos que demandan asistencia espiritual. Así, donde no llegue la autofinanciación es justo que proceda la colaboración económica, sin discriminación entre confesiones.

Si es verdad que España ha avanzado en el respeto de los derechos fundamentales, también es cierto que no se puede bajar la guardia. La gestión del pluralismo religioso tenderá a canalizarse bajo tres aspectos. Primero, deberá ahondarse en un modelo de cooperación que busque la convergencia entre poderes públicos y confesiones, con la persona como eje de esas relaciones. El mejor cauce jurídico es la legislación especial: capta nítidamente las singularidades de cada confesión y evita el uniformismo del derecho común.

Esto nos introduce en la necesidad de permear esas relaciones bajo criterios de laicidad positiva, contraria al separatismo militante que, frente al reto de la multiculturalidad, es ineficaz. Repensar la laicidad exige que el poder no succione la libertad y la responsabilidad, y que se viertan en la política los valores -también religiosos-. Un ejemplo. En el caso Boerne contra Flores se declaró inconstitucional la "Religious Freedom of Restoration Act", argumentando que el ejercicio de la religión puede verse infringido por una legislación hostil o por una normativa neutral.

Y habrá que reparar el olvido histórico en que incurrieron los acuerdos de cooperación, el hecho nacional. Los órganos de la Administración central competentes en los asuntos religiosos deben contemplar el factor plurinacional en las actuaciones que afecten al ejercicio de la libertad religiosa. En Cataluña muchas materias de los acuerdos son competencia del Govern. Si añadimos que Cataluña es la comunidad con mayor pluralismo religioso, podemos inferir la conveniencia que ha supuesto la creación de la Secretaria de Relacions amb les Confessions Religioses.

Aquí y en otros estados queda un largo camino. La libertad religiosa como derecho humano no puede mutilarse según le convenga al país de turno. La historia enseña que tanto los sistemas confesionales como los ideocráticos (capas de la laicidad que aspiran a una cultura pública huérfana de toda trascendencia) dificultan ese camino. Si uno de los mejores ejercicios para evaluar el civismo de un país consiste en observar su grado de libertad religiosa, para el próximo examen esperemos superar el aprobado.

 

* Àlex Seglers es profesor de postgrado de Relaciones Interculturales de la URL

 

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