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Encuentro de las tres confesiones religiosas: Cristianismo, Judaismo e Islam

28/10/1998 - Autor: AbdelKarim Carrasco
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Encuentro de las tres confesiones religiosas
Encuentro de las tres confesiones religiosas

El pasado, 10 de Noviembre de 1.998, organizado por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia un encuentro bajo el título "Las tres confesiones religiosas: Cristianismo, Judaismo e Islam. Este es el texto de la alocución pronunciada en el mismo por Abdel Karim Carrasco, vicepresidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas.

En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso

No quiero iniciar estas breves palabras sin mencionar la causa por la que estoy yo aquí en lugar del presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, el Dr. Abdussalam Mansur Escudero que no es otra que el brutal atentado a la vida de su esposa y colaboradora, Sabora Uribe, que Dios la tenga en el más alto de sus paraísos, con cuya partida el Islam en España pierde a una de sus figuras más relevantes y queridas.

No en vano era la directora de un periódico digital en lnternet, Weblslam, que ha generado en solamente un año de existencia el 90% de la información en la red sobre el Islam en lengua española. en una línea de pensamiento reivindicativo, crítico y singular que lo distingue de modo relevante de la imagen estereotipada que del Islam suele darse en la mayoría de los medios de comunicación existentes.

Sucesos como el que nos afecta son el último eslabón de una cadena de intereses que intentan presentar al Islam y a los musulmanes como entes extraños, cuando no peligrosos para el modelo social dominante y que, en última instancia, nos convierten en objetivos de locuras fabricadas por poderes hostiles, que en demasiadas ocasiones se materializan en actos tan execrables como éste.

Su muerte así como su vida son un ejemplo constante que nos anima a seguir luchando, en el camino de Dios, por los más bellos valores humanos, que ella encarnaba en grado excelente, desde nuestra entrega a la Voluntad de Aquel que todo lo puede y todo lo sabe.

Las ideas que a continuación quiero exponer son sólo algunos breves esbozos a la espera de ulteriores desarrollos, pensamientos en voz alta que nos hacemos muchos de los musulmanes españoles y que, sin otras pretensiones más que la de ser puestos a disposición de todos, traemos hoy aquí a este ilustre foro de Toledo.

A la promulgación de la Constitución de 1978 en la que se establecía la Libertad Religiosa como uno de los derechos fundamentales de los españoles, siguió en 1989 la declaración del Islam como Religión de Notorio Arraigo en nuestro país; en 1992, el Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, órgano representativo del Islam en España ante el Estado para la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos adoptados y en 1996 el único convenio de los que estipulaba el Acuerdo que se ha desarrollado hasta hoy, el Convenio sobre Designación y Régimen Económico de las personas encargadas de la Enseñanza Religiosa Islámica en los Centros Docentes Públicos de Educación Primaria y Secundaria.

Sin entrar en otras consideraciones, hay que señalar que aunque el Acuerdo de Cooperación colmaba gran parte de las aspiraciones de los españoles musulmanes, sin embargo, la misma estructura de la Comisión Islámica de España, representada por dos secretarios generales necesitados de firma mancomunada para llevar adelante cualquier iniciativa en nombre de la Comisión Islámica de España, hacían prever las dificultades con las que nos íbamos a encontrar a lo largo de estos seis años.

Si en teoría, la Comisión Islámica de España debía servir para bien administrar el Acuerdo de Cooperación en beneficio de de los españoles de religión musulmana, en la práctica basta que uno de los dos secretarios generales se lo proponga para que se paralice la Comisión y se impida el normal desarrollo y aplicación del Acuerdo.

Como se ha demostrado hasta hoy, en el caso del convenio que atañe a la enseñanza de la religión islámica en las escuelas públicas, se da la paradoja de que un simple estatuto interno logra paralizar los derechos recogidos en una Ley de Cortes como es el Acuerdo de Cooperación e impide a miles de españoles hacer uso de sus derechos constitucionales relativos a la Educación. Esta situación paradójica se ha intentado paliar con buena voluntad el pasado mes de septiembre en una Comisión Paritaria formada por representantes de los ministerios de Justicia y Educación y Cultura así como representantes de las dos federaciones que forman la Comisión Islámica de España, pero los resultados no dejan de ser todavía precarios y provisionales.

Nos encontramos pues, que en gran medida las relaciones entre el Estado y las Comisión Islámica de España, dependen totalmente de las disposiciones personales y concretas que puedan mostrar los pocos responsables concernidos, más que de una voluntad objetiva plasmada en unas leyes a salvo de criterios de los administradores de la cosa pública.

El ejemplo anteriormente citado es aclarador de lo dicho: uno solo de los dos secretarios generales de la Comisión Islámica de España, aplicando sus estatutos internos, puede dejar sin educación islámica a todos los alumnos que soliciten la enseñanza de esa materia y dejar sin efecto los derechos constitucionales de estos alumnos así como el Acuerdo de Cooperación que los desarrolla. Por lo que respecta a la Administración educativa parece que eso es así. Otra cosa es lo que pudiera opinar la administración de justicia a la que todavía no se ha consultado.

Saco a colación este caso para ilustrar de manera directa las dificultades por las que atraviesa el cumplimiento del Acuerdo de Cooperación con los musulmanes españoles y con la finalidad de proponer una reflexión práctica y urgente, que haga que este encuentro sea un paso adelante significativo en la historia de las relaciones entre el Estado y los musulmanes españoles.

En primer lugar, el problema mencionado anteriormente pone de manifiesto uno de los defectos primarios a la hora de enfocar la cuestión de las relaciones religiosas entre el Estado y los ciudadanos pertenecientes a una de las confesiones a las que se reconocen notorio arraigo en nuestro país: aunque se reconocen como fundamentales los derechos religiosos dentro del orden público protegido por la ley, para tener acceso a esos derechos concretos se exige en el caso de los ciudadanos musulmanes adscribirse a comunidades religiosas que a su vez deben integrarse en las federaciones que componen la Comisión Islámica de España. En caso contrario, quedan privados de todos esos derechos que la Constitución les reconoce como ciudadanos individuales.

El sentido de este proceder es sin duda el de ordenar y administrar en los mejores términos el mandato constitucional. Se necesita que exista un órgano administrativo que adopte los mejores criterios a la hora de gestionar el patrimonio propio de cada confesión religiosa y eso parece inexcusable.

En el caso de la Iglesia Católica ese órgano es una organización eclesiástica que cuenta con dos mil años de experiencia y que a lo largo de su historia ha llegado incluso a poder disputar el poder político al poder civil existente. Los resultados de ese encuentro secular de poderes son bien conocidos y persisten sin grandes contradicciones en nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo, que el Acuerdo entre el Estado español y la Iglesia Católica no esté suscrito con esta, sino con otro estado soberano, la Santa Sede.

Fue el modelo de relación de la Iglesia Católica el que marcó el camino a seguir a las demás confesiones de notorio arraigo en España y en el caso del islam, se supuso que la creación de una estructura representativa de los musulmanes españoles iba en consonancia con el único modelo práctico conocido, el que se tenía con la Iglesia Católica, y con los principios organizativos islámicos. No se pensó en que había serias diferencias en el modo de entender estas relaciones entre unos y otros.

Al carecer el Islam en España de un representante político que pudiera encarnar la representatividad legítima de una comunidad histórica musulmana no se daban las condiciones para pactar directamente con ninguna autoridad unánimanente reconocida como tal por todos los musulmanes, al contrario que de la Iglesia Católica que cuenta con una autoridad única indiscutida.

Los musulmanes, a diferencia de la organización jerarquica católica, sólo aceptamos como guía la enseñanza emanada del Sagrado Corán sin otros instrumentos de comprensión que la Tradición o Sunna y el esfuerzo de los sabios y santos de la comunidad a lo largo de la historia. De ahí la dificultad a veces de buscar una representación individual para toda la comunidad de musulmanes.

Cuando se ha hecho bajo el nombre de califas, sultanes, reyes, imames o cualquier otro título parecido, la comunidad ha establecido un pacto con su representante basado en un compromiso de lealtad mutua, con una prioridad: el gobernante debía procurar a los musulmanes todo lo necesario para que pudiesen vivir una vida islámica completa. Si se daba esa condición, se podía decir que el gobierno cumplía sus fines para los que estaba destinado.

En España, los musulmanes españoles tenemos una Constitución que establece como derecho fundamental el derecho a vivir plenamente nuestra religión dentro del conjunto de elementos básicos sobre los que asienta la convivencia. Elementos básicos como son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo.

En ese marco, los musulmanes españoles podemos perfectamente reconocernos como ciudadanos musulmanes, gobernados por una Constitución que, en teoría, nos permite vivir conforme a nuestras creencias.

Para administrar esos derechos constitucionales queremos dotarnos de una administración eficaz que no puede ni debe estar supeditada a ninguna otra representatividad como la que no sea la que emana directamente de la Constitución.

Si hemos aceptado la existencia de una Comisión Islámica de España como órgano representativo del Islam en España ante el Estado es, como el mismo Acuerdo indica, sólo a efectos de la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos adoptados. Eso quiere decir que en ningún caso la Comisión Islámica de España puede convertirse en un impedimento para la aplicación de nuestros derechos constitucionales, como parece que es el caso en el tema educativo y en otros que se pueden ir presentando.

La administración del Estado, la administración de todos, está obligada a intervenir en el caso que así sea para garantizar los derechos constitucionales a los españoles siempre que estos sean menoscabados o incumplidos por cualquier organismo o particular. Estado somos todos.

Si se entiende esto, se entiende todo.

Volviendo al ejemplo con el que he abierto esta reflexión, quiero aprovechar este foro para proponer a la administración educativa una nueva manera de entender el derecho de todo alumno español a recibir clases de religión islámica en las escuelas públicas en unas condiciones de real eficacia tanto para los profesores que la impartan como para los alumnos que las reciban.

Queremos que la administración reconsidere la responsabilidad que tiene encomendada y que no le permite inhibirse en un tema de este calado, cuando se tocan derechos fundamentales de los ciudadanos y especialmente, derechos incuestionables del niño.

Hasta la fecha, la situación de la eduación islámica en las escuelas públicas puede calificarse de contraria al espíritu y la letra de lo pactado.

El estado español debe asumir de una vez el derecho a la libertad de educación religiosa como parte de su patrimonio constitucional y hacerse cargo, en colaboración con las distintas administraciones confesionales, de gestionar correctamente ese patrimonio. Con el mismo espíritu que le anima en la defensa y correcta administración de otros derechos.

Maneras hay para que la ley se cumpla por encima de los intereses concretos de grupos, organizaciones o individuos.

Por nuestra parte, como Federación asumimos la tarea de colaborar para que ese cometido de todos se haga realidad sabedores de la parte de responsabilidad que nos toca.

Si la administración del estado no logra asumir en su seno la gestión compartida del Islam español estaría faltando a su obligación y perjudicando los intereses de los ciudadanos españoles.

Para ello hace falta dedicar recursos económicos y humanos capaces de dar satisfacción a las exigencias legítimas de los administrados, hace falta aprender a gestionar en equipo, a tener visión de conjunto, a pensar más en el interés general que el particular. Se impone una administración abierta y compartida, realmente cercana al ciudadano, que cumpla con su tarea de cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales.

En este sentido, hace unos meses la federación a la que represento comenzó una nueva etapa en las relaciones con la administración del Estado que nos anima ser optimistas respecto a la posiblidad de llegar a una comprensión más profunda del significado de la colaboración entre la Comisión Islámica de España y la Dirección General de Asuntos Religiosos.

Creemos que ha habido avances significativos y que se va a seguir con el mismo espíritu en lo sucesivo.

Tolerancia y reconocimiento

Hay otro asunto que me parece de interés para reflexionar aquí y ahora. ¿cómo vivir en la sociedad contemporánea, una sociedad que proclama su vocación pluralista y multicultural? ¿Cómo pensarla? ¿Qué mensajes convienen, qué esfuerzos para lograr el mejor modelo social?

En el discurso político común de los dirigentes europeos está de moda hablar de tolerancia, como la panacea que puede aliviar los sufrimientos sociales que acarrea la intransigencia y el racismo. La tolerancia, sin embargo, no es la actitud apropiada para neutralizar esos males. Supone alguien que tolera y alguien que es tolerado y por consiguiente implica una discriminación evidente entre ambos.

La palabra tolerancia proviene de una raíz latina que significa "llevar encima, portar, soportar" y deja bien claro el campo semántico en que se incuban y desarrollan sus sentidos primigenios y modernos. Se empleaba y se emplea generalmente con el significado de "falta de represión de opiniones consideradas falsas o de comportamientos considerados perjudiciales o en cualquier caso, equivocados".

Para que haya tolerancia, pues, debe darse una condición sine que non, a saber: una autoridad. Y una presunción: que la autoridad crea un sistema de juicios de valor negativos respecto a las opiniones y comportamientos "tolerados".

Hoy en día, derivado de este mismo sentido, empleamos el término tolerante respecto de una autoridad social o de un individuo que se abstiene de penalizar, aunque sólo sea con un juicio de valor desfavorable, opiniones y comportamientos distintos de los propios. Esta segunda significación emana de la primera como resultado de una evolución histórica concreta de la sociedad y de la ideología correspondiente.

La tolerancia persigue la integración, la asimilación de los tolerados a costa de la pérdida de su identidad y de su aculturación. Por el contrario, la propuesta que hacemos los musulmanes se basa en el reconocimiento y en la interculturalidad. Reconocimiento del otro, de su cultura, de su color, de su lengua, de su religión, de lo constitutivo de su ser en el mundo, de aquello que no puede ni debe ser alienado, de lo propio.

La tolerancia nos parece mezquina. El reconocimiento del otro, su aceptación tal y como se expresa genuinamente, el amor en definitiva, engrandece. La tolerancia es desigual: quien tolera se hace fuerte, el tolerado débil. En el reconocimiento, que es mutuo, se fortalecen los dos implicados en un mismo plano de igualdad. La consecuencia más interesante de la actitud de reconocerse es una sociedad que, regida por una ley igual para todos, alberga en su seno diferentes culturas que se desarrollan de acuerdo a sus formas propias, sin las catastróficas pérdidas de identidad que conmocionan y deterioran tan gravemente la vida pública. Una sociedad intercultural será una sociedad sana y fructífera.

Nada más lejos de nuestro discurso que la exclusión o el autoritarismo. Cuando se acusa al Islam y a los musulmanes de intransigencia, de anacronismo, de su oposición al progreso, se olvida fácilmente que el proyecto social contemporáneo está muy lejos de ser aquel proyecto laico común a las diferentes ideologías históricas que se basó en la "Fe en el Progreso". Hoy en día, esa fe "laica" en el progreso no cuenta con tantos entusiastas defensores como antaño. Las consecuencias del "progreso" generado desde entonces se han hecho más que evidentes en sus aspectos negativos, hablándose en muchos casos de regresión e involución, sobre todo en los aspectos culturales, éticos, filosóficos, ideológicos o medioambientales.

El progreso científico, basado en el dominio de la naturaleza, ha sobrepasado en muchos casos la capacidad de ésta para mantener un equilibrio soportable. La disminución de los recursos, la situación irresuelta de las diferencias sociales y económicas, la contaminación y el deterioro cultural conviven, en la naciente Era de las Comunicaciones, con la cultura de la información y la telepresencia. Nuevos poderes se dibujan en el panorama de la sociedad contemporánea, poderes mediáticos, nuevas fórmulas económicas de dominación, el neocolonialismo etc.

Aprovecho esta ocasión que se me brinda para invitar al máximo representante del Estado, su majestad el rey Juan Carlos I, a que se sume a los esfuerzos que estamos realizando los ciudadanos musulmanes en España por encontrar un espacio adecuado dentro del marco constitucional y del estado que dé cabida a todas nuestras legítimas reivindicaciones. Creemos que sería muy provechoso para todas las confesiones que han convivido con mayor o menor suerte en nuestra patria a lo largo de nuestra historia, el poder contar con el apoyo de la Corona en este proceso de Reencuentro entre las tres religiones hermanas y el Estado español que debe abrir nuevos horizontes de colaboración de cara al siglo venidero.


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