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¿Quién defiende a la familia?

16/12/1997 - Autor: Josep Miró i Ardévol - Fuente: La Vanguardia
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Parece como si en nuestro momento histórico se tendiera a recuperar el valor de la familia. Existen bastantes datos que apuntan en esta dirección. Por ejemplo entre los jóvenes: las encuestas reiteran una y otra vez que la familia es la institución que alcanza la valoración más alta en toda Europa. En otro plano, una parte del movimiento feminista recupera el valor de la maternidad, y esta concepción, sin incidir de pleno en el hecho familiar, genera elementos de referencia para su revalorización.

Algunos estudios sociales refuerzan la importancia de la familia: la comparación entre el Reino Unido y España es, a pesar de su carácter reciente, un estudio casi paradigmático en este sentido. Constata cómo Gran Bretaña, a pesar de poseer una tasa de paro que es del orden del 60 % inferior a la española, tiene problemas de violencia colectiva mucho más graves, como consecuencia de que la desestructuración familiar es también notoriamente mayor. Quizás por eso la nueva izquierda de Tony Blair, de fuerte contenido comunitario, ha situado en el fortalecimiento de la familia una de las prioridades de su programa.

En Cataluña el PSC también se ocupa de la familia y propone en su enmienda a los presupuestos de la Generalitat que se duplique la deducción que prepara el gobierno catalán de 25.000 pesetas a partir del segundo hijo. Una meritoria iniciativa, aunque sea una lástima que los socialistas catalanes descubran ahora, en la oposición, a la familia que ignoraron durante 13 años, cuando desde el Gobierno español manejaron los recursos, mucho más importantes, del presupuesto del Estado. Su olvido entonces ha situado la política familiar española en la cola de Europa. En cualquier caso, más vale tarde que nunca. También en los presupuestos del Estado para 1998 con el pacto PP-CiU, se prevén mejoras. Concretamente 40.000 millones de pesetas en forma de deducciones en el impuesto sobre la renta (IRPF).

Pero, a pesar de estas iniciativas, la distancia que separa a la política española –y por extensión la catalana– de la europea en materia familiar es extraordinaria. En este capítulo es como si todavía no estuviéramos en la Unión Europea.

De acuerdo con los datos del Euroestat y según el sistema europeo de estadísticas integradas de protección social (Seepros), que expresa la ayuda a la familia en términos de ecus por cápita ajustado por el poder adquisitivo de cada país y en forma de índice que toma como referencia a España (=1). Su lectura nos dice que Portugal dedica tres veces y media más recursos que España en términos de poder adquisitivo real, e Italia casi cuatro veces y media más. Si la comparación es con Bélgica o Irlanda. la distancia se torna astronómica, ¡entre trece y catorce veces mayor! Algo menos en términos actuales, puesto que los datos manejados de las últimas estadísticas publicadas corresponden a 1994.

La falta de ayuda familiar se traduce claramente en bajas tasas de nacimientos. Todos los países europeos que otorgan menos ayudas –Grecia (10), España (9,3) e Italia (9,2)– poseen las tasas de nacimientos más bajas de Europa, por debajo de la media europea de 10,9 nacimientos por mil habitantes. El caso catalán, como siempre en este campo, arroja datos de autoexterminio (Cataluña 8,9 y Barcelona 8,8 por mil habitantes). Por el contrario, todos los países europeos con ayudas significativas –es decir, de Holanda para arriba– tienen tasas de natalidad muy superiores a la media europea, la mayoría entre 12 y 13 nacimientos por mil habitantes.

Pero no se trata sólo de dinero.

A la familia también se la favorece –o perjudica– socialmente otorgándole el debido reconocimiento a su identidad. El matrimonio y la familia no pueden ser suplantados o confundidos. La pretensión de equipararla a las parejas de hecho, que niegan a priori el compromiso público con la sociedad y la voluntad de permanencia, aunque a posteriori algunas lo alcancen, actúa contra la consistencia misma de la concepción familiar. Un matrimonio no es sólo una relación de pareja, sino también la integración en el seno de una institución que, por sí misma, comporta todo un sistema real de derechos y deberes recíprocos y en relación a la sociedad. Y es precisamente esa asunción de unos deberes colectivos el factor generador de derechos. Una pareja de hecho evita por definición ese compromiso. Por otra parte, a partir del momento que la pareja de hecho eleva a pública su relación ante notario (como pretende un proyecto de ley del Gobierno catalán), se produce el invento: el matrimonio civil de segunda o "light", un sucedáneo más fácil de deshacer, cuando es evidente que la labor positiva del gobernante estaría en el sentido opuesto: propiciar el reforzamiento del vínculo. Ahora habrá cuatro tipos de matrimonio: el "fuerte" o religioso, el civil o divorciable, el notarial o "ahí te quedas", el de hecho con demostración de más de tres años de convivencia... y las parejas realmente de hecho. ¿A quién sirve tanto embrollo?

Todavía resulta mucho peor la pretensión de aproximar el concepto de matrimonio y familia a una relación homosexual. Aquí el caso todavía es más extremo porque la preferencia sexual es un acto privado que no confiere ningún derecho, ni reconocimiento por parte de la sociedad. Si dos se gustan que hagan en privado lo que su conciencia les dicte y el cuerpo les agradezca, pero sin que ello les confiera un derecho especial. Las opciones privadas no otorgan derechos públicos.

El legislador puede y debe abordar soluciones para aspectos concretos relacionados con las parejas de hecho en aquello que pueda incidir en el bien común, como son, por ejemplo, los hijos, pero en ningún caso debe crear marcos que confundan la dimensión matrimonial y de familia y que no señalen claramente cuál es la prioridad y la preferencia. En el mismo sentido es deseable que se regulen aspectos relacionados con parejas del mismo sexo en aquello que el derecho privado no alcance en un grado suficiente, pero siempre desde la perspectiva del bien común y sin relación ni paralelismos con la dimensión matrimonial y familiar, y sólo con el marco de una regulación de relaciones privadas.

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